PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Pronunciamiento del consejo de estado

FALLA EN EL SERVICIO-Por lesiones personales RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Marco teórico La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. RESPONSABILIDAD ESTATAL-El Consejo de Estado señala unos presupuestos para que proceda la declaratoria DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO-Hecho de un tercero RÉGIMEN A FORFAIT-Doctrina del Consejo de Estado CARGA PROBATORIA-Corresponde a la parte actora/DAÑO ANTIJURÍDICOPronunciamiento del consejo de estado Procede este Despacho a resolver los problemas jurídicos planteados en el presente concepto, iniciando con el tema de la carga probatoria correspondiente a la parte actora quien sin lugar a dudas aportó suficiente material probatorio al proceso, con el fin de demostrar en primer lugar el daño antijurídico, objeto de la reparación de la presente litis, no sin antes indicar que este debe ser “cierto, presente o futuro, determinando o indeterminable, anormal y que se trate de una situación jurídicamente protegida”, siendo este la pérdida de la pierna izquierda, situación que está debidamente probada con la historia clínica, que reposa en el expediente. Aunado a lo anterior, el Consejo de Estado ha sido reiterativo en sus pronunciamientos al señalar que la “antijuricidad del perjuicio no depende de la ilicitud de la conducta desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”. En otras palabras es aquel daño antijurídico que una persona no está en la

obligación de soportar, toda vez que no está sustentado en una norma jurídica, y claramente el señor… no estaba en el deber de soportarla. FALLA DEL SERVICIO-Debe estar soportado en dos elementos …, con respecto a la falla del servicio, es preciso apoyarse en los testimonios aportados al caso sublite, toda vez que debe estar soportada en la existencia de dos elementos siendo estos: 1. La existencia de una obligación normativamente atribuida a la entidad pública, y 2. que esta no haya atendido o cumplido oportuna o satisfactoriamente y la virtualidad jurídica del eventual cumplimiento de tal obligación, de haber interrumpido el proceso causal de la producción del daño. FALLA EN EL SERVICIO POR OMISIÓN-El Estado no cumplió con la obligación de haber dotado a los uniformados de los elementos necesarios para realizar esta labor de Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (59466) 50001233100020110038501 erradicar cultivos ilícitos Según las circunstancias en que se desarrollaron los hechos, este Despacho considera que está probado el daño injusto que sufrió y soportó el PT …, el 2 de mayo de 2009, cuando se encontraba dentro de la misión de erradicar cultivos ilícitos, con tan mala suerte que pisó una mina antipersonal, destruyéndole la pierna izquierda; daño que sin

lugar a dudas no tenía por qué soportar, pues si bien su función policial, le exige correr riesgos, para el caso sub lite, se le puso en estado de indefensión, toda vez que en primer lugar no existió la debida planeación, como bien quedó probado en los testimonios, el orden para el ingreso al cultivo a erradicar debió ser primero los del EMCAR, y después el Grupo Jungla. Aunado a lo anterior, este Delegado, no entiende ¿cómo el Grupo Jungla del cual hacía parte el PT…, quienes tenían a cargo apoyar y brindar seguridad a los uniformados de antinarcóticos y de la población, no contaban en su momento con los equipos necesarios para la detección de artefactos explosivos y aun así le es ordenado entrar de primeros al cultivo, exponiéndolos a un inminente peligro? Por lo anterior, queda ampliamente probada la falla en el servicio por omisión, pues el Estado no cumplió con la obligación de haber dotado a los uniformados de los elementos necesarios para realizar esta labor de alto grado de peligro, pues si bien el Estado en estos eventos asume la posición de garante como bien lo contempla el artículo 2 de la constitución política la cual señala que “ las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia , en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”. NEXO CAUSAL-En el caso sub lite está configurado Por lo que para este Representante del Ministerio Público es evidente que en el caso en estudio, existe el nexo causal, requisito indispensable para endilgar la responsabilidad patrimonial y administrativa a la entidad demandada, toda vez que se cuenta con un

hecho cierto en el cual se causó un daño por la mala actuación del Estado, como efectivamente ocurrió en el caso concreto, en el cual si se hubiera proveído de los medios técnicos y físicos para localizar los artefactos explosivos y determinar que la zona estuviera libre y segura de estas minas antipersonales no se le hubiera causado el daño al PT …, consistente en la amputación trastibial de pierna izquierda. HECHO DE UN TERCERO-Como causal de eximente de responsabilidad no puede ser aplicada en este caso/CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA-No procede en este caso Con relación al tema del hecho de un tercero, invocado por el apelante como causal eximente de responsabilidad, considera este Despacho, que esta teoría no puede ser aplicada al sub examine, toda vez, que si bien es cierto, la entidad demandada conocía de la situación compleja de los cultivos de coca, y que esta era la razón por la cual se requerían los grupos antinarcóticos y explosivos, para erradicar esta problemática de droga, razón por la cual, no se explica porque la entidad demandada sí tenían pleno conocimiento del riesgo al que se enfrentaban, porque no adoptaron acciones y medidas 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (59466) 50001233100020110038501 de protección, vigilancia y seguridad no solo para la población si no para el personal que

ingresaba a la zona de cultivo. De igual manera ocurre con la “culpa exclusiva de la víctima” también invocada por el apelante, la cual tampoco procede, puesto que el patrullero …, si bien se encontraba en el ejercicio de sus funciones, fue el Estado quien lo abandonó en el momento que permitió que este ingresara a la zona de alto riesgo, sin los elementos necesarios, y más aún de primero, cuando el que debió ingresar inicialmente era el EMCAR, despejando el área brindando seguridad no sólo al Grupo Jungla sino a toda la población. PERJUICIOS MATERIALES-No es procedente el reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante …, respecto al tema de los perjuicios materiales, el apelante indica que el PT …, “actualmente goza de pensión de invalidez producto de su disminución de la capacidad laboral del 91.50 y de su no reubicación laboral”, siendo esta afirmación para este Delegado, acertada y soportada mediante la Resolución No. 01128 del 25 de julio de 2010, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional Policía Nacional, por medio de la cual se reconoce pensión de invalidez, al PT (R) …, que reposa a folio 274 del cuaderno principal del Consejo de Estado, razón por la cual este Despacho considera que no le asiste razón al H. Tribunal Administrativo del Meta, al condenar en abstracto a la Nación – Ministerio de Defensa – policía Nacional, a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante en favor de …, las sumas que resulten liquidadas en el respectivo incidente que deberá proponer la parte actora en la forma y dentro de la

oportunidad legal, toda vez que se encuentra probado que el PT …, desde el momento de los hechos continuo percibiendo remuneración por parte del Estado, adicionalmente este se encuentra pensionado por invalidez y continua recibiendo los servicios de sanidad por parte de la Policía Nacional, por tal razón considera este Delegado que no es procedente el reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, toda vez que se estaría realizando un doble pago y por ende un enriquecimiento sin justa causa, como quiera que el lucro cesante obedece a una compensación o pago de lo que hubiera continuado percibiendo como salario o remuneración una persona de no haberse visto afectada en su salud por el daño antijurídico objeto de la reclamación. FALLA EN EL SERVICIO POR OMISIÓN-Es procedente la indemnización por daño moral y daño a la salud pero no es procedente el reconocimiento del lucro cesante Por lo que para este Delegado, es acertada parcialmente la posición tomada por el H. Tribunal Administrativo del Meta, en tal sentido que no es procedente en su totalidad lo solicitado por el demandante; en atención a lo anterior, esta Delegada concluye que efectivamente la entidad demandada, es administrativamente responsable con fundamento en la notoria falla en el servicio por omisión, con ocasión de los perjuicios irrogados a los actores por las lesiones (amputación de pierna izquierda) del Sr. … quien para la época de los hechos cumplía labores de Policía Antinarcóticos en el Departamento del Meta, por lo que proferirá concepto tendiente a instar al H. Consejo de Estado a CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo proferido por el Tribunal Contencioso

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (59466) 50001233100020110038501 Administrativo del Meta, en el entendido de que encuentra procedente la indemnización por daño moral y daño a la salud pero no es procedente el reconocimiento del lucro cesante, puesto que el actor desde el día que sufrió dicha lesión no ha dejado de percibir remuneración y además tiene reconocida pensión de invalidez. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (59466) 50001233100020110038501

CONCEPTO No. 174/ 2017

Bogotá D.C, 25 octubre de 2017

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente: Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 50001233100020110038501 (59466)

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA

ACTOR: Rubiel Rodríguez Quintero y otros

DEMANDADO: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Sentido del Concepto: Solicitud de CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo recurrido dentro de la Acción de Reparación Directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. Temas: Falla en el servicio por lesiones personales / Deber general de protección del Estado / No se consolida causal de exoneración por hecho de un tercero / Límites al deber de protección Estatal / la entidad demandada le reconoció pensión de invalidez a la víctima mediante Resolución No. 01128 del 25 de julio de 2010.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación, de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior, presenta ante la Sala, los siguientes elementos:

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda. El Señor Rubiel Rodríguez Quintero y otros, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (59466) 50001233100020110038501 Administrativo, entablaron demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía

Nacional, con el fin de que se le declare administrativamente responsable por las lesiones causadas en la humanidad del señor PT Rubiel Rodríguez Quintero, el 2 de mayo de 2009, cuando se encontraba en servicio de erradicación manual de cultivos ilícitos, adscrito a la Policía Antinarcóticos en el Departamento del Meta, pisó un artefacto improvisado (mina antipersonal) que estaba instalada en uno de los costados del cultivo, perdiendo la pierna izquierda. Narra en su demanda que el PT Rubiel Rodríguez Quintero, se encontraba apoyando la seguridad en la jurisdicción del municipio de Vista Hermosa en el sector de mata bambú. A la fecha del accidente con la detonación del artefacto explosivo, el señor PT Rubiel Rodríguez Quintero, llevaba 54 días de estar erradicando en el terreno, cumpliendo funciones de RADIOOPERADOR de ese grupo operativo adscrito a la Policía Antinarcóticos. 1.2 Sentencia de primera instancia. El Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, en falló de primera instancia del 29 de noviembre de 2016, concedió las pretensiones de la demanda, declarando y condenando a la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional, manifestando, en resumen, los siguientes argumentos:  No aceptó la Sala la afirmación dada por la entidad demandada en la contestación de la demanda, al mencionar con respecto a las características de los hechos del 2 de mayo de 2009 lo siguiente: “resulta imprevisible a la imaginación del ser humano, que un grupo al margen de la ley planeaban atacar mediante la modalidad de siembra de minas antipersonas”

pues para la entidad demandada era de conocimiento previo que en dicha zona militaban grupos insurgentes, toda vez que fue esta la razón para haber dispuesto que el grupo JUNGLA, apoyara la seguridad de la EMCAR., por lo que era absolutamente previsible cualquier clase de ataque.  Advirtió la Sala que el origen del daño, no está basado en la existencia de la mina 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (59466) 50001233100020110038501 antipersonal, sino en la omisión por parte de la entidad demandada, al no proteger con los elementos necesarios al personal que se encargaría de erradicar los cultivos ilícitos y contrarrestar ataques de esta naturaleza.  Expone que no tiene ninguna justificación la omisión de la entidad demandada, ya que era su deber entregar a sus policías todos los elementos necesarios para minimizar los riesgos a los que se exponían por el desarrollo de esta labor, incurriendo en un riesgo propio del servicio, y un actuar irresponsable.  Advirtió la Sala que no existe en el plenario prueba alguna que soporte la afirmación relacionada con que los uniformados hicieron caso omiso a las instrucciones impartidas, pues quedó demostrado que fue la ausencia de los elementos necesarios para la detección de minas antipersonales.

 Finalmente colige que el demandante no fue retirado del servicio una vez ocurridos los hechos que dieron origen a la presentación de la acción, pues solo hasta el 7 de febrero de 2011 se dispuso que el mismo no era sujeto de reubicación laboral, por lo que para la Sala el señor Rubiel Rodríguez, continuó vinculado a la entidad y por ende percibiendo su salario como patrullero. 1.3. Argumentos de la apelación. La apoderada de la parte demandada, presentó escrito de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, el 29 de noviembre de 2016, exponiendo los siguientes argumentos en contra del fallo:  Arguye que el “Ejército Nacional es la única entidad autorizada para realizar operaciones de desminado en Colombia”. Y por lo tanto la Policía Nacional no tiene por qué realizar esta labor, simplemente se debe encargar del acompañamiento y brindar seguridad a los grupos móviles de erradicación manual de cultivos ilícitos.  Agregó que: “la Policía Nacional, no puede constituirse en un ente omnisciente, omnipresente, ni omnipotente para que responsa indefectiblemente y bajo toda 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (59466) 50001233100020110038501 circunstancia, pues no tiene la oportunidad de prever un eventual ataque o situación

donde se active una mina antipersona, prueba de ello es que la fuerza pública ha sido la mayor víctima por este tipo de hechos en donde pese a tomarse las medidas preventivas rigurosas del caso y de existir protocolos prestablecidos para atender el procedimiento y dada la profesionalización de los uniformados, no se ha logrado evitar este tipo de riesgos”  Mencionó que la actividad que se encontraban desarrollando los uniformados policiales el 2 de mayo de 2009, en el Municipio de Vista Hermosa Mata de Bambú, consistía en apoyar al grupo EMCAR en la erradicación manual de cultivos ilícitos en compañía de campesinos contratados por Acción Social de la Presidencia de la República.  Explicó que los Comandos Jungla, “es la unidad policial operativa especializada de la Dirección Antinarcóticos, a través del cual se ejecuta operaciones de interdicción, erradicación, contra estructuras dedicadas a la oferta de drogas ilícitas y grupos al margen de la ley”.  Por lo anterior, dedujo que la actividad realizada por el Grupo Jungla, era clara desde el inicio, toda vez que se trataba de dar apoyo operacional y táctico al EMCAR y a los grupos campesinos erradicadores, siendo estos los encargados de custodiar la erradicación manual, y fortalecer militarmente a dichos grupos policiales, contrarrestando el accionar subversivo.  Concluyó que la lesión sufrida por el actor, se dio como consecuencia de la actividad de un tercero, el cual instaló la mina antipersona para evitar la erradicación de los cultivos ilícitos, por lo tanto existiría una eximente de responsabilidad del

Estado, siendo consecuencia directa de los riesgos propios del servicio los cuales son asumidos por los policías al momento de ingresar voluntariamente a la institución a realizar esta actividad de alto riesgo.  Ahora bien, respecto a los perjuicios materiales (lucro cesante) no entiende como el apoderado de la parte actora, solicitó el reconocimiento y pago del lucro cesante a 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (59466) 50001233100020110038501 favor del PT Rubiel Rodríguez Quintero, sin advertir que su poderdante actualmente goza de pensión de invalidez, producto de su disminución de la capacidad laboral del 91.50 y de su no reubicación laboral, por lo tanto considera que no es procedente el reconocimiento del lucro cesante toda vez que desde su lesión no ha dejado de percibir remuneración por parte del Estado, encontrándose pensionado por invalidez, por lo que estaría recibiendo doble pago, existiendo de esta manera un enriquecimiento sin justa causa.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas Jurídicos: Estos pueden ser formulados de la siguiente manera: 2.1.1. Por la parte demandada – NaciónMinisterio de Defensa – Policía Nacional  ¿La parte actora cumplió con la correspondiente carga de la prueba frente a la demostración de la presunta falla NaciónMinisterio de Defensa – Policía Nacional?

 ¿Es responsable pecuniaria y administrativamente la entidad demandada por los perjuicios sobrellevados por los actores con ocasión de las lesiones del PT Rubiel Rodríguez Quintero?  ¿En el caso concreto, la lesión producida en la humanidad del PT Rubiel Rodríguez Quintero, surgió con ocasión de la acción de un tercero, quien fue quien instaló la mina antipersona, siendo esta actividad una eximente de responsabilidad del Estado? 2.1.2. Por parte del Ministerio Público:  ¿Se causó un daño antijurídico a los demandantes como consecuencia de la de las lesiones del PT Rubiel Rodríguez Quintero, que justifique una reparación directa, 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (59466) 50001233100020110038501 o responde ésta a una muerte producida con ocasión de la relación laboral que lo vinculaba con el Estado, la cual se cubre con la indemnización a forfait?  ¿Le asiste razón al Tribunal Administrativo del Meta, al condenar a la entidad demandada, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, cuando el PT Rubiel Rodríguez Quintero, goza de pensión de invalidez producto de la disminución de la capacidad laboral de 92.08% y de su no reubicación laboral, siendo esta reconocida mediante Resolución No. 1128 del 25 de

julio de 2010? 2.2. Marco teórico. Serán tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento del concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano. c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (59466) 50001233100020110038501 2.2.2. Deber de Protección del Estado - Hecho de un tercero Resulta pertinente hacer mención a los señalamientos que se han efectuado en punto a la determinación de la responsabilidad estatal por los daños que, siendo inferidos por un tercero, se atribuyen a la falta de protección de la victima1. Así, en sentencia del 3 de febrero de 2000, dijo la Sala2: “el mandato que impone la Carta Política en el artículo 2º. inc. 2º., de que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades…, “ debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc, para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera.”3 Es que las obligaciones que son de cargo del Estado-y por lo tanto la falla del servicio que constituye su trasgresión-, han de mirarse en concreto, frente al caso particular que se juzga, tomando en cuenta las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo. Se le exige al Estado la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en

orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su 1 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, Bogotá, D.C., Veintitrés (23) De Abril De Dos Mil Nueve (2009), Radicación Número: 76001-23-31-000-1996-02664-01 (16923) 2 Expediente No. 14.787. Magistrado Ponente Dr. Alier E. Hernández Enríquez. 3 Cita original de la sentencia citada: “Sentencia del 8 de abril de 1998, expediente No. 11837.” 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (59466) 50001233100020110038501 incuria en el empleo de dichos medios, surgirá su obligación resarcitoria; si el daño ocurre, pese a su diligencia, no podrá quedar comprometida su responsabilidad.” (Se subraya) 2.2.3. Régimen a Forfait. Al respecto, el Consejo de Estado ha establecido4: “La doctrina, en el caso de accidente sufridos por agentes del Estado ha sostenido como norma general que la víctima no puede pretender más reparación de los derechos a la pensión de que es titular en virtud de su estatuto laboral. La aplicación de esta regla

llamada ‘Forfait de la pensión’ naturalmente hace referencia a los daños sufridos por un funcionario en ejercicio de sus funciones y en forma común. Por esta razón, el régimen de prestaciones suele estar en armonía con la actividad que se cumple. Así al asumir mayores riesgos profesionales se tiene derecho a una mayor protección prestacional. En el caso de los militares, por ejemplo, este principio se cumple, no sólo destinando un régimen de mayores prestaciones dados sus riesgos especiales sino también un régimen de excepción para soldados y oficiales ubicados en zonas especialmente peligrosas. En principio el régimen de indemnizaciones refleja estas ideas. Si las heridas o la muerte sufrida por un militar son causadas dentro del servicio que prestan, las prestaciones por invalidez o muerte las cubren satisfactoriamente. Tal es el caso del militar que sufre lesiones en combate o el agente de policía que muere en la represión del delito.” 2.3. Pruebas. Serán consideradas como pruebas aportadas legal y oportunamente, los siguientes documentos, los cuales son relevantes para responder los problemas jurídicos planteados:

1. Copia simple de la historia clínica de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, del PT Rubiel Rodríguez Quintero, de fecha 7 de mayo de 2009, en la cual 4 Ver entre otras sentencias de la Sección Tercera: Sentencia de 19 de agosto de 2004, Exp 15.791; Sentencia de 25 de julio de 2002, Exp. 14.000

12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (59466) 50001233100020110038501 se observa que al Patrullero, “hace seis días presentó amputación de pierna y pie izquierdo por mina antipersonal mientras erradicaba coca en puerto Toledo (Meta) amputación de quirúrgica en Hospital Villvicencio (sic) consulta por aumento del dolor en mu¿on,(sic) calor. ( a folios 1-80 del cuaderno de anexo).

2. Copia simple del acta de Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía N°17 registrada al folio N°356 del libro del Tribunal Médico Laboral de fecha

7 de febrero de 2011, en la cual concluye: “(…)

B. Clasificación de las lesiones o afectaciones y calificación de capacidad para el servicio: “INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL – NO APTO PARA ACTIVIDAD POLICIAL. Por articulo art 60 “b” (1) (a) NO REUBICACIÓN LABORAL.

C. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral: Le produce una disminución de la capacidad laboral de: Actual: NOVENTA Y DOS PUNTO CERO OCHO POR CIENTO 92.08%. Total: NOVENTA Y DOS PUNTO CERO OCHO POR

CIENTO 92.08%. (a folios 19 al 21 del cuaderno de pruebas No.1).

3. Copia simple de la Resolución No. 01128 del 25 de julio de 2010, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional Policía Nacional, por medio de la cual se reconoce pensión de invalidez, al PT (R) RODRIGUEZ QUINTERO RUBIEL, resolviendo:

“ARTÍCULO 1° Reconocer y ordenar pagar pensión de invalidez , a partir del 03 de agosto de 2011, fecha en la cual concluyen los tres meses de alta , teniendo en cuenta el 95% DEL SUELDO BASICO DE UN PATRULLERO, 1/12 PRIMA DE SERVICIOS , 1/12 PRIMA DE VACACIONES, SUBSIDIO DE ALIMENTACION Y 1/12 PRIMA DE NAVIDAD, al PT (R) RODRIGUEZ QUINETRO RUBIEL con cedula No. 93.137.817. PARAGRAFO 1° Reconocer y ordenar pagar un 4.5% sobre el valor de la pensión, para efectos de la sustitución pensional, se descontará este porcentaje adicional. ARTÍCULO 2° Cotizar de cada mesada pensional el 4% con destino a sanidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del Decreto 1795 de 2000. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (59466) 50001233100020110038501 ARTICULO 3° La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1796/2000, deberá realizar por lo menos una vez cada tres años, exámenes médicos de revisión al personal pensionado por invalidez. (A folio 254 del cuaderno principal del Con