PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Por culpa exclusiva y determinante de la victima

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por falla en el servicio/ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por muerte en accidente en práctica de demostración de habilidades por miembros del Ejército Nacional DAÑO ANTIJURÍDICO-Por culpa exclusiva y determinante de la victima Analizados los hechos de las circunstancias concretas que rodearon el deceso del soldado profesional, los actores no probaron el supuesto hecho, de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, hay que acreditar lo que se persigue que es el daño, la falla del servicio y el nexo causal para hacer aflorar la responsabilidad de los demandados, con lo cual la carga no fue satisfecha. Podemos inferir que la muerte del soldado profesional se produjo no por una falla en los elementos utilizados por la victima durante los ejercicios en la fecha de los hechos, de acuerdo al informe preliminar del Comando Especial del Ejercito Nacional, y las declaraciones de los otros militares que componían el grupo de adiestramiento para el día del insuseso. Con estos elementos es posible deducir que la causa desencadenante para caída y posterior muerte del militar fue por su imprudencia y desacato a las ordenes de seguridad de sus superiores, ya que todos los elementos utilizados para la practica del ejercicio fueron revisados en mas de una ocasión por el Comandante de destacamento. Es decir se adecua la conducta atribuible a la Culpa Exclusiva y Determinante de la Victima, contrario a lo solicitado por la parte actora en su escrito inicial de la demanda, con lo cual se pude concluir que no se permitirá iniciar la

responsabilidad en cabeza del Estado. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-No se probó el nexo causal Es de resaltar que el actor argumenta en sus pretensiones que le ocasionaron perjuicios a él y su núcleo familiar con el desarrollo de la muerte del soldado profesional, por la falla en los procedimientos de seguridad por parte del comandante de destacamento de la compañía orgánica del Ejercito Nacional, para evitar que ocurriera lo que en efecto ocurrió su deceso, argumentos que no comparte esta Delegada, ya que no se les ocasionaron tales perjuicios alegados, porque no se encontró probado el nexo causal entre el proceder de los oficiales al mando de las practicas militares, en ese sentido los accionantes, no cumplieron con la carga probatoria ONUS PROBANDI. En concepto del Ministerio Público la sentencia del diecisiete (17) de junio de dos mil once (2011), proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, debe ser confirmada en todas sus partes y no declarar responsabilidad administrativa y patrimonial en contra de la NACIÓN, MINISTERIO DE

DEFENSA, EJERCITO NACIONAL.

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CONCEPTO No. 146 /2012

Bogotá, D.C., mayo 10 de 2012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

E. S. D.

EXPEDIENTE: 76001233100020070127701 (42987)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: ADRIANA LORENA CALVO Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN, MINISTERIO DE LA DEFENSA,

EJERCITO NACIONAL.

Sentido del Concepto: Solicitud de confirmar la sentencia recurrida, originada en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Muerte por accidente en práctica de demostración de habilidades por miembros del Ejército Nacional. Por ausencia de pruebas se denegaron las pretensiones y se declaró la no responsabilidad de la Nación. Culpa exclusiva y determinante de la victima.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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1. ANTECEDENTES

1.1. Demanda. La señora ADRIANA LORENA CALVO SALCEDO y OTROS, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, entabló demandada, contra la NACIÓN, MINISTERIO DEFENSA, EJERCITO NACIONAL, y declararlos administrativa y contractualmente responsables de los perjuicios materiales y morales con ocasión de la muerte del soldado profesional CARLOS AFRANIO ZÚÑIGA SARCHI el día 14 de septiembre de 2005. 1.2. LA CONTESTACIÓN 1.2.1. La apoderada judicial de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejercito Nacional, manifiesta que se opone a las pretensiones de la demanda (folio 163 a 167 del cuaderno del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca).

1. Inició su defensa en que el accidente se produjo por la culpa exclusiva de la victima, que lo que ocurrido fue por causa propia del occiso, quien propinó su accidente, causando el daño alegado, actuando motivado por orgullo, con exceso de confianza por su irresponsabilidad.

2. Anoto que no hubo lugar a decir que se intensifico el riesgo, por que no se rompió el principio de igualdad y para alegarse este siempre debe analizarse frente a quienes se encuentran en condiciones de igualdad, es decir respecto de los otros miembros de su unidad básica.

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3. Los beneficiarios legales se hacieron acreedores del reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente por parte del Ejército, pero no se hacen acreedores de una indemnización por la vía Contenciosa

Administrativa.

4. Quedando demostrada la culpa exclusiva de la victima, mal podría imputarse responsabilidad a la entidad que representa por fallas en el servicio, ya que el personal militar que estaba a cargo del ejercicio efectuó los procedimientos de seguridad tal como se encuentra estipulado en las normas.

1.2.2. Ministerio Público. Emitió concepto oponiéndose a las pretensiones de la demanda aduciendo lo siguiente (folios 246 a 258 del Tribunal).

1. Solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, por considerar que el daño sufrido por los demandantes no puede ser imputado a la entidad demandada, toda vez que de acuerdo al material probatorio obrante en el proceso, no se logró acreditar que haya existido falla en el servicio, cómo causa de la muerte del soldado profesional.

2. Que el deceso del soldado profesional no obedecido a la realización de un riesgo excepcional y anormal con el cual hubiese sido sometido el señor CARLOS AFRANIO ZÚÑIGA SARCHI, en comparación con aquellos

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Expediente No.42987 76001233100020070127701 J M L. riesgos a los cuales se vieron avocados en particular sus demás compañeros de maniobras y entrenamientos, los que en circunstancias similares, de ordinario deben asumir los militares vinculados de forma voluntaria al Ejército Nacional cuando se encuentran ejecutando ejercicios de instrucción castrense.

3. Igualmente la delegada del Ministerio Público, sostuvo que en el presente asunto la parte Demandante no cumplió con la carga probatoria impuesta por el Artículo 177 del C.P.C, en tanto que no logró demostrar las imputaciones hechas a la entidad demandada, por tanto, la consecuencia de su falencia no puede ser otra que la denegación de las pretensiones de la demanda.

1.3. Sentencia de Primera Instancia. El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, niega las pretensiones tras analizar el total de material probatorio. Inicia su estudio con Artículo 90 de la Constitución Política, y el deber del Estado de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al Artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. Explica que el Consejo de Estado, se ha referido en varias oportunidades del tema de la responsabilidad objetiva en el que se debe acreditar la calificación subjetiva o falla en la prestación del servicio, cuando los miembros de la fuerza pública sufren un daño en ejercicio de sus funciones, los cuales se consideran de

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Expediente No.42987 76001233100020070127701 J M L. alto riesgo, considerándolos inherentes al ejercicio de la función. Que hay que acreditar una circunstancia de riesgo excepcional o falla en el servicio de donde provenga la causa eficiente del daño, que el caso de que se ocupo no existió prueba sumaria que se permita colegir de la existencia de tales sucesos, como reposa en el plenario. Que la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, por regla general el titulo de imputación en asunto donde rediscute la responsabilidad del Estado frente a la muerte o lesiones sufridas por un soldado profesional, es el de la falla en el servicio, no obstante, también se ha aceptado por la corporación que hay lugar a imputar responsabilidad, cuando la entidad someta al soldado, a un riesgo que exceda las obligaciones propias de su cargo, bajo el titulo de riesgo excepcional. Encontrando el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que las pruebas arrimadas oportunamente al proceso no ofrecieron los elementos de convicción necesarios para determinar que la entidad demandante incurrió en una falla del servicio por omisión de sus deberes, por lo tanto las pretensiones de la demanda no tuvieron vocación de prosperidad. 1.4. Argumentos de la apelación. El apoderado de la parte demandante, apela estando en desacuerdo con el con el

pronunciamiento del Tribunal Administrativo Contencioso del Valle del Cauca. (Folios 275 a 279 del cuaderno del Tribunal). 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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1. Manifiesta que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no hizo un análisis profundo de los argumentos que reposan tanto en la demanda como en la contestación de esta, ya que la sentencia fue constituida con afán.

2. Que el Tribunal Administrativo del Valle no valoro los testimonios de los otros miembros del grupo de militares que estaban realizando los ejercicios con el hoy occiso.

3. Que la sentencia en su parte considerativa se limitó exclusivamente a lo recopilado en la investigación preliminar que hizo la Justicia Penal Militar, pues extrañamente no se realizo la cadena de custodia de los elementos utilizados por la victima durante los ejercicios.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problemas Jurídicos. Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿La Sentencia recurrida, se avino a los lineamientos constitucionales y legales? 2.1.2. ¿Podía ser condenado la Nación, Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional, sin que se hubieran allegado las pruebas concernientes al accidente sufrido por el

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Expediente No.42987 76001233100020070127701 J M L. soldado profesional CARLOS AFRANIO ZÚÑIGA SARCHI? 2.2. Marco Teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que

sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.42987 76001233100020070127701 J M L. El Tribunal trae a colación el siguiente proveído del Consejo de Estado con ponencia del Dr. Ramiro Saavedra Becerra del 24 de febrero de 2005 Rad. 8500123-31-000-1993-00074-01(14170), donde se dijo: "De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo que consagra la acción de reparación directa, cuyo ejercicio dio origen al presente proceso y que establece la posibilidad que tiene el interesado de demandar la reparación del daño cuando su causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño antijurídico como

fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia, entre ellos el de la tradicional falla del servicio, dentro del cual la responsabilidad surge a partir de la comprobación de la existencia de tres elementos fundamentales: el daño antijurídico sufrido por el interesado, el deficiente funcionamiento del servicio, porque no funcionó cuando ha debido hacerlo, o lo hizo de manera tardía o equivocada, y finalmente, una relación de causalidad entre este último y el primero, es decir, la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de la falla del servicio.". 2.2.2. Régimen de responsabilidad aplicable. Sobre los casos como el aquí discutido, muerte de un soldado profesional, el Consejo de Estado ha sostenido que dichos eventos tienen sin duda las características de un régimen de responsabilidad subjetiva, en el que se debe 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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J M L. acreditar la calificación subjetiva de la conducta o falla en la prestación del servicio, comoquiera que, en casos en que un miembro de la fuerza pública sufre un daño en ejercicio de sus funciones, las cuales se consideran de alto riesgo, pues se relacionan con la defensa y seguridad del Estado, los mismos se catalogan como inherentes al ejercicio de la función, por tanto, sus miembros deben soportar los daños propios de dicha actividad. En ese, sentido, el H. Consejo de Estado en su sección Tercera, sentencia del 03 de mayo de 2007, M.P. Ramiro Saavedra Becerra, ha precisado: "En eventos como el que se analiza en el sub-lite, el daño antijurídico alegado se deriva de las lesiones o muerte de un miembro de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el DAS, o cualquier organismo similar, en donde el común denominador es el alto grado de riesgo que para su integridad personal corren los miembros de estas instituciones en virtud de las funciones a su cargo, las cuales tienen que ver con el mantenimiento del orden público y la defensa de la soberanía estatal y por lo mismo implican afrontar situaciones de alta peligrosidad, el eventual enfrentamiento con la delincuencia y la utilización de armas de dotación oficial. El mismo ordenamiento jurídico, se ha encargado de establecer un régimen prestacional de naturaleza especial, que reconozca esa circunstancia de riesgo connatural a las actividades que deben desarrollar estos servidores públicos, cuando quiera que resulten lesionados o muertos en razón y con ocasión del cumplimiento de sus funciones, por lo cual se puede afirmar que, desde este punto de vista, los miembros de tales instituciones se hallan

amparados de un modo que generalmente excede el común régimen prestacional de los demás servidores públicos, en consideración al riesgo especial que implica el ejercicio de las funciones a su cargo. Por ello, la jurisprudencia de la Sala ha considerado también, en principio, que en la medida en que una persona ingresa libremente a una de estas instituciones y se vincula al ejercicio de esa clase de actividades que entrañan riesgo para su vida e integridad personal, está aceptándolo como una probabilidad y lo asume como característica propia de las funciones que se dispone a ejercer: esto se puede predicar de los agentes y oficiales de la Policía Nacional, así como de los miembros de las Fuerzas Armadas: Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea, y de los miembros del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. En esa medida, cuando el riesgo se concreta y el servidor público agente de Policía, soldado, etc.- sufre lesiones o encuentra la muerte cuando se hallaba ejerciendo sus funciones y por razón de las 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.42987 76001233100020070127701 J M L. mismas, surge el derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales consagradas en el régimen laboral especial al que está sl.{jeto; sin embargo, la responsabilidad por ese daño pero no se le puede imputar al Estado, a menos que se logre demostrar que hubo de por medio una falla del servicio o

que la víctima fue expuesta a un riesgo excepcional, comparativamente con la situación de sus demás compañeros de armas". 2.2.3. Responsabilidad Extracontractual del Estado – Soldados Conscriptos y Voluntarios. La sentencia de 20 de agosto de 2005, proferida dentro del expediente 16.205 C.P. María Elena Giralda Gómez, en la que de manera clara se resuelve esta cuestión: “ En primer término es preciso diferenciar la clase de vínculo que se crea para el Estado, frente al soldado conscripto y en relación con el soldado voluntario o profesional; en el primero de los mencionados (soldado conscripto) el vínculo surge del cumplimiento del deber constitucional de defensa de la independencia y las instituciones públicas y no detenta carácter laboral, en tanto que en el segundo vínculo (soldado profesional) surge de la relación legal y reglamentaria consolidada a través del acto de nombramiento y la posesión del servidor o de la relación contractual creada mediante la suscripción de un contrato laboral. El deber constitucional que se enuncia en relación con los conscriptos está contenido en los artículos 216 a 227 Capítulo VII del Título VII, cánones que después de referirse a la conformación, finalidad y regulación de la Fuerza Pública como cuerpo no deliberante, prevé que todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la independencia nacional y las instituciones patrias y defiere a la ley la determinación de las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas para la prestación del mismo. La ley 48 de 1993 reglamentó el Servicio de Reclutamiento y Movilización, y

señaló como finalidad y funciones, la planeación, dirección, organización y control sobre la definición de la situación militar de los colombianos y la integración a la sociedad en su conjunto en defensa de la soberanía 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.42987 76001233100020070127701 J M L. nacional, entre otros (artículos . 4 y 9); estableció, de una parte, la obligación de todo varón colombiano de definir su situación militar a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad, e inscribirse para definir tal situación, dentro del lapso del año anterior en que lleguen a la misma (artículos. 10 y 14), y, de otra, las modalidades para atender la obligación de prestación del servicio militar obligatorio; así: como soldado regular: de 18 a 24 meses, soldado bachiller, de 12 meses, auxiliar de policía bachiller, 12 meses, y de soldado campesino, de 12 hasta 18 meses (articulo. 13). De acuerdo con dicho Estatuto Legal le corresponde al Estado y en caso de que el varón colombiano llegue a la mayoría de edad y no cumpla con las obligaciones anteriores "( ) compelerlo sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que se establecen en la presente ley ( ). “Por lo tanto, a diferencia del soldado profesional que ingresa en forma

voluntaria a las filas del Ejército con el fin de prestar un servicio a cambio de una contraprestación y que goza de una protección integral de carácter salarial y prestacional, el soldado conscripto se ve impelido a hacerlo, por imposición del Estado de una carga o gravamen especial, en beneficio de todo el conglomerado social y en aras de su seguridad y tranquilidad. Así es como el conscripto no goza de protección laboral predeterminada frente a los riesgos a que se le somete en cumplimiento de su cometido constitucional, ya que la ley tan solo le reconoce algunas "prestaciones" las cuales de ningún modo pueden catalogarse como laborales y tampoco, se asimilan para efectos de este estudio, al régimen a for fait previsto por la ley para el soldado profesional. Esta Sección del Consejo de Estado, a partir de la legislación y la ponderación de la naturaleza y alcances de tales vínculos, ha concluido que frente al soldado profesional la inexistencia de responsabilidad civil extracontractual en relación con los daños sufridos por éstos con ocasión de la exposición a los riesgos inherentes a su actividad laboral, dirigida ésta a la protección del Estado y de sus instituciones, porque tales riesgos están cubiertos por la ley, en la cual se prevé la obligación para el Estado de indemnizar a su servidor público, por los daños sufridos con ocasión y por razón del servicio y que cobra vigencia en forma automática, cuando se produce "el siniestro" que se ampara legalmente. Y exceptúa del régimen indemnizatorio anotado, los daños provenientes de la falla del servicio o del 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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Expediente No.42987 76001233100020070127701 J M L. sometimiento del soldado a un riesgo distinto al que asumió voluntariamente, eventos en los cuales cobra vigencia el régimen de responsabilidad contenido en el artículo 90 constitucional. En efecto: Tratándose de daños sufridos directamente por los Agentes públicos vinculados laboralmente con el Estado (colaboradores permanentes) la indemnización adquiere características especiales, toda vez que la ley prevé para ellos una legislación que predetermina la indemnización - a for fait -, que resarce el daño causado dentro de los riesgos propios que debe asumir el servidor, como inherentes al servicio prestado. Esa predefinición legal de indemnización en materia de riesgos profesionales, hace que el terreno de la responsabilidad civil extracontractual quede circunscrita sólo a los daños ocasionados por fuera del ámbito de protección de esa legislación, o sea los daños derivados de la conducta falente o culposa del Estado - patrono , o los daños producidos por el sometimiento del Agente a un riesgo distinto al asumido a su ingreso al servicio, con violación al principio de igualdad frente ante las cargas públicas. En relación con el conscripto la jurisprudencia ha dicho que si bien éstos pueden sufrir daños con ocasión de la obligación de prestar servicio militar obligatorio, consistentes en la restricción a los derechos fundamentales de

locomoción, libertad etc. ellos no devienen en antijurídicos, porque dicha restricción proviene de la Constitución; pero que pueden sufrir otros daños que si devienen en antijurídicos y que tienen su causa en dicha prestación, cuando ocurren durante el servicio y en cumplimiento de las actividades propias de él, que les gravan de manera excesiva, en desmedro de la salud y de la vida, los cuales deben indemnizarse por el conglomerado social a cuyo favor fueron sacrificados dichos bienes jurídicos, porque se da quebranto al principio de igualdad frente a las cargas públicas. Ahora pese a que la ley ha venido, paulatinamente, reconociendo el derecho del conscripto que ve disminuida su capacidad psicofísica o laboral o fallece con ocasión y por razones del servicio, a ser indemnizado y en algunos casos a recibir pensión de invalidez, como se verá a continuación, esa protección dista mucho de la que se prevé para los agentes públicos vinculados laboralmente al Estado (colaboradores permanentes), ya que no es integral, no proviene de una relación laboral y por tanto no está llamada a generar que el campo de la responsabilidad civil extracontractual quede 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.42987 76001233100020070127701 J M L. circunscrito a los daños ocasionados por fuera del ámbito de protección de

esa legislación, como si sucede con la indemnización a for fair ( ... )”. 2.2.4. Acerca de la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima. El Consejo de Estado en diversa jurisprudencia se ha manifestando diciendo que: “Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidadfuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctimaconstituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga jurídicamente imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado. Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una

concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima.” 2.2.5. Las pruebas deben allegarse al plenario de conformidad con las reglas exigidas por la Ley. El aforismo dice “dadme las pruebas y te daré el derecho”. Ello tendiente a exigir que, la norma jurídica de reconocimiento de petición de derechos, se funda en las 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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