PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Por causa de una conducta negligente y omisiva de las entidades de

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por falla del servicio por omisión de la policía de prestar seguridad al municipio Para esta Delegada es omisivo el manejo dado por las entidades demandadas Ministerio de Defensa – Policía Nacional, pues siendo conocedores de las condiciones de seguridad y la situación de alto riesgo de la zona, no tuvieron en cuenta estas alertas para tomar las medidas de seguridad pertinentes, derivándose de ello un deber de cuidado inamovible e imperativo. En Colombia no deben ni pueden existir categorías de mejor y peor ciudadanos a partir del principio de igualdad articulo 13 de la Constitución Política, no puede haber calidad de ciudadanos para unos con seguridad y otros sin seguridad, considera esta Delegada que el presente caso constituye una omisión en el cumplimiento de la función constitucional de protección a los ciudadanos en su seguridad, derecho a la vida y otras garantías constitucionales, además del adecuamiento de responsabilidad extracontractual por imperativo del artículo 90 de la Constitución Política. FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN-Al dejar el municipio completamente desprotegido a merced de los grupos armados al margen de la Ley a sabiendas de que la situación de orden público era bastante grave De conformidad con los lineamientos expuestos en el marco teórico y de acuerdo a la línea jurisprudencial del Consejo de Estado, el Estado debe responder patrimonialmente a título de falla del servicio por omisión en el deber de prestar seguridad a las personas, cuando se deja a la población a merced de los grupos de delincuencia, sin brindarles protección alguna, en especial cuando se tiene conocimiento de que los derechos de esa

población vienen siendo desconocidos por grupos organizados al margen de la ley, pues en el presente caso se dejó al Municipio de Sabanalarga (Antioquia) completamente desprotegido a merced de los grupos armados al margen de la Ley a sabiendas de que la situación de orden público era bastante grave. Es decir se omitió el deber de garantes de la Policía Nacional y el Ejército en una zona determinada del País. Corolario de lo expuesto, teniendo en cuenta los medios de prueba allegados al expediente, para esta Delegada del Ministerio Público es posible concluir que en el presente caso están demostrados los elementos de la responsabilidad por omisión del Ministerio de Defensa - Policía Nacional por la muerte de la señora, razón por la cual las pretensiones de la demanda deben tener vocación de prosperidad, por lo que deberá revocarse la sentencia de primera instancia, es decir que el nexo de casualidad constituido por una omisión estatal es evidenciable a primera vista, pues en el periodo del 6 de agosto de 1999 al 20 de noviembre de 2001 no había presencia policial que garantizara la seguridad de la población, específicamente de la entidad Policía Nacional conforme a sus competencias constitucionales y legales explicitadas en el marco teórico de este concepto. DAÑO ANTIJURÍDICO-Por causa de una conducta negligente y omisiva de las entidades demandadas Se causó un daño antijurídico que no debían soportar los demandantes, por causa de una conducta negligente y omisiva de las entidades demandadas, encontrándose así Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.46020 05001233100020020089 01 E.A.S.T adecuada una falla en el servicio que recae en la Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional, pues se repite, faltaron al deber de garantía de seguridad lo que facilitó se concretara la muerte de la señora, revistiendo daño antijurídico para sus familias. COPIAS SIMPLES-Las copias simples tienen valor siempre que no hayan sido tachadas de falsas y se aporten con la presentación de la demanda/COPIAS SIMPLES-Desconocimiento del poder vinculante del precedente jurisprudencial Tampoco comparte esta Delegada el criterio del fallo de primera instancia al no tener en cuenta la copias simples de los documentos aportados, pues en el presente caso las aportadas por la parte demandante lo fueron con la presentación de la demanda y no soportaron la tacha de falsedad por la parte contraria, razón por la cual para el Ministerio Público deben ser valoradas y tenidas en cuenta dentro del proceso. Sobre este tema de manera reiterada se ha manifestado el Consejo de Estado, luego no era excusa para el Tribunal no efectuar su análisis, lo cual evidencia el desconocimiento del poder vinculante de los precedentes jurisprudenciales, lo cual significa además conculcar el principio de igualdad de carácter constitucional fundamental y el de confianza legítima por cuenta de la Sala de Descongestión de Tribunal Administrativo de Antioquia. JURISPRUDENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Presupuestos para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal/JURISPRUDENCIA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Elementos para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado por falla del servicio JURISPRUDENCIA-Valor probatorio de las copias simples 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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E.A.S.T CONCEPTO No. 79 / 2013

Bogotá, 17 de Abril de 2013 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A

Consejero Ponente: Doctor Mauricio Fajardo Gomez.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 050012331000200200891 01 (46020)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: Iván Alcides Uribe Pérez y otros.

DEMANDADO: Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

Sentido del concepto: solicitud de REVOCACIÓN de la sentencia recurrida / Falla del servicio por omisión / las entidades demandadas omitieron el deber de prestar seguridad a la población a sabiendas de la situación de orden público, dejándolos completamente desprotegidos. / Las copias simples tienen valor siempre que no hayan sido tachadas de falsas y se aporten con la presentación de la demanda. / Desconocimiento del poder vinculante del precedente jurisprudencial. / Deber constitucional y legal de la Policía Nacional. / Desconocimiento del principio fundamental de

igualdad. / Deber de garantía de la Policía Nacional. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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E.A.S.T

1. ANTECEDENTES

1.1. La Demanda. Los señores Iván Alcides Uribe Pérez, obrando en su propio nombre y en representación de sus menores; María Aurora Arteaga Chavarría y Rigoberto George feria, en nombre propio acuden a esta jurisdicción, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, para que se les declare responsable de los perjuicios que padecieron como consecuencia de la muerte de la señora Erleny María George Arteaga. 1.2. La contestación 1.2.1. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional. Contestó la demanda, a través de apoderado, quien se opuso a las pretensiones de la demanda:  Afirmó que no es posible imputar el hecho por acción a la entidad, por

cuanto el mismo fue consecuencia del actuar de terceros que nada tiene que ver con la institución.  Tampoco por omisión, por cuanto la institución siempre ha querido hacer presencia en todos los rincones del País, sin embargo, ello no depende de los mandos de la Policía nacional, sino de las directrices que define el Gobierno Nacional.  Propuso como excepción el hecho de un tercero. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.46020 05001233100020020089 01 E.A.S.T 1.3. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 29 de junio de 2012, negó las pretensiones de la demanda:  Expuso la tesis del fracaso de la pretensión procesal, porque la parte activa no atinó a probar la hipótesis sobre los que descansa el juicio de responsabilidad, pues podría admitirse que se comprobó el daño y la falla, más no el nexo casual, presupuesto que no permite ninguna presunción en cuanto a su existencia.  Consideró que las copias de periódicos o diarios, no son prueba fehaciente de loas hechos que se juzgan y exclusivamente responden a una información particular por lo que no puede ser el soporte de la pretensión incoada.  Manifestó que las copias de documentos públicos que fueron allegadas sin

la nota de autenticación por la parte activa de la litis, no podrán ser valoradas. 1.5. Argumentos de la Apelación. 1.5.1. La apoderada de la parte actora, solicitó que se revoque la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia ( Fls. 167 a 181 del C. Consejo de Estado):  Consideró que la ausencia de la Policía Nacional en el territorio del 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.46020 05001233100020020089 01 E.A.S.T Municipio de Sabanalarga es el hecho omisivo, ya que la estación fue retirada el 06 de agosto de 1999 y fue reanudado nuevamente el 20 de noviembre de 2001, pues para la muerte de la señora Erleny María George Arteaga el 21 de febrero de 2000 no había presencia permanente del cuerpo armado de la Policía Nacional.  Argumentó que el mismo informe oficial certifica el tiempo que estuvo el municipio sin la presencia de la Policía Nacional, dejando desprovista a la población civil del Municipio de Sabanalarga.  Concluyó que es inaceptable que el estado hubiese retirado del municipio la fuerza pública, considerada zona roja, a merced de los grupos armados ilegales sin el más mínimo asomo de protección y cuidado a sabiendas que la misma estaba siendo amedrantada por varios grupos ilegales.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problemas Jurídicos Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Es responsable la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la muerte de la señora Erleny María George Arteaga? 2.2. Marco Teórico. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.46020 05001233100020020089 01 E.A.S.T 2.2.1. Responsabilidad patrimonial del Estado La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el

derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” Cuando se invoca la figura de la falla del servicio como título de imputación responsabilidad al Estado, tal y como ocurre en la presente demanda, para que surja el deber de resarcimiento patrimonial a cargo del primero, se deben dar los siguientes elementos: a) Una actuación irregular del Estado b) El daño antijurídico c) El nexo de causalidad entre el daño y el actuar activo u omisivo de la administración 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.46020 05001233100020020089 01 E.A.S.T El régimen de responsabilidad patrimonial del Estado se deriva del artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece que es deber del Estado responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que por sus acciones u omisiones las Entidades Estatales causen a los ciudadanos. Así que al interior de los procesos de responsabilidad deban probarse los elementos fundamentales de la misma cuales son, la existencia de un daño antijurídico, la acción u omisión del

Estado y una relación de causalidad entre ellos, que pueda constituir como sucede en el presente caso una falla del servicio. Sin perder de vista la cláusula general de responsabilidad contenida en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, la evolución jurisprudencial del Consejo de Estado ha determinado unos títulos de imputación como es el de la falla del servicio, respecto del cual, ha expresado lo siguiente: “La Sala, de tiempo atrás ha dicho que la falla del servicio ha sido en nuestro derecho, y continua siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al Juez Administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda de que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual. (…) la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da

la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.46020 05001233100020020089 01 E.A.S.T el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía.1” La misma Corporación, en cuanto a los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado por la falla del servicio, ha dicho: “Así las cosas, no debe perderse de vista que para la prosperidad de la acción de grupo y, por ende, para que el sentenciador pueda ordenar la reparación pretendida, deben estar acreditados con las pruebas que obran en el proceso los elementos que estructuran la responsabilidad extracontractual por falla del servicio a saber: i) la existencia de un daño, lesión o menoscabo de tipo patrimonial o moral, cierto y determinado, que afecta de forma individual a una pluralidad de sujetos; ii) la conducta activa u omisiva de la autoridad que lo infiere; y iii) la relación de causalidad entre ésta y aquél, es decir, que el daño se originó como consecuencia directa de la actuación atribuida a la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. 2 Por lo demás, como criterio de identificación para la determinación de la falla del servicio, en forma constante la jurisprudencia ha dicho que, por regla general, “…las obligaciones a cargo de la administración (…)

deben ser determinadas, especificadas, por las leyes o los reglamentos que se expidan para precisar las funciones que a cada organismo administrativo haya de ejecutar…”3(…)”4 1 Sentencia proferida el 7 de abril de 2001. Magistrado Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Radicado No. 52001-23-31-000-1999-00518 – 01 (20750). Actor: Alicia Margoth Montilla y otros. 2 La responsabilidad patrimonial por falla del servicio, como se ha manifestado por la Corporación de tiempo atrás, se configura por los siguientes elementos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta o falla de que se trata, no es la personal del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración; “b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o ha dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano;“c) Un daño que, implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho, bien sea civil, administrativo, etc., con las características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc.; “d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual aún demostrada la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 28 de octubre de 1976, C.P. Jorge Valencia Arango.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 30 de junio de 1990, Exp. 3510, C.P. Antonio J. Irisarri Restrepo. En igual sentido, Sentencia de 27 de abril de 1989, Exp. 4992. 4 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección tercera - Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio - Bogotá D.C., dieciséis de abril (16) de dos mil siete (2007) - Radicación número: 25000-23-25-000-2002-00025-02(AG). 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.46020 05001233100020020089 01 E.A.S.T 2.2.2. De la responsabilidad del Estado por falla del servicio por omisión. El Consejo de Estado respecto de la falla del servicio por omisión argumentó en sentencia del once (11) de agosto de dos mil once (2011) Radicado número: 19001-23-31-000-1998-58000-01(20325) Consejero ponente MAURICIO

FAJARDO: (…) En similares términos la Sala, al analizar el fenómeno de la imputación desde el plano de lo material o fáctico y desde el punto de vista jurídico, ha discurrido de la siguiente manera5: “Ahora bien, en cuanto concierne a la imputación, se tiene que el daño antijurídico

puede ser atribuido a la [A]dministración [P]ública en la medida en que ésta lo haya producido por acción u omisión, pues, precisamente, en sentido genérico o lato la imputación es la posibilidad de atribuir un resultado o hecho al obrar de un sujeto. “En materia del llamado nexo causal, debe precisarse una vez más que este constituye un concepto estrictamente naturalístico que sirve de soporte o elemento necesario a la configuración del daño, otra cosa diferente es que cualquier tipo de análisis de imputación, supone, prima facie, un estudio en términos de atribuibilidad material (imputatio facti u objetiva), a partir del cual se determina el origen de un específico resultado que se adjudica a un obrar –acción u omisión-, que podría interpretarse como causalidad material, pero que no lo es jurídicamente hablando porque pertenece al concepto o posibilidad de referir un acto a la conducta humana, que es lo que se conoce como imputación. “No obstante lo anterior, la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2009, exp. 17994, M.P. Enrique Gil Botero. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.46020 05001233100020020089 01 E.A.S.T a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política6. “En consecuencia, la imputación fáctica puede derivarse de la constatación en el plano material de la falta de intervención oportuna que hubiera podido evitar el resultado; en efecto, es en el plano de la omisión donde con mayor claridad se verifica la insuficiencia del dogma causal, motivo por el cual el juez recurre a ingredientes de tipo normativo para determinar cuándo una consecuencia tiene origen en algún tipo de comportamiento y, concretamente, a quién resulta endilgable o reprochable la generación del daño. De lo contrario, la responsabilidad derivada de la omisión no tendría asidero, como quiera que a partir de la inactividad no se deriva nada, es decir, no se modifica el entorno físico; en ese orden de ideas, el derecho de daños ha evolucionado en la construcción de instrumentos normativos y jurídicos que permiten solucionar las insuficiencias del denominado nexo causal importado de las ciencias naturales, para brindar elementos que permitan establecer cuándo un determinado daño es atribuible a la acción u omisión de un determinado sujeto. En consecuencia, el hecho de que el daño tenga su génesis directa, material y causal en la conducta de un tercero no quiere significar, en principio, que necesariamente se haya configurado una causa extraña que exonere de responsabilidad a la Administración Pública, toda vez que dicho daño puede devenir imputable a esta última si su comportamiento fue relevante y

determinante en su desencadenamiento, bien porque se contribuyó con una acción en la producción (v.gr. con un aumento del riesgo permitido o un desconocimiento del principio de confianza), o si pudiendo evitarlo se abstuvo de enervar su generación, esto último, siempre y cuando se constate en estos eventos que la entidad demandada se encontraba en posición de garante, es decir, que de conformidad con el ordenamiento jurídico estuviera compelida a evitar el resultado. Ahora bien, teniendo en cuenta el título de imputación alegado en la demanda (falla del servicio), cabe destacar que en tratándose de los daños sufridos por las víctimas de hechos violentos cometidos por terceros, la Sala ha considerado que los mismos son imputables al Estado cuando en la producción del hecho dañoso intervino o tuvo participación la Administración Pública a través de una acción u omisión constitutivas de falla del servicio, como en los eventos en los cuales el hecho se produce con la complicidad de miembros activos del Estado o, cuando la persona contra quien iba dirigido el acto había solicitado protección a las autoridades y éstas no se la brindaron o, porque en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó actuación alguna dirigida a su protección. 6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 12 de 1993, expediente 7622, M.P. Carlos Betancur Jaramillo. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.46020 05001233100020020089 01 E.A.S.T En relación con la responsabilidad del Estado por la omisión de prestar el servicio de seguridad a sus funcionarios, los artículos 2 y 218 de la Constitución Política, en su orden, establecen que “[l]as autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” y que a la Policía Nacional corresponde el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz, deberes que luego se precisaron en la Ley 62 de 1993, por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional7. De acuerdo con las normas citadas, la razón de ser de las autoridades públicas y en particular la de la Policía y el Ejército Nacional, la constituye la defensa de todos los residentes en el país y el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Omitir el cumplimiento de esas funciones compromete su responsabilidad institucional, que de ser continua pone en tela de juicio su legitimación. Por lo tanto, el Estado debe utilizar todos los medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de las personas por parte de las demás autoridades públicas y particulares sea una realidad y no conformarse con realizar una simple defensa formal de los mismos8. Al respecto la Sala, de tiempo atrás, ha precisado que el Estado debe responder patrimonialmente a título de falla del servicio por omisión en el

deber de prestar seguridad a las personas, cuando: a) Se deja a la población a merced de los grupos de delincuencia, sin brindarles protección alguna, en especial cuando se tiene conocimiento de que los derechos de esa población vienen siendo desconocidos por grupos organizados al margen de la ley; b) se solicita protección especial, con justificación en las especiales condiciones de riesgo en que se encuentra la persona; c) no se solicita expresamente dicha protección pero es evidente que la persona la necesitaba, en consideración a que existían pruebas o indicios conocidos que permitieran 7 El artículo 1 de dicha ley establece: “Finalidad. La Policía Nacional, como parte integrante de las autoridades de la República y como cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida honra bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Así mismo, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”. 8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, Expediente No. 18.106, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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E.A.S.T asegurar que la persona se encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus funciones9. (Subrayas y negrillas fuera del texto). 2.2.3. Valor probatorio de las copias. En sentencia reciente dando alcance al principio de la buena fe y la lealtad procesal se ha manifestado lo siguiente:10 “La entidad demandada allegó en copia simple varios de los documentos que integraron el expediente administrativo de protección a favor del menor, medios de convicción que serán valorados en esta instancia por las siguientes razones: i) porque son documentos cuyos originales se encuentran en poder del ICBF –concretamente en sus archivos–, ii) fueron aportados por el propio instituto, razón adicional para reconocerles valor probatorio, y iii) en los términos de esta Subsección, es procedente apreciar las copias simples siempre y cuando hayan obrado a lo largo del plenario, conforme al principio constitucional de buena fe, puesto que han estado sometidas al principio de contradicción, por las partes. Sobre el particular, en reciente providencia se discurrió así: “Lo primero que advierte la Sala es que el proceso penal fue aportado en copia simple por la parte actora desde la presentación de la demanda, circunstancia que, prima facie, haría invalorable los medios de convicción que allí reposan. No obstante, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales recientes, se reconocerá valor probatorio a la prueba documental que si bien se encuentra en fotocopia, ha obrado en el proceso desde el mismo instante de presentación del libelo demandatorio y que, por consiguiente, ha surtido el principio de contradicción.

“En efecto, los lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de las sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la buena fe y lealtad con que se obra a lo largo de las diferentes etapas que integran el procedimiento judicial. 9 Ver, entre otras, sentencias de 11 de octubre