PGN - DAÑO ANTIJURIDICO No existe suficiente respaldo probatorio

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-No aplica la falla en el servicio DAÑO ANTIJURÍDICO-No existe suficiente respaldo probatorio/RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Falta el requisito principal para estructurar la responsabilidad Nos encontramos frente a un limitado material probatorio que impide hacer una valoración sobre el autor o autores de los hechos para determinar realmente las circunstancias en que acontecieron los sucesos, lo cual no permite tener certeza acerca de la configuración real del daño. Las simples afirmaciones plasmadas en la demanda, sin el suficiente respaldo probatorio, fueron razones válidas para tomar la decisión el a-quo la cual se encuentra ajustada a derecho. El concepto de la prueba se convierte en una regla de conducta para el juez, en virtud de la cual se encontrará en condiciones de proferir fallo de fondo, incluso cuando falte el encuadramiento de la prueba de fondo, hecho que sirve de presupuesto a la norma jurídica que debe aplicar y, al mismo tiempo en un principio de responsabilidad para las partes, derivado de la actividad probatoria que se despliegue en el proceso, pues si bien disponen de libertad para aportar, o no las pruebas de los hechos que las benefician o la contraprueba de aquellos que, habiendo sido acreditados por el adversario en la litis, pueden perjudicarlas, las consecuencias desfavorables proveniente de su eventual inactividad probatoria corren por su cuenta y riesgo; circunstancia que se avizora en el caso en comento toda vez que al no quedar demostrado con certeza, el autor o autores

del hecho decimos que al faltar el requisito principal para estructurar responsabilidad del Estado, como lo pretenden los accionantes, y para que exista la responsabilidad se requieren tres elementos absolutamente indispensables y necesarios: el daño, el hecho generador del mismo y un nexo de causalidad que permita imputar el daño a la conducta (acción u omisión) del agente generador. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Fue un hecho ejecutado por un tercero Del acervo probatorio recaudado, podemos decir que no hay certeza de los móviles y autores materiales e intelectuales de los hechos y con la simple afirmación sin sustento probatorio no se le puede atribuir al grupo subversivo de las FARC sin embargo fue un hecho ejecutado por un tercero, y por tanto no se puede imputarle responsabilidad al Estado, sin que exista prueba de que la víctima o su familia notificó en debida forma y de manera oportuna la existencia de amenaza o peligro presunto, donde ocurrieron los hechos. Resulta claro que nos encontramos en presencia del hecho exclusivo de un tercero, que configura una causal de ausencia de responsabilidad del Estado y por lo tanto rompe el nexo causal. Si bien existió un hecho que le causó daño a la demandante, el cual resultó ser imprevisible e irresistible para los demandados, no por ello se deriva automáticamente responsabilidad, pues es menester demostrar el nexo de causalidad. Son estas razones suficientes por las cuales las pretensiones de la demanda tienen vocación de prosperidad y consecuencialmente la sentencia objeto del recurso de alzada debe ser confirmada. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. 50001233100020031038401 (45109)

Rzo CONCEPTO No. 361 /2012

Bogotá, D.C., 10 de diciembre de 2012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: DOCTOR HERNÁN ANDRADE RINCÓN

E. S. D.

EXPEDIENTE: 500012331000200310384 01 (45109)

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA ACTORA: ANGÉLICA MARÍA MARRERO Y OTRO DEMANDADO: NACIÓN – PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICAMINISTERIO DE DEFENSA NACIONALMINISTERIO DEL INTERIOR DE JUSTICIA Y DEL DERECHOPOLICÍA NACIONALEJÉCITO NACIONALDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE

SEGURIDAD “DAS” y ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ.

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Sentido del Concepto: solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida originada en el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta/ El EstadoMinisterio de Defensa-Policía Nacional y demás demandados no son responsables de los daños y perjuicios que le fueron ocasionados a los demandantes/ No aplica la falla en el servicio.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de

la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. 50001233100020031038401 (45109) Rzo

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda. 1.1.1. La actora comenta que mediante la Resolución No. 084 de 18 de octubre de 1998, emanada del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, se declaró abierto el proceso de diálogo de las FARC, con el fin de llevar a cabo las conversaciones de paz, se estableció una zona de distención en los Municipios de Mesetas, Uribe, La Macarena y Vista Hermosa, en el Departamento del Meta y San Vicente del Cagúan, en el Departamento del Caquetá y que el término de duración era del 7 de noviembre de 1998 al 7 de febrero de 1999, siendo prorrogada mediante Resolución 32, del 7 de mayo del mismo año hasta el 20 de febrero de 2002, cuando mediante Resolución No. 31 y 32, se terminó el proceso de diálogo con las FARC, razón por la cual se reubicó la Fuerza Pública en esos Municipios. 1.1.2. Dice que su abuelo, Pedro Marrero Rodríguez fundó en el año 1940, el

Municipio de Puerto CarreñoVichada, en ese Municipio ni siquiera existía Santa Rosalía, el hato El Cejal que tenía un extensión de 40.000 hectáreas, el cual dejo abandonado en la guerra de los cincuenta debido a las tomas guerrilleras que se presentaban en el sector; luego le entregó a su hijo Alcibíades Marrero Reuto una parte del mismo terreno; otra parte, es de propiedad y posesión de la actora Angélica María Marrero Oliveros, y otra parte del hato es de propiedad de Carlos Enrique Marrero Parra, esposo de Angélica María, este hato, en manos de toda la familia, durante 6 generaciones se ha dedicado a la ganadería y a la siembra de productos agrícolas, de los que derivan su sustento. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. 50001233100020031038401 (45109) Rzo 1.1.3. Cuenta que fueron privados del goce y explotación comercial de su hato desde el 16 de noviembre de 2001, perdieron gran parte de sus reses y en la actualidad sus poderdantes no han podido administrar su hato, porque a pesar de encontrarse las Autoridades Militares en ese sector, no existen las plenas condiciones de seguridad. 1.2. La contestación. 1.2.1. EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA contestó la demanda por

intermedio de apoderado judicial (fls 149 a 160 cppal), manifestó, en cuanto a los hechos, que se atiene a lo que se pruebe dentro del proceso y se opone a todas y cada una de las pretensiones. Sostiene que el Municipio de Santa Rosalía – Vichada, no hacía parte de la zona de distensión y que los actos proferidos por el Gobierno Nacional, en virtud de los cuales se estableció la zona de distensión fueron expedidos en ejercicio de las facultades constitucionales y legales. Dijo que no existe responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que la zona de distensión tenía como objetivo principal la búsqueda de la paz y una salida al conflicto armado, y las Resoluciones se dictaron con ese fin, en cumplimiento de las funciones estatales. Expresó que no se configuran los requisitos esenciales para la existencia de una falla de la Administración atribuible al Estado y que en este caso no se puede establecer esta falla en razón a una de las excepciones eximente de responsabilidad como lo es la culpa de un tercero, que es en este caso las FARC. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. 50001233100020031038401 (45109)

Rzo Propuso como excepción: FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, que implica consistir en que no es esa Entidad a la que le corresponde el control del

orden público y menos tomar medidas de prevención. 1.2.2. EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, contestó la demanda (fls 168 a 174 c-ppa) Dijo que no le constan los hechos y que se atiene a lo que resultare probado en el proceso, en cuanto a las pretensiones se opuso a todas y cada una de ellas. Alega una inexistencia de los elementos constitutivos de la falla en el servicio, toda vez que la decisión de crear la zona de distención fue adoptada por el Gobierno Nacional y no por el Departamento Administrativo, y que dicha zona se declaró con base en normas ajustadas a la constitución y la Ley, por lo tanto, según la H. Corte Constitucional y el

H. Consejo de Estado, no puedan derivarse hechos antijurídicos de tal actuación.

Propuso las excepciones de INEPTUTUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA

POR FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA y CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. 1.2.3. EL MINISTERIO DE DEFENSAPOLICÍA NACIONAL, contestó la demanda

(fls 175 a 181 cppal) oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones y en cuanto a los hechos expresó que se atiene a lo que resulte probado 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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Exp. 50001233100020031038401 (45109) Rzo dentro del proceso. Planteó que los hechos materia de este asunto fueron efectuados por miembros de las FARC, presentándose la causal del hecho de un tercero. Propuso la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA 1.2.4. LA NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSAEJÉRCITO NACIONAL, contestó la demanda (fls 190 a 195 c-ppal), desaprobó todas y cada una de las pretensiones y en cuanto a los hechos expresó que se atiene a lo que resulte probado dentro del proceso. Dice que no ha ocurrido una falla del servicio por cuanto no se ha actuado con omisión ni negligencia y el hecho fue cometido por un tercero, como es, la guerrilla. 1.2.5. EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDADDAS, contestó la demanda (fls 198 a 210 c-ppal). En cuanto a los hechos se atuvo a lo que resultare probado dentro del proceso y se opone a las pretensiones de la demanda. Aseguró que los que causaron los presuntos daños al accionante, fueron grupos al margen de la Ley, y por lo tanto, no existe falla de la Administración, menos aún atribuible al DAS ya que estos actúan como cuerpo civil y de inteligencia colaborando con otras Entidades en la prevención de posibles ilícitos que amenazan perturbar la seguridad o la integridad del régimen constitucional, y de ninguna manera lo hace para preservar el orden público o de efectuar labores militares o de Policía

6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. 50001233100020031038401 (45109) Rzo preventiva, toda vez que no son sus funciones, conforme con el Decreto 218 de 2000. Propuso la excepciones de AUSENCIA DE ELEMENTOS NECESARIOS

PARA RECLAMAR LA RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE SEGURIDADDAS, FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA y el HECHO DE UN TERCERO. 1.2.6. EL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ no contestó la demanda. 1.3. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo del Meta en sentencia del 17 de mayo de 2012 declaró la prosperidad de la excepción denominada FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, a favor del MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA. Negó la excepción propuesta por la NACIÓN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, denominada CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. Negó las excepciones propuestas por la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSAPOLICÍA NACIONALDEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA denominadas

FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA.

Negó las pretensiones de la demanda. El Tribunal manifestó que los hechos ocurrieron en la Inspección de GuanacaciaMunicipio de Santa RosalíaDepartamento de Vichada, zona que geográficamente se encuentra retirada del área de la zona de distensión, por lo que no hubo desalojo de la Fuerza Pública ni de miembros de la rama Judicial, razón por la cual, no son de recibo los argumentos expuestos por la parte actora, porque si 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. 50001233100020031038401 (45109) Rzo bien es cierto, que es deber del Estado velar por la seguridad, la paz y la tranquilidad de todos los ciudadanos sin excepción, también lo es que, éste no pude hacerse responsable de todos los daños antijurídicos que le sean causados a los asociados, sin que previamente se haya demostrado que estos fueron causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, ya que la responsabilidad no resulta automáticamente declarad cada vez que una persona es afectada en sus bienes. En este asunto deben precisarse dos situaciones: La primera, que la protección debida sobre los bienes objetos del hurto no pude ser atribuible a ninguna de las entidades públicas demandadas, por cuanto es un hecho incuestionable que el hurto de los semovientes fue perpetrado por un tercero, como lo afirma el accionante, y en los casos de protección a los bienes expuestos a inminente riesgo, se ha debido comunicar a las Entidades del Estado encargadas de la

protección, con el objeto de que esas actividades se hayan desplegado a fin de encontrar prosperidad en este tipo de pretensiones, pero el actor no formuló la denuncia correspondiente, para que las Autoridades que tienen la obligación legal de investigar los delitos, buscaran a los responsables de los mismos y recuperar o restablecer su derecho. Situación diferente en el caso propuesto, pues al actor no acreditó que hubiera informado sobre la presencia de grupos al margen de la Ley en la zona donde tenía su centro de actividades agrícolas y, ganaderas y por sobre todo, que sus bienes se encontraban en grave riesgo de ser hurtados 1.4. Argumentos de la apelación 1.4.2. El apoderado de la parte demandante, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia(fls505 y 506 cConsejo de 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. 50001233100020031038401 (45109) Rzo Estado) Manifestó que se acreditó fehacientemente el nexo causal entre el Estado y el hecho dañoso, donde con los testimonios de los hechos acaecidos y demás pruebas arrimadas al plenario se demostró la falla del servicio, que se dio plenamente y no como pretende ignorar el H. Tribunal. Es bueno recordar que todos los finqueros nombraron al señor Alberto

Albarracín, (Q.E.P.D.) para que en nombre de todos solicitara, como en efecto lo hizo, la tan mentada protección pero ésta nunca se dio. Cómo puede el H. Tribunal afirmar que no está probada la presencia de las FARC, si es de público conocimiento que en el municipio de Santa Rosalía andaban libremente y el lugar de los hechos dista solamente 6 kilómetros del área urbana. Tampoco es de recibo la afirmación de que NADIE ES OBLIGADO A LO IMPOSIBLE, cuando sabemos que el Estado descuidó estas zonas productoras por fijar su atención en de la zona de distensión, la cual no sólo no funcionó dentro de ella misma, sino que causó grave perjuicio a la población y principalmente a los demandantes.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico.

Pueden ser expresados en los siguientes términos: 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. 50001233100020031038401 (45109) Rzo 2.1.1. ¿Se le puede endilgar responsabilidad al Estado cuando el actor no ha informado a las autoridades de seguridad, Ejército Nacional, Fiscales, Jueces, Departamento Administrativo de Seguridad-DAS etc, para que adelantaran operaciones de los hechos ocurridos y/o que en el sitio de los hechos hacen presencia grupos al margen de la Ley?

2.2. Marco teórico. Premisa normativa. Pueden ser tenidos como referentes teóricos los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.1.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. 50001233100020031038401 (45109)

Rzo d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” Responsabilidad extracontractual del EstadoFuerza PúblicaTítulo de imputación aplicableDaño especial, riesgo excepcional y falla del servicio. Precedente jurisprudencial En relación con los títulos de imputación aplicables a los daños causados a soldados conscriptos, la Sección Tercera de esta Corporación, ha avalado la posibilidad de que sean, en primera medida, aquellos de naturaleza objetiva, tales como el daño especial o el riesgo excepcional y, de otro lado, el de la falla del servicio, siempre y cuando de los hechos y de las pruebas allegadas al proceso se encuentre acreditada la misma. (…) En consecuencia, frente a los perjuicios ocasionados a soldados regulares, conscriptos, en la medida que su voluntad se ve doblegada por el imperium del Estado, al someterlos a la prestación de un servicio que, no es nada distinto, a la imposición de una carga o un deber público, es claro que la organización estatal debe responder bien porque frente a ellos el daño provenga de i) un rompimiento de las cargas públicas que no tenga la obligación jurídica de soportar; ii) de un riesgo excepcional que desborda aquel al que normalmente estaría sometido, y que puede tener origen en el riesgo actividad o en el riesgo de la cosa, o iii) de una falla del servicio, a partir de la cual se produce el resultado perjudicial. El H. Consejo de Estado ha sostenido:

“Para poder aludir a la conducta Imputable al Estado y por la cual deba responder patrimonialmente, es necesario que la conducta de su Agente, ejecutor directo de la función enjuiciada, tenga nexo jurídico con el servicio; por esto mismo la simple calidad de empleado o funcionario que ostente el autor de un hecho no vincula necesariamente al Estado, debido a que aquél no siempre actúa en su calidad de tal y bien pudo actuar en desarrollo de actividad de carácter eminentemente personal y por tanto ajena a toda actividad pública. Asimismo y para tal efecto el Consejo de Estado ha acogido el test de conexidad, de creación doctrinal, como herramienta útil para determinar si la falta personal de los Agentes de la Administración está o no ligada con la conducta del servicio. Y en desarrollo de ese test se formulan las siguientes preguntas: ¿advino el perjuicio en horas del servicio, en el lugar o con instrumento del mismo?; ¿el Agente actuó con el deseo de ejecutar un servicio o bajo su impulsión?. Y en fallo de 6 de diciembre de 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. 50001233100020031038401 (45109) Rzo 2004, la Sala destacó que en las decisiones en las que se ha acudido a dicho test se ha precisado que el mismo no conduce inexorablemente a una u otra conclusión, porque deben analizarse las circunstancias especiales

del hecho para determinar si el daño es o no atribuible al demandado, aportando únicamente hechos indicadores en relación con ia conducta imputada (no con el nexo de causalidad), a partir de los cuales y en armonía con las demás pruebas se podrá solucionar la controversia; y agregó que resulta importante cuestionarse sobre qué sucede cuando existe prueba de que el hecho se cometió con arma de dotación oficial, o con nexo instrumental con el servicio, situación en la que es importante ver que no siempre que se produce tal vinculación se entiende que es la Administración la que actúa, porque el nexo instrumental refiere a la conducta y al nexo físico, no al nexo jurídico. Y similares consideraciones merece el nexo Instrumental, a las efectuadas sobre la condición de servidor público del Agente estatal para el momento del hecho, y de acuerdo con lo cual la prueba de la investidura del Agente no conlleva siempre, por si sola, a la imputación de responsabilidad al Estado, ya que habrá casos en los que pese a demostrarse, la actuación desarrollada sigue siendo eminentemente privada del funcionario, sin que pueda decirse que trascienda como un acto del servicio, porque la presencia de esos elementos (Investidura, instrumento, espacio etc.) se deberán tener en cuenta, para visualizar si la fuente del daño proviene de una conducta particular o si se desprende de la prestación de un servicio o de la ejecución de una función pública".1 2.2. Las pruebas obrantes. Supuestos fácticos. Se allegó el material probatorio de conformidad con las reglas establecidas en materia de prueba documental en el Código de Procedimiento Civil.

En su orden son:

 La Resolución 286 de 1994, expedida por el INCORA en la que se decidió adjudicar el terreno baldó a la señora Angélica María Marrero Oliveros. 1 Consejo de Estado, sentencia de marzo 1 de 2006, C.P. María Elena Giraldo Gómez (Exp. 15010) 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. 50001233100020031038401 (45109) Rzo  La propiedad de 174 cabezas de ganado a cargo de los accionantes, de acuerdo con las papeletas de compra y venta de ganado.  Copias simples de los periódicos de la época que dan cuenta la situación de violencia que vivía el país en la fecha der los hechos.  Fotografías del hato, que da cuenta del estado actual del mismo. 2.3. Caso concreto En este orden de ideas, cabe advertir las siguientes situaciones que llevaron a la decisión en consideración de esta Agencia del Ministerio Público acertada por cuenta del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta. En su orden son:  Efectivamente, se encuentra probado en el paginario que la accionante, señora Angélica María Marrero Olivero, es la propietaria del terreno denominado La Idea, de acuerdo con la Resolución No. 286 de 1994 expedida por el INCORA, en la que se decidió adjudicar el terreno baldío, (fl

58 c-ppal), cuya propiedad se ratifica con el certificado catastral (fl 291 cppal).  Durante el tiempo que operó la llamada “zona de distensión” , las FARC realizaron todo tipo de desmanes, siendo víctimas los pobladores de dicha zona y de las zonas aledañas, quienes vieron arrasadas sus tierras, desbastados sus cultivos, hurtados sus ganados etc. Negar estos hechos es desconocer una realidad sentida y vista por todo el país.  Nos encontramos frente a un limitado material probatorio que impide hacer una valoración sobre el autor o autores de los hechos para determinar realmente las circunstancias en que acontecieron los sucesos, lo cual no 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. 50001233100020031038401 (45109) Rzo permite tener certeza acerca de la configuración real del daño. Las simples afirmaciones plasmadas en la demanda, sin el suficiente respaldo probatorio, fueron razones válidas para tomar la decisión el a-quo la cual se encuentra ajustada a derecho.  El concepto de la prueba se convierte en una regla de conducta para el juez, en virtud de la cual se encontrará en condiciones de proferir fallo de fondo, incluso cuando falte el encuadramiento de la prueba de fondo, hecho que sirve de presupuesto a la norma jurídica que debe aplicar y, al mismo

tiempo en un principio de responsabilidad para las partes, derivado de la actividad probatoria que se despliegue en el proceso, pues si bien disponen de libertad para aportar, o no las pruebas de los hechos que las benefician o la contraprueba de aquellos que, habiendo sido acreditados por el adversario en la litis, pueden perjudicarlas, las consecuencias desfavorables proveniente de su eventual inactividad probatoria corren por su cuenta y riesgo; circunstancia que se avizora en el caso en comento toda vez que al no quedar demostrado con certeza, el autor o autores del hecho decimos que al faltar el requisito principal para estructurar responsabilidad del Estado, como lo pretenden los accionantes, y para que exista la responsabilidad se requieren tres elementos absolutamente indispensables y necesarios: el daño, el hecho generador del mismo y un nexo de causalidad que permita imputar el daño a la conducta (acción u omisión) del agente generador.  Del acervo probatorio recaudado, podemos decir que no hay certeza de los móviles y autores materiales e intelectuales de los hechos y con la simple afirmación sin sustento probatorio no se le puede atribuir al grupo subversivo de las FARC sin embargo fue un hecho ejecutado por un 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. 50001233100020031038401 (45109)

Rzo tercero, y por tanto no se puede imputarle responsabilidad al Estado, sin que exista prueba de que la víctima o su familia notificó en debida forma y de manera oportuna la existencia de amenaza o peligro presunto, donde ocurrieron los hechos.  Resulta claro que nos encontramos en presencia del hecho exclusivo de un tercero, que configura una causal de ausencia de responsabilidad del Estado y por lo tanto rompe el nexo causal. Si bien existió un hecho que le causó daño a la demandante, el cual resultó ser imprevisible e irresistible para los demandados, no por ello se deriva automáticamente responsabilidad, pues es menester demostrar el nexo de causalidad.  Son estas razones suficientes por las cuales las pretensiones de la demanda tienen vocación de prosperidad y consecuencialmente la sentencia objeto del recurso de alzada debe ser confirmada.

III. CONCLUSIÓN En concepto del Ministerio Público la sentencia del diecisiete (17) de mayo de dos mil doce (2012), proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL META, debe ser CONFIRMADA.

Del H. Magistrado,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 15 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co