PGN - DAÑO ANTIJURIDICO No se logró consolidar por que la decisión de primera instancia no

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EXP No. 25000232600020090010101

) (42017 RZO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por falla en el servicio ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-No se configuró error jurisdiccional ni defectuoso funcionamiento de la administración de justicia No existen elementos fácticos ni jurídicos que demuestren de manera clara y cierta la configuración de un defectuoso funcionamiento de la administración judicial imputable a título de falla en el servicio de la Nación-Rama judicial. Respecto al posible daño que aquí se estudia, no es producto precisamente de una decisión judicial en la que se materialice un derecho subjetivo, sino de la omisión o la tardanza del H. Tribunal Superior de Cundinamarca-Sala Penalen emitir su pronunciamiento sobre la apelación de manera oportuna. Se busca en este caso endilgar responsabilidad al Estado por el funcionamiento anormal de la administración de justicia, por cuanto lo normal es que los funcionarios judiciales den trámite y respuesta oportuna a las acciones y recursos interpuestos por los particulares en el curso del proceso. Es necesario verificar las condiciones en las cuales operó el fenómeno de la prescripción de la acción penal, con cuyo acaecimiento se impidió a los demandantes obtener los perjuicios que les habían sido reconocidos por el Juez Penal de conocimiento en primera instancia. No toda demora en la adopción de las decisiones judiciales genera responsabilidad de la Administración de Justicia ni conduce a una declaración positiva sobre la ocurrencia de su deficiente funcionamiento. DAÑO ANTIJURIDICO-No se logró consolidar por que la decisión de primera

instancia no estaba en firme La parte actora busca que se declare e indemnice el daño causado por el H. Tribunal por haber permitido la prescripción de la acción penal en la cual, en el fallo de primera instancia, se ordenó la indemnización de los prejuicios sufridos por los actores, dejándolas sin la posibilidad de obtener el monto ordenado a pagar al condenado. En la demanda se pretende demostrar que el daño causado por el deficiente funcionamiento de la administración de justicia por lo que debe cancelar el monto de la indemnización que se ordenó a pagar a las demandantes en la causa penal. Esta petición carece de fundamento en la medida en que el daño no logró consolidarse por que la decisión de primera instancia no estaba en firme y, por lo tanto, no estaba probada la responsabilidad del condenado y, por ende, dicha providencia estaba sujeta a ser estudiada y revisada en segunda instancia por el H. Tribunal Superior de Cundinamarca. De otro lado la parte demandante no probó que, la prescripción se hubiere producido por culpa del operador judicial. Por tanto, debe confirmarse la sentencia objeto de la alzada. En concepto del Ministerio Público la sentencia del diez (10) de marzo de dos mil diez (2011), proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, debe ser CONFIRMADA en su totalidad. 1 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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) (42017

RZO CONCEPTO No. 138 /2012

Bogotá, D.C., 2 de mayo de 2012

SEÑORES.

CONSEJO DE ESTADO.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A.

Consejero Ponente: Doctor Hernán Andrade Rincón.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 250002326000200900101 01 (42017)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: Juliana Rodriguez Fernández y Otra.

DEMANDADO: NaciónMinisterio del Interior y de Justicia y NaciónRama Judicial.

Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMACIÓN de la sentencia recurrida originada en el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca de 10 de marzo de 2011. No se configuró error Jurisdiccional ni defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, en cabeza de la NaciónRama Judicial, NaciónMinisterio del Interior y de Justicia.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos.

I. ANTECEDENTES 1.1. La demanda.

La señora Juliana Rodríguez Fernández y otra, a través de apoderado judicial, en ejercicio de acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, instauraron demanda contra la NACIÓNMINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA y contra La NACIÓNRAMA JUDICIAL, con el objeto de obtener la declaración de responsabilidad estatal por 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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) (42017 RZO los daños causados a las actoras, por falla, falta u omisión en la prestación eficaz y oportuna de la administración de justicia; los hechos se refieren a la colisión de dos vehículos en el cual resultó muerto el señor Oscar Orlando Rodríguez González, se adelantó el proceso penal de homicidio culposo, el cual terminó por prescripción de la acción penal decretada por el Tribunal Superior de Cundinamarca. Sala Penal. 1.2. La contestación 1.2.1. El apoderado de la NaciónMinisterio del Interior y de Justicia en la contestación de la demanda expuso: 1.2.2. El Ministerio del Interior y de Justicia contestó la demanda oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones formuladas por las demandantes, señalando que los hechos invocados no le constaban, ateniéndose a lo comprobado dentro del proceso. Formuló la excepción denominada FALTA DE LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA POR PASIVA. 1.2.3. La Nación-Rama Judicial contestó la demanda oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones formuladas por el apoderado actor, indicó como

razón de defensa que cuando se demanda la responsabilidad por el ejercicio de la administración de justicia, deben diferenciarse los presupuestos para la restructuración de un error judicial y un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. 1.2.4. En cuanto al caso concreto, manifestó que, en el presente caso se configuró una falla en el servicio, por que la conducta de la administración no fue anormal, pues obedeció a diversos factores que influyeron para que se decretara la prescripción de la acción penal. 1.2.5. Consideró que las imputaciones formuladas en la demanda no podrían constituir error judicial, en la medida en que, conforme a lo señalado en el 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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) (42017 RZO artículo 67 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración justicia, la parte demandada no formuló los recursos procedentes contra la decisión que decretó la prescripción de la acción penal. 1.2.6. Con relación al posible defectuoso funcionamiento de la administración, indicó que no podía configurarse en atención al devenir procesal penal que conllevó la finalización por prescripción de la acción penal. 1.2.7. Propuso excepciones y causales exonerantes de responsabilidad, así: .- Fuerza Mayor. Cuando el proceso se encontraba en el Tribunal Superior de

Cundinamarca se presentaron ciertos eventos tales como el elevado volumen de trabajo a cargo de los diferentes despachos judiciales a causa de la implementación del sistema penal acusatorio ley 906 de 2004 al mismo tiempo que se seguían tramitando procesos de la Ley 600 de 2000. .-Excepción. Intervención de un tercero. Se presenta por que de no haber interpuesto del apoderado defensor del acusado recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, hubiese quedado en firme y por consiguiente, la indemnización de perjuicios ordenada en la sentencia de primera instancia. .- Excepción. Existencia de otro medio Judicial para reclamar los perjuicios que ahora se reclaman. Las demandantes se encuentran en oportunidad procesal de acudir ante la Jurisdicción Ordinaria para que, por la vía de una demanda de Responsabilidad Civil Extracontractual, exijan la indemnización de los perjuicios morales y materiales que le causó el señor Efraín Corredor al producirle la muerte en accidente de transito al señor Oscar Orlando González. .- El Ministerio Público-Procuraduría Once Judicial Administrativa emitió concepto en el presente negocio y manifestó: ”es menester hacer un pronunciamiento sobre la legitimidad pasiva del Ministerio del Interior y de Justicia, ya que ese despacho considera que le asiste razón al apoderado de dicha entidad al oponerse a las 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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) (42017 RZO pretensiones de las demandantes en razón a que no existe legitimación suya, debido a que no hay relación alguna entre el funcionario que presuntamente cometió la conducta que configura la responsabilidad y la entidad demandada”.

Continúo diciendo: “para el Ministerio público el hecho de que las demandantes aún tuvieran otra vía para obtener el pago de los perjuicios causados por el señor Efraín Corredor Deazacondenado en el proceso penala las demandantes en el presente proceso, impide la consolidación del daño por la pérdida de oportunidad de obtener dicho pago.

Ya se logró establecer que para el Agente Fiscal el daño en litigio sub examine no está probado. Dicha conclusión nos liberaría de hacer consideraciones adicionales; sin embargo el Ministerio Público estima relevante hacer una corta consideración sobre la relación causal en este proceso. Así, me permito afirmar que la acción antijurídica no es punible si no existe entre el hecho imputable y el daño un nexo de causalidad”. Concluye diciendo que el Ministerio Público considera que al no estar demostrada la existencia del daño, ni el nexo causal, ni la falla del servicio, no deben prosperar las pretensiones de la demanda. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia de Primera Instancia de 10 de marzo de 2011, dice: Declara no probada la excepción de “existencia de otro medio judicial para reclamar los perjuicios que ahora se reclaman”, formulada por la Nación-Rama Judicial. Declara probada la excepción de “falta de legitimación material en la causa por

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) (42017 RZO pasiva” formulada por la Nación-Ministerio del Interior y de Justicia. Negó las pretensiones de la demanda. El Tribunal manifestó que los títulos de imputación del error judicial y el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia deben ser evaluados bajo el régimen subjetivo de responsabilidad, esto es en la falla en el servicio, el daño sufrido y el nexo entre el daño y la falla; en cambio, el título de imputación de la privación injusta de la libertad se estructura, en principio, como un régimen objetivo de responsabilidad, en donde basta demostrar el daño sufrido y el nexo de este daño con el trámite judicial, sin necesidad de evaluar la actuación irregular de la administración estatal. Al evaluar las pretensiones de la demanda y la relación fáctica que las soporta, la Sala concluye que el régimen de imputación adecuado al caso bajo examen es el del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, por cuanto la parte actora no alega la afectación del derecho de libertad y tampoco imputa inconformidad con la legalidad de la providencia con la que finalizó el trámite penal por prescripción de la acción, es decir, no indica que la decisión haya sido tomada

por fuera de la reglamentación legal o vulnerando los derechos procesales y sustanciales de las partes, sino que reclama el defectuoso trámite del proceso, en especial la mora o retardo en decidir la apelación, que concluyó en que el Estado hubiera perdido la facultad coercitiva de investigar y condenar al acusado. Sobre la responsabilidad del Estado: La Constitución Política de 1991 en su artículo 90 consagró como norma de responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que les sean imputables, causados por acción o por omisión de todas las autoridades públicas y con la promulgación de la ley 270 de 1996, artículos 66,67, 68 y 69 se determinó la responsabilidad patrimonial del Estado y de sus funcionarios y empelados Judiciales; y el artículo 70 de la misma Ley establece como eximente de 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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) (42017 RZO responsabilidad por las actuaciones judicial, la culpa exclusiva de la víctima cuando haya obrado con negligencia o intencionalmente 1.3. Argumentos de la apelación. 1.3.1. “El apoderado de la parte demandante interpone recurso de apelación contra la Sentencia adiada 23 de junio de 2011, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y manifestó : que no se está

cuestionando los elementos subjetivos del administrador de justicia por los cuales incurrió en esta falla de su deber en la administración, pues como lo advierte el A-quo, puede ser cierto el cúmulo de trabajo de su despacho, y sin adentrarnos en el tema de la igualdad de los ciudadanos frente a la ley, y que seguramente, por él, algunos tenían prioridad. Se deja claro que como administrador de justicia probo y ecuánime tuvo veintitrés (23) meses para haber tomado la determinación y no lo hizo, dejando prescribir la acción. 1.3.2. Aquí no es al Magistrado a quien se cuestiona o reclama la indemnización traída a colación, es al Estado, que es el que asume la obligación de responder patrimonialmente por las acciones u omisiones de los funcionarios públicos que ocasionen daño a los ciudadanos en ejercicio de sus funciones y con mayor razón a quienes, teniendo derechos tutelados, ocurren a la administración de justicia para protegerlos. 1.3.3. Las justificaciones que el Honorable Tribunal hace de las actuaciones del Honorable Magistrado de la Sala Penal, seguramente son pertinentes para obviar cualquier responsabilidad que pudiera generar acciones disciplinarias o de otro tipo por parte del Estado contra él, pero ello no exonera al Estado de su responsabilidad, pues le corresponde, en tal caso, prever condiciones que permitan el desarrollo de la administración de justicia en los términos que establece la Constitución. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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) (42017 RZO 1.3.4. Por último, lo que podría pasar en un Estado de Derecho es que los ciudadanos pierdan la fe en la Administración de Justicia, y en nuestro criterio no pueden ser de recibo las apreciaciones del Honorable Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, por cuanto ello implicaría no sólo la denegación de justicia en este caso, sino de la multitud de procesos que se encuentran en los despachos de los Tribunales tramitando impugnaciones en los que se ventilaría un estado de desasosiego e intranquilidad en la esperanza de que el Estado haga justicia. Pide que se dignen revocar el fallo cuestionado y ordenar el cumplimiento de las pretensiones de la demanda”.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO. 2.1. Problemas jurídicos.

Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Le asiste responsabilidad a la Nación-Rama Judicial (Tribunal Superior de Cundinamarca), por haber incurrido en mora en el trámite dado al proceso penal contra Efraín Corredor Deaza y que terminó con auto interlocutorio de fecha 8 de mayo de 2008, por medio del cual se decretó la prescripción de la acción penal por la conducta punible de homicidio culposo? 2.2. Marco teórico. Premisa normativa. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio

Público: 2.2.1. Responsabilidad del Estado.

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) (42017 RZO La responsabilidad del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” El H. Consejo de Estado en providencia de fecha 08 de noviembre de

1991 fijo su posición cundo expuso: “Así las cosas, la actividad judicial de los auxiliares de la justicia, en detrimento de los deberes que la constitución y las leyes les imponen, bien puede llegar a comprometer, por acción u omisión, no solamente su responsabilidad personal y patrimonial de tales servidores públicos ocasionales, sino también la responsabilidad administrativa del Estado, en virtud de daños antijurídicos que le sean imputables frente a los litigantes y otros. Todo esto derivado del acentuado intervencionismo en la actividad para confeccionar las listas, para designar a los auxiliares de la justicia y para controlarlos estrictamente en el cumplimiento de sus deberes. Claro está, que en el evento de ser condenado el Estado a la reaparición patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, así lo sea transitoriamente aquél deber repetir contra éste, según claras voces del art. 90 Constitución Nacional”. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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) (42017 RZO En algunos casos, dichos daños no pasa de ser una expectativa, o es un daño que el administrado pudo evitar interponiendo los recursos pertinentes o simplemente se encontraba en el deber jurídico de afrontar, al respecto el H. Consejo de Estado ha expresado:

¿La anomalía produce siempre daño antijurídico? No toda falla en la prestación del servicio de Administración de Justicia genera, necesaria u obligatoriamente, daño antijurídico que deba ser reparado o resarcido. Hay casos en los cuales el comportamiento inadecuado de la Administración de Justicia no se materializa en un efecto real lesivo y por tanto esa falencia real, simplemente se constituye, con relación al efecto que podría producir, en “potencial o expectante lesiva”. Por consiguientes, no basta con que se configure uno de los elementos de responsabilidad patrimonial del Estado, en este caso el de “falla del servicio en la Administración de Justicia”; es indispensable que se establezcan los demás: el daño antijurídico y el nexo causal entre aquel y la falencia. Ese daño se entiende como el menoscabo cierto, particular, anormal padecido por la victima en derechos protegidos jurídicamente, y que excede los inconvenientes inherentes a la prestación del servicio”. (sen. De 30 de noviembre de 2000) Consejera ponente María Elena Giraldo Gómez. El H. Consejo de Estado ha dicho: “la mora judicial ha sido definida por esta Corporación como la conducta dilatoria del juez para resolver un proceso judicial y tiene fundamento cuando el acto del juzgador desconoce los términos legales carece de un motivo probado y razonable, evento en el cual se constituye en violación del debido proceso y en un obstáculo para la administración de justicia. En este asunto, el accionante no demostró que la mora de la Sección Tercera del Consejo de Estado para proferir el fallo de segunda instancia,

no obedezca a circunstancias objetivas y razonables: además de los documentos aportados al expediente, se encuentra probado que al proceso se le ha dado el trámite correspondiente de la segunda instancia, razón por la cual, no se han vulnerado derechos fundamentales del actor. Además, en situaciones similares, esta Sección ha sido categórica en advertir que dadas las condiciones estructurales que producen congestión y lentitud en los despachos judiciales, no toda dilación en la decisión equivale a mora o negligencia1 Los profesores Trigo Represas y López Mesa del Tribunal Supremo de Argentina, dijeron. 1 Sentencia de catorce (14) de Agosto de dos mil ocho (2008), Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección Cuarta, C.P.: Héctor J. Romero Díaz. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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) (42017 RZO “El daño no es antijurídico por la manera en que se produjo sino porque el titular del bien o derecho lesionado no tiene el deber jurídico de soportarlo, aun cuando el agente que lo lesione obre dentro del marco de la licitud. (…..) La antijuridicidad, susceptible de convertirse en lesión indemnizable, se predica del efecto de la acción de un servicio público, no del Agente de la Administración causante material del daño, en tanto

no exista fuerza mayor o caso de justificación que legitimen como tales el perjuicio de que se trate” Derecho de acceso a la Administración de Justicia– Se obstruye indebidamente por el incumplimiento de los términos legales y del orden para dictar las sentencias / Derecho de acceso a la Administración de Justicia – Concepto. El artículo 228 de la Constitución Política, establece, como regla general, la observancia diligente de los términos procesales. La Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en su artículo 153, destaca como uno de los deberes de los funcionarios judiciales el cumplimiento de los términos legales para tomar las decisiones a su cargo. La ley 446 de 1.998 establece la obligación que tienen los jueces de dictar sus sentencias de acuerdo con el orden en que los procesos hayan entrado al despacho. El incumplimiento de lo estatuido en estas normas configura una obstrucción indebida al acceso a la administración de justicia. Este derecho, por su vinculación con el debido proceso y la igualdad ante la ley, tiene carácter de fundamental. El acceso a la administración de justicia se ha entendido como el derecho que tiene toda persona de acudir a los tribunales y a la posibilidad real y verdadera de que quien espera una decisión de un juez obtenga una respuesta oportuna. MORA JUDICIAL – Para determinar si es violatoria de derechos fundamentales debe analizarse la razonabilidad del plazo y establecer el carácter injustificado en el incumplimiento de los términos / MORA JUDICIAL - Evento en el que constituye vulneración al debido proceso y obstáculo para el acceso a la administración de justicia Existe mora judicial en la medida en que se obstaculiza el acceso a la

administración de justicia y se viola el derecho al debido proceso. La observancia de los términos judiciales es factor esencial para garantizar un proceso sin dilaciones y acorde con las leyes preexistentes al acto imputado. Sin embargo no toda demora en la expedición de una providencia judicial constituye violación al debido proceso. Es necesario que el retardo, según el artículo 29 de la Constitución Política, tenga origen injustificado. Para determinar si la mora judicial es violatoria de derechos fundamentales debe analizarse la razonabilidad del plazo y establecer el carácter injustificado en el incumplimiento de los términos. Por consiguiente debe tenerse en cuenta la actividad desarrollada por el juez y las 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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) (42017 RZO partes, la complejidad del proceso y el impulso procesal. Debe demostrarse que se agotaron todos los medios que las circunstancias permitían para evitar el retraso injustificado. Significa lo anterior que no existe mora judicial por el solo transcurso del tiempo sino que debe probarse la negligencia de la autoridad judicial accionada. Bajo estos supuestos estima la Sala que la mora judicial implica una conducta dilatoria del Juez en resolver un determinado asunto que conoce dentro de un proceso judicial y tiene fundamento en cuanto tal conducta desconozca los términos de ley y carezca de motivo probado y razonable, evento

en el cual constituiría vulneración al debido proceso y obstáculo para el acceso de la persona a la administración de justicia. 2.3. Las pruebas obrantes. Supuestos fácticos. Se allegó material probatorio de conformidad con las reglas establecidas en materia de prueba documental, en el Código de Procedimiento Civil. De hecho las copias del expediente contentivo del proceso penal son de enorme valor para entrar a determinar y conceptuar frente a la sentencia recurrida, dichas copias se encuentran aludidas específicamente en ella.

En su orden son: 2.3.1. Fotocopia de la resolución expedida por la Unidad Delegada ante el Tribunal de Cundinamarca mediante la cual se confirma la resolución de acusación. 2.3.2. Fotocopia de la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Fusagasugá. 2.3.3. Fotocopia de la resolución mediante la cual el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca –Sala Penal, decreta la prescripción de la acción penal. 2.4. Caso concreto.

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) (42017 RZO Mediante sentencia adiada 23 de junio de 2006, el Juzgado Penal del Circuito de Fusagasugá condenó al señor Efraín Corredor Deaza como autor penalmente

responsable del delito de homicidio, cometido a título de culpa. Además, lo condenó por daños morales a pagar el equivalente a cien (100) S.M.M.L.V., para cada una de las actoras, el fallo fue apelado y el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, mediante proveído adiado 8 de mayo de 2008, declaró la prescripción de la acción penal. El trámite del proceso no garantiza a las demandantes una decisión que confirme el reconocimiento de perjuicios declarados por el Juzgado de primera instancia; es decir, no existe certeza de que la decisión de fondo comportara un fallo favorable a las pretensiones de la demanda. La indemnización civil en el proceso penal no era un derecho cierto e indemnizable, toda vez que dependía de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, además de confirmar la responsabilidad penal del acusado, procediera a ratificar la indemnización reconocida a la parte civil. Por tal razón, no existen elementos fácticos ni jurídicos que demuestren de manera clara y cierta la configuración de un defectuoso funcionamiento de la administración judicial imputable a título de falla en el servicio de la Nación-Rama judicial. Respecto al posible daño que aquí se estudia, no es producto precisamente de una decisión judicial en la que se materialice un derecho subjetivo, sino de la omisión o la tardanza del H. Tribunal Superior de Cundinamarca-Sala Penalen emitir su pronunciamiento sobre la apelación de manera oportuna. Se busca en este caso endilgar responsabilidad al Estado por el funcionamiento anormal de la administración de justicia, por cuanto lo normal es que los funcionarios judiciales den trámite y respuesta oportuna a las acciones y recursos interpuestos por los

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) (42017 RZO particulares en el curso del proceso. Es necesario verificar las condiciones en las cuales operó el fenómeno de la prescripción de la acción penal, con cuyo acaecimiento se impidió a los demandantes obtener los perjuicios que les habían sido reconocidos por el Juez Penal de conocimiento