PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Por error de apreciación

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por error judicial DETENCIÓN PREVENTIVA-Opera el in dubio pro reo Se predicó una verdad probatoria respecto de las personas incriminadas y de quienes las incriminan y por qué sobre las primeras debe recaer una decisión judicial, pero prueba que conduce solo a la posibilidad de autoría, evidencia referida a unos hechos y a unos sujetos procesales identificados; de ahí que la verdad procesal, por imperativo de alcanzar una seguridad jurídica, obliga a absolver, esto es, lleva a relevar de responsabilidad a los procesados por falta de pruebas, aplicando paralelamente el concepto de in dubio pro reo. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-Daño antijurídico/DAÑO ANTIJURÍDICO-Por error de apreciación De acuerdo a lo anterior, se puede concluir, que se evidencia responsabilidad administrativa, por el daño antijurídico causado a los demandantes, por la detención legal pero injusta, al haber incurrido en error de apreciación la Fiscalía General de la Nación, tal como lo analizó el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Bucaramanga al proferir la sentencia absolutoria. De otro lado, tal como lo señala el apoderado de la parte demandante no cabe duda que comete un error grave el Tribunal Contencioso Administrativo de Santander al examinar el proceso penal, cuando solo le competía el examen de las piezas procesales que ordenaron la captura, la detención, la acusación y la sentencia, mas no efectuar un juicio de responsabilidad penal. Este tema es tratado en la parte teórica de este concepto, bajo el subtitulo de que el Juez Contencioso Administrativo no es Tercera Instancia del proceso

Penal. Por todo lo anterior, hay lugar a revocar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, de forma tal que respondan administrativa y solidariamente la Nación-Fiscalía General de la Nación, por los daños irrogados a los demandantes y su núcleo familiar, al haberse creado un error judicial por cuenta de un Fiscal, habida cuenta que según los testigos del C.T.I., el Fiscal se soportó en los informes de campo, que no constituyen prueba. De otro lado procede la acción de repetición por lo que debe ser sugerida a la Fiscalía General de la Nación, a fin que la incoe en contra del Fiscal que impuso la medida de aseguramiento irreflexivamente. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No 42340 (680012331000200600489 01) Rzo CONCEPTO 183 /2012

Bogotá, D.C., 15 de junio de 2012

SEÑORES.

CONSEJO DE ESTADO.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B.

CONSEJERO PONENTE DOCTOR: CARLOS A. ZAMBRANO BARRERA.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 680012331000200600489 01 (42340)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: VÍCTOR HUGO ACEVEDO PEREIRA Y OTROS.

DEMANDADO: NACIÓNFISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y

NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSAEJÉRCITO NACIONAL.

Sentido del Concepto: solicitud de REVOCATORIA de la sentencia recurrida, originada en el Tribunal Contencioso Administrativo de Santander. Indebida valoración probatoria. Opera el in dubio pro reo.

El Ministerio Público presenta, a consideración de la Sala, concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Rzo

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda.

Los señores: VÍCTOR HUGO ACEVEDO PEREIRA, JHON MARIO GUERRERO

MIRANDA, CHRISTIAN YESID MORA ARCINIEGAS, ISABEL MIRANDA,

LORENA MARCELA CORDERO CALA, NORA ELSA ARCINIEGAS FERREIRA, CAROLINA CARREÑO QUINTERO, ELSA CAROLINA MORA ARCINIEGAS, actuando a través de apoderado, presentaron demanda en ejercicio de la ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA contra la NACIÓNFISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓNEJÉRCITO NACIONAL, para que se le declare administrativamente

responsable por la falla del serviciocomisión de un error judicial, en un operativo militar, con la detención arbitraria de personas supuestamente pertenecientes a un frente de la FARCEP, sin la existencia de pruebas o indicios que ameritan, la respectiva vinculación a un proceso penal, por el delito de Rebelión, con la calificación del mérito sumarial con RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN, siendo absueltos, mediante sentencia promulgada por un Juez de la República. 1.2. La contestación.  La Fiscalía General de la Nación, contestó la demanda y señaló que no le constan los hechos y respecto de las pretensiones se opone a ellas en el entendido que éstas carecen de asidero jurídico (folios 130 a 145).  Respecto de la razón de la defensa, señaló que en el sub lite, no se estructuran los presupuestos esenciales que permiten determinar una responsabilidad patrimonial en cabeza del Estado y planteó las siguientes excepciones: 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No 42340 (680012331000200600489 01) Rzo  Inexistencia de la falla en el servicio de Administración de Justicia al vincular al demandante VÍCTOR HUGO PEREIRA ACEVEDO, JHON

MARIO GUERRERO MIRANDA y CHRISTIAN YESID MORA ARCINIEGAS

al proceso penal.  Inepta demanda en ausencia de falla en la prestación del servicio de Administrar Justicia al vincular a la investigación Penal a los demandantes: VÍCTOR HUGO ACEVEDO PEREIRA, JHON MARIO GUERRERO MIRANDA y CHRISTIAN YESID MORA ARCINIEGAS y proferir medidas de provisionalidad y probabilidad dentro de la instrucción Penal.  Inexistencia de error judicial.  Ausencia de responsabilidad por eximente hecho de un tercero.  Inexistencia de privación injusta de la libertad como fuente de responsabilidad extracontractual del Estado, en virtud del principio de progresividad del proceso penal que se adelantó contra los actores.  Inexistencia de privación injusta de la libertad al imponer como medida de Provisionalidad la Detención Preventiva de VÍCTOR HUGO ACEVEDO PEREIRA, JHON MARIO GUERRERO MIRANDA y CHRISTIAN YESID MORA ARCINIEGAS. 1.2.2. El Ministerio de Defensa. Ejército Nacional, en escrito allegado dentro del término de traslado, dijo que: 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No 42340 (680012331000200600489 01) Rzo  Quedó expuesto con las pruebas allegadas al proceso que las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar, toda vez que

las capturas de los señores VÍCTOR HUGO ACEVEDO PERERIA, JHON MARIO GUERRERO MIRANDA y CHRISTIAN YESID MORA ARCINIEGAS se derivó de una orden judicial y fue la Fiscalía Seccional de Bucaramanga, operador Judicial que dispuso las capturas de los citados, con el cumplimiento de los requisitos que la Ley prevé para privar de la libertad a las personas en cada caso y la vinculación al proceso penal calificando el mérito del sumario con resolución de acusación.  Agrega que existe falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que el Ministerio de Defensa NacionalEjército Nacional no adelantó proceso penal en contra de los hoy demandantes, ni ejerció por sí atribuciones no instituidas en la Constitución o en la Ley para privarles de la libertad mediante orden de captura o prolongar éste estado mediante medida de aseguramiento. 1.3. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo de Santander, denegó las excepciones y argumentó que las formuladas por la Fiscalía no son de fondo, sino argumentos de defensa que ataca lo pedido; razón por la cual deben ser resueltas conjuntamente al dilucidar el problema jurídico, lo anterior mediante sentencia proferida el veintidós (22) de julio de dos mil once (2011), manifestando en resumen los siguientes argumentos:  La responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. El Tribunal Administrativo de Santander ha sostenido que cuando se produce 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No 42340 (680012331000200600489 01) Rzo la exoneración del sindicado, por sentencia absolutoria definitiva su equivalente, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituye hecho punible (artículo 414 del C.P.P.), la privación de la libertad resulta siempre injusta, puesto que quien estuvo privado de la libertad sufrió un daño que no estaba en la obligación de soportar. Sin embargo, cuando se pretende la declaratoria de responsabilidad del Estado por fuera de esos casos, se exige la prueba de un error judicial, es decir, se debe demostrar que la privación de la libertad o medida cautelar que se despachó no tuvo un fundamento legal o razonable, en consideración a las exigencias legales y a las pruebas que obraron en el proceso.  En el caso de marras, de conformidad con los presupuestos fácticos y las pruebas allegadas, se puede establecer que las actuaciones adelantadas por la Fiscalía corresponden al trámite indicado en la Constitución y la Ley penal, las cuales permiten establecer serios indicios respecto de la posible militancia de los demandantes en un grupo al margen de la Ley que genera la comisión del delito que se les imputaba ( Rebelión), dado que no existían pruebas indiciarias, sino testigos directos, quienes eran miembros de las FARCEP.  De ahí que, de la lectura de las piezas procesales, al momento de definir la situación jurídica de los demandantes la Fiscalía de conocimiento actuó conforme a derecho al definir la necesidad de la medida de aseguramiento

con fundamento en algo más que dos indicios graves de responsabilidad como lo exige el artículo 356 del C.P.P., circunstancia que llevó a que finalmente se profiriera Resolución de Acusación contra los actores.  Las pruebas que sirvieron de sustento para las resoluciones proferidas por 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No 42340 (680012331000200600489 01) Rzo la Fiscalía en contra de los accionantes no tuvieron la capacidad demostrativa de predicar CERTEZA en el operador judicial que resolvió de fondo el asunto, sí tuvieron esa calidad de indicios graves o probabilidad de verdad que es suficiente para llevar el proceso, hasta una resolución de acusación, más no para la terminación del mismo en la sentencia condenatoria, como en efecto ocurrió, pues el mismo Fiscal Delegado, al notar que no existía certeza, no de los hechos, sino de la responsabilidad de los acusados, pese a defender su acusación, imploró una sentencia absolutoria al no contar con el grado de certeza requerido por el artículo 232 del C:p:p. para establecer condena.  La investigación penal adelantada contra los actores culminó a su favor mediante sentencia absolutoria en aplicación de insuficiencia de las pruebas recaudadas para proferir en su contra un fallo condenatorio que permitiera atribuirle responsabilidad a titulo de coautores del punible de

Rebelión.  El H. Consejo de Estado en sus últimos pronunciamientos, ha estimado que, en los casos en que las personas son absueltas de responsabilidad penal por aplicación del principio in dubio pro reo la administración está llamada a responder por los perjuicios que se hayan causado con la privación de la libertad, con independencia de que hubieren existido pruebas suficientes para ordenar la detención de la persona o la existencia de un error judicial. 1.4. Argumentos de la apelación El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia adversa a sus pretensiones, en donde en términos generales 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No 42340 (680012331000200600489 01) Rzo argumentó lo siguiente (fls 429 a 453 del cuaderno del Consejo de Estado):  La falta de análisis y estudio, en el que se observan las incongruencias que no observó la Magistrada del Tribunal Administrativo de Santander, la falta de veracidad en la mayoría de los señalamientos a los acusados y no existir otros elementos probatorios que confirmar la resolución de acusación dada por la Fiscalía Seccional de Bucaramanga, en la que no se pudo establecer la certeza, para proferir una condena en su contra, aflorando así

la duda, sobre la completa autoría y responsabilidad penal y al no presentarse en cabeza de sus defendidos ningún tipo de solicitud de beneficios, confiados en su inocencia y privados injustamente de su libertad, sólo por un funcionario mediocre, cuyo único afán era el de mantener su posición como el Fiscal más eficaz y llenar más estadísticas.  En el caso que nos atañe, el Juez de primera instancia Sexto Penal del Circuito, estableció la falta de otros medios idóneos para otorgar responsabilidad penal a los actores y como el mismo funcionario del C.T.I. explicó en su versión en audiencia pública, “sólo se trató de informes y no de actividades de campo”.  En el presente caso se pude afirmar que los demandantes fueron privados injustamente de su libertad, demostrado en un proceso sumarial, LA FALTA DE CERTEZA, por las falencias, incongruencia, mentiras, falta de material probatorio, utilización de un personaje oscuro; un esbirro de la Fuerzas Militares de Colombia, para endilgar conductas que nunca existieron a sus prohijados y que la Magistrada falladora en primera instancia, no debía haber controvertido dichas pruebas porque eran COSA JUZGADA, al afirmar, que sus clientes deberían estar sujetos a una medida carcelaria en 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Rzo un procedimiento ya debatido en juicio legal, vemos que el Estado está obligado a cancelar el resarcimiento de los perjuicios causados.  Por todo lo anterior solicitó el apelante, se revoque la decisión de primera instancia.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos.

Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿La detención de que fueron objeto VÍCTOR HUGO ACEVEDO PEREIRA, JHON MARIO GUERRERO MIRANDA y CHRISTIAN YESID MORA ARCINIEGAS, fue irregular, deviniendo de ella un daño antijurídico que no estaban obligados a soportar éstos, ni el resto de los demandantes? 2.1.2. ¿La falta de pruebas declarada en la decisión absolutoria, genera responsabilidad administrativa, como consecuencia de la detención de los actores? 2.1.3. ¿Es diferente el in dubio pro reo a la falta de pruebas? 2.1.4. ¿Puede predicarse responsabilidad administrativa, por la detención de los demandantes, del Ministerio de Defensa? 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No 42340 (680012331000200600489 01) Rzo 2.1. Marco teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio

Público: 2.1.1. Responsabilidad extracontractual del Estado.

La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano. c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Rzo 2.1.2. Valoración probatoria. Deber de análisis para el funcionario instructor. Tal como se anotará en el numeral posterior, el Fiscal cumplía funciones jurisdiccionales al momento de indagar, vincular y detener a los hoy demandantes. Por ello debía atenerse a las reglas del debido proceso y con ello a la obligación de valorar adecuadamente el material probatorio, dentro del cual, figuraban denuncias, testimonios, etc. El funcionario instructor en esa medida tenía el deber u obligación de analizar las denuncias, confrontándolos con otras pruebas, a fin de determinar si estos eran suficientes para impartir medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, tras el riguroso análisis a que estaba obligado. Respecto a los deberes constitucionales del juez, reiterándose que el Fiscal para entonces cumplía funciones jurisdiccionales, son recordados por la Honorable Corte Constitucional de la siguiente manera: “La afirmación de que el juez constitucional debe guiarse por los principios de la cautela y la discreción cuando se trata del análisis del acervo probatorio debatido en una sentencia impugnada por supuesta violación de los derechos fundamentales, se hace aún más perentoria cuando las pruebas en discusión son fundamentalmente testimonios. En estas situaciones no cabe sino afirmar que la persona más indicada, por regla general, para apreciar tanto a los testigos como a sus aseveraciones es el juez del proceso, pues él es el único que puede observar el comportamiento de los declarantes, sus relaciones entre sí o con las partes del proceso, la forma en que responde al cuestionario judicial, etc. Lo anterior significa ni mas ni menos, que solo quien puede valorar los

testimonios, previa lectura y confrontación con otras pruebas, teniendo en cuenta la calidad de los testigos, su credibilidad, etc, es única y exclusivamente el Juez y no puede éste delegar tal potestad en cabeza de otra autoridad, mucho menos dejar de lado tal obligación, ateniéndose a las calificaciones presentadas por la Policía Nacional”. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No 42340 (680012331000200600489 01) Rzo 2.1.3. El deber jurisdiccional del Fiscal. Resulta suficiente lo manifestado por el máximo órgano constitucional, frente al deber jurisdiccional que acompaña al Fiscal en su sentido general: “La Constitución de 1991 ha establecido algunos elementos propios del llamado sistema acusatorio en materia procesal penal, pues distingue las funciones de investigación y acusación, y la de juzgamiento, de tal forma que corresponde a la fiscalía investigar y calificar y al juez adelantar la etapa del juicio y tomar la decisión final. Así pues, la Fiscalía hace parte de la rama judicial y en tal virtud, le han sido asignadas por la Constitución una serie de funciones y facultades determinadas (art. 250), de modo que se le ha atribuido la titularidad de la acción penal y la dirección de las investigaciones penales, en tanto que se ha reservado a los jueces el juzgamiento que comprende la adopción de la decisión que resuelve el proceso.

Así, en la etapa de investigación los fiscales cumplen una verdadera labor judicial, asegurando para ello la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, imponiendo, si lo consideran pertinente, medida de aseguramiento y, además, investigando tanto lo favorable como lo desfavorable al sindicado para garantizar la imparcialidad y transparencia que requiere toda investigación judicial. En vigencia de la Ley 600 de 2000, tanto al Fiscal como al Juez, les asiste el deber de cumplir con la investigación integral, tal como lo prescribe el artículo 20, entre otros aspectos para que dentro de los análisis correspondientes, les lleve a la certeza de la adecuación típica de la conducta, su antijuridicidad y culpabilidad, para poder predicar la existencia de un hecho reprochable penalmente. 2.1.4. El in dubio pro reo y la carencia de pruebas. Uno de los problemas más frecuentes que se observan dentro del proceso penal, es el del manejo inadecuado del in dubio pro reo o duda razonable, situación que se produce en el evento de pruebas, dentro de las cuales unas ofrecen argumentos para proceder a reconocer la responsabilidad penal, en tanto que otras, con igual peso, descartan tal responsabilidad, razón por la cual de vieja 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Rzo data, ante tal incertidumbre se le ofrece al juzgador la posibilidad de absolver, en aplicación a principios universales, de manera tal que la duda se torna favorable para el sindicado. La doctrina informa lo siguiente: “Duda en favor del sindicado, duda favorable. Principio en virtud del cual si tiene duda no puede condenar al acusado por un hecho criminal. Pertenece al elemento de la valoración probatoria y a la duda racional sobre los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo. Como tiene dicho la jurisprudencia, este principio sólo entra en juego cuando, efectivamente practicada la prueba, ésta no ha desvirtuado la presunción de inocencia o, dicho de otra manera la aplicación del referido principio se excluye cuando el órgano judicial no ha tenido duda alguna sobre el carácter incriminatorio de las pruebas practicadas” Por tanto, para aplicar este principio, debe mediar un análisis suficiente sobre las pruebas allegadas a la investigación, que no es más que la aplicación sistemática de las normas y principios penales, entre ellos, la obligación al operador judicial de la investigación integral, de que se trató anteriormente. Distinto es cuando no hay prueba, cuando lamentablemente desde un comienzo el proceso de investigación penal fue huérfano de prueba, por la inactividad del funcionario estatal encargado de administrar justicia, pero al momento de hacerse ostensible el error, de manera cómoda se invoca la presencia de indicios, para ocultar dicha inactividad y con ello enmascarar la responsabilidad del funcionario jurisdiccional, cuando ha mediado la detención preventiva. 2.1.5. Régimen aplicable.

Para reclamar perjuicios por razón de detenciones, se acude a la teoría de la Falla en la prestación del servicio. Para que se dé la configuración de responsabilidad en estos casos, se exige entre otros aspectos que la detención, sea INJUSTA, término que como lo manifiesta la Corte Constitucional “se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No 42340 (680012331000200600489 01) Rzo procedimientos legales, de forma tal que se torne evidentemente que la privación de la libertad, no ha sido apropiada, ni razonada conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”. 2.1.6. Falla en la prestación del servicio. Desarrollo Jurisprudencial en el tema de la detención injusta. El Consejo de Estado ha venido desarrollando toda una línea jurisprudencial en materia de detención injusta, que se encuentra reflejada en los siguientes extractos: “La Sección Tercera del Consejo de Estado en la interpretación del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, contenido en el decreto ley 2.100 de 1991, ha adoptado dos clases de posiciones: una tesis “subjetiva o restrictiva” y otra “objetiva o amplia”. La primera de esas tesis, “subjetiva o restrictiva”, condiciona la mencionada responsabilidad del Estado en cuanto a la conducta,

a que la imputada esté fundada en decisiones jurisdiccionales arbitrarias y abiertamente ilegales; al respecto pueden verse las siguientes providencias: - Sentencia proferida el 1º de octubre de 1992; sostuvo que la providencia judicial que ordenó la detención preventiva que causa el daño debe contener una decisión ilegal, ostensible y manifiestamente errada. - Sentencia dictada el día 25 de julio de 1994; precisó que “La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual”, de manera que “la absolución final (.) no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención”. -Sentencia expedida el día 15 de septiembre de 1994 en la cual se destacó que el error judicial es conducta que puede dar lugar a la responsabilidad del Estado; -Sentencia pronunciada el día 17 de noviembre de 1995, se precisó que fuera de los casos señalados en el artículo 414 del C. P. P. el demandante debe demostrar no sólo que la detención preventiva que se le dispuso fue injusta, sino que fue injustificada y que “habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no sería otra que el error jurisdiccional”. -Sentencia dictada el día 2 de octubre de 1996; indicó que “Para configurar la responsabilidad reclamada en este proceso, la privación de la libertad ha debido ser injusta, es decir fruto de decisiones contrarias al derecho o abiertamente arbitrarias, con desconocimiento de disposiciones tanto constitucionales como legales, constitutivas de verdaderas garantías de ese derecho fundamental de las personas, las cuales en ningún momento se

vieron vulneradas por la medida privativa de la libertad”. En la segunda tesis jurisprudencial sobre la responsabilidad del Estado causada en detención preventiva, “objetiva o amplia”, se sujeta esta responsabilidad y en cuanto a 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No 42340 (680012331000200600489 01) Rzo la conducta imputada a que la persona que ha sido privada de la libertad y que posteriormente ha sido liberada como consecuencia de una decisión de autoridad competente, ésta haya sido fundamentada en que el hecho no ocurrió, o no le es imputable o que no constituyó conducta punible, sin necesidad de valorar la conducta del juez o de la autoridad que dispuso la detención. La Sala adoptó la última posición jurisprudencial mencionada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991 y mediante la interpretación del artículo 414 del decreto ley 2.700 de 1991; expresó que bastaba la demostración de la antijuridicidad del daño imputable a la Administración para que se configurara la responsabilidad patrimonial del Estado, sin que fuera menester la evaluación de la conducta del funcionario judicial y la de comprobación de si la misma era errada, ilegal, arbitraria o injusta. Los principales lineamientos de esta jurisprudencia están

contenidos en las siguientes providencias: -Sentencia proferida el día 30 de junio de 1994, Exp. 9734. -Sentencia proferida el día 12 de diciembre de 1996, Exp. 10299. -Sentencia proferida el día 27 de septiembre de 2001, Exp.

11601. La Sala reitera lo manifestado en la sentencia proferida el día 27 de septiembre de 2001, así se dijo recientemente en sentencia proferida el día 14 de abril de 2002, Exp. 13606, porque considera que en estos eventos la responsabilidad del Estado existe cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de un sujeto que fue absuelto porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia”.

Normativamente las directrices para imponer medidas de aseguramiento para la fecha de los hechos eran entre otras la contenida en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000 (Código de Procedimiento Penal entonces vigente), en donde textualmente dice: “ARTICULO 356. REQUISITOS. Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención preventiva. <Inciso CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Se imp