PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Perjuicios morales y materiales

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-En aplicación del in dubio pro reo/DAÑO ANTIJURÍDO-Perjuicios morales y materiales De lo consignado en la sentencia del Tribunal Superior de Cali, en su Sala Penal, se puede colegir que no se demostró durante el curso de la investigación que la conducta desplegada por el señor fuese constitutiva del hecho punible de homicidio agravado por el cual se investigaba, generando una providencia absolutoria en favor suyo, que nos lleva a emplear lo dicho sobre la aplicación del in dubio pro reo en concordancia con el contenido del artículo 414 del decreto 2700 de 1991, sobre la responsabilidad a cargo del Estado por la privación de la libertad de la persona cuyo proceso concluyó con una providencia absolutoria como ocurrió en el sub examine. Así pues, la privación de la libertad que sufrió el señor, deviene en injusta, pues pese a no estar demostrada su relación con la autoría de los hechos punibles que se le imputaron, se le impuso una carga que no estaba obligado a soportar, como fuera el tener que permanecer detenido intramuros entre el 2 de junio de 2.004 y el 20 de diciembre de 2.006, es decir, por espacio de poco más de 27 meses, con los consecuentes daños morales y materiales que dicha circunstancia le acarreó tanto a él como a su grupo familiar. En cuanto a la causación de daños a los demandantes; se tiene que respecto del daño

moral, éste se presume del demandante por ser quien tuvo que soportar directamente los rigores de la medida de detención preventiva. Así mismo, tal perjuicio moral también se presume respecto de su cónyuge, hijos y hermanos, pues el hecho de ver privado de la libertad a su esposo, padre y hermano, les tuvo que haber causado dolor, angustia, congoja, máxime cuando tal medida de aseguramiento resultó injusta. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Por ausencia de soporte probatorio para haberlo privado de la libertad Los presupuestos que estructuran la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad se encuentran demostrados en el plenario toda vez que hubo una detención de aproximadamente de 27 meses y 10 días, que ella devino de una decisión que para su momento se fundamentó en sospechas, y suposiciones derivadas del informe de captura, pues no se demostró que el señor tuviese participación alguna en el delito de homicidio investigado, más allá del hecho de transitar cerca del lugar donde se sucedieron los hechos en una motocicleta que coincidía con la clase de vehículo en el que al parecer habían huido los ejecutantes del delito investigado, impidiendo la visibilidad de la placa que identificaba dicho vehículo y en compañía de una persona que portaba un arma sin permiso de porte y de la que se probó que no fue utilizada para cometer dicho homicidio, lo que posteriormente ameritó el proferimiento de una sentencia absolutoria en favor suyo por aplicación del in dubio pro reo, por ausencia de soporte probatorio serio, circunstancia

que determinó que su inocencia quedara incólume respecto al delito de homicidio agravado, más no para el de porte ilegal de arma de fuego de defensa personal, por lo que la detención cumplida hasta ese momento se tornaba injusta al exceder en el término descrito en precedencia al que realmente debía cumplir por el delito probado, el cual era de 12 meses de prisión. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46192 760012331000201001136 00 Evo Corolario de lo expuesto, a juicio de esta Delegada, se encuentra acreditada de manera objetiva la responsabilidad a cargo del Estado. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46192 760012331000201001136 00

Evo CONCEPTO No. 141 / 2013

Bogotá, D. C., 06 de julio de 2.012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente Doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera

E. S. D.

Expediente: 760012331000201001136 00(46192) Acción de Reparación Directa - Consulta Demandantes: Waldir Muñoz reza y otros

Demandado: La Nación - Fiscalía General de la Nación – Rama Judicial Sentido del concepto: Solicitud de confirmación de la sentencia apelada. / La pena impuesta inicialmente devino injusta frente a la que debía cumplir el actor por la transgresión de la conducta probada.

Honorable señor Consejero: El asunto de la referencia se encuentra en conocimiento del H. Consejo de Estado, en virtud del grado jurisdiccional de consulta que procede frente a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del valle del Cauca el 02 de marzo de 2012, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda; trámite dentro del cual esta Delegada del Ministerio Público, en su calidad de sujeto procesal, interviene para emitir concepto.

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46192 760012331000201001136 00 Evo ANTECEDENTES 1.1. La Demanda - Hechos En ejercicio de la acción de reparación directa1 por intermedio de apoderado judicial, los señores WALDIR MUÑOZ REZA, YAJAIRA DÍAZ BOLAÑOS, en su

nombre y en el de sus hijos JUAN PABLO MUÑOZ DÍAZ y KEVIN ANDRES GRISALES DÍAZ; CONSTANZA REZA ROJAS en su nombre y el de la menor MARÍA ALEJANDRA REZA ROJAS; YURI PAULIN MUÑOZ REZA, SINDY CONSTANZA MUÑOZ REZA, JOSÉ FERNEY SANCHEZ REZA, demandaron ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declarar administrativa y extracontractualmente responsable a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en forma solidaria, por los perjuicios ocasionados a los demandantes con motivo del daño antijurídico sufrido por el señor Waldir Muñoz Reza, al ser injustamente privado de la libertad durante dos (2) años, tres (3) meses y diez días en la Cárcel de la ciudad de Cali. Que como consecuencia de lo anterior; se condenara a la parte demandada al pago de las respectivas indemnizaciones por los perjuicios morales, materiales que les fueron ocasionados. Como fundamentos de sus pretensiones se presentaron los que se sintetizan a continuación: La parte actora manifiesta que el 23 de diciembre de 2004, al señor Waldir Muñoz Reza y a otra persona se les comenzó a sindicar del homicidio del señor Wellington Geovanny Quiñonez, cometido en el Barrio Manuela Beltrán del 1 Demanda presentada el 11 de octubre de 2.007 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46192 760012331000201001136 00 Evo Municipio de Cali (Valle del Cauca), soportada tal sindicación en el informe de captura del Patrullero de la Policía Franklin Zambrano. La Unidad de delitos Contra la Vida e Integridad Personal – Despacho Cuarenta y Uno Seccional de la Ciudad de Cali, le dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, la cual se hizo efectiva el día 28 de diciembre de 2.004, al sindicarlo como presunto coautor de los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, trafico y porte de armas de fuego. Al ser detenido, fue trasladado a la Cárcel Judicial de Villahermosa de Cali (Valle del cauca, en donde permaneció durante todo el término de su reclusión, misma que se prolongó por espacio de tres años, tres (03) meses y 3 días. La etapa del juicio le correspondió al Juzgado Octavo Penal del Circuito de Cali (valle del Cauca), quien el 30 de enero de 2006 dictó sentencia condenando de todos los cargos que se le imputaban al señor Waldir Muñoz Reza, logrando su libertad inmediata el 10 de abril de 2008, después que el Tribunal Superior Judicial de Cali, revocara la decisión condenatoria respecto al delito de Homicidio Agravado, pero manteniendo vigente la pena impuesta por Porte ilegal de Armas de Defensa Personal. 1.2. La Contestación 1.2.1. Fiscalía General de la Nación a través de su apoderado judicial, se opuso

a las pretensiones de la demanda, manifestando que en el sub lite no se estructuran los presupuestos esenciales que permitan estructurar una responsabilidad patrimonial en cabeza de la Nación, teniendo en cuenta que la Fiscalía Delegada para el caso que se discute obró conforme a sus funciones 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46192 760012331000201001136 00 Evo constitucionales y legales, y que según estas atribuciones, dictó medida de aseguramiento en contra del demandante, actuando de manera legítima.

Propuso como excepciones: Causas exonerativas a favor de la Fiscalía. 1.2.2. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que no se presentó ningún perjuicio material por el daño antijurídico que integra el artículo 90 de la Constitución

Política. Señaló que el actor contó con la garantía de la doble instancia y por ello finalmente fue absuelto del delito de Homicidio Agravado, y solo fue condenado por porte ilegal de armas de defensa personal. Por eso consideró que no toda detención genera de forma automática la reparación. Es necesario que la detención haya sido injusta, y lo es, cuando se configura alguna de las premisas que la ley y la jurisprudencia han determinado para casos como este.

Propuso como excepciones:

Falta de legitimación en la causa por pasiva, inane demanda, inexistencia de perjuicios y la innominada o genérica. 1.3. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 02 de marzo de 2012 absolvió de responsabilidad a la Rama Judicial, al considerar que el nexo causal entre el hecho dañoso y la actividad de la administración se configuraba respecto de la Fiscalía General de la Nación, pues fue dicha entidad quien 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46192 760012331000201001136 00 Evo provocó con su actuar la privación de la libertad motivo de controversia. Consecuentemente con lo anterior, el a quo resolvió declarar administrativamente responsable a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por los perjuicios ocasionado al señor Wilder Muñoz Reza, condenándola al pago de perjuicios de índole material y moral. Respecto de la responsabilidad de la entidad demandada, el Tribunal manifestó: “En tal sentido, se infiere que la privación de la libertad del demandante, por un término posterior al cumplido uno vez pagada la pena que debía cumplir por el delito de Porte Ilegal de Armas de Defensa Personal devino injusto, por carencia de elementos probatorios que hicieran necesario y razonado la imposición de la pena de 26 años y diez meses de prisión como responsable del

delito de Homicidio Agravado en concurso con el de fabricación, Tráfico y Porte de Armas de Fuego o Municiones, ya que, según lo dicho por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala de Decisión Penal no habían pruebas suficientes con las que se pudiera concluir que el sindicado atento contra lo humanidad del joven Wellington Geovanny Quiñonez”. “Así los cosas paro lo solo es claro que no existieron suficientes elementos de juicio poro imputar responsabilidad penal en el sindicado por el delito de Homicidio Agravado en concurso con el de fabricación, Tráfico y Porte de Armas de Fuego o Municiones, por cuanto solo se encontraron pruebas suficientes paro condenarlo por el delito de Porte Ilegal de Armas de Defensa Personal por el cual se le impuso lo pena de un año, luego entonces, el tiempo adicional que el demandante permaneció privado de la libertad es un daño imputable al Estado, circunstancia que sin lugar o dudas trastornó el curso normal de lo vida del afectado y de su familia” “De esta manera, se encuentran acreditados los elementos que configuran lo responsabilidad extracontractual del Estado en hipótesis como la estudiada, en tanto se estableció que el señor WALDIR MUÑOZ REZA permaneció privado de su libertad por un término de 3 años, 3 meses y 10 días, siendo injustamente privado 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46192 760012331000201001136 00 Evo de ésta durante 2 años 3 meses y 10 días, debido a que en antelación se dijo que éste fue condenado o la pena de 1 año por el delito de Porte Ilegal Armas de Defensa Personal, ocasionándole posterior a este tiempo un daño antijuridico, suficientemente claro, imputable al Estado y que indefectiblemente debe indemnizarse”.

II CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problema Jurídico Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Se puede afirmar que el cumplimiento de los presupuestos normativos que autorizan la privación de la libertad a las personas involucradas en la comisión de un hecho punible y no incurrir en vías de hecho o error jurisdiccional por las Entidades Demandadas – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación – exonera al Estado de la responsabilidad señalada en el artículo 90 de la Constitución Política? 2.1.2. ¿De acuerdo con los elementos probatorios allegados al proceso, es posible configurar la responsabilidad a cargo del Estado en cabeza de la Fiscalía general de la Nación y de la Rama Judicial en el caso concreto? 2.2. Marco Jurídico El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46192 760012331000201001136 00 Evo Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello

para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46192 760012331000201001136 00 Evo 2.2.1. Legalidad de la actuación Esta Delegada no puede desconocer que tanto la Constitución Política como la Ley, le permiten a la Fiscalía General de la Nación proferir contra una persona medida de aseguramiento, como es, la detención preventiva,2 por unas causas legales, así como tampoco, puede perder de vista que se trata de una medida restrictiva de un derecho fundamental, cual es el de la libertad y que, por ello, no es posible ordenarla ni extenderla en el tiempo sin una justa causa, formulación en relación con la cual la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha mostrado en extremo enfática3. Así mismo, es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal4 y la presunción de inocencia5, se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales, ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos6 que señala que "1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión

2 C. Pol. Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 3 Corte Constitucional, Sent. C-327 de 1997 M.P. Fabio Morón Díaz. “...Así pues, aún cuando el derecho a la libertad no es absoluto es claro que su limitación tampoco ha de tener ese carácter y, por lo tanto, el legislador, al regular los supuestos en los que opere la restricción del derecho, debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad que fuera de servir al propósito de justificar adecuadamente una medida tan drástica, contribuyan a mantener inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el derecho y los límites del mismo.." 4 "Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”. 5 Constitución Política, artículo 29, inciso 4, “(…) Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado

judicialmente culpable”. 6 Ratificado mediante la ley 74 de 1968 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46192 760012331000201001136 00 Evo arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta…"; y la Convención Americana de Derechos Humanos7 que en su artículo 7º establece: "1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ella. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.”8 . Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e Internacional han señalado que la privación de la libertad se torna en injusta cuando ésta no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar que el derecho a la libertad aun cuando no es absoluto, si es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado. La Corte Constitucional expuso el criterio antes mencionado en la sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, al revisar la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la

Administración de Justicia, cuando en relación con la privación injusta de la libertad, señaló el alcance del término “injusto” enlazado a dicha medida indicando que “se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”. Con el objeto, de que en cada caso en particular se realice un “análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”. 7 Ratificada por medio de la ley 16 de 1972 8 Este tema fue ampliamente estudiado por la Sección Tercera en las sentencias de 27 de noviembre de 2003, expediente 76001233100019950106801-14698 Saulo Emilio Mosquera, Consejera Ponente Dra. María Elena Giraldo y de 13 de noviembre de 2008, expediente 76001233100019950106401-16013 Néstor Aizneider Tovar Rivera con ponencia de la Consejera Myriam Guerrero de Escobar. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46192 760012331000201001136 00 Evo La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a su vez, en sentencia de 21 de noviembre de 2007, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas),

en el caso de Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, en relación con el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos, reiteró: “El artículo 7 de la Convención tiene dos tipos de regulaciones bien diferenciadas entre sí: una general y otra específica. La general se encuentra en el primer numeral: “[t]oda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales”. Mientras que la específica está compuesta por una serie de garantías que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente (art. 7.2) o arbitrariamente (art. 7.3), a conocer las razones de la detención y los cargos formulados en contra del detenido (art. 7.4), al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva (art. 7.5), a impugnar la legalidad de la detención (art. 7.6) y a no ser detenido por deudas (art. 7.7). (…) En suma, no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad esté consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación respeten los requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención. Valga señalar que este Tribunal ha reconocido como fines legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia9; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir

con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón el Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional10, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente 9 Cfr. Caso Servellón García y otros, supra nota 17, párr. 90, y Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 111. 10 Cfr. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 197, y Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 106. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46192 760012331000201001136 00 Evo proporcionales11, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las

ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención12”. Es menester recordar que en la Constitución Política, artículo 90, se ha consagrado a cargo del Estado la responsabilidad de manera objetiva por los daños antijurídicos que ocasione con el actuar o las omisiones de las autoridades públicas, entre ellas, las autoridades judiciales, la Ley estatutaria de la Administración de Justicia, (ley 270 de 1996), contempla la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, y, adicionalmente, el decreto 2700 de 1991, Código de Procedimiento Penal vigente para la fecha de la ocurrencia de los hechos, establecía en el artículo 414 a cargo del Estado la obligación de indemnizar a las personas que hubieren sido privadas de la libertad y en su favor se emitieran decisiones absolutorias porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible, convirtiéndose todas las anteriores normas en los pilares de la responsabilidad del Estado cuando estamos frente a un acto de privación de la libertad. De esta manera, el hecho de que la actuación de la Fiscalía General de la Nación se haya realizado en virtud del ejercicio de una facultad constitucional y cumpliendo todas las ritualidades que señala la ley penal, no la exime de la responsabilidad que le acarrea por sus actuaciones, si éstas ocasionan daños

antijurídicos a los ciudadanos. 11 Cfr. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 228. 12 Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 48, párr. 128. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46192 760012331000201001136 00 Evo El Consejo de Estado en su jurisprudencia ha señalado los siguientes supuestos que deben cumplirse para que se configure la responsabilidad del Estado en aplicación del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991: i) que una persona sea detenida preventivamente por decisión de autoridad judicial competente; ii) que sea exonerada mediante sentencia absolutoria definitiva o mediante su equivalente; iii) que la decisión absolutoria se haya proferido como consecuencia de que el hecho no existió, que el sindicado no lo cometió o que el hecho que realizó no era punible; iv) que el sindicado y los demás demandantes en el juicio de responsabilidad hayan padecido daños. Según el mismo artículo, la indemnización no es procedente cuando el daño proviene de la culpa grave o del dolo de la propia víctima13. Consecuente con ello, el Consejo de Estado en recientes pronunciamientos

también ha precisado que en cada caso en que las autoridades judiciales han privado de la libertad a una persona, incumbe analizar si la medida de aseguramiento fue más allá de lo que aquella razonablemente debía soportar a objeto de permitir que el Estado cumpla con el interés general de impartir recta y cumplida justicia.14 13 Consejo de Estado, Sección Contencioso Administrativa, Sección Tercera, sentencia de 3 de febrero de 2010. Radicación No. 76001-23-31-000-1996-03203-01(17123). C.P. Myriam Guerrero de Escobar. “Se concluye, entonces, que en aplicación del artículo 414 del Decreto 2.700 de 1991, la responsabilidad patrimonial del Estado procede cuando se cumplen los siguientes supuestos: i) que una persona sea detenida preventivamente por decisión de autoridad judicial competente; ii) que sea exonerada mediante sentencia absolutoria definitiva o mediante su equivalente; iii) que la decisión absolutoria se haya proferido como consecuencia de que el hecho no existió, que el sindicado no lo cometió o que el hecho que realizó no era punible; iv) que el sindicado y los demás demandantes en el juicio de responsabilidad hayan padecido daños. Según el mismo artículo, la indemnización no es procedente cuando el daño proviene de la culpa grave o del dolo de la propia víctima. Así las cosas, cuando se produce la exoneración del sindicado, por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible, entre otros, la privación de la libertad resulta siempre injusta, puesto que quien estuvo detenido sufrió un

daño que no estaba en la obligación de soporta