PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Los derechos de los menores priman sobre los derechos de la colect

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad DETENCIÓN PREVENTIVA-Culpa exclusiva de la víctima Resulta pertinente manifestar que la Fiscalía General de la Nación no investigó al encartado de oficio, es decir, no fue obligado a soportar la carga pública sin razón, por el contrario el proceso penal consistente en la investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y sus posteriores actuaciones como la imposición de una medida de aseguramiento consistente en la detención preventiva, se debieron a la valoración de pruebas obtenidas en su momento, que permitieron establecer la existencia de un presunto delito por parte del procesado proveniente de sus actuaciones irregulares. Luego no hay lugar para determinar que la medida de aseguramiento anotada impuesta por la Fiscalía fue ilegal o arbitraria. Teniendo en cuenta ello, es evidente que en el caso que nos ocupa, por el hecho de haberse presentado un daño antijurídico del hoy demandante en acción de reparación directa, se encuentra la adecuación coexistente de causal de exoneración de responsabilidad predicable al Estado Colombiano, al evidenciarse una culpa exclusiva de la víctima, puesto que claramente fueron los hechos irregulares cometidos por el mencionado señor, los que conllevaron a que el mismo tuviera la obligación de soportar un proceso penal cualquiera que fuere su decisión. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Elementos De acuerdo con los elementos de responsabilidad patrimonial del Estado es preciso anotar lo siguiente: 1). En cuanto al daño antijurídico se puede determinar que este no

existió, pues los demandantes debieron soportar la actuación del Estado por hechos imputables a su conducta, 2) el hecho generador se debió a la competencia que tiene el Estado en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial para que, conforme a la denuncias presentadas en el caso que nos ocupa por parte de la menor, las pruebas realizada a la menor hayan contribuido de manera eficaz para establecer la veracidad de los hechos e imponer las medidas y sanciones respectivas al imputado y 3). Se da un rompimiento del nexo causal, en razón a que no existe un daño antijurídico en el presente caso pues la carga de un proceso penal que debió soportar el procesado se debió a la actuación irregular del mismo frente a la menor. DAÑO ANTIJURÍDICO-Los derechos de los menores priman sobre los derechos de la colectividad En este orden de ideas al evidenciarse la inexistencia de un daño antijurídico de acuerdo a la situación que se analiza, es evidente que el Estado por medio de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial no deben entrar a indemnizar al procesado, puesto que las actuaciones de los entes judiciales fueron legales en aras de obtener la verdad y sancionar por el hecho delictuoso al procesado, teniendo en cuenta la clase de delito por el que fue investigado y procesado. No puede perderse dentro de la óptica del máximo rigor jurídico, el deber del Estado de proteger a los menores de edad de toda clase de actividades delictuosas de que sean o puedan ser víctimas, conforme a los postulados constitucionales o internacionales, en su orden el artículo 44 de la Constitución Política, la

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Expediente No. 42794 440012331000200800134 01 East. Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belem Do Para” y las directrices sobre la justicia para los niños víctimas y Testigos de delitos elaboradas por la Oficina Internacional de los Derechos del Niño. JURISPRUDENCIA-Obligación de las autoridades de brindar una protección judicial efectiva a los derechos de los menores de edad

CONCEPTO No. 137/2012

Bogotá, D.C., 30 de Abril de 2012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor Mauricio Fajardo Gómez

E. S. D.

EXPEDIENTE: 44001233100020080013401 (42794)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: MARTIN HERRERA LIMA y OTROS.

DEMANDADO: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, RAMA JUDICIAL Sentido del Concepto: Solicitud para confirmar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de la Guajira existencia de indicios graves que conllevaron a la Fiscalía General de la Nación a proferir medida de aseguramiento consistente en la privación de libertad y resolución de

acusación. –Los derechos de los menores priman sobre los derechos de la colectividad. Obligación de las autoridades de brindar una protección judicial efectiva a los derechos de grupos de especial protección como son los menores de edad, las mujeres y las víctimas en caso de delitos sexuales. – Culpa exclusiva de la víctima - No puede considerarse, en principio, que el Estado deba responder siempre que cause inconvenientes a los particulares, en desarrollo de su función de administrar justicia. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 42794 440012331000200800134 01 East. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y Patrimonio Público.

1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda - Hechos El señor MARTIN HERRERA LIMA Y OTROS, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, entablaron demandada, contra LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la RAMA JUDICIAL para que se les declare administrativamente responsables por los perjuicios causados a los

demandantes con ocasión de la presunta privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Martín Herrera Lima desde el día 13 de diciembre de 2006 hasta el 24 de agosto de 2007, por el presunto punible de acceso carnal abusivo en menor de 14 años. Manifiesta el apoderado de los demandantes que el 13 de diciembre de 2006 el señor Martín Herrera Lima fue capturado por agentes del cuerpo de investigaciones de la Fiscalía General de la Nación en el municipio de San Juan del Cesar (Guajira), quienes le informaron que tenía una orden de captura, por el delito de acceso carnal abusivo en menor de 14 años siendo puesto a disposición de la Fiscalía 003 Delegada ante los juzgados Promiscuos del Circuito de San Juan del Cesar y Villanueva (Guajira). 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 42794 440012331000200800134 01 East. El 22 de diciembre de 2006, la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Promiscuos del Circuito de San Juan del Cesar y Villanueva (Guajira), se le resuelve la situación jurídica, con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, por el delito de acceso carnal abusivo, ordenando su traslado a las instalaciones de la cárcel judicial de Valledupar

(Cesar), materializándose dicha orden el 9 de febrero de 2007, fecha en la cual fue trasladado a dicho centro penitenciario. El 28 de marzo de 2007, la Fiscalía 003 Delegada ante los jueces promiscuos del circuito de San Juan del Cesar, califica el mérito del sumario, resolviendo acusar al señor MARTIN HERRERA LIMA, como responsable del delito de acceso carnal violento agravado, la cual después de haber quedado ejecutoriada, fue enviada al Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar (Guajira), para que se surtiera la etapa del juicio. El 23 de agosto de 2007, el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar (Guajira) dictó sentencia absolutoria a favor del señor Martín Herrera Lima, otorgándosele la libertad el día 24 de agosto de 2007. 1.2 LA CONTESTACIÓN 1.2.1. La Nación – Rama Judicia l, solicita no acceder a las pretensiones de la demanda, considerando que en este caso no se predica el primero de los elementos que se debe originar para que opere la declaratoria de responsabilidad patrimonial por parte del Estado, como lo es el daño antijurídico, es decir cuando no existen causas de justificación expresa que legitimen el perjuicio sufrido.  Una vez ejecutoriada la resolución de acusación proferida por la Fiscalía 003 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Villanueva y San 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 42794 440012331000200800134 01 East. Juan del Cesar (Guajira), e iniciada la etapa de juzgamiento en cabeza del señor Juez Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar (Guajira), es este funcionario quien en su sentencia decide absolver del delito por considerar que no existe responsabilidad del hoy accionante y se ordena la cancelación de la orden de captura, era el tiempo norma que se debía mediar dentro del proceso penal y es el que esta establecido por las leyes para que se surta todas las etapas del mismo.  La actuación del Juez no fue abiertamente desproporcionada ni violatoria de los preceptos legales, de forma tal que con su actuar benefició de alguna manera al accionante, entonces sería absurdo pensar que existiese responsabilidad patrimonial del Estado por un actuar apenas legal y justo.  Las razones expuestas por el demandante en la presente acción no permiten estructurar responsabilidad administrativa patrimonial e indemnizatoria, por cuanto los requisitos exigidos en el artículo 90 de la Constitución Política, son inexistentes, solicitando a esta instancia se le absuelva de todos los cargos, por tener este ente investigador, autonomía tanto administrativa como presupuestal, tal como lo establecen los articulo 249 de la Constitución Nacional.  Igualmente, la Nación – Rama Judicial propone la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no está legitimada para actuar en los procesos que comprometen directamente la responsabilidad de la Fiscalía General de la

Nación. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 42794 440012331000200800134 01 East. 1.2.2. La Fiscalía General de la Nación, manifiesta que se opone a que prosperen todas y cada una de las declaraciones y condenas solicitadas en el escrito de la demanda en contra de la entidad con base en los siguientes argumentos:  Indica que la actuación de la entidad se surtió de conformidad con la Constitución Política y las disposiciones penales, sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos; la competencia legal y constitucional, atribuida a la entidad constituye la expresión de la función jurisdiccional del Estado y fue precisamente en ejercicio de esta atribución que se expidió la providencia dentro de la cual se le resolvió situación jurídica y se dictó medida de aseguramiento.  Aduce que el estudio de las pruebas allegadas al expediente penal, dejan ver que todas las actuaciones de esta entidad fueron desarrolladas en el marco legal y legítimo, teniendo en cuenta lo preceptuado en las normas de procedimiento penal vigente para la época de la ocurrencia de los hechos, dándole al sindicado la oportunidad de controvertir las pruebas con las garantías del debido proceso y del derecho de defensa, ajustándose todo el procedimiento a los principios y ritualidades que prevé la ley penal.

 Los acontecimientos que motivaron a la investigación, se conocieron a través de la denuncia No. 0377 ante el C.T.I, de esta ciudad, de fecha 13 de diciembre de 2006, formulada por la señora ELENA ALTAMAR DE VIDES, abuela paterna de la menor, donde pone en conocimiento la violación de la que fue victima la menor por parte de su padrastro MARTÍN HERRERA LIMA.  Es preciso recordar que los indicios graves que pesaron contra el señor MARTÍN HERRERA LIMA, los cuales se encuentran calcados en los albures de La Fiscalía General de la Nación, tales como la misma declaración que hiciera en su contra su hija de crianza y los resultados médicos, aunado a la denuncia que en su contra cursaba, dejaba ver la 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 42794 440012331000200800134 01 East. detención ordenada en contra del hoy actor no sólo era justa, sino también necesaria.  Concluye que la actuación de la Fiscalía no se aprecia como anormalmente deficiente como para endilgarle que ésta efectuó una privación injusta de la libertad, y por tanto solicita denegar las súplicas de la demanda.  La Fiscalía General de la Nación, propone como excepción falta de interés en la causa pasiva, por inexistencia de la falla en el servicio de la

administración de justicia, al proferir la medida de aseguramiento en contra del señor MARTIN HERRERA y culpa exclusiva de un tercero la menor y su madre abuela). 1.3. Sentencia de Primera Instancia. El Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira declaró no probada la excepción de falta de legitimación por pasiva propuesta por la Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia y las excepciones propuestas por la Fiscalía General de la Nación y denegó las súplicas de la demanda argumentando lo siguiente:  Estimó el H. Tribunal que, si bien la sentencia absolutoria se otorgó porque la versión que dio la menor en el juicio, fue diferente al que sostuvo desde que se le practicó el examen que denotó la violación, rendido inicialmente ante la Fiscalía y la que realizó posteriormente en su ampliación de declaración jurada, y la declaración que realizó ante los funcionarios del I.C.B.F, es procedente anotar, por otro lado que el accionante no demostró que la detención de la que fue objeto haya sido 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 42794 440012331000200800134 01 East. injusta, o que existiera un error grave que permita edificar la responsabilidad el Estado o la falla del servicio al ser vinculado a un proceso penal, puesto que la denuncia en la cual fue sindicado como

presunto autor de la conducta delictiva, el examen de medicina legal que demuestra que existe “desfloración antigua y reciente manipulación en la infante abusada” y la sindicación concreta que hizo la pequeña, fueron los requisitos que tuvo en cuenta la Fiscalía para iniciar la instrucción y libra la medida de aseguramiento respectiva, la cual no pueden tildarse de arbitraria y mucho menos se puede interpretar como un error del funcionario judicial y de la Administración de Justicia.  Anotado lo anterior, para el Tribunal, la detención preventiva de que fue objeto el actor, fue ocasionada fruto de una serie de elementos inculpatorios, toda vez que el señalamiento de la denunciante y la victima misma, dieron pie para que el Fiscal instructor lo sindicara como presunto responsable del delito de acceso carnal violento agravado en menor de 14 años. 1.4. Argumentos de la apelación El apoderado de los demandantes incoa recurso de apelación en contra de la sentencia calendada veinte (20) de octubre de dos mil once (2011) proferida dentro del asunto de la referencia por el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira con el objeto de que sea revocada la decisión tomada en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda bajo los siguientes argumentos:  Que el señor Martín Herrera Lima recobró su libertad en virtud de un fallo absolutorio, por carecer de evidencia directa que probara la autoría del delito imputado, mereció el beneficio de la duda en aplicación del in dubio 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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Expediente No. 42794 440012331000200800134 01 East. pro reo, y por lo tanto, su detención se tornó en injusta y arbitraria, generando un daño antijurídico que no estaba obligado a soportar, siendo procedente la declaratoria de responsabilidad del Estado.  No es de recibo el argumento contentivo de la sentencia objeto de ataque por este medio, según la cual todo ciudadano debe asumir la carga de la investigación penal y someterse a la determinación preventiva, pues ello contradice los principio básicos consagrados en la convención de derechos humanos y en la Carta Política del modelo del Estado que nos regenta, en particular el in dubio pro reo, no puede aceptarse que la falta de actividad probatoria por parte del Estado la tengan que soportar, los privados de la libertad o los sindicados, cuando precisamente del cumplimiento a cabalidad de dicha función depende del buen éxito de la investigación.  En cuanto a las consideraciones acerca de la naturaleza del daño antijurídico se ha sostenido que, en cada caso, ha de corresponder al juez determinar si el daño va mas allá de lo que, normalmente y sin compensación alguna, debe soportar una persona por el hecho de vivir en una comunidad jurídicamente organizada y comportarse como un sujeto solidario, es por ello, que corresponderá al operador jurídico determinar si la privación de la libertad fue mas allá de lo que razonablemente debe un

ciudadano soportar para contribuir a la recta Administración de Justicia. Sin embargo no es jurídicamente permitido trasladar al administrado el costo de todas las deficiencias o incorrecciones en las que, en ocasiones, pueda incurrir el Estado en ejercicio de su ius puniendi.  Considera que resulta necesario revocar la sentencia objeto de recurso y acoger en su totalidad las súplicas de la demanda, debido a que con la absolución del señor MARTÍN HERRERA LIMA, dentro del proceso penal como se expone en la sentencia objeto de recurso se demostró que no cometió la conducta punible que se le endilgaba. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 42794 440012331000200800134 01 East.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problemas Jurídicos. Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿La detención de que fuera objeto el señor MARTIN HERRERA LIMA, fue irregular deviniendo de ella un daño antijurídico que no estaba obligado a soportar? 2.1.2. ¿Son la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial responsables administrativamente, por una presunta privación injusta de la libertad del señor MARTIN HERRERA LIMA por la realización del presunto delito de acceso carnal abusivo en menor de 14 años?

2.1.3. ¿El detenido, de alguna manera prohijó su detención? 2.1.4. ¿El detenido realmente demostró su inocencia? 2.2. Marco Teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 42794 440012331000200800134 01 East. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea

civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 2.2.2. Libertad y presunción de inocencia. Normas supraconstitucionales. Uno de los temas importantes para definir frente a casos como el objeto de la litis, es el tema de la libertad y la presunción de inocencia. Veamos que ha venido diciendo el Consejo de Estado: “El Derecho a la libertad Bajo la Constitución de 1886 estaba previsto en el artículo 23 y en la Carta fundamental de 1991 sobre tal derecho y en especial con la “libertad de movimiento”, se concretó en el artículo 28. Ese mismo derecho está regulado en otras normas jurídicas; así: -En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la ley 74 de 1968 en la cual se expresa, igualmente, que "Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta...". -En la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por la ley 16 de 1972 que prescribe: "1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas

conforme a ellas". De lo anterior se infiere que la libertad es un derecho fundamental relativo, porque está restringido en eventos precisos y bajo las condiciones de orden constitucional o legal. El derecho de Presunción de inocencia es de categoría constitucional, por virtud de la cual toda persona sindicada de cometer un delito está eximida de presentar pruebas que demuestren su inocencia y por tanto las autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas que acrediten la 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 42794 440012331000200800134 01 East. responsabilidad del implicado. Estaba previsto desde antes de la expedición de la Carta de 1991, es decir bajo la vigencia de la Constitución de 1886, en las siguientes normas con fuerza material de ley: -Ley No 74 de 1968, que como ya se dijo antes ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Su artículo 11 enseña que "Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa". -Ley No. 16 de 1974, por la cual se ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José,

en la cual el artículo 8° dispone: “Toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad...". - Decreto ley No 50 de 1987 por medio del cual se expidió el Código Penal; su artículo 3º indicó la presunción de inocencia, al disponer que “Toda persona a quien se atribuya un hecho punible se presume inocente mientras no se declare legalmente su responsabilidad en sentencia ejecutoriada”. En la Constitución de 1991 - que entró en vigencia el día 7 de julio del citado año - se consagró en el inciso 4 del artículo 29, según el cual: "Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable".. . También el legislador extraordinario en el decreto ley 2.700 dictado el día 30 de noviembre de 1991, que contiene el Código de Procedimiento Penal, artículo 2º…” Anteriormente esta Sala frente al álgido tema había manifestado: “Es por ello que se ha considerado que si bien la medida de aseguramiento es cautelar, ha de tenerse en cuenta además el principio universal de la presunción de inocencia a fin de que el administrador de justicia, haga uso racional de la medida y en el caso de que le asistan las razones normativas sustanciales, también le es perentorio tener presente el principio universal de presunción de inocencia. Adicionalmente como norte y guía, que el derecho a la libertad dentro de las culturas occidentales y democráticas es uno de los derechos humanos más preciado, contemplado dentro de la Constitución Política de Colombia como Derecho Fundamental, connotación de gran valía dentro de la concepción filosófica del Estado Social de Derecho. De tal suerte

que la detención preventiva es una medida excepcional, que “procede sólo cuando sea estrictamente necesaria y proporcionada a los fines propios de la investigación del ilícito a cargo del Estado”. (Las negrillas son de la Sala). 2.2.3. Carácter injusto de la privación de la libertad. Para evaluar si el ciudadano tiene o no el deber jurídico de soportar la carga impuesta por la administración de justicia conviene recordar la sentencia C-037 de 1996 en la cual con respecto a la privación injusta de la libertad la Corte

Constitucional señaló: 12

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Expediente No. 42794 440012331000200800134 01 East. “Conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales en forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido apropiada, ni razonada ni conforme a derecho sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aun de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado que es común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicación de la norma que se examina y la

consecuente declaración de responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”. 2.2.4 Culpa exclusiva de La víctima - Debe ser la causa determinante del daño. La Sección Tercera de la Sala de lo contencioso Administrativo del Consejo de Estado emitió pronunciamiento frente al un daño antijurídico ocasionado por el estado por culpa exclusiva de la víctima al expresar lo siguiente: “Para efectos de establecer si el daño es o no imputable a la propia víctima, lo importante es establecer si su actuación fue o no la causa eficiente del daño. Es decir, que la entidad estatal demandada podrá ser declarada responsable del daño cuando el mismo haya sido causado por su actuación u omisión, pero cuando la causa del mismo lo sea la actuación de la propia víctima habrá lugar a exonerar a la entidad, al margen de que se trate de un menor, un incapaz o una persona que goce de todas sus facultades y hubiera obrado de manera intencional, culposa o simplemente accidental. El análisis de la subjetividad de la conducta de la víctima carece de relevancia para efectos de determinar la causa del daño. La víctima puede actuar de manera involuntaria o aún sin consciencia de lo que hace y, sin embargo, ese hecho cuando sea la causa exclusiva y determinantes en la producción del daño y ajeno a la entidad demandada exonera a ésta de responsabilidad patrimonial. Como lo ha considerado la Sala en oportunidades anteriores, “Dado el carácter objetivo del nexo causal, como elemento de la responsabilidad,

poco importa que el hecho de la víctima que da lugar a la producción del daño sea culposo o no”. En otros términos, en los eventos en los cuales la actuación de la víctima resulta ser la causa única, exclusiva o determinante del daño, carece de relevancia la valoración de su subjetividad. Si la causalidad constituye un aspecto objetivo, material de la responsabilidad, la labor del juez frente a un daño concreto debe limitarse a verificar si dicha conducta fue o no la causa eficiente del daño, sin que para ello importe establecer si al realizarla, su autor omitió el deber objetivo de cuidado que le era exigible, o si su intervención fue involuntaria. Por tal razón, resulta más preciso señalar que la causal de exoneración de responsabilidad del demandado es el hecho de la víctima y no su culpa. Ahora bien, cuando la intervención de la