PGN - DAÑO ANTIJURIDICO No se acreditó la configuración de este en contra del estado

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Para reembolso de pago con ocasión a sentencia proferida dentro de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ACCIÓN DE REPETICIÓN-Presupuestos exigidos para su viabilidad según sentencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPETICIÓN-Caducidad/ACCIÓN DE REPETICIÓN-Fue interpuesta oportunamente En uno y otro caso, el término de caducidad de la acción empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 10 meses previsto en el inciso cuarto del artículo 192 del C.P.A.C.A., que empieza a contarse después de la ejecutoria de la providencia que ordena el pago. En el caso concreto, la condena impuesta a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga-CDMB, y por la cual pretende repetir en contra de los señores….y….. fue proferida por Honorable Tribunal Administrativo de Santander el 11 de junio de 2015, la cual quedo ejecutoriada el 25 de junio de 2015; asimismo, se tiene que el pago total de la condena se efectuó el 29 de abril de 2016 por valor de $131.969.392,99, según se desprende de la certificación expedida el 24 de octubre de 2016 por el Coordinador de Tesorería de la CDMB. Es decir que los términos comenzaron a transcurrir a partir del día 30 de abril de 2016, y el actor presentó la demanda el 27 de octubre de 2016, por lo que se evidencia que el medio de control fue elevado en los

términos previstos en la ley. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Está acreditada la existencia de la condena impuesta DAÑO ANTIJURÍDICO-No se acreditó la configuración de este en contra del Estado En ese sentido, la parte demandante no puede calificar el hecho tal como lo pretende en la demanda, como una afectacion o un detrimento patrimonial de la entidad al solicitar restituir los recursos pagados a través de un proceso de repeticion en contra de los demandados, ya que es contrario a lo que claramente expresa el Tribunal en la sentencia emitida, la que ordena a la CMDB a que se reintegren los dineros cancelados por la empresa EMAB S.A. E.S.P, sumas que fueron recaudadas por concepto de una indebida contribucion exigida, por medio de un acto administrativo que fue debidamente anulado en dicha sentencia.Es decir, en lo que respecta al pago de una condena o indemnizacion, en este caso se trato de un restablecimiento de un derecho, por lo tanto no hay prueba de que hubo un daño patrimonial en perjuicio del Estado, por lo que se concluye que es improcedente la accion de repeticion contra los servidores publicos demandados.De conformidad con la argumentación expuesta, las normas citadas, la jurisprudencia aplicable al caso y las pruebas allegadas, con el debido respeto por la autonomía judicial, en concepto del Ministerio Público, deberán denegarse las pretensiones de la demanda, PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6. PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 pues no se acreditó la configuración de un daño antijurídico contra el Estado, o imposición

de una condena que constituya una afectación patrimonial a la CMDB, como requisito exigible para la acción de repetición. INDEXACIÓN-Según sentencia de la Corte Constitucional ACCIÓN DE REPETICIÓN-No tiene vocación de prosperidad por cuanto el pago de recursos no supuso daño antijurídico para entidad demandante Al respecto, debe decirse que para este agente del Ministerio Público, no resulta procedente condenar en repetición a los servidores públicos demandados, para que restituyan los montos pagados por la CDMB y la respectiva indexación, pues el pago de estos recursos no supuso un daño antijurídico para la entidad demandante.

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PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6 PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA CONCEPTO No. 061 de 2023

Bogotá, D.C. Marzo 29 de 2023 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sección Tercera Subsección C

Consejero Ponente: Dr. GUILLERMO SANCHEZ LUQUE

E. S. D.

Radicación número: 11001032600020170006000 (59242) Actor: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga –CDMBDemandado: Freddy Antonio Anaya Martínez y Carlos Octavio Gómez Ballesteros y Medio de control: Repetición

Honorable Magistrado: En mi condición de agente de la señora Procuradora General de la Nación para intervenir en el trámite de la referencia1, con fundamento en las competencias previstas en los artículos 277-7 de la Constitución Política, 30-2 del Decreto Ley 262 del 2000 y encontrándome dentro del término de traslado previsto en el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, procedo a rendir concepto dentro del proceso de repetición de la referencia en los siguientes términos: 1 Competencias previstas en los artículos 277-7 de la Constitución Política y 30-1 del Decreto Ley 262 de

2000.

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Síntesis: La parte demandante busca en sede de repetición que se condene patrimonialmente a los señores Freddy Antonio Anaya Martínez y Carlos Octavio Gómez Ballesteros, a cancelar la suma de $131,969,392,99, correspondiente a los dineros que tuvo que reintegrar la CDMB con ocasión de la contribución por valorización que canceló la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga - EMAB S.A. E.S.P., en virtud de la nulidad de las Resoluciones Nos. 00640 y 01920 de 2003, expedidas por esa Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1 La Demanda. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de BucaramangaCDMB, a través de apoderado judicial, instauró el día 27 de octubre de 20162, demanda de repetición contra Fredy Antonio Anaya Martínez quien se desempeñó como Director General de la CDMB, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2001 al 26 de octubre de 20063 y Carlos Octavio Gómez Ballesteros, quien fungió como Secretario General de la misma Corporación en el período comprendido entre el 15 de enero de 2001 y 23 de noviembre de 20114. 1.1.1 Pretensiones. Como pretensiones se elevaron las siguientes: PRIMERA: Que se declare que los Señores Fredy Antonio Anaya Martínez y Carlos Octavio Gómez Ballesteros son administrativamente responsables de los perjuicios materiales causados a la CDMB, en cuantía de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 99/100 ($131.969.392,99) correspondiente al pago de condena impuesto por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER en segunda instancia, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 680012331000-20040612-01, en sentencia de Junio 11 de 2015, proceso que fue iniciado por la EMPRESA

MUNICIPAL DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB. S.A. E.S.P.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior declaraciòn, condene a los señores Fredy Antonio Anaya Martínez y Carlos Octavio Gómez Ballesteros a pagar a la

2 Folios 1-73 Cuaderno 1 del Expediente. 3 Certificación SAF-GTH-756, expedida por el Coordinador del Grupo de Gestión del Talento Humano de la CDMB el 16 de octubre de 2016 – Folio 56 del expediente del EMAP SA. 4 Certificación SAF-CGTH-0967, expedida por el Coordinador del Grupo de Gestión del Talento Humano de la CDMB el 16 de octubre de 2016 – Folio 60 del expediente del EMAP SA.

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Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de BucaramangaCDMB la suma de Ciento Treinta y Un Millón Novecientos Sesenta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Dos Pesos con 99/100 ($131,969,392,99) suma que deberá ser debidamente actualizada conforme al IPC y que corresponde a lo pagado por la CDMB a la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga - EMAB S.A. E.S.P. en virtud de la condena impuesta en la sentencia proferida por segunda instancia, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 680012331000-2004-0612-01, en sentencia de Junio 11 de 2015.” 1.1.2 Hechos. Como fundamento fáctico de las pretensiones, se narraron los siguientes hechos: Mediante sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga del 17 de febrero de 20095, se decidió de

manera desfavorable las pretensiones de la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. ESP contra la CDMB, por la expedición de las resoluciones No. 0640 del 16 de julio de 2003 y 1920 de octubre 25 de 2003, que fijaron a los inmuebles de propiedad de EMAB, con matrículas inmobiliarias números 300-0183921 y 300183920 el pago de impuestos por contribución de valorización en las sumas de $44.396.755 y $6.550.526, para un total de $50.947.281. En fallo de segunda instancia del 11 de junio de 20156 proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, se decidió revocar la sentencia del 17 de febrero de 2009, ordena anular las mencionadas resoluciones proferidas por CDMB y, en consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, declaró que la EMAB S.A ESP, no adeuda suma alguna por la contribución por valorización referida y tiene derecho a que se le reintegren todas las sumas que hubiesen pagado por ese concepto. En virtud de la condena impuesta en la sentencia, la corporación CDMB dio cabal cumplimiento a lo ordenado y pagó la suma de $131.969.392,99 a la Empresa de Aseo de Bucaramanga – EMAB S.A. ESP según el comprobante de egreso No. 5 Folio 19-36 C1 principal 6 Folio 3750 C1 principal PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6. PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710

2016000955 de fecha 29 abril de 2016, con cheque 4155 del Banco Davivienda7. Por último, la parte demandante manifestó, que los demandados en su calidad de Director General y Director Encargado de la CDMB actuaron con “culpa grave”, al expedir las Resoluciones Nos. 640 y 1920 de 2003, respectivamente, toda vez que el Tribunal Administrativo de Bucaramanga, declaró su nulidad con fundamento en la falta de competencia de la entidad, debido a que dichos actos administrativos no podían producir efectos jurídicos con posterioridad a la sentencia de inexequibilidad C-155 de febrero 26 de 2003. El día 27 de octubre de 20168, se presenta demanda de repetición ante el Juzgado Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, el cual, mediante auto del 14 de febrero 2017, notificado el 15 de febrero año, declaró la falta de competencia y ordenó remitir el proceso al Consejo de Estado9. El proceso arribó al Consejo de Estado el día 26 de abril del 201710. El 09 de marzo de 201811, El Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, Subsección C, mediante auto admite la demanda de repetición instaurada por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga-CDMB contra los señores Fredy Antonio Anaya Martínez y Carlos Octavio Gómez Ballesteros, en ejercicio del medio de control de repetición, el cual fue notificado el 09 de marzo del 2020. 1.2 Contestación de la Demanda. El demandado Carlos Octavio Gómez Ballesteros, Abogado titulado y en ejercicio, portador de la T.P. No. 49.269 del C.S.J. actuando en nombre propio, el 26 de agosto

de 2020 contestó la demanda manifestando, que en este caso se obró con el 7 Folio 1-73 C.1 del Expediente. 8 Folio 1-78 C.1 del Expediente 9 Folio 83 C1 del Expediente. 10 Folio 86 C1 del Expediente. 11 Folio 102 C principal del expediente.

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Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 convencimiento invencible que se estaba obrando de acuerdo a le Ley, ni siquiera se tuvo conocimiento de la sentencia en la cual se exigía la reglamentación del Gobierno Nacional del sistema y el método y sobre este tema, la CDMB siempre consideró que el sistema y el método fue adoptado en la reglamentación que se hizo de la decretación de la obra por parte del Consejo Directivo de la entidad. Adujo en su defensa, que la parte considerativa de la Resolución No. 00640 del 16 de julio de 2003, por la cual se distribuye la contribución por valorización del proyecto de Canalización de la Quebrada la Iglesia, Municipios de Bucaramanga, y Girón, Departamento de Santander, consta de manera expresa como antecedente el “Acuerdo 865 del 13 de julio del 13 de julio de 1998 por el cual el Consejo Directivo de la CDMB decretó la contribución por valorización del proyecto canalización quebrada Iglesia municipios de Bucaramanga y Girón, entre otros aspectos”.12 Solicitó que se decreten como pruebas trasladadas las practicadas en los expedientes No.68001-33-33-012-2013-00306-00 y 68001-23-33-000-2013-01038-00.

El demandado Fredy Antonio Anaya Martínez no contestó la demanda.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1.Problema Jurídico. El problema jurídico en el presente caso se centra en determinar si se encuentran acreditados los supuestos sustanciales para la prosperidad de la acción de repetición y determinar la existencia de un daño antijurídico en virtud del cual sea viable declarar la responsabilidad personal de los exdirectivos demandados. 2.2.Caducidad del Medio de Control de Repetición. En relación con la oportunidad para presentar la demanda, conforme el contenido del artículo 164, numeral 2 literal I) del CPACA, cuando se pretenda repetir para 12 SIMAI Expediente electrónico PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6. PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, el término es de dos (2) años, contados a partir del día siguiente en que se efectuó el pago o desde que venza el plazo para el pago de condenas conforme el artículo 192 ibidem. Dicha disposición fue objeto de reciente modificación por el artículo 43 de la Ley 2195 de 2022, que sobre la caducidad dispuso: “(…) ARTíCULO 43. Modifíquese el literal i) del artículo 164 de la Ley 1437 del 2011 , el cual quedará así: Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: 1) Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una, condena, conciliación u otra forma eje terminación de un conflicto, el termino será de cinco

(5) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en este Código. (…)” En uno y otro caso, el término de caducidad de la acción empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 10 meses previsto en el inciso cuarto del artículo 192 del C.P.A.C.A., que empieza a contarse después de la ejecutoria de la providencia que ordena el pago. En el caso concreto, la condena impuesta a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga-CDMB, y por la cual pretende repetir en contra de los señores Freddy Antonio Anaya Martínez y Carlos Octavio Gómez Ballesteros fue proferida por Honorable Tribunal Administrativo de Santander el 11 de junio de 2015, la cual quedo ejecutoriada el 25 de junio de 2015; asimismo, se tiene que el pago total de la condena se efectuó el 29 de abril de 2016 por valor de $131.969.392,99, según se desprende de la certificación expedida el 24 de octubre de 2016 por el Coordinador de Tesorería de la CDMB. Es decir que los términos comenzaron a transcurrir a partir del día 30 de abril de 2016, y el actor presentó la demanda el 27 de octubre de 2016, por lo que se evidencia que PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6. PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710

el medio de control fue elevado en los términos previstos en la ley. 2.3.Caso Concreto. Los actos administrativos expedidos por la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta Bucaramanga fueron las resoluciones No. 0640 “Por la cual se distribuye la contribución por valorización del proyecto Canalización Quebrada La Iglesia” y 1920 del 25 de octubre de 2003 “Por la cual se resuelve un recurso de reposicion”, y la demanda de repetición fue radicada por CDMB el veintisiete (27) de octubre de dos mil dieciséis (2016), por lo tanto, para el trámite procesal en referencia resulta aplicable lo normado por la Ley 1437 de 2011. 2.4.Acreditación de la condena y del pago por parte de la CDMB. La accionante aportó con la demanda las siguientes pruebas documentales: a) Sentencia de segunda instancia proferida el 11 de junio de 2015, (ejecutoriada el 25 de junio de 2015), por el Honorable Tribunal Administrativo de Santander dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No.680012331000-2004-0612-01 a través de la cual se revocó el fallo de del 17 de febrero de 2009 del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que había negado las pretensiones de los accionantes. En tal virtud se anularon las Resoluciones Nos. 00640 del 16 de julio y 01920 del 25 de octubre del 2003, expedidas por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, respectivamente.

b) Certificación expedida el 24 de octubre de 2016 por el Coordinador del Grupo Tesorería de la CDMB, en la que da cuenta de la cancelación a la Empresa de Aseo de Bucaramanga – EMAB S.A. ESP, con ocasión de la sentencia antes referida, por valor de $131.969.392,99, el día 29 de abril de 2016, correspondiente a la suma pagada por la demandante por concepto de contribución de valorización.

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Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 c) Comprobante de egreso No.2016000955, con registro del cheque No. 4155 del Banco Davivienda de fecha 29 de abril del 2016 por valor de $131.9569.392,99 a nombre de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga y copia del Registro Presupuestal No. 0948 de Julio 3 de 201513 2.5.Ausencia de daño Desde el punto de vista jurisprudencial, lo concerniente a la naturaleza de la acción de repetición, son aplicables al caso las consideraciones del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en asuntos cuyos hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 678 de 200114 que en su artículo 2º. calificó la misma como “una acción civil de carácter patrimonial”, dicha naturaleza ha sido ratificada de manera continua por la jurisprudencia, y ha insistido en el carácter resarcitorio, preventivo y retributivo de la acción de repetición. A título de ilustración, al pronunciarse sobre la naturaleza del medio de control de

repetición, el Consejo de Estado expuso: “(…) Se ha entendido que la acción de repetición tiene una naturaleza eminentemente resarcitoria, que es de carácter público y su elemento teleológico es la protección del patrimonio y de la moralidad pública, y la promoción del desarrollo y ejercicio de la función pública con eficiencia.15 Doctrinalmente se ha indicado que es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ser ejercida en contra del servidor, exservidor público o particular que cumpla funciones públicas que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado lugar a una condena de carácter pecuniario en contra del Estado, o a una conciliación judicial o extrajudicial o cualquier otra manera de terminación de un conflicto que conllevará una erogación para el erario.16 Así las cosas, se ha dicho que dicha acción está encaminada a garantizar los principios de moralidad y eficiencia de la función pública, sin perjuicio de los fines retributivos y preventivos inherentes a su esencia, pero no sancionatorio, toda vez que busca reintegrar a 13 Folio 53 C del Expediente. 14 El artículo 2 de la norma en cita se refiere a la acción de repetición como una acción civil de carácter patrimonial, de cuyo contenido se extractan los presupuestos legales para su prosperidad. 15 Responsabilidad Extracontractual del Estado, Enrique Gil Botero, Sexta Edición, Editorial TEMIS Obras Jurídicas, Bogotá, Colombia, 2013, página 713. 16 Responsabilidad Patrimonial del Estado y sus Regímenes, Wilson Ruiz Orejuela, Segunda Edición, ECOE EDICIONES, Bogotá, 2013, página 352.

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Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 las arcas públicas el valor de la condena que pagó el Estado como consecuencia del actuar doloso o gravemente culposo de sus agentes.17 (…)”18 En este sentido, y de conformidad con el contenido del artículo 90 de la Constitución Política, pese a que la responsabilidad subjetiva que puede recaer sobre el servidor público tenga el carácter de indirecta19, esta se desprende de la verificación de un daño antijurídico imputable al dolo o culpa grave del servidor público, como lo precisó la Corte Constitucional en sentencia de unificación, así: “(…) 5.10. Con base en las referidas consideraciones, el Pleno de la Asamblea Constituyente aprobó el texto del citado artículo 90 superior, acogiendo un sistema de responsabilidad patrimonial del Estado con fundamento en el criterio de daño antijurídico que le sea imputable y con la posibilidad de repetir en contra de sus agentes, en los casos en los que la administración sea condenada a reparar un menoscabo causado por su dolo o culpa grave. 5.11. En concordancia con lo anterior, esta Corporación ha explicado que el artículo 90 constitucional contempla dos premisas jurídicas, a saber: “la primera trata de la responsabilidad patrimonial del Estado, y del deber de responder por el daño antijurídico que le sea imputable generado por la acción o la omisión de las autoridades públicas (inciso 1°);

y la segunda, trata de la responsabilidad del servidor público por el daño antijurídico causado con su conducta dolosa o gravemente culposa como agente estatal, y del deber del Estado de actuar en repetición (inciso 2°)”. 5.12. Asimismo, esta Corte ha sido categórica en destacar que mientras el fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado, a la que alude el primer inciso del artículo 90 superior, se centra en el daño antijurídico que le sea imputable, la base de la responsabilidad personal de los agentes de la administración, contemplada en el segundo inciso de la misma disposición, se concentra en la culpabilidad del funcionario, que “sólo ocurre en aquellos eventos en que el daño antijurídico y la condena sobreviniente sean consecuencia del obrar doloso o gravemente culposo del agente” 17 Curso de Derecho Administrativo, de Diego Younes Moreno, Novena Edición Actualizada, Editorial TEMIS Obras Jurídicas, Bogotá, 2014, páginas 328 a 330. 18 Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa(E) Sentencia del 9 de septiembre de 2016, Rad: 54001-23-33000-2012-00002-02(54589). Ver también, Subsección B, C.P: Alberto Montaña Plata Sentencia del 18 de noviembre de 2021, Rad: 54001-23-31-000-2007-00149-01(52710); Subsección C, C.P.:

Jaime Enrique Rodríguez Navas, Sentencia del 17 de septiembre de 2021, Rad: 25000-23-26-0002008-00391-01(52029). 19 Corte Constitucional; Sentencia del 25 de junio de 2002, C-484 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, se precisó: “(…) Es claro, entonces, que el sujeto de la imputación de responsabilidad es el Estado, vale decir que no hay responsabilidad subjetiva del servidor público de manera directa con la víctima de su acción u omisión, sino una responsabilidad de carácter institucional que abarca no sólo el ejercicio de la función administrativa, sino todas las actuaciones de todas la autoridades públicas sin importar la rama del poder público a que pertenezcan, lo mismo que cuando se trate de otros órganos autónomos e independientes creados por la Constitución o la ley para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. (…)” PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6. PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 5.13. En concreto, este Tribunal ha señalado que la inclusión del concepto de “daño antijurídico” en el inciso primero del artículo 90 de la Constitución derivó en la transformación del eje central de la responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que la misma no tiene que fundarse necesariamente en la demostración de una falla en el servicio, pues, a efectos de obtener el resarcimiento de un perjuicio, lo determinante es comprobar que: (i) la persona objetivamente padeció una lesión que no estaba en el deber jurídico de soportar, así como

que (ii) la misma sea imputable a una autoridad pública, sin importar que esta haya actuado o no de forma irregular. (…)”20 En la presente demanda se evidencia, que el actor pretende la restitución de la suma de dinero que debió reintegrar la Corporación Autónoma Regional, por el monto pagado y la respectiva indexación, recursos que sufrago el contribuyente EMAP S.A. SAP. que fueron objeto de la valorización de la Quebrada La Iglesia, ordenada por las Resoluciones N° 00640 y 01920 proferidas el 16 de julio y 25 de octubre de 2003, respectivamente. Al respecto, debe decirse que para este agente del Ministerio Público, no resulta procedente condenar en repetición a los servidores públicos demandados, para que restituyan los montos pagados por la CDMB y la respectiva indexación, pues el pago de estos recursos no supuso un daño antijurídico para la entidad demandante. En efecto, al referirse al concepto de indexación, la Corte Constitucional con base en la doctrina la ha calificado como: “Sistema que consiste en la adecuación automática de las magnitudes monetarias a las variaciones del nivel de precios, con el fin de mantener constante, el valor real de éstos, para lo cual se utilizan diversos parámetros que solos o combinados entre sí, suelen ser: el aumento del costo de la vida, el nivel de aumento de precios mayoristas, los salarios de los trabajadores, los precios de productos alimenticios de primera necesidad, etc.”21 Ahora bien, revisando el caso en concreto, la sentencia en segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander de descongestion M.P. Edilia Duarte Duarte del 11 de junio de 2015, correspondiente al proceso de Nulidad y

Restablecimiento del Derecho, se declara la nulidad de las Resoluciones N°. 00640 del 16 de julio de 2003 “Por la cual se distribuye la contribucion por valorizacion del 20 Corte Constitucional, Sentencia del 26 de agosto de 2020, Sentencia del 26 de agosto de 2020, decisión SU354/20, C.P. del 26 de agosto de 2020. 21 Corte Constitucional, Sentencia del 12 de noviembre de 2015, T-697/15, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 proyecto Canalizacion Quebrada La Iglesia” y 1920 del 25 de octubre de 2003 “Por la cual se resuelve un recurso de reposicion”, y en su parte decisiva falla lo siguiente: PRIMERO: REVOQUESE la sentencia de febrero 17 del 2009, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Bucaramanga, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho instaurado por la Empresa de Aseo de Bucaramanga -EMAB SA. E.S.P contra la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta Bucaramanga.

SEGUNDO: ANULANSE las Resoluciones No. 000640 del 16 de julio de 2003 y 001920 del 25 de octubre del mismo año, proferidas por la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta Bucaramanga, en cuanto asignaron a la demandante, como propietaria de los predios con matrícula inmobiliaria No. 3000183921 y 300-183920, la contribución por valorización del proyecto Canalizacion Quebrada La Iglesia ubicada en los municipios de Bucaramanga y Giron del

Departamento de Santander. En consecuencia y a titulo del restablecimiento del derecho, se declara que la Empresa de Aseo de Bucaramanga -EMAB SA. E.S.P, no adeuda suma alguna por la contribución referida y tiene derecho a que se le reintegren todas las sumas que hubiere pagado por dicho concepto tal y como se señalo en la parte motiva de esta sentencia. De acuerdo a la citada sentencia y conforme a los lineamientos en el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la accion de repetición, en este caso el Tribunal Administrativo de Santander declaró nulas las resoluciones que expidió la CDMB, que permitio el cobro improcedente por contribucion y valorizacion, asi mismo se ordenó la restitucion o la devolucion del dinero cobrado a la Empresa de Aseo de Bucaramanga -EMAB SA. E.S.P. , lo que implica que este pago o devolucion de los dineros cobrados no se configura como un daño patrimonial, sino el reintegro de las sumas pagadas por la empresa EMAP S.A. a la Corporaciòn por concepto de la valorizacion referida. Es de precisar que el Consejo de Estado ha fallado en dos oportunidades sobre casos similares de demandas de repetición interpuesta por la CMDB; entre ellas traemos a manera de ilustración la sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6. PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710

Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, del 6 de julio de 2022, (55997), M.P.: María Adriana Marín, en la cual resuelve un proceso sobre el reembolso de los recursos pagados por la sociedad Carbone Rodríguez y CIA S.C.A. – Italcol, por concepto de la valorización impuesta por la Corporación. Frente a estas pretensiones, que también fueron denegadas, la Sala expuso en su parte motiva del fallo lo siguiente: [C]on el propósito de que la condena de repetición no se convierta en una decisión des