PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Por la actuación irregular del agente estatal en ejercicio de sus

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por falla del servicio por muerte de un particular con armas de dotación oficial FALLA DEL SERVICIO-Daño antijurídico/DAÑO ANTIJURÍDICO-Por la actuación irregular del agente estatal en ejercicio de sus funciones/RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Acción de repetición en contra de los soldados responsables Tal y como se puede deducir de las pruebas que obran en el caso bajo estudio, y de acuerdo con los hechos narrados por los testigos, tanto particulares como militares, las circunstancias en las cuales resultó muerto el señor, en el presente asunto resulta evidente la existencia de una falla del servicio, constituida por la muerte causada a la víctima, con arma de dotación oficial, accionada por miembros del Ejército Nacional, que estando en servicio, obraron de manera dolosa, alterando la escena de los hechos y de los elementos de esta toda vez que la contaminaron. Lo anterior lleva a afirmar que el daño se produjo como consecuencia de una actuación irregular del agente estatal en ejercicio pleno de sus funciones y en tales condiciones se presentó una falla del servicio, por cuanto el mismo funcionó mal y no como debía ser, y este defecto de funcionamiento fue el que produjo el daño antijurídico. Por último, esta Delegada teniendo en cuenta que los hechos en que resultó muerto el señor se produjo ante una evidente falla en el servicio por la actuación dolosa del grupo de militares ya mencionados, y que la misma deja abierta la posibilidad de declarar la responsabilidad

administrativa y patrimonial de la Nación en cabeza del Ministerio de Defensa, debe recordarse el deber de incoar acción de repetición en contra de los soldados presuntamente responsables del daño antijurídico producido, de conformidad con el Art. 90 de la Constitución Política y en concordancia con la Ley 678 de 2001. EXCESO EN LA RESPUESTA DE LA FUERZA PÚBLICA-Jurisprudencia del Consejo de Estado EXCESO EN LA RESPUESTA DE LA FUERZA PÚBLICA-Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos FALLA DEL SERVICIO-Régimen aplicable según jurisprudencia del Consejo de Estado Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co J.Cruz R.

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.45799 (190012331000200800432-01) CONCEPTO No. 172 / 2013

Bogotá, D.C 20 de agosto de 2013

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctora Carlos Alberto Zambrano Barrera

E. S. D.

EXPEDIENTE: 190012331000200800432-01(45799)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: Estela Chapurri Balanta y Otros

DEMANDADO: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Sentido del concepto: Solicitud de REVOCAR la sentencia recurrida / Falla del servicio / Muerte de un particular con armas de dotación oficial, a manos de soldados de Ejército Nacional / El daño se produjo como consecuencia de una actuación irregular del agente estatal en ejercicio pleno de sus funciones / El halo negro periorificial no es otra cosa que el llamado tatuaje, lo que quiere decir que el cañón del arma con el que se hicieron los disparos quemó el cuerpo del occiso, por cuanto ellos se hicieron a una corta distancia o a quemaropa / Es posible haberse efectuado en condiciones de indefensión de este / No obra testimonio de enfrentamiento cuerpo a cuerpo / Indicio de responsabilidad.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda – Los hechos

2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.45799 (190012331000200800432-01) Como fundamento fáctico de las pretensiones, narra la demanda: En horas de lo noche del día 8 de marzo de 2007, el señor Carlos Andrés Churi

Llanos salió junto con su hermano Félix Antonio Churi Llanos a trabajar en el trapiche para la elaboración de panela. Que estando en la carretera vía al Municipio de Suárez, fueron detenidos por miembros del Ejército Nacional, los cuales se encontraban con un civil de nombre Raúl, motivo por el cual los hermanos se tranquilizaron. Después de amedrentarlos los obligaron a guardar silencio y a avanzar 5 kilómetros hacia a vía que conduce del corregimiento de San Francisco, conduciéndolos a una finca de propiedad de la señora Celia (N), los hicieron colocar boca abajo y los golpearon. Posteriormente, los miembros del Ejército, hicieron poner de pie al señor Félix Antonio Churi Llanos, gritándole uno de los soldados que salieran corriendo, porque si no lo iban a matar, éste sale corriendo en zigzag, resbalándose y cayendo al Río Cauca, lugar hacia el cual los miembros del Ejército disparan sus armas con el fin de causarle la muerte, saliendo ileso de tal atentado. Estando ya al otro lado del río el señor Félix Antonio Churi Llanos, escucha las súplicas de su hermano y los disparos. Al otro día 9 de marzo a la madrugada, se dirige a su casa en un vehículo tipo chiva y al pasar por el lugar donde mataron a su hermano Carlos Andrés, observó que estaba vestido de camuflaje haciéndolo pasar como guerrillero. La madre del fallecido Carlos Andrés Churi Llanos, mediante derecho de petición dirigido a la Defensoría del Pueblo solicita protección para su hijo Félix Antonio

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.45799 (190012331000200800432-01) quien fuera víctima y testigo de lo sucedido y los miembros de su familia ya que se yen amenazados. 1.2. Contestación de la demanda 1.2.1. Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional La entidad demandada dentro de la oportunidad legal procedió a contestar la demanda, oponiéndose a las declaraciones y condenas. Seguidamente expresa que no es cierto que sean los responsables de la muerte del señor Carlos Andrés Churi Llanos, pues para que pueda deducirse la responsabilidad estatal es necesario que se prueben los propuestos de acción u omisión de la entidad estatal, el daño antijurídico, el nexo de causaliddd material y el titulo jurídico de imputación. 1.3. Sentencia de primera instancia El Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, negó las pretensiones de la demanda. Sostuvo que su decisión fue debidamente argumentada, con apego a la normativa sustancial y procedimental, así como a las pautas jurisprudenciales sobra la materia. Señaló que el dictamen pericial de balística forense practicado por la Unidad del C.T.I. del Valle del Cauca, se establece que en el protocolo de necropsia practicado al cadáver del señor Churi Llanos, no se registra la presencia de tatuaje de

ahumamiento en orificio de entrada de los disparos, indicios que indicaran que estos habrían sido efectuados a corta distancia. Afirmó que las inconsistencias entre los hechos descritos en la demanda y la 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.45799 (190012331000200800432-01) declaración rendida por el hermano del difunto, entre otras cosas, llevaron a determinar que no existen elementos para tribuir responsabilidad al Ejército Nacional. 1.4. Argumentos de la apelación. El accionante mediante apoderado interpone recurso de apelación, mediante el cual expresa que de acuerdo con el acervo probatorio obrante en el expediente, el Tribunal del Cauca no podía desconocer o pasar por alto la descripción de las heridas producidas por arma de fuego, en razón a que el protocolo de necropsia practicado al cadáver del señor Churi Llanos en el Municipio de Suárez (Cauca) contiene datos que no se pueden pasar por alto tales como: “1.a. Orificio de entrada forma redonda de 0.3 x 0.3 cm localizada en hemitorax izquierdo a ala altura delas costillas flotantes a 16 cm de la línea media con halo negro periorificial. 2.a. orificio de entrada forma redondeada de 0.3 x 0.3 cm localizado en hemitorax izquierdo a 2 cm de la línea axilar anterior a 14 cm de la línea media,

con halo periorificial.

CASUA DE MUERTE: Heridas múltiples por proyectil de arma de fuego.

PROBABLE MANERA DE MUERTE: Violenta compatible con homicidio.” Considera que existe una evidente dicotomía en el Fallo recurrido. Por cuanto se acepta la prueba que señala y destaca la responsabilidad del Estado; pero por otro lado, se hace disquisición confusa y difusa, sin prueba alguna.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos.

Pueden ser expresados en los siguientes términos: 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.45799 (190012331000200800432-01) 2.1.1. ¿El Estado en cabeza del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional debe o no responder administrativa y patrimonialmente por el fallecimiento del señor Carlos Andrés Churi Llanos a manos de soldados del Batallón de Contraguerrilla No. 57 Mártires Puerres, en hechos que se presentaron como consecuencia de un presunto enfrentamiento con individuos al margen de la Ley en medio de un operativo organizado como parte de la funciones a cargo de los uniformados? 2.1.2. Hubo exceso en la respuesta por parte de los militares, teniendo en cuenta que reaccionaron presuntamente a la detonación de aproximadamente cinco disparos de armas cortas?

2.1.3. Los disparos que recibió la víctima fueron a quemaropa teniendo en cuenta que las misma según el protocolo de necropsia presentaban halo negro periorificial? 2.1.4. El halo negro periorificial en una herida producida por arma de fuego, significa que la víctima se encontraba en situación de indefensión? 2.2. Marco teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.45799 (190012331000200800432-01) Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como

simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 2.2.2. Régimen de responsabilidad aplicable La jurisprudencia contencioso administrativa ha establecido que en casos como el que nos ocupa, en el cual de los hechos se desprende que se está alegando por la parte demandante, un ilícito procedimiento militar; se debe analizar bajo la óptica de la falla en el servicio, con miras determinar la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad en el actuar de los miembros del Ejército Nacional. Al respecto el Consejo de Estado ha expresado1: "Así las cosas, a efectos de establecer si se incurrió en una falla del servicio, por desproporción en el uso de la fuerza pública, resulta imperativo precisar que el uso de la misma debe someterse a un juicio de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, para determinar si se ajustó a no a los parámetros legales y constitucionales, y así establecer si la reacción fue adecuada respecto de la agresión. En el caso concreto, se insiste, no se acreditó que el joven Jhon Fredy Giralda Hoyos era delincuente y menos que 1 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA

SUBSECCION C, Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, Bogotá D.C, veinticuatro (24) de marzo de dos mil once (2011). Radicación número: 05001-23-24-000-1994-00895-01 (20437), Actor: JOSÉ DE JESUS GIRALDO y OTROS, Demandado: NACION-MINISTERIO DE DEFENSA - POLlCÍA NACIONAL-, Referencia:

ACCION DE REPARACION DIRECTA

7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.45799 (190012331000200800432-01) estuviera realizando alguna actividad delictiva o estuviera armado, sin embargo, los agentes de policía le dispararon haciendo un uso desproporcionado e injustificado de la fuerza, lo que configuró una falla del servicio, pues se vulneró su derecho a la vida, que sólo puede ceder en estas situaciones o circunstancias, cuando se demuestre una legítima defensa o un estado de necesidad, pero siempre ponderando otro bien jurídico de igual rango, es decir, otra vida humana en términos de inminencia y urgencia. En consecuencia, concluye la Sala, que se le debe imputar a título de falla del servicio a la entidad demandada el daño antijurídico y por lo tanto, debe responder patrimonialmente"

2.2.3. Exceso en la respuesta de la fuerza pública. En sentencia del Consejo de Estado del veintidós (22) de junio de dos mil once (2011) Radicado número: 05001-23-25-000-1995-00048-01(20716) Magistrado Ponente Enrique Gil Botero sobre la desproporción en el uso de la fuerza pública se dijo: (…) “Efectuadas las anteriores consideraciones, y en atención a los medios probatorios señalados, para la Sala es evidente que en el caso concreto se incurrió en una falla del servicio por exceso de la fuerza pública2, como quiera 2 “A la luz de la realidad que se deja expuesta, el sentenciador encuentra que el caso sub examine no permite concluir prima facie, que por haberse dado la legítima defensa, la administración no responde. Si ella resultó excesiva, como en puridad lo fue, el centro de imputación jurídica demandado debe llevar su cuota de responsabilidad, y, por lo mismo, indemnizar los perjuicios causados en la proporción que corresponda. La ley colombiana, se enseña, sólo reconoce como legítima la que resulta proporcionada a la agresión. En ningún caso bendice o patrocina los excesos. Por ello el profesor Alfonso Reyes Echandía, en su obra "Derecho Penal, Parte, General. Editorial Temis", enseña: "La correspondencia entre defensa y agresión debe subsistir tanto en relación con los medios empleados, como respecto de los bienes puestos en juego. Esta proporción, en todo caso, no ha de entenderse en forma abstracta y de manera absoluta; es necesario determinar concretamente cuándo la defensa de un determinado bien o el empleo de cierto

instrumento justifican el sacrificio del interés perteneciente al agresor. En todo caso la valoración judicial de esta adecuación ataque-defensa, aunque obviamente se realiza ex post facto, requiere por parte del funcionario que deba calificarla un juicio ex ante, vale decir, un esfuerzo mental que lo sitúe idealmente en el escenario de los hechos, en forma tal que su decisión se ajuste en la medida de lo posible a la situación vivida por los protagonistas" (Obra citada, p. 170) (Destacado de Sala). “Dentro de la misma perspectiva discurre el profesor Juan Fernández Carrasquilla, cuando predica: "En cuanto a los bienes en conflicto, la proporcionalidad es la misma necesidad de la defensa. El agredido solo esta autorizado para causar el menor mal posible en las circunstancias del caso, de ningún modo para el “revanchismo”, y esto quiere decir que ha de dirigir su reacción contra el bien menos importante del agresor dentro de los que es necesario lesionar, conservando la utilidad de la defensa para suprimir el peligro de la agresión. Así, si es suficiente con matar al perro azuzado, no se tolerará la lesión corporal de quien lo incita; si lesionar es suficiente, no se permitirá matar; si basta con asustar o amedrentar, no se toleran lesiones o muerte...” (Derecho Penal Fundamental. Volumen II. Temis, pp. 337 y ss.). “(…) “Pero es más: La valoración de la realidad fáctica exige, igualmente, que el juez aprecie las condiciones subjetivas de las personas comprometidas en el conflicto, pues la comunidad demanda que la autoridad policiva esté especialmente

educada y preparada para hacerle frente a situaciones con el universo que tiene la que se estudia. Ella no puede acudir a 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.45799 (190012331000200800432-01) que el resultado fue desproporcionado en relación con la inminencia de la circunstancia. En casos similares, esta Corporación ha señalado: “En relación con los parámetros en el uso de la fuerza estatal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha puntualizado3: “74. El artículo 4.1 de la Convención estipula que “nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. La expresión “arbitrariamente” excluye, como es obvio, los procesos legales aplicables en los países que aún conservan la pena de muerte. Pero, en el caso que nos ocupa, el análisis que debe hacerse tiene que ver, más bien, con el derecho del Estado a usar la fuerza, aunque ella implique la privación de la vida, en el mantenimiento del orden, lo cual no está en discusión. Hay abundantes reflexiones en la filosofía y en la historia sobre cómo la muerte de individuos en esas circunstancias no genera para el Estado ni sus oficiales responsabilidad alguna. Sin embargo, como aparece de lo expuesto con anterioridad en esta sentencia, la alta peligrosidad de los

detenidos en el Pabellón Azul del Penal San Juan Bautista y el hecho de que estuvieren armados, no llegan a constituir, en opinión de esta Corte, elementos suficientes para justificar el volumen de la fuerza que se usó en éste y en los otros penales amotinados y que se entendió como una confrontación política entre el Gobierno y los terroristas reales o presuntos de Sendero Luminoso (supra párr. 52), lo que probablemente indujo a la demolición del Pabellón, con todas sus consecuencias, incluida la muerte de detenidos que eventualmente hubieran terminado rindiéndose y la clara negligencia en buscar sobrevivientes y luego en rescatar los cadáveres. “75. Como ya lo ha dicho esta Corte en casos anteriores, está más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda sociedad padece por las excesos como los que ahora se deploran. Los que infringen la ley deben ser sometidos en la forma más razonable posible, tratando de evitar, hasta el exceso, el uso de las armas. La ley y los reglamentos de la policía señalan, en forma muy precisa, en qué casos puede darse la legítima defensa. Esta es lícita, pero tiene contornos jurídicos muy claros. En esta oportunidad la Corporación reitera la filosofía que ha recogido en muchos fallos en los cuales ha predicado: La administración, cualquier que sea la forma de actuación y cualquiera que sea la realidad social sobre que recaiga, ha de respetar como algo Sagrado e inviolable, la dignidad de la persona humana, que es fundamento del orden político y de

la paz social. El Estado puede utilizar, con toda energía, dentro de los límites impuestos por el principio de proporcionalidad, todos los medios de que dispone para impedir que el hombre realice conductas antijurídicas, pero no tiene el poder de segar la vida humana, ni de torturar al hombre. La autoridad no es en su contenido social, una fuerza física. Los integrantes de la fuerza física deben actuar siempre con la especial consideración que demanda la persona humana, pues como lo dijeron Tomas y Valiente, al terminar una conferencia sobre la tortura judicial, en la Universidad de Salamanca, en 1971, no hay nada en la creación más importante que el hombre, que todo hombre, que cualquier hombre” (Resaltado fuera del texto). Sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, el 4 de marzo de 1993, expediente 7237. 3 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corteidh), sentencia Caso Neira Alegría y otros vs. Perú, sentencia del 19 de enero de 1995. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.45799 (190012331000200800432-01) infracciones a su orden jurídico. Pero, por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar

sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana (Caso Velásquez Rodríguez, supra 63, párr. 154 y Caso Godínez Cruz, supra 63, párr. 162).” “(…) “Como se desprende de los anteriores planteamientos, el uso de la fuerza y, concretamente, la necesidad de segar una vida humana se establece como un criterio de ultima ratio, es decir, que se trata del último recurso al cual debe acudir la fuerza pública para neutralizar o repeler un delito o agresión. No debe perderse de vista que el artículo 2 de la Carta Política asigna en cabeza de las autoridades públicas la protección genérica de la vida, honra y bienes de todos los asociados, inclusive frente a aquellos que pueden ser catalogados como delincuentes.”4 “Así las cosas, cuando se infringe este deber de usar la fuerza guiado por los principios de necesidad y proporcionalidad y si la conducta es atribuible a un agente del Estado en ejercicio de sus funciones se compromete la responsabilidad patrimonial de este último frente a las eventuales víctimas, por uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del Estado.” (negrillas, subrayado y cursivas del original). 2.3. Las pruebas obrantes. Principalmente se destacan las siguientes que obran al plenario:  Copia auténtica del registro civil de defunción del señor Carlos Andrés Churi Llanos (fl. 8 C Principal).  Protocolo de necropsia practicado al cadáver del señor Churi Llanos en el Municipio de Suárez (Cauca).

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia proferida el 26 de mayo de 2010, expediente 18.888. C.P. Enrique Gil Botero. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.45799 (190012331000200800432-01)  Informe pericial DRSO-LBAF 0572-2009, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Regional Suroccidente – Laboratorio de Balística Forense (fls 324 al 333).  Oficio N° 0182 del 9 de marzo de 2007, mediante el cual el Comandante Contraguerrilla Esparta del Batallón N° 57 Mártires de Puerres, con sede en Palmira, Valle, certifica que día de los hechos, miembros del Ejército Nacional, realizaron la misión táctica “Majestad” en la zona de los hechos. En los detalles del informe sé certifica la muerte de Carlos Andrés Churi Llanos.  Copia del Acta No. 081, de las Fuerzas Militares de Colombia – Ejército Nacional –Batallón de Contraguerrilla No. 57 “Mártires Puerres” en la cual se registra la cantidad de cartuchos de guerra disparados el día de los hechos en que resulto muerto el señor Churi Llanos (fl. 485).  Copias de la declaraciones recibidas por las Fuerzas Militares - Ejército

Nacional, de testigos que vivian en la zona rural en donde sucedieron los hechos. (fls. 262 a 280).  Copias de las entrevistas realizadas por la Policía Judicial, a algunos soldados (fl. 453 al 465).  Copia del oficio No. 056-41 dirigido por a Fiscal Especializada de la Unidad de Derechos Humanos a la Directora Ejecutiva de Justicia Penal Militar (fls. 139 a 141).  Copias de las declaraciones presentadas por soldados que intervinieron en los hechos en donde resulto muerto el señor Churi Llanos (fls. 251 a 260). 2.4. Caso concreto 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.45799 (190012331000200800432-01) En este orden de ideas, cabe advertir las siguientes situaciones, que llevan a esta Delegada de la Procuraduría General de la Nación a solicitarle al Honorable Consejo de Estado que se revoque el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca. En su orden son: 2.4.1. De las pruebas válidamente aportadas al proceso, se tiene que efectivamente el señor Carlos Andrés Churi Llanos falleció el día 8 de marzo del año 2007, en zona rural del Municipio de Buenos Aires (Cauca), como

consecuencia de varios impactos de arma de fuego. Sobre este tema no hay discusión. 2.4.2. De igual forma, se encuentra probado que las armas con las cuales se produjo la muerte del señor Churi Llanos, eran armas de dotación oficial asignadas a los miembros del Ejército Nacional, quienes se encontraban cumpliendo con un operativo en desarrollo de la Misión Táctica No. 06 “Majestad”, el cual tenía como fin neutralizar en caso de resistencia armada, dar muerte en combate a narcoterroristas de la cuadrilla móvil Miller Perdomo de las ONT-FARC; así mismo, está acreditado que los militares se encontraban cumpliendo funciones propias del servicio. Las dos circunstancias recién aludidas se encuentran demostradas tanto con fundamento en el informe elaborado por la las Fuerzas Militares - Batallón de Contraguerrilla No 57 "Mártires de Puerres", en el cual se da cuenta de los hechos que dieron lugar al fallecimiento del señor Carlos Andrés Churi Llanos. 2.4.3. Uno de los argumentos que señala el Tribunal del Cauca en la argumentación de su fallo, es su afirmación de que no hay presencia de tatuajes o cualquier otra expresión relacionada con disparos a quema ropa, lo cual no es cierto. Si leemos el protocolo de necropsia No. 002 practicada en la Dirección Departamental de Salud – Unidad Nivel I de Suárez por la doctora Paula Andrea Arboleda Orozco (fls. 415 al 422), al menos dos de las heridas de entrada de los 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.45799 (190012331000200800432-01) proyectiles, reportan halo negro periorificial, es decir, tatuaje negro alrededor del orificio de entrada, lo cual significa disparos a quemaropa. Ahora bien el dictamen practicado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Regional Suroccidente – Laboratorio de Balística Forense, (fls. 324 al 333) no ofrece respuestas definitivas, por el contrario, deja abiertos todos los interrogantes, lo cual significa que en modo alguno puede ser tomado como referente para una decisión absoluta de responsabilidad administrativa del Ejército Nacional. Lo que si se evidencia es que hubo contaminación en la escena de los hechos, o al menos en las prendas que vestía el occiso, tal como lo reporta el mismo dictamen antes aludido. Esto configura actos tendientes a alterar la escena de los hechos, lo cual constituye indicio de responsabilidad. 2.4.4. De acuerdo al informe que obra en el folio 485, hubo ciento noventa cartuchos de guerra calibre 5.56 mm Indumil, que fueron disparados y 60 de de calibre 7.62 mm surafricana, disparados entre otros por los militares que están relacionados en el acta No. 081 que obra a flo. 485. Según el mismo Ejército con el operativo encontraron una pistola 7.6 y un revólver calibre 38, significa lo anterior que no había proporcionalidad entre el supuesto

número de delincuentes, es decir dos (2) con armas cortas, una de las cuales tenía defectos, frente a 5 soldados que disparan gran cantidad de munición con armas de largo alcance. Lo anterior evidencia desproporción en la respuesta, que según el Consejo de Estado es a su vez una falla en el servicio. 2.4.5. En cuanto a las declaraciones que se recibieron por parte de las Fuerzas Militares, de testigos que vivían en el sitio rural de los hechos, todas son tendientes a demostrar que el hombre muerto era un delincuente peligroso, en este