PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Los otros accionantes no estaban en la obligación de soportar una

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad SENTENCIA ABSOLUTORIA-Uno de los accionantes nunca estuvo privado de la libertad/DAÑO ANTIJURÍDICO-El demandante no puede ser acreedor a indemnizaciones por un daño que no tuvo que soportar Sentencia absolutoria en la cual se evidenció la falta de rigor jurídico de la Fiscalía para haber impuesto medida de aseguramiento en la modalidad de detención preventiva a los señores pues el mismo Fiscal señala e indica que de haberse realizado un estudio y una valoración de las pruebas allegas y recopiladas al proceso penal se hubiera llegado a la conclusión que resolvió en el fallo absolutorio. Ahora en lo relacionado con la demostración del daño antijurídico, esta Delegada observó al igual que el A quo, con respecto a uno de los procesados que no se demostró que hubiera estado privado de la libertad, pues si bien es cierto no se exige tarifa probatoria para probar la detención injusta alegada, por lo menos si alguna prueba o indicio que permita inferir que realmente lo estuvo, situación que no sucedió, al contrario, en los mismos hechos de la demanda afirman que el mencionado accionante nunca estuvo privado de la libertad porque no se logró llevar a cabo la orden de captura que había en su contra, evadiendo la justicia durante todo el tiempo del proceso penal, por tanto no puede ser acreedor a indemnizaciones por un daño antijurídico que no tuvo que soportar. DAÑO ANTIJURÍDICO-Los otros accionantes no estaban en la obligación de

soportar una medida de aseguramiento/RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Por la privación injusta de la libertad de unos accionantes De los otros accionantes es evidente que en el caso que nos ocupa no estaban en la obligación de soportar la carga de una investigación penal, y más aún soportar una medida de aseguramiento consistente en la restricción al derecho fundamental a la libertad que tiene todo ciudadano, puesto que no sólo se conculca tal derecho sino también se afrenta otros, como es el de la dignidad y la integridad moral, violando de esta forma lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención Americana de los Derechos Humanos, más aún por un error tan visible por parte de la Fiscalía al no estudiar, analizar y valorar cuidadosamente cada una de las pruebas allegas e investigadas. Por consiguiente y de conformidad con los lineamientos expuestos en el marco teórico y teniendo en cuenta los medios de prueba al expediente, para esta Delegada del Ministerio Público, es posible concluir que en el presente caso se encuentran demostrados los elementos de la responsabilidad patrimonial por falla en el servicio, por la privación injusta de la cual fueron objeto los otros accionantes. PERJUICIOS MORALES-No tiene fundamento jurídico negar los perjuicios a los hermanos/INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES-Es compensatoria lo cual supone igualar el daño en sentido opuesto En lo relacionado con los perjuicios morales otorgados a los familiares del señor y Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.35626 760012331000200400529 01 I.J.C.B especialmente a la negación de los mismos respecto de los hermanos mayores, esta Delegada no está de acuerdo con los argumentos expuestos por el A quo, pues si bien es cierto en un primer momento de los criterios de la jurisprudencia del Consejo de Estado se estableció que debía demostrarse la relación afectiva que existía entre ellos, actualmente dicho planteamiento ha sido cambiado, pues ahora se presume judicialmente que los parientes más cercanos, en este caso los hermanos sufren un dolor moral al ver al familiar padecer de una privación que como en el sub lite no estaba en la obligación de soportar y que aparte de los criterios jurisprudenciales es de advertir también que las reglas de la experiencia han permitido demostrar que es mayor la afectación cuando se trata de hermanos mayores por el vínculo más estrecho y afectivo que han logrado precisamente por el transcurso del tiempo establecer, en consecuencia no tienen fundamento jurídico alguno negar los perjuicios morales a los hermanos cuando se está debidamente acreditado tal calidad dentro del proceso, y se les debe reconocer de acuerdo a como lo ha determinado el Consejo de Estado en los diferentes fallos relacionados con el tema. No obsta recordar que no solo se deben tener en cuenta las reglas de la experiencia en este tema de familia, sino además las prácticas científicas, conforme lo ha connotado la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Por consiguiente, no se debe olvidar que en lo relacionado con los perjuicios solicitados,

cabe advertir que la indemnización otorgada por los perjuicios morales, la misma no es restitutoria, ni reparatoria, pero si compensatoria, lo cual supone igualar el daño en sentido opuesto, con su reparación, reconocimiento que debe sujetarse a los preceptos legales y constitucionales que se han establecido y que por tanto esta Delegada, se remite a lo estipulado por el a quo, con excepción de los perjuicios a que tienen derecho los hermanos del demandante. COMITÉ DE CONCILIACIÓN-Es un mecanismo alternativo de solución de conflictos y una manera eficaz de preservar las arcas del Estado/ACCIÓN DE REPETICIÓN-Por la evidente configuración de la falla en el servicio Finalmente es importante resaltar que en el artículo 16 del Decreto 1716 de 2009, señala que no hay lugar a responsabilidad fiscal ni disciplinaria por conciliar respecto a los Comités de Conciliación, por lo que a contrario sensu si las hay (responsabilidades disciplinarias y fiscales) cuando existiendo elementos probatorios suficientes, basados además en la ley y jurisprudencia, no se facilita la conciliación, significando con el tiempo mayor incremento de las condenas a reclamar y con ello elevadas cargas económicas contra el erario público, aspecto frente al cual estará atento el Ministerio Público, en cumplimiento de las funciones legales y constitucionales, dentro de las cuales se encuentra la preservación del patrimonio público. En resumen, el artículo mencionado contiene en su espíritu, la razón de ser del Decreto 1716 de 2009, lo cual no es un requisito de trámite, sino la norma que facilita un mecanismo alternativo de solución de

conflictos y adicionalmente una manera eficaz de preservar las arcas del Estado, que se alimentan de los tributos de la sociedad. Considera esta Delegada, que el Consejo de Estado, debe recordar a la Fiscalía General de la Nación el deber de incoar acción de repetición, por la evidente configuración de la falla en el servicio, existiendo razones suficientes para presentar la respectiva demanda. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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I.J.C.B

RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS-Jurisprudencia del Consejo de Estado 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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I.J.C.B CONCEPTO PARA CONCILIACIÓN No. 034 / 2013

Bogotá, D.C., 24 de julio de 2013. Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A

Consejero Ponente: Doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 760012331000200405189 01(35626)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: José Genner Zuluaga García y otros.

DEMANDADO: Nación-Fiscalía General De La Nación.

Sentido del concepto: positivo para conciliación / se configuró la falla en el servicio de la entidad demandada. / La restricción a la libertad significa conculcar los derechos establecidos en la Constitución Política de Colombia y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos / No conciliar cuando existen elementos suficientes, significa para el Comité de Conciliación incurrir en responsabilidades de tipo fiscal y disciplinario. / Los hermanos tienen derecho a los perjuicios morales sin distinción de edades. / Deber de incoar la acción de repetición.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto para conciliación en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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I.J.C.B

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda.

El señor José Genner Zuluaga García y otros, a través de apoderado judicial, en

ejercicio de la acción de reparación directa, consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, presentaron demanda contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, para que se les declare responsables de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes, con motivo de la “privación injusta de la libertad” del cual fueron objeto los señores José Genner Zuluaga García, Evelio Pardo Pérez y Luis Eduardo Domínguez Castillo, por el delito de peculado por apropiación en beneficio de terceros. 1.2. La contestación 1.2.1. Nación-Fiscalía General de la Nación, contestó la demanda, a través de apoderado, oponiéndose a las pretensiones y argumentando que en el sub judice no se configuraron los elementos que permitan configurar la responsabilidad patrimonial de la entidad, toda vez que en razón a la competencia legal y constitucionalmente atribuida, dio inicio a la correspondiente investigación penal en contra de los señores José Genner Zuluaga García, Evelio Pardo Pérez y Luis Eduardo Domínguez Castillo, en virtud a denuncias. En consecuencia la medida de aseguramiento se profirió de acuerdo a los requisitos exigidos para la época de los hechos por el Código de Procedimiento Penal. Así mismo, aclara que si bien es cierto contra el señor José Genner Zuluaga García, se profirió medida de aseguramiento, la misma nunca se hizo efectiva 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.35626 760012331000200400529 01 I.J.C.B demostrando por el contrario un actitud evasiva de la justicia. 1.3. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia datada del 22 de febrero de 2008, resolvió acceder a las pretensiones de la demanda, condenando a la Fiscalía General de la Nación, bajo los siguientes argumentos:  De las pruebas obrantes en el proceso, observó que a los señores José Genner Zuluaga García, Evelio Pardo Pérez y Luís Eduardo Domínguez Castillo, se les profirió medida de aseguramiento en la modalidad de detención preventiva por el delito de peculado por apropiación, ordenándoles la libertad posteriormente y finalmente precluyendo la investigación a su favor, como así quedó constancia en la resolución No. 0002 de enero 18 de 2002, por tanto se configuró la privación injusta de la libertad alegada por los accionantes, teniendo en cuenta la providencia referenciada.  Ahora de acuerdo a las normas vigentes para la época en que ocurrió la detención de los señores Luís Eduardo Domínguez Castillo y Evelio Pardo Pérez, se debe apreciar como injusta en razón a que se configuró la premisa que “el sindicado no haya cometido los hechos”, como sucedió en el presente caso, y aún más corroborado que estuvieron privados de la libertad desde el 20 de junio de 2001 hasta el día 27 de agosto de 2001 y octubre 11 de 2001 respectivamente.

 En relación con el señor José Genner Zuluaga García, las pretensiones no están en caminadas a prosperar, por cuanto no se cumplió con el núcleo esencial de la detención injusta, es decir, la aprehensión física, toda vez 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.35626 760012331000200400529 01 I.J.C.B que evadió a la justicia y por tal hecho no tuvo que soportar la carga pública impuesta a los demás, razón por la cual no puede reclamar perjuicios.  Respecto a los perjuicios reclamados por los hermanos del señor Luís Eduardo Domínguez Castillo, no se demostró la relación afectiva que existía teniendo en cuenta que por ser mayores de edad se debió acreditar, como así lo ha expuesto el Consejo de Estado y al no encontrar prueba que así lo determinará no se reconoció suma por dicho concepto. 1.4. Argumentos de la apelación  La apoderada de la Nación – Fiscalía General De La Nación, solicitó que se revoque la sentencia, por cuanto el lapso que una persona permanezca privada de su libertad a raíz de un proceso penal, en el que la persona es finalmente absuelta, no debe dar lugar a responsabilidad del Estado, pues es una de las cargas que deben soportar en el marco de un Estado de

Derecho.  La apoderada de la parte demandante, manifestó su inconformidad respecto del fallo con lo relacionado a la negación de la pretensiones y los perjuicios del señor José Genner Zuluaga, toda vez que si bien no estuvo recluido en una cárcel se omitió valorar el hecho que hubo una afectación tanto como a lo demás compañeros con la medida de aseguramiento y con la prohibición de cambiar de residencia y salir del país. En relación con los perjuicios, indicó que se desconoció el derecho al reconocimiento de los mismos a favor de los hermanos del perjudicado Luís Eduardo Domínguez Castillo, pues no existe ninguna diferencia en relación con la edad de los hermanos para determinar si es posible o no presumir el 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.35626 760012331000200400529 01 I.J.C.B perjuicio moral, por ende se les debe indemnizar.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problemas Jurídicos Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Es posible conciliar a partir de la sentencia proferida el veintidós (22) de febrero de dos mil ocho (2008) por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca? 2.1.2. ¿Se demostró la privación injusta alegada por el señor José Genner

Zuluaga? 2.1.3. ¿Los perjuicios no indemnizados a los hermanos mayores del señor Luís Eduardo Domínguez Castillo se encuentran conforme a lo establecido actualmente por la jurisprudencia del Consejo de Estado? 2.2. Marco Teórico. Premisa normativa. Pueden ser tenidos como referentes teóricos los siguientes aspectos que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.35626 760012331000200400529 01 I.J.C.B La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple

ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” Cuando se invoca la figura de la falla del servicio como título de imputación responsabilidad al Estado, tal y como ocurre en la presente demanda, para que surja el deber de resarcimiento patrimonial a cargo del primero, se deben dar los siguientes elementos: a) Una actuación irregular del Estado b) El daño antijurídico c) El nexo de causalidad entre el daño y el actuar activo u omisivo de la administración. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.35626 760012331000200400529 01 I.J.C.B 2.2.2. La obligación de soportar las cargas públicas, en materia de detención preventiva. Al respecto el Consejo de Estado sintetiza en los siguientes términos este aspecto de manera puntual: “Esta Corporación ha sostenido que a los asociados corresponde soportar la carga pública que implica participar, por voluntad de la autoridad, en una investigación. Sin

embargo, ahora la Sala considera oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo. Definitivamente no puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado Social y Democrático de Derecho la persona junto con todo lo que a ella es inherente ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquél y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas. La afirmación contraria sólo es posible en el seno de una organización estatal en la que la persona con todos sus atributos y calidades deviene instrumento, sacrificable, reductible y prescindible, siempre que ello se estime necesario en aras de lograr lo que conviene al Estado, es decir, en un

modelo de convivencia en el que la prevalencia de un desde esta perspectiva, mal entendido interés general, puede justificar el desproporcionado sacrificio del interés particular incluida la esfera de derechos fundamentales del individuo sin ningún tipo de compensación. Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de éstas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.35626 760012331000200400529 01 I.J.C.B del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general”. Considera la Sala, de todas formas y como líneas atrás se ha apuntado, que no es

posible generalizar y que, en cada caso concreto, corresponderá al juez determinar si la privación de la libertad fue más allá de lo que razonablemente debe un ciudadano soportar para contribuir a la recta Administración de Justicia. Lo que no se estima jurídicamente viable, sin embargo, es trasladar al administrado el costo de todas las deficiencias o incorrecciones en las que, en ocasiones, pueda incurrir el Estado en ejercicio de su ius puniendi. En relación con la inconveniencia si no imposibilidad de verter juicios generales y abstractos en relación con asuntos como el que atrae la atención del presente proveído, ya había expresado esta Corporación lo siguiente: «Al respecto, debe reiterarse lo expresado en otras oportunidades, en el sentido de que no cualquier perjuicio causado como consecuencia de una providencia judicial tiene carácter indemnizable. Así, en cada caso concreto deberá establecerse si el daño sufrido es de tal entidad que el afectado no está en la obligación de soportarlo, y resulta, en consecuencia, antijurídico, sea que tenga causa en una providencia errada o en una providencia ajustada a la ley. No puede considerarse, en principio, que el Estado deba responder siempre que cause inconvenientes a los particulares, en desarrollo de su función de administrar justicia; en efecto, la ley le permite a los fiscales y jueces adoptar determinadas decisiones, en el curso de los respectivos procesos, en aras de avanzar en el esclarecimiento de la verdad, y los ciudadanos deben soportar algunas de las incomodidades que tales decisiones les causen. Sin embargo, tampoco pueden hacerse afirmaciones categóricas, para suponer que, en

determinados casos, será siempre inexistente el daño antijurídico, mucho menos cuando ha habido lugar a la privación de la libertad de una persona, así sea por corto tiempo, dado que se trata de la vulneración de un derecho fundamental, cuya injusticia, al margen de la licitud o ilicitud de la decisión que le sirvió de fundamento, puede hacerse evidente como consecuencia de una decisión definitiva de carácter absolutorio1. He aquí la demostración de que la injusticia del perjuicio no se deriva de la ilicitud de la conducta del agente del Estado»2 (Subrayas y negrillas fuera del texto original).3 1 Nota de la sentencia citada: Sobre la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, se pronunció esta Sala en sentencia del 18 de septiembre de 1997, expediente 11.754, actor Jairo Hernán Martínez Nieves, extendiéndola a casos en que la absolución se ha producido por razones distintas a las previstas en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, y concretamente por aplicación del principio in dubio pro reo. 2 Sección Tercera, sentencia de 27 de septiembre de 2000, Radicación 11601, Consejero ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez, actor: Ana Ethel Moncayo de Rojas y otros. 3 Sentencia del 4 de diciembre de 2.006, en el expediente 13.168, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejero Ponente Doctor Mauricio Fajardo Gómez 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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Expediente No.35626 760012331000200400529 01 I.J.C.B 2.2.3. Reconocimiento de los perjuicios morales Al respecto el Consejo de Estado ha puntualizado lo siguiente: “…La reciente sentencia de la Sala Plena de la Sección Tercera de 23 de agosto de 2012 señaló que en “cuanto se refiere a la forma de probar los perjuicios morales, debe advertirse que, en principio, su reconocimiento por parte del juez se encuentra condicionado –al igual que (sic) demás perjuiciosa la prueba de su causación, la cual debe obrar dentro del proceso”. (…) el juez reconoce la existencia de los perjuicios morales teniendo en cuenta que con base en las reglas de la experiencia, se presume que, en las circunstancias en que ocurrió, para sus parientes inmediatos debió implicar un profundo dolor, angustia y aflicción, teniendo en cuenta que dentro del desarrollo de la personalidad y del individuo está la de hacer parte de una familia como espacio básico de toda sociedad”.4 2.2.4. Liquidación de perjuicios Sobre el tema de la tasación de perjuicios en materia de perjuicios morales, el Consejo de Estado ha sintetizado de manera puntual: “…Así las cosas, conforme a las reglas de la experiencia se puede deducir razonablemente que las lesiones perjudicaron moralmente al señor John Jairo Cadavid Ríos y teniendo en cuenta que la jurisprudencia tiene fijado como tope máximo para los

dolores de mayor intensidad la suma de 100 s.m.m.l.v., la Sala acude al arbitrum judicis para su estimación, criterio regido por los siguientes parámetros: (i) La indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, pues “… la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia…”, mas no de restitución ni de reparación; (ii) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio y (iv) debe estar fundamentada, 4 Sentencia del Consejo de Estado de fecha 6 de marzo de 2013, Radicado número: 66001-23-31-000-2001-0009801(24884) M. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.35626 760012331000200400529 01 I.J.C.B cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad…” (Subrayado y negrilla fuera de texto). 5 2.3. Las pruebas obrantes. Para que sean consideradas como pruebas aportadas legal y oportunamente, se

adjuntaron los siguientes documentos:  Copia de la Resolución No. 080 de fecha junio 20 de 2001, por medio del cual se decreto medida de aseguramiento en la modalidad de detención preventiva a los señores José Genner Zuluaga García, Evelio Pardo Pérez y Luis Eduardo Domínguez Castillo (Fls 98 – 109 Cd 1).  Copia de la Resolución No. 002 de enero 18 de 2002, expedida por el Fiscal 90 Seccional Delegado ante los Jueces del Circuito, por medio del cual se resuelve proferir resolución de preclusión de investigación a favor de los señores José Genner Zuluaga García, Evelio Pardo Pérez y Luis Eduardo Domínguez Castillo (Fls 160 – 169 Cd Ppal.).  Todas las demás que se encuentran relacionadas en la sentencia apelada. 2.4. Caso concreto Realizado el estudio del expediente en su totalidad, se advierten los siguientes aspectos que son de relevancia para otorgar concepto favorable para conciliación: 5 Sentencia del 30 de septiembre de 2011, del Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejero Ponente Doctora Stella Conto Diaz Del Castillo 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.35626 760012331000200400529 01 I.J.C.B  Para esta Delegada, es acertada la posición del Juez Colegiado de primera

instancia, en relación con la responsabilidad que le declaró a la Fiscalía General de la Nación, toda vez que a los señores José Genner Zuluaga García, Evelio Pardo Pérez y Luis Eduardo Domínguez Castillo, les fue precluida la investigación en la sentencia del 18 de enero de 2002, por medio de cual se dijo “la preclusión de la investigación es la decisión a la que debemos llegar, aún de forma anticipada y por fuera del calificatorio sumarial, sin que sea necesario continuar un desgaste de la justicia de primera y segunda instancia en un proceso donde la imputación inicial quedo sin efecto, no por una apreciación subjetiva sino por la claridad y precisión de la prueba de tipo documental”. Sentencia absolutoria en la cual se evidenció la falta de rigor jurídico de la Fiscalía para haber impuesto medida de aseguramiento en la modalidad de detención preventiva a los señores José Genner Zuluaga García, Evelio Pardo Pérez y Luis Eduardo Domínguez Castillo, pues el mismo Fiscal señala e indica que de haberse realizado un estudio y una valoración de las pruebas allegas y recopiladas al proceso penal se hubiera llegado a la conclusión que resolvió en el fallo absoluto