PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Los actores padecieron una afectación que no estaban en la obligac

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad DAÑO ANTIJURÍDICO-Los actores padecieron una afectación que no estaban en la obligación de soportar Se puede inferir, que el daño antijurídico se encuentra establecido, puesto que el sindicado estuvo privado de la libertad por un lapso de treinta y cuatro meses y nueve días, y su absolución formalmente se produjo a través de providencia fechada abril 21 del año 2009. Y dado que nunca se pudo endilgar responsabilidad que configurara transgresión a las normas penales, en cabeza del encartado, como posible autor del delito de Extorsión, Extorsión en la modalidad de Tentativa, Terrorismo y Concierto para Delinquir agravado, situación que tiene por génesis la captura con base en un informe del Gaula de la Policía; que arrojara unos indicios, como las las interceptaciones telefónicas, la incautación de unos elementos como panfletos, granada y celulares en la diligencia de allanamiento, así como una confesión que hizo en la indagatoria inicial; que según el actor indicó lo fue bajo la presión circunstancial, ya en el juicio y en una interpretación y valoración conjunta de los elementos probatorios se desvirtuó la acusación, toda vez que la duda razonable generada a partir del análisis del acervo probatorio allegado al expediente, impidió llegar a la plena certeza sobre la materialización y autoría de la conducta punible del aquí demandante por parte del Juez el cual arrojo solo hipótesis que

no derivaban en el convencimiento pleno y certeza para haber impartido la medida de detención. En ese orden de ideas, los actores padecieron una lesión o afectación a diversos bienes, derechos e intereses legítimos que no están en la obligación de soportar porque el ordenamiento jurídico no se los impone. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Se configuró en el presente caso porque el hecho no existió En los casos en que la absolución del sindicado se produce por la aplicación del principio "in dubio pro reo". Dicha normatividad era la aplicable para el caso que ahora se analiza, dado que la medida de aseguramiento se impuso el 16 de junio de 2006, la cual se toma con base en el informe del Gaula de la Policía, en los elementos incautados dentro de la diligencia de allanamiento y registro, y la aceptación de cargos, siendo revocada la medida contra el procesado en fecha 21 de abril de 2009 al dictarse sentencia absolutoria, siendo dejado en libertad el 24 de abril del 2009, cuando el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Neiva, expide la boleta de libertad, al precluir el instructivo penal por el punible de Extorsión, Extorsión en la modalidad de Tentativa, Terrorismo y Concierto para Delinquir agravado. En los anteriores supuestos previstos en la norma citada, se configura la privación injusta de la libertad cuando se produce la exoneración del sindicado, por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente, por estar probado que el sindicado no lo cometió, la conducta no constituía hecho punible, ser absuelto por duda, o que el hecho no existió, como

ocurrió en el presente caso, independientemente del tiempo en que las personas estén privadas de su libertad, esta privación resulta siempre ser injusta. Dicho en otras palabras, quien estuvo, en tales circunstancias, privado de la libertad, sufrió un daño anormal, que no estaba en la obligación de soportar y debe, por lo tanto ser indemnizado. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44949 410012331000201000565 01 EVO DAÑO ANTIJURÍDICO-Indemnización y reconocimiento de los perjuicios No es de recibo para esta Delegada, el argumento esgrimido por el apoderado de la parte actora, respecto a que el perjuicio por la detención injusta se debe reconocer por todo el tiempo de la detención (intramural) real hasta la terminación del proceso con sentencia definitiva, mas el lucro cesante, por el tiempo subsiguiente a la detención en que una persona tarda en volver a conseguir ingresos ya que, a pesar de que el actor estuvo a disposición de una autoridad judicial por el termino de 34 meses y 24 días, también es cierto que la libertad; hablando literalmente, solo se perdió por 34 meses y nueve días, termino real indemnizable con ocurrencia del daño antijurídico por detención injusta de que trata la Ley 270 de 1996.

Insiste también el apelante, que el monto tasado por los perjuicios morales fijados debe ser modificado, para que se reconozca, o sea incrementados tales perjuicios a la suma de 100 smlmv; ya que para ese efecto, se ha debido tener en cuenta las circunstancias de dolor o miedos sufridos por la víctima durante su encarcelamiento, la proyección de la noticia a nivel Regional en el periódico “La Nación”, la afectación grave por ser Aipe una población pequeña, además las relaciones de afecto consolidadas entre padre, esposa e hijas, hermanos. El argumento anterior, no es del todo aceptable para el ministerio público, dado a que H. Consejo de Estado en reiteradas Jurisprudencias a dicho que ningún dolor o aflicción sufrida por una víctima, es equiparable con el dolor que causa la muerte o deceso, evento que es indemnizable con el máximo estipulado de 100 SMLMV de manera general, salvo excepciones. De otro lado, en reiteración continua de la Jurisprudencia del H. Consejo de Estado, ha señalado que el reconocimiento de los daños morales debe hacerse en salarios mínimos legales, de tal suerte que al momento del pago se haga la conversión de conformidad con el salario mínimo mensual vigente al momento efectivo de la erogación del pago de la condena. En este caso, el Ministerio Público solicita respetuosamente se modifique el reconocimiento, de tal forma que solo se haga en salarios mínimos debiéndose ser reconocidos una mayor cantidad a la víctima directa, quien injustamente fue exhibido, ante la picota pública, además de

detenido, tal como fue comprobado. CONCAUSALIDAD EN EL DAÑO PADECIDO-La causa eficiente de la privación de la libertad se debió a una concurrencia de culpas Para esta Delegada, resulta acertada la decisión del a–quo al determinar que existe concausalidad en el daño padecido, al concluir que la causa eficiente de la privación de la libertad se debió a una concurrencia de culpas entre la Fiscalía General de la Nación y el demandante, pues éste último con sus comportamientos; los elementos encontrados dentro de la diligencia de allanamiento y registro (azufre, granada de fragmentación, panfletos alusivos a las FARC), así como el reconocimiento de su voz en las grabaciones de las comunicaciones interceptadas, y al hecho de declararse inicialmente culpable, en la indagatoria realizada por la Fiscalía de los delitos que se le imputaban, es lo que 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44949 410012331000201000565 01 EVO conduce a la confirmación de que si existían serios indicios sobre su responsabilidad en la comisión de los delitos enrostrados, resultando consecuente con la condena del 50% en contra de la Fiscalía. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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CONCEPTO No. 346/2012

Bogotá, D.C., 28 de noviembre 2012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor Mauricio Fajardo Gómez

E. S. D.

EXPEDIENTE: 410012331000201000565 01 (44949)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: MARLIO PERDOMO AVILÉS y otros

DEMANDADO: NACION –FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida originada en el tribunal Administrativo del Huila- / La detención se cumplió para asegurar la permanencia del detenido, hasta tanto le fue resuelta la situación jurídica que opta por imponer medida de aseguramiento y finalmente con iguales argumentos es absuelto. / Opera el in dubio pro reo. / Falla en la prestación del servicio. / La concausa se deviene de la aceptación de cargos por parte del indagado.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44949 410012331000201000565 01 EVO

1. ANTECEDENTES

1.1. Demanda. Los señores Marlio Perdomo Avilés en su condición de ofendido directo, Yen Charry Rodríguez, quienes actúan en nombre propio y en representación de sus tres menores hijo Wendy Vanessa, Sandra Liliana y María Fernanda Perdomo Charry, al igual que Franglien, Enrique, Leonardo, Herminda, Consuelo y Margarita Avilés Perdomo, en su condición de hermanos y Enrique Perdomo Horta en su condición de padre de Marlio Perdomo Avilés, quienes actúan en nombre propio, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, entablaron demandada, contra LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, y la RAMA JUDICIAL para que se les declare administrativamente responsables, solidaria o individualmente de los daños materiales y morales que le causaron con ocasión de la presunta privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Marlio Perdomo Avilés, la cual se basó en los siguientes hechos: Que el señor ANTONIO MARÍA OTÁLORA FERNÁNDEZ, fue capturado en el municipio de Aipe, el 16 de junio de 2006 por cuenta de la Fiscalía Segunda Especializada de Neiva, actuación que fue remitida a Bogotá para que continuara

la investigación por cuenta de la Fiscalía Quince Especializada, quien presentó acusación el 19 de julio de 2007 ante el Juez Primero Especializado de Neiva como presunto autor de los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión, extorsión en la modalidad de tentativa, y terrorismo. Manifiesta que el Juzgado Primero Penal del. Circuito Especializado absolvió de 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44949 410012331000201000565 01 EVO todos los cargos al señor Marlio Perdomo Avilés el 21 de abril de 2009, recobrando la libertad el 24 de abril de 2009, decisión que quedó ejecutoriada el 21 de mayo de 2009. Señala que la privación de la libertad le causó perjuicios materiales, morales y de vida en relación, además que por la divulgación de los hechos en los medios de comunicación, el accionante no pudo recuperar el empleo perdido que realizaba en su taller de mecánica denominado "Taller de mecánica El Sol", así como tampoco pudo recobrar su crédito y buen nombre. Así mismo afirma que la detención injusta le produjo un gran desequilibrio emocional y económico a su compañera e hijos, además del sufrimiento afectivo y emocional de su padre y sus hermanos. 1.2. La contestación

1.2.1. Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial A los hechos narrados en la demanda manifiesta no costarle y se opone a las pretensiones por carecer de asidero jurídico. Expone que la decisión de absolución no expresó que el señor Perdomo Avilés no cometió el ilícito, no fue su autor o copartícipe, sino porque no se obtuvieron pruebas que concretaran y confirmaran la participación del mismo en los hechos, encontrándose diluida la presunción de responsabilidad penal. Señala que no hubo funcionamiento anormal de la administración judicial en las decisiones que se tomaron, pues obraban indicios suficientes y por tanto tenía la obligación de soportar la carga de la investigación y la medida de aseguramiento, de tal suerte que para que se pueda hablar de privación injusta se requiere que 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44949 410012331000201000565 01 EVO la actuación sea abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se evidencia que la privación de la libertad no ha sido apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Manifiesta que la investigación penal seguida en contra del acusado, no genera responsabilidad en contra de las Entidades demandadas, porque su actuación nació como consecuencia de la sindicación directa de quien informó sobre las

circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos. Indica que la sentencia absolutoria expedida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Neiva, sobrevino porque no se logró establecer la certeza necesaria para erigir una decisión de condena, no obstante, debe considerarse que al momento de formular la resolución de acusación, se encontraban presentes los requerimientos básicos exigidos por el ordenamiento procesal penal y la suficiente certeza de participación en la actividad delictiva Propone como excepciones las siguientes: Falta de legitimación en la causa por pasiva. Falta de causa para demandar. Inexistencia de perjuicios y la innominada. 1.2.2. De la Fiscalía General de la Nación: Se opone a las pretensiones del demandante, indicando que las actuaciones penales realizadas en el proceso, se sujetaron al artículo 250 de la Constitución Política y al Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación, en armoniá 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44949 410012331000201000565 01 EVO con el artículo 114 del Codigo de Procedimiento Penal, la Ley 270 de 1996 y la Ley 938 de 2004, ademas, de que en el caso sub lite no se configuran los elementos de la responsabilidad.

Argumenta que el Señor Marlio Perdomo Avilés fue vinculado a la investigación que se adelantaba por los delito de Concierto para extorsionar, en concurso con extorsión consumada y rebelión y tentativa de homicidio, y que en la indagatoria rendida el 17 de junio de 2006 se declaró culpable del delito de homicidio en la modalidad tentativa, por lo que se configura una culpa exclusiva de la víctima, señalando que la causa de la falla del servicio no le es imputable a la administración sino a la culpa exclusiva de la víctima. Propone como excepción la Culpa Exclusiva de la Víctima pues el actor en la diligencia de indagatoria en un primer instante se declaró culpable y se acogió a sentencia anticipada. Igualmente la excepción de Inepta demanda porque la ley 1395 de 2010 que empezó a regir el 12 de julio de 2010, en su artículo 211 señala que en la demanda se debe presentar el juramento estimatorio, y como quiera que la demanda fue presentada el 9 de septiembre del mismo año, le es aplicable la norma antes transcrita, y no presentó dicho juramento 1.3. Sentencia de Primera Instancia. El Tribunal Administrativo del Huila, accede a las pretensiones, mediante sentencia proferida el doce (12) de marzo de dos mil doce (2012), manifestando en resumen los siguientes argumentos: 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44949 410012331000201000565 01 EVO  De acuerdo a lo que se tiene por demostrado en el presente proceso, la privación de la libertad del actor estuvo por cuenta y a cargo de la Fiscalía General de la Nación y como ya se indicó la misma resultó constituyendo un daño antijurídico, que le es imputable a dicha entidad a título de falla del servicio en razón a que el ente investigador omitió hacer un análisis razonable de los elementos materiales probatorios y de las evidencias físicas identificadas que condujera a dar certeza de la responsabilidad del señor Marlio Perdomo Avilés y se limitó simplemente a enunciarlos considerando que el simple listado de los mismos era prueba suficiente que superaría toda duda razonable, responsabilidad que se le imputa exclusivamente a la Fiscalía ya que la Rama Judicial por medio de los juzgados, no tuvo incidencia en la pérdida de la libertad del accionante, pues en la única oportunidad en que el proceso llego a un juzgado fue precisamente cuando el Juzgado de conocimiento absolvió al procesado.  En este caso se puede concluir que la causa eficiente de la privación de la libertad se debió a una concurrencia de culpas entre la Fiscalía General de la Nación y el demandante, pues éste último con sus comportamientos, condujo a la confirmación de serios indicios sobre su responsabilidad en la comisión de los delitos, de suerte que, como se anotó, la condena será impuesta en un cincuenta por ciento en contra de la Fiscalía. En

consecuencia: Condenase a la NaciónFiscalía General de la Nación, a pagar a los demandantes, a titulo indemnizatorio y resarcitorio, los siguientes valores en pesos colombianos: “Perjuicio material: 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44949 410012331000201000565 01 EVO Por concepto de lucro cesante: Al señor Marlio Perdomo Avilés el valor de trece millones quinientos sesenta y nueve mil novecientos sesenta y cuatro pesos con seis centavos ($13.569.964,6). Perjuicios Inmateriales. Daños Morales.

Al señor Marlio Perdomo Avilés: El valor equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria del presente fallo.

A la señora Yen Charry Rodríguez, compañera permanente del señor Mar/io Perdomo Avilés, el equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria del fallo. A Wendy Vanessa Perdomo Charry, Sandra Liliana Perdomo Charry y María Fernanda Perdomo Charry, hijos del señor Marlio Perdomo Avilés, el equivalente a doce punto cinco (12.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria del fallo para cada uno. A Enrique Perdomo Horta, padre de Marlio Perdomo Avilés, el equivalente a

siete punto cinco (7.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes ala fecha de ejecutoria del fallo para cada uno. A los señores Franglien Perdomo Avilés, Enrique Perdomo Avilés, Leonardo 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44949 410012331000201000565 01 EVO Perdomo Avilés, Herminda Perdomo Avilés, Consuelo Perdomo Avilés y Margarita Avilés, hermanos del señor Mar/io Perdomo Avilés, el equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria del fallo, para cada uno. 1.4. Argumentos de la apelaciones 1.4.1. La parte actora El apoderado de la parte demandante incoa recurso de apelación en contra de la sentencia favorable a sus pretensiones, en donde en términos generales argumenta lo siguiente (Folios 296 a 308 del cuaderno del Consejo de Estado):  Dice que el objeto de su apelación consiste en que se modifique la sentencia apelada en lo relacionado con la cuantificación de los perjuicios morales tasados a los actores observando lo dispuesto por el artículo 16 de la ley 446 de 1998, y se reconozcan a la parte actora los perjuicios de alteración de las condiciones de existencia de conformidad con los

precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado de lo probado en el Sub judice, se declare la revocatoria de la declaratoria de concurrencia de culpa por parte de la víctima en su privación injusta de la libertad, y por ende la condena resultante contra la nación sea impuesta en un 100%, y se adicione el daño material, lucro cesante; el lapso, que según las estadísticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad, o acondicionarse a una actividad laboral como ya lo ha reconocido el Consejo de Estado en 35 semanas, y además, de que se condene solidariamente a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la nación, y se condene en costas a la pare vencida de 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44949 410012331000201000565 01 EVO conformidad con el art. 55 de la Ley 446 de 1998, que reformo el Art. 171 del CCA en concordancia con el art. 392 del C.P.C., reformado por el art. 19 de la Ley 1395 de 2010.  Se refiere que en este caso en concreto, manifestando en primer lugar, que para aumentar la compensación por perjuicio moral, es procedente que la Sala fije en S.m.m.l.v. la indemnización de perjuicios a favor de los

peticionarios Marlio Perdomo Avilés, Yen Charry, sus hijas, padre y hermanos con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos, de acuerdo a lo dispuesto por el H. Consejo de Estado, en sentencia del 16 de junio de 1994. En segundo lugar, respecto al reconocimiento a la parte actora del perjuicio de la alteración de las condiciones de existencia, dice que se encuentra probado con los testimonios de Martha Cecilia Charry, y de Rubiela Roa Dusan, de los que al ser analizados; “se evidencia que la detención de MARLIO PERDOMO, tuvo sus consecuencias hasta mucho después de quedar en libertad, si en cuenta se tiene, que los testimonios fueron recepcionados por el Juzgado de Aipe el 11 de abril de 2011 -su libertad se produjo el 24 de abril de 2009no había podido recuperar su taller, su detención fue una tragedia total (según el dicho de la testigo), hace como dos meses consiguió trabajo, se colige fácilmente una modificación superlativa de sus condiciones habituales de normalidad que evidencian un trastoco de los roles cotidianos -al frente de su tallercomo se evidencia también del testimonio del contador. Situación que necesariamente se tradujo en su grupo familiar en una población pequeña como Aipe, donde la mayoría de gente se conoce y por ende se estigmatiza más fácilmente a todo el grupo familiar que la misma Sala resalto al momento de analizar el perjuicio moral a su grupo familiar más cercano. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44949 410012331000201000565 01 EVO  Así mismo, en relación con la revocatoria de la declaratoria de concurrencia de culpa por parte de la víctima en su privación injusta de la libertad, manifiesta, que al yuxtaponer los términos en que se determina la concausa en la sentencia del Tribunal Administrativo (pág. 21), y la proferida por el Juzgado primero Penal del Circuito Especializado de Neiva, al interpretar el fallo absolutorio de este último, dice que se debe resolver bajo el régimen de responsabilidad objetiva y no de la falla del servicio, aplicando la jurisprudencia del Consejo de Estado, numeral II, CP. Dr. Enrique Gil Botero, sentencia del 23 de abril de 2008, expediente 1998-1624 01, sección tercera.  Ahora en lo atinente, a que se adicione al Daño material. Lucro Cesante: el lapso, que según las estadísticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad, o acondicionarse a una actividad laboral como ya lo ha reconocido el Consejo de Estado en 35 semanas. Situación que se le olvidó analizar al Juez A.quo; por tanto pide, que se le reconozca teniendo en cuenta lo dispuesto en sentencias del 4 de diciembre de 2006 exp. 13168 C.P. Mauricio Fajardo Gómez y, abril 4 de 2010, Enrique Gil Botero, exp. 18960.  Por último, dice que para condenar solidariamente a la Rama Judicial y a la

Fiscalía General de la Nación, se debe acceder de acuerdo a los precedentes jurisprudenciales del órgano de cierre administrativo sobre la materia, en su sección 3ra. Subsección B, Enrique Gil Botero, en sentencia del 22 de junio de 2011.  Por todo lo anterior solicita se revoque parcialmente la decisión de primera 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44949 410012331000201000565 01 EVO instancia. 1.4.2. La Fiscalía General de la Nación. El apoderado de la parte demandante incoa recurso de apelación en contra de la sentencia que la declara responsable del daño antijurídico padecido por el demandante, en donde en términos generales argumenta lo siguiente (Folios 310 a 311 del cuaderno del Consejo de Estado):  EL HONORABLE TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA, toma como fundamentos de su decisión el hecho de que la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en razón a que no hizo un análisis razonable de los elementos materiales probatorios y evidencia física identificadas que condujeran a la certeza de la responsabilidad del señor MARLlO PERDOMO AVILÉS.  El señor MARLlO PERDOMO, fue vinculado a la investigación que se

adelantaba por los delitos de Concierto para extorsionar, en concurso con extorsión consumada y rebelión tentativa en homicidio, y en se declaro culpable en la indagatoria rendida el 17 de junio de 2006, por lo que se configura una culpa exclusiva de la victima, por lo que la causa de la falla del servicio no le es imputable a la Administración sino a la culpa exclusiva de la victima.  La Fiscalía General de la Nación, obro de conformidad con las funciones consagradas en el artículo 250 de la Constitución Política en armonía con el artículo 114 del Condigo de Procedimiento Penal, la Ley 270 de 1996 y la Ley 938 de 2004. No siempre que una persona haya sido privada de la libertad, como consecuencia de una orden de captura, una medida de 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44949 410012331000201000565 01 EVO aseguramiento o una sentencia condenatoria y posteriormente la recupere, se configura una falla del servicio.  Era apenas natural y lógico, que la Fiscalía General de la Nación, tenía que desarrollar en contra del implicado, todo su arsenal jurídico para colocarla a buen recaudo de la justicia, como efectivamente lo hizo.  La privación de la libertad de un ciudadano como medida preventiva para materializar la concurrencia de la imputado al proceso, no tiene la

connotación de detención injusta como lo previó el referido artículo 414 del C.P.P., y en consecuencia, el daño que pudo sufrir el sindicado al ordenarse su detención, no tiene la categoría de antijurídico, por lo que se encontraba en el deber de soportar las consecuencias de la actividad judicial; en consecuencia la responsabilidad señalada en el artículo 90 de la Constitución Política no podría imputarse a la entidad. Se pregunta a los Honorables Magistrados: ¿Cual entonces, hubiera sido el rol de la Fiscalía General de la Nación en la investigación y judicialización de las personas en cuya cabeza recaían las pruebas que se conocieron en el proceso.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problemas Jurídicos. Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿La detención de que fuera objeto MARLIO PERDOMO AVILÉS, fue irregular, deviniendo de ella un daño antijurídico que no estaba obligado a soportar 15 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44949 410012331000201000565 01 EVO éste, ni el resto de los demandantes? 2.1.2. ¿Se pueden reconocer los perjuicios indemnizatorios al máximo permitido por la Ley y la jurisprudencia, a pesar de la no ocurrencia de la muerte de la

víctima? 2.1.3. ¿Se configuran las exigencias del artículo 55 de la Ley 446, que reformó el art. 171 del CCA. para condenar en costas a la parte vencida? 2.2. Marco Teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregula