PGN - DAÑO ANTIJURIDICO No se configura la culpa exclusiva de la víctima para exonerar de

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Falla del servicio de la Policía Nacional Para esta Delegada del Ministerio Público, los elementos probatorios recaudados permiten concluir que la Administración incurrió en una falla en la prestación del servicio, habida consideración que miembros de la Policía Nacional adscritos a la Estación del Poblado, no hicieron uso legítimo de las armas y su comportamiento desconoció abiertamente las obligaciones constitucionales y legales, como quiera que las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado, sólo por esa vía se garantizan la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución. FALLA EN EL SERVICIO-Uso desmedido de armas de dotación oficial En el mismo sentido, no se puede dejar de lado la necropsia practicada al cadáver, donde se evidencia claramente que las heridas que le produjeron la muerte al señor fueron de naturaleza mortal, con orificio de entrada por la espalda, indicándonos claramente, que no puede existir un enfrentamiento estando la víctima de espaldas, ya que a pesar de la versión de los uniformados de manifestar que se encontraba huyendo, en ningún momento vieron aquellos en peligro su integridad física, y por tanto no podían accionar sus armas de dotación oficial y argumentar que actuaron en defensa propia, ya que nunca hubo amenaza alguna contra ellos.

Ahora bien, lo que puede colegirse del plenario es que el agente hizo uso desmedido de su armamento de dotación oficial, en primer lugar, por el hecho de haber detonado su arma para controlar un sólo sujeto y con la finalidad de propender a su captura, actuación que no se justifica para un procedimiento policial en el que se reprime la conducta de un sólo sujeto que se encontraba huyendo y que, como se afirmó en precedencia, no ejercía contra los agentes agresión inminente, máxime si se tiene en cuenta que la utilización de armas de fuego debe emplearse como último recurso de represión y que de los medios de fuerza o coercitivos utilizados para tal fin, deben ser aquellos que causen el menor daño para la integridad de las personas, de conformidad con los parámetros previstos en el Código Nacional de Policía, Decreto 1355 de 1970, aplicable para las autoridades de policía en todo el territorio nacional. En segundo lugar, el agente agresor accionó su arma de dotación tomando como blanco de ataque un área de impacto en el cuerpo que resultaba letal, esto es, la espalda, actuar de la autoridad con el cual lejos de propender por el cumplimiento de un deber propio de las funciones de policía, lo que produjo fue una lesión a la vida e integridad de una persona. DAÑO ANTIJURÍDICO-No se configura la culpa exclusiva de la víctima para exonerar de responsabilidad a la demandada Ante el hecho de que en el proceso la parte demandada no haya probado que la conducta de los agentes se justificó al tratar de defenderse de una agresión actual o inminente por parte del occiso, no podrá configurarse la existencia de la culpa exclusiva de la víctima para

exonerar de responsabilidad a la demandada, ni podrá inferirse a partir de allí, una supuesta participación de la víctima en la producción del daño. De otro lado, en este proceso no es objeto de discusión los antecedentes de la víctima, toda vez que, se reitera, lo que ha de Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co J.Cruz R. PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44459 (050012331000200800077-00) tenerse en cuenta en la actividad de los funcionarios estatales enmarcadas en comportamientos reglamentados de tal manera que solo eximientes de responsabilidad comprobadas son de recibo. FALLA EN EL SERVICIO-Imputable a la demandada quien deberá indemnizar los perjuicios causados En consecuencia, lo que resulta incuestionable en el caso concreto y que a la postre fue la causa directa y eficiente del daño, es el proceder de los agentes de policía, el cual a juicio de esta Agencia del Ministerio Público, luego de valorar los medios de convicción practicados en el proceso, fue irregular, en el entendido que uno de ellos hizo un uso desmedido de su arma de dotación, en una actuación que en criterio de esta Delegada fue precipitada y desproporcionada, pues con todo y que el señor se encontrara presuntamente armado, lo cierto es que debieron utilizar medios adicionales para procurar la captura de la víctima o

exigir su entrega sin la utilización, en la forma como se hizo, de una de sus armas de dotación, ya que no procuraron con su empleo causar el menor daño posible a los derechos e integridad personal del afectado, con mayor razón cuando la víctima en ningún momento accionó el arma de fuego contra los uniformados, según se probó, denotándose una falla en la prestación del servicio, la cual resulta imputable a la demandada, quien deberá indemnizar los perjuicios causados de manera plena a los actores, por lo cual esta Delegada considera que la sentencia apelada debe ser modificada para acceder a las peticiones de la parte actora conforme al recurso de apelación. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Jurisprudencia del Consejo de Estado 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44459 (050012331000200800077-00) CONCEPTO No. 274 / 2012

Bogotá, D.C 5 de octubre de 2012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera

E. S. D.

EXPEDIENTE: 050012331000200800077-01 (44459)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: Cruz Helena Henao Pareja y Otros

DEMANDADO: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Sentido del concepto: Solicitud de REVOCAR la sentencia recurrida originada en el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia. / Falla del servicio Ministerio De Defensa – Policía Nacional. / Uso desmedido de armas de dotación oficial. / No se configura la existencia de la culpa exclusiva de la víctima para exonerar de responsabilidad a la demandada.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público.

1. ANTECEDENTES 1.1. La Demanda – Los hechos

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44459 (050012331000200800077-00) Narra la demanda que el día 9 de junio de 2006, en desarrollo de una operación tendiente a capturar unos delincuentes que habían robado una motocicleta, el señor JHON JAlRO LONDOÑO HENAO, luego de ser confundido con el delincuente que estaban buscando, recibió un disparo proveniente de un arma de propiedad de la Policía nacional, causándole la muerte de manera instantánea. Además se menciona que JHON JAIRO LONDOÑO HENAO, era un motociclista

más que se dirigía a su lugar de trabajo. No tenía pendientes judiciales, no se encontraba en desarrollo de ninguna actividad delictiva y además, no hubo un intercambio de disparos entre éste y la Policía Nacional, permitiendo que aquellos reaccionaran de la manera como lo hicieron. 1.2. Contestación de la Demanda 1.2.1. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional –Policía Nacional. Respecto de las pretensiones, manifiesta su oposición, hasta tanto se pruebe la realidad fáctica de los hechos narrados en la demanda. Indica que en este caso, los uniformados atendieron un caso de robo de una motocicleta por parte de dos sujetos y de allí se organizó un operativo tendiente a logar su captura, culminando el operativo de manera exitosa debido a que se logró dar con la captura de los sujetos, y uno de ellos, el señor JHON JAIRO LONDOÑO HENAO, murió en el operativo, al oponer resistencia frente a la captura por parte de la Policía, enfrentándose con arma de fuego, lo que obligó a los policiales a esgrimir sus armas legitimados ante la inminencia de actuar para evitar que el hecho punible ejecutado por los ladrones quedara en la impunidad, cuando previamente habían agotado la etapa de que se rindiera el delincuente. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.44459 (050012331000200800077-00) Propone las siguientes excepciones: i) Culpa exclusiva de la víctima. ii) Cumplimiento de un deber legal y legítima defensa. iii) Inexistencia de responsabilidad 1.3. Sentencia de Primera Instancia El Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia en su fallo declara probada la excepción de “culpa exclusiva de la víctima” propuesta por la Nación –Ministerio de Defensa –Policía Nacional y en consecuencia niega las pretensiones de la demanda. Concluyó el Tribunal que del acervo probatorio obrante en el proceso penal, no deja a la Sala duda alguna en tomo a que si bien es cierto que entre la actuación desplegada por uniformados de la Policía Nacional que intervinieron en los hechos de marras y el daño irrogado al señor JHON JAIRO LONDOÑO HENAO, existe relación de causalidad, no es menos cierto que tal daño no resulta jurídicamente imputable a la Policía Nacional, toda vez que el proceder asumido por el señor LONDOÑO HENAO, reúne los elementos necesarios para entender configurada la eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo y determinante de la víctima, la cual genera el rompimiento del nexo de causalidad y como consecuencia del mismo se da la exoneración de toda responsabilidad en contra de la entidad accionada. 1.4. Argumentos de la Apelación El apoderado de la parte actora dentro del proceso referido - incoa recurso de apelación en contra de la sentencia adversa a sus intereses, en donde en términos resumidos argumenta lo siguiente (fls. 279 a 283 del cuaderno del Consejo de

Estado): 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44459 (050012331000200800077-00) Consideró que si bien la prueba debidamente allegada al proceso, da cuenta de que JHON JAIRO LONDOÑO HENAO había cometido previo a su muerte una actividad delictiva consistente en el hurto de una motocicleta, tal circunstancia por sí sola no legitima el actuar de la Fuerza Pública, como quiera que está igualmente demostrado que la víctima iba de huida y nunca exhibió, ni mucho menos accionó arma de fuego en contra de los agentes, tal como quedo demostrado en el proceso.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problema Jurídico Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Le asiste responsabilidad a la entidad demandada, como consecuencia de la conducta desplegada por agentes de la policía, en el acaecimiento de los hechos que concluyeron con la muerte del señor JHON JAIRO LONDOÑO HENAO; luego de ser perseguido y muerto por disparos de los agente de la policía, después de haber cometido un hurto de una motocicleta? 2.2. Marco Teórico Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran

el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44459 (050012331000200800077-00) Examinado el caso objeto del recurso de alzada, se tiene con certeza por parte de esta Delegada del Ministerio Público, que el régimen a aplicar es el de responsabilidad objetiva por falla probada del servicio. Frente al tema encontramos entre otras los siguientes extractos jurisprudenciales: Para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que

sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 2.2.2. Régimen de Responsabilidad aplicable Esta Corporación ha señalado que en los casos en los que se involucran armas de fuego de dotación y de uso oficial, al actor le basta demostrar el daño y la relación de causalidad entre éste y el actuar de la administración, para que se abra paso la declaratoria de responsabilidad, pudiéndose exonerar esta última si acredita la ocurrencia de fuerza mayor, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima, caso en el cual se pregona que quien tiene la guarda de la cosa debe responder por los perjuicios que se ocasionen al realizarse el riesgo creado. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44459 (050012331000200800077-00) Debe advertirse en todo caso, que la naturaleza oficial del arma que se emplee para producción del daño y la condición de agente que ostente quien haga uso de este medio, no conllevan necesariamente a la estructuración de una responsabilidad objetiva frente al Estado por el riesgo creado, pues, puede ocurrir que la autoridad pública utilice los recursos (armamento oficial) que tiene destinados para la

prestación del servicio, para fines personales distintos al cumplimiento de las funciones propias de su cargo, evento en el cual, la responsabilidad del Estado no se verá comprometida al advertirse que el daño se produjo por el actuar de un agente desligado del servicio o sin nexo con el mismo, lo que impide abrir paso a la imputación del hecho dañoso en cabeza de la administración1. En cuanto al régimen aplicable en los eventos en los cuales se hace uso de armas de dotación oficial, la Sala ha sostenido: “El problema de la responsabilidad del Estado debe resolverse con base en lo prescrito en el art. 90 de la Carta Política, según el cual el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad, esto es, el daño antijurídico y la imputabilidad del mismo al Estado. (…) “En dichos eventos (daños producidos por las cosas o las actividades peligrosas), al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de una actividad riesgosa. Y la entidad demandada, para exculparse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, que el daño se produjo por fuerza mayor, culpa exclusiva y determinante de la víctima o hecho exclusivo y determinante de un tercero” 2. 1 Sobre la responsabilidad del Estado por el actuar de sus agentes, ver entre otras, sentencias de 2 de febrero de

1995, MP. Daniel Suárez Hernández, Exp. 9.846. Tesis jurisprudencial reiterada en sentencias proferidas el 16 de julio de 2008, Exp. 16.487, y recientemente, sentencia de 17 de marzo 2010, Expediente: 18.526, Actor: Gustavo

Sepúlveda Hernández. MP: Mauricio Fajardo Gómez.

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44459 (050012331000200800077-00) Sin embargo, lo anterior no obsta para que la Sala declare, si hay lugar a ello, la configuración de una falla en la prestación del servicio en el caso de encontrarla acreditada, luego de valorar las pruebas obrantes en el proceso y siempre que no exista como eximente de responsabilidad una causa extraña. Siendo procedente aplicar el régimen de falla del servicio y probados los hechos que la configurarían, la Sala habrá de declarar la responsabilidad de la Administración de manera preferente con fundamento en la referida falla del servicio y no en el régimen objetivo. En cuanto al régimen de falla del servicio, la Sala, de tiempo atrás, ha dicho que ésta ha sido en nuestro derecho y continúa siendo el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al Juez Administrativo le compete - por principio - una labor de control de la acción

administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual.3 También ha sostenido que el mandato que impone la Carta Política en el artículo 2º inciso 2º, de que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades…, “ debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su 2 Sentencia del 5 de marzo de 2001, exp. 11.222, la cual ha sido reiterada, entre otras, en las siguientes providencias: del 2 de marzo de 2002, exp. 11.250, del 16 de marzo de 2002, exp. 11.670 y del 26 de abril de 2002, exp. 13.273, de diciembre 4 de 2006, exps. 16.092 y 16.188. 3 Sección Tercera, sentencia del 13 de julio de 1993, expediente No. 8163. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.44459 (050012331000200800077-00) alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera.”4 Es que las obligaciones que están a cargo del Estado - y por lo tanto la falla del servicio que constituye su transgresión, han de mirarse en concreto, frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo5 (se subraya). En ese orden de ideas, la Sala procederá a estudiar de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional, es responsable de los perjuicios causados a los actores, con ocasión de la muerte del señor ALFREDO MOSQUERA PEREA, como consecuencia de los hechos acaecidos el 15 de noviembre de 1997. 2.2.3. Consejo de Estado - Jurisprudencia La aplicación de la falla del servicio como régimen de imputación a casos como el que ocupa la presente litis, tiene fundamento en uno de los recientes pronunciamientos del Consejo de Estado, que consideró: "... el usa de la fuerza y, concretamente, la necesidad de segar una vida humana se establece como. un criterio. de ultima ratio., es decir, que se trata del última recurso. al cual debe acudir la fuerza pública para neutralizar a repeler un delito. a agresión. Asimismo., el deber de protección de la vida, honra y bienes que se radica en

cabeza del Estada, se torna más exigente entratándose de personas frente a las cuales es pasible a probable que se concrete a materialice un riesgo. de naturaleza prohibida. En términos funcionalistas, se tiene que el Estada, cama 4 Sentencia del 8 de abril de 1998, expediente No. 11837. 5 Sentencia del 3 de febrero de 2000, expediente No. 14.787 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44459 (050012331000200800077-00) estructura en cabeza de la cual se radica el poder política y pública y, par consiguiente, el monopolio de la fuerza armada, no sólo está obligada a precaver el delito sino también a responder patrimonialmente par las dañas antijurídicas que, pudiéndose evitar, se concreten par omisión en el cumplimiento. del deber legal contenida en las artículos 2 y 218 de la Carta Política. No se trata de deberes y obligaciones de medias, la perspectiva es diferente, es la que en la doctrina constitucional contemporánea se denominan obligaciones jurídicas superiores y que: "san aquéllas que acompañan a la propia concepción del sistema jurídica política, constituyendo la expresión de sus postulados máximas, hasta tal punta que el propia ordenamiento equipara su revisión a la de todo el texto. Constitucionall.”

. En efecto., la relación. del Estada frente al ciudadana implica, no sólo necesariamente la existencia de poderes y deberes, que en el derecha anglosajón se denominan "obligaciones funcionales del Estado", y que san verdaderas obligaciones jurídicas cuya incumplimiento acarrea algún tipo de consecuencia a sanción. No podría ser de otra manera, para el caso objeto de juzgamiento, cama quiera que el deber del Estada se traducía en su poder, y en la necesidad de proteger las derechas del ciudadana, en este casa, a la vida, realizando. así el fin plausible del ordenamiento. Esa es la razón que justifica la existencia de las autoridades, el proteger las bienes jurídicas de los asociados en los términos que las consagra el ordenamiento jurídica en su integridad, par ella la doctrina, can especial sindéresis, ha puntualizada que: "EI deber u obligación de un buen gobierno en su aspecto. general no es otra cosa que la resolución de las necesidades y pretensiones individuales, políticas, económicas, sociales y culturales, así cama el establecimiento de las obligaciones propias de las individuas a él sometidas, teniendo coma punta de apoyo el constituido por el respeto, en la libertad y la igualdad, la dignidad humana cama expresión de la comunicación intersubjetiva. Este deber no es sólo de protección sino también de promoción." (destaca la Sala). No significa toda la expuesta que, en asuntas de responsabilidad patrimonial del Estado, siempre que se panga fin a una vida humana haya lugar a decretar una indemnización de perjuicios, puesta que, dependiendo del régimen a título

jurídico aplicable es posible que se haya acreditado una causal eximente de responsabilidad por ausencia de imputación, a que se establezca un comportamiento diligente y cuidadosa, circunstancias que enervarían las pretensiones de la demanda en esos casos concretos, cama quiera que, en toda procesa en que se juzgue la responsabilidad de la administración pública, en las 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44459 (050012331000200800077-00) términos del artículo. 90 de la Carta Política, se necesitará de la acreditación del daño antijurídico y de la imputación del mismo a una entidad de derecha público. En consecuencia, la sola demostración del primer elemento no basta para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, ya que éste es condición necesaria más no suficiente de la misma. 2.3. Las Pruebas obrantes Para acreditar los supuestos fácticos de la demanda y de la defensa se allegaron los siguientes medios de prueba, en lo pertinente:  Formato en copia - Inspección Técnica al cadáver realizada por la Policía Judicial en (folios 60 del cuaderno No. 2.)  Copia de la historia clínica de ingreso del día 9 de junio de 2006, a las 8:40 p.m., elaborada en el Hospital Universitario San Vicente de Paúl de la ciudad, al señor

JHON JAIRO LONDOÑO HENAO, (folios 48 del cuaderno No. 2)  Testimonios de: Juan Diego cañas Jaramillo, Elizabeth Milena López Castillo, Fernando José Payarez Yánez (patrullero), Juan Pablo Lotero Roa, Enghelbert José Rojas Cáceres (subintendente). Declaración jurada de LUIS ALBERTO LONDOÑO SILVA, DUVÁN ALFONSO LÓPEZ RESTREPO y JESÚS ALVEIRO VARGAS SOTO. Al efecto, dichos testigos informan sobre la vida personal, familiar y laboral del señor JHON JAIRO LONDOÑO HENAO. (flios. 94 al 96)  Informe del Intendente Henry Martínez Hernández, al Brigadier General Orlando Páez Barón, Comandante de la Policía Metropolitana. (Flios. 52 y 53 .C. ppal.) 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.44459 (050012331000200800077-00)  Copia registro libro de población (folios 32 al 34 del cuaderno No. 2)  Copias de las minutas de vigilancia de la segunda sección y de los grupos que realizaron el tercer tumo para el día 09 de junio de 2006, en la Décima Estación

Poblado-Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. 11 Concretamente en el folio 81, aparece registrado como Comandante de tumo, el nombre de MARTÍNEZ HERNÁNDEZ HENRY, con placas 73.713, y, el de PAYARES YÁNEZ FERNANDO, placas No. 12.238, describiendo como "LUGAR DE FACCIÓN" para ambos policiales el de "Recorredor". (flios. 74 al 84, 122 al 138 C. ppal. – flio 37 c. No. 2)  Estudio balístico que fue practicado al arma de fuego clase revólver calibre 32 corto, con número externo 84119, tres cartuchos calibre 32 largo y dos vainillas calibre 32 largo, que según los testigos era el arma que portaba el señor JOHN JAIRO LONDOÑO HENAO, el día 9 de junio de 2006; como también se hizo análisis al arma de fuego clase pistola calibre 9 mm, con número de serie 31401805, un proveedor del mismo calibre y 21 cartuchos calibre 9 mm, que era portada por el Intendente HENRY MARTÍNEZ HERNÁNDEZ. (flios. 146 al 153 C. 2)  Informe de absorción atómica: A través del Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses, se realizó análisis de residuos de disparo al cadáver de JHON JAIRO LONDOÑO HENAO, utilizando la técnica de "Espectrofotometría de emisión atómica" -(ICP), el cual arrojó como resultados: NEGATIVO (flio. 202 c. 2)

2.4. Caso concreto La premisa fundamental objeto del caso bajo estudio, está referida a lo expresado por el apoderado de la parte actora, al exponer que la causa de la muerte del señor JHON JAIRO LONDOÑO HENAO, lo constituye el hecho de haber recibido un 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44459 (050012331000200800077-00) disparo por la espalda, proveniente de un arma de propiedad de la Policía Nacional, en circunstancias en las que no hubo intercambio de disparos entre aquel y los agentes de la Policía Nacional. 2.4.1. Está debidamente demostrado con los diversos documentos que reposan en el proceso, tales como: el certificado de defunción, el registro civil de defunción, el acta de necropsia y la historia clínica que antes se relacionaron, que el señor JHON JAIRO LONDOÑO HENAO, falleció el día 9 de junio de 2006, siendo la causa principal de la muerte "... fue consecuencia natural y directa de del CHOQUE TRAUMÁTICO POR HERIDAS MÚLTIPLES CON PROYECTIL DE ARMA. Lesiones de naturaleza esencialmente mortal." Enunciado lo anterior, y realizada la lectura detallada al expediente, vemos entonces

que es un hecho probado que la muerte de JOHN JAIRO LONDOÑO HENAO, se produjo luego de que éste en compañía de otros individuos, hurtara la motocicleta de propiedad de JUAN DIEGO CAÑAS JARAMILLO, muerte que fue producida con arma de fuego de dotación oficial accionada por el sargento HENRY MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, después de persecución que fue emprendida por éste y el conductor del vehículo en el cual se movilizaba el citado sargento, ante la huida de LONDOÑO HENAO, y su desatención para detener la marcha del vehículo en el cual se transportaba. 2.4.2. Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al proceso (declaraciones de testigos, prueba técnica de absorción atómica y la necropsia), en el caso sub examine, respecto de la responsabilidad que cabe al Estad