PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Que la víctima no está obligada a soportar

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir y extorsión DAÑO ANTIJURÍDICO-Que la víctima no está obligada a soportar Se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Se torna injusta cuando no se cumplen con los principios de proporcionalidad y razonabilidad/PRIVACIÓN DE LA LIBERTADJurisprudencia de la Corte Constitucional La Corte Constitucional expuso el criterio antes mencionado en la sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, al revisar la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuando en relación con la privación injusta de la libertad, señaló el alcance del término “injusto” referido a dicha medida indicando que “se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”. Con el objeto, de que en cada caso en particular se realice un “análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”.

DERECHO A LA LIBERTAD-Es un derecho fundamental El derecho a la libertad es un derecho fundamental, que si bien, no es absoluto porque puede ser limitado en su ejercicio cuando las circunstancias lo ameriten, también es cierto que las medidas restrictivas no pueden ser arbitrarias o desproporcionadas al punto de desconocer la importancia de dicho derecho, y que en consecuencia se tornen en una privación injusta de la libertad. DAÑO-Culpa exclusiva de la víctima/EXIMENTE DE RESPONSABILIDADCulpa exclusiva de la victima El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley, eventos en los cuales se exonera de responsabilidad al Estado. Tampoco puede considerarse que en el presente asunto existió culpa exclusiva de la víctima, pues no se demostró que el sindicado, haya actuado con culpa grave o dolo en los hechos por los que fue investigado y procesado, por tal razón, no se configura evento alguno que permita exonerar de responsabilidad al Estado.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 470012331000200900283 01 (39755) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-354035 DETENCIÓN PREVENTIVA-Necesidad de dos indicios graves para proferirla

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 26 de septiembre de 2011

Doctor

DANILO ROJAS BETANCOURT

Consejero Ponente – Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 11–189

Acción: Reparación Directa Radicado: 470012331000200900283 01 (39755)

Actor: ORLANDO ALCIDES BONILLA ACOSTA y OTROS

Demandado: NACIÓN –FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – RAMA

JUDICIAL Honorable Señor Consejero: Estando dentro término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, mediante el cual se solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, con base en las argumentaciones que a continuación se exponen:

I. ANTECEDENTES Demanda En ejercicio de la acción de reparación directa por intermedio de apoderado judicial, los señores ORLANDO ALCIDES BONILLA ACOSTA actuando en nombre propio y en representación de los menores ORLANDO ALCIDES y 2 470012331000200900283 01 (39755)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-354035 JESUS JULIAN BONILLA SERRANO, DOMINGA CECILIA SERRANO GARCÍA, MARÍA DE JESUS ACOSTA R., BRIGIDA ISABEL BONILLA ACOSTA, DIANA MARIA ACOSTA BONILLA y JOSÉ JULIAN BONILLA ACOSTA, solicitaron al Tribunal Administrativo del Magdalena declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL - FISCALIA

GENERAL DE LA NACIÓN, de los perjuicios materiales y morales, que se les ocasionados con la privación de la libertad de la que fue objeto el señor ORLANDO ALCIBIADES BONILLA ACOSTA entre el 8 de abril de 2003 y el 17 de abril de 2006, como presunto autor de los delitos de concierto para delinquir y extorsión. Contestación Fiscalía General de la Nación Manifestó que no le constaban los hechos de la demanda, y que se atenía a los que resultaren probados dentro del proceso que guardaran relación con los hechos de la demanda, y que comprometieran su responsabilidad. Indicó que la captura fue dispuesta en cumplimiento estricto de las formalidades legales, que la medida de aseguramiento se sustentó en la probanza recopilada, las cuales también fueron suficientes para emitir acusación en su contra, por existir certeza de la materialidad de la conducta punible y el grado de probabilidad de su comisión por parte del sindicado. Como argumento adicional propuso la eximente de responsabilidad culpa exclusiva de la víctima, y la excepción de culpa determinante de un tercero. Rama Judicial 3 470012331000200900283 01 (39755) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-354035 Se opuso a las pretensiones de la demanda, y arguyó que su actuación fue oportuna y diligente, sin causar daño de ninguna índole a los accionantes. Agregó que la privación de la libertad objeto de demanda no tuvo su origen en el Juzgado Penal del Circuito de Santa Martha sino en determinación de la Fiscalía General de la Nación, entidad que pese a pertenecer a la Rama

Judicial, era independiente y autónoma, razón por la cual propuso la excepción falta de legitimación por pasiva de la Dirección Seccional de Administración Judicial. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 12 de agosto de 2010 el Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda, al considerar que si bien se había generado un daño a la parte actora, conforme a los hechos y pruebas arrimadas al proceso, se había configurado una causal eximente de responsabilidad en favor del Estado. Frente a la excepción de culpa de un tercero propuesta por la Fiscalía General de la Nación, señaló que ella se podía invocar como una causal eximente de responsabilidad y no como una excepción destinada a enervar la acción, razón por la cual indicó que la misma no estaba llamada a prosperar. Respecto de la falta de legitimación por pasiva invocada por la Rama Judicial, indicó que no estaba llamada a prosperar, pues la misma no impedía conocer el fondo del asunto y, por el contrario, se debía entrar a determinar si existe responsabilidad de la entidad en el presenta asunto. Dentro de las consideraciones de mayor relevancia que tuvo en cuenta el A quo para negar las pretensiones de la demanda, pueden citarse: “(…) Con base en los antecedentes relacionados precedentemente, estima la Colegiatura que ante la orfandad probatoria del presente proceso no se nos permite hacer un análisis detallado de las circunstancias que rodearon al 4 470012331000200900283 01 (39755) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-354035 imposición de una medida de aseguramiento en contra del ahora

demandante, por cuanto se echa de menos la providencia misma que le resuelve su situación jurídica, no obstante es del caso analizar los motivos que tuvo la Fiscalía para proferir resolución de acusación en su contra. (…) Al contrastar la norma en cita, con lo dicho por la Fiscalía en la resolución que calificó el mérito del sumario con acusación en contra del señor ORLANDO BONILLA ACOSTA se encuentra que era señalado directamente y sin equívocos, por los conductores y directos afectados señores GABRIEL VISBAL CASTAÑEDA Y CEDIEL IMAR PABON SALCEDO, como una persona que junto con los despachadores obligan a cancelar las conocidas “vacunas”, razón por la cual no podía ser desligado de la investigación y debía aclarar su situación legal en la etapa del juicio. (…) … Lo cierto es que el al momento de calificar el mérito del sumario por parte del instructor al Señor ORLANDO ALCIDES BONILLA ACOSTA, estaba plenamente sustentada probatoriamente la probable comisión de los delitos de concierto para delinquir y extorsión, debido a que existía una certeza de la comisión de los ilícitos, pues mediaba la existencia de una empresa criminal al servicio de grupos al margen de la Ley y existían pruebas que comprometían la responsabilidad del actor en la comisión de los mismos, como eran los señalamientos efectuados por dos víctimas de las supuestas “vacunas”, en suma se estima que se obró de conformidad con lo establecido por la ley. Así las cosas, al parecer de esta Corporación, la acusación efectuada por

la Fiscalía se encuentra totalmente ajustada a los presupuestos del artículo 397 del C.P.P. (Ley 600 de 200), por lo que se concluye que la privación de la libertad del señor OSWALDO DE JESUS BONILLA ACOSTA, no se encuentra revestida de un carácter injusto, pues aun cuando a su favor se profirió fallo absolutorio por los delitos investigados, el mismo se encontraba en posición de soportar dicha carga, teniendo en cuenta los hechos investigados, las pruebas inicialmente valoradas y las personas con las que se relacionaba y el ambiente en el cual desarrollaba sus actividades laborales, dando lugar primeramente al inicio de la investigación penal, segundo a la privación de la libertad y a que se le calificara el mérito del sumario con acusación ante el Juez de Conocimiento. Así mismo, la Sala se permite aclara que no reposa en el expediente la providencia de fecha 29 de abril de 2003 emanada de la Fiscalía especializada (sic) delegada (sic) ante los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Santa Martha, en la que según lo afirma el apoderado judicial demandante (fl. 6), se resuelve imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva al señor ORLANDO ALCEDES BONILLA ACOSTA por los delitos de concierto para delinquir y extorsión, no se tiene certeza, ni presunción de que haya sido objeto de recurso, oportunidades que otorga la ley al sindicado y/o imputado para hacer uso del derecho de defensa y contradicción, a fin de establecer por los medios conducentes su inocencia, toda vez que al plenario no fue allegado en su

integridad el proceso penal, lo que denota en un incumplimiento de la parte actora de la carga probatoria establecida en el artículo 177 del C.P.C., según el cual incumbe a las partes probar los supuestos de hecho de las 5 470012331000200900283 01 (39755) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-354035 normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, argumento procesal que tiene como pilar el principio de la auto responsabilidad de las partes y como aquella conducta procesal de carácter facultativa predicable a quien le interesa obtener favorablemente las pretensas en cualquier proceso. (…)” Conforme a lo anterior, el Tribunal encontró que existió rompimiento del nexo causal entre el hecho y el daño alegado, ya que conforme a la manera en que ocurrieron los hechos objeto de investigación, las pruebas arrimadas al proceso y las actividades desarrolladas por el actor, podía presumirse su integración al grupo de las autodefensas y su relación con el delito de extorsión, por cobrar dinero a los conductores de las busetas de los diferentes medios de transporte del Distrito de Santa Marta. En consideración del A quo, los actos del señor ORLANDO ALCIDES BONILLA ACOSTA trajeron como consecuencia la investigación penal adelantada en su contra, y la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva, atendiendo a que los delitos por los que se originó el proceso penal revestían un carácter social importante. Concluyó indicando que si bien es cierto se generó un perjuicio a la parte actora, no se demostró la ilegalidad o el carácter de injusta que revestía la

privación de la libertad, como quiera que ni siquiera se arrimó copia auténtica dela providencia que resolvió la situación jurídica del señor ORLANDO ALCICES BONILLA ACOSTA y tampoco se solicitó en la demanda. La apelación En consideración del apoderado de la parte actora, los cargos que en el proceso penal se formularon contra el señor ORLANDO BONILLA ACOSTA se cimentaron en informe de policía y meras falacias y declaraciones de choferes de buseta resentidos, y que si no se aportó la totalidad del expediente, la privación injusta de su libertad se demostraba con las demás decisiones emitidas en desarrollo de dicha actuación. 6 470012331000200900283 01 (39755) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-354035 Reclamó que el Tribunal no hubiese decretado una inspección judicial al expediente penal o, en su defecto, haber solicitado copia del mismo para poder emitir un fallo justo. Agregó que no es cierto que el señor ORLANDO BONILLA ACOSTA haya tenido un actuar irresponsable en los hechos por los que fue procesado, y que se encontraba demostrada la responsabilidad del Estado en la privación de la libertad de la que fue objeto, razón por la cual debía revocarse la decisión de primera instancia, y condenar a las entidades demandadas al pago de los perjuicios materiales y morales causados a la parte demandante.

I. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. Problemas Jurídicos Los problemas jurídicos a resolver en el sub examine son:  ¿El cumplimiento de los presupuestos normativos que autorizan la

privación de la libertad a las personas involucradas en la comisión de una conducta punible, exonera al Estado de la responsabilidad señalada en el artículo 90 de la Constitución Política?  ¿En el presente asunto existió culpa exclusiva de la víctima?

2. Análisis jurídico El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. 7 470012331000200900283 01 (39755) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-354035 Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia

del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. La parte demandada indicó que su actuación se surtió de conformidad con las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos. 8 470012331000200900283 01 (39755) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-354035 Es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal1 y la presunción de inocencia2, se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos3 que señala que "1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta…"; y la Convención Americana de Derechos Humanos4 que en su artículo 7º establece: "1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie

puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ella. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.”5 . Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e internacional ha señalado que la privación de la libertad se torna en injusta cuando no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar que el derecho a la libertad aun cuando no es absoluto si es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado. La Corte Constitucional expuso el criterio antes mencionado en la sentencia C037 de 5 de febrero de 1996, al revisar la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuando en relación con la privación 1 "Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”. 2 Constitución Política, artículo 29, inciso 4, “(…) Toda persona se presume inocente mientras no se la

haya declarado judicialmente culpable”. 3 Ratificado mediante la ley 74 de 1968 4 Ratificada por medio de la ley 16 de 1972 5 Este tema fue ampliamente estudiado por la Sección Tercera en las sentencias de 27 de noviembre de 2003, expediente 76001233100019950106801-14698 Saulo Emilio Mosquera, Consejera Ponente Dra. Maria Elena Giraldo y de 13 de noviembre de 2008, expediente 76001233100019950106401-16013 Nestor Aizneider Tovar Rivera con ponencia de la Consejera Myriam Guerrero de Escobar. 9 470012331000200900283 01 (39755) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-354035 injusta de la libertad, señaló el alcance del término “injusto” referido a dicha medida indicando que “se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”. Con el objeto, de que en cada caso en particular se realice un “análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a su vez, en sentencia de 21 de noviembre de 2007, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), en el caso de Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, en relación con el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos, reiteró: “El artículo 7 de la Convención tiene dos tipos de regulaciones bien diferenciadas

entre sí: una general y otra específica. La general se encuentra en el primer numeral: “[t]oda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales”. Mientras que la específica está compuesta por una serie de garantías que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente (art. 7.2) o arbitrariamente (art. 7.3), a conocer las razones de la detención y los cargos formulados en contra del detenido (art. 7.4), al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva (art. 7.5), a impugnar la legalidad de la detención (art. 7.6) y a no ser detenido por deudas (art. 7.7). (…) En suma, no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad esté consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación respeten los requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención. Valga señalar que este Tribunal ha reconocido como fines legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia6; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón el Tribunal ha

señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional7, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales8, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que 6 Cfr. Caso Servellón García y otros, supra nota 17, párr. 90, y Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 111. 7 Cfr. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de

2005. Serie C No. 135, párr. 197, y Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 106. 8 Cfr. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 228. 10 470012331000200900283 01 (39755)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-354035 permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención9”.

De esta manera, el hecho que la actuación de la Fiscalía General de la Nación se haya realizado en virtud del ejercicio de una facultad constitucional y cumpliendo las ritualidades que señala la ley penal, no la exime de la responsabilidad que le acarrea por sus actuaciones, si éstas ocasionan daños antijurídicos a los ciudadanos. La Constitución Política artículo 90, ha consagrado a cargo del Estado la responsabilidad de manera objetiva por los daños antijurídicos que ocasione con el actuar o las omisiones de las autoridades públicas, entre ellas, las autoridades judiciales y adicionalmente, la Ley estatutaria de la Administración de Justicia, (ley 270 de 1996), contempla la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, convirtiéndose estas normas en los pilares de la responsabilidad del Estado cuando estamos frente a actos u omisiones de las autoridades públicas relacionados con el actuar de la administración de justicia. También se expuso que el derecho a la libertad es un derecho fundamental, que si bien, no es absoluto porque puede ser limitado en su ejercicio cuando las circunstancias lo ameriten, también es cierto que las medidas restrictivas no pueden ser arbitrarias o desproporcionadas al punto de desconocer la importancia de dicho derecho, y que en consecuencia se tornen en una privación injusta de la libertad.

3. Caso concreto La parte actora sustentó su demanda en los hechos y omisiones que se citan a

continuación: “(…) 1.- Con informe policial No. 109-Grudes-Sijin-Demag, la Fiscalía General de la Nación dio inicio a la investigación criminal 131432, bajo la dirección el

señor Fiscal LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ adscrito a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional 9 Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 48, párr. 128. 11 470012331000200900283 01 (39755) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-354035 Humanitario posteriormente se radicó bajo el No. 1690 de la misma unidad quien dispuso que en la ciudad de Santa Martha se llevaran a cabo la captura de varias personas entre ellas el señor ORLANDO ALCIDES BONILLA ACOSTA capturado el día 8 de abril del año 2003; así como el allanamiento de varias viviendas entre las que se encontraba la habitación del hoy demandante. 2.- En Abril del año 2003 el señor ORLANDO ALCIDES BONILLA ACOSTA una vez capturado y puesto a disposición del fiscal competente rindió la respectiva diligencia de descargos, o indagatoria. 3.- Con providencia del fecha 29 de abril de 2003 el Fiscal… le resolvió la situación jurídica al señor ORLANDO ALCIDES BONILLA ACOSTA decretándole medida de aseguramiento, sin libertad provisional por el Delito de Concierto para Delinquir (Construcción – y Financiación de Grupos al Margen de la Ley)… 4.- Con fecha 17 de abril de 2006, mediante sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Martha, absolvió al señor ORLANDO ALCIDES BONILLA ACOSTA. 5.- Es de anotar. A.- Que el demandante ORLANDO ALCIDES BONILLA ACOSTA para la

época de los hechos laboraba en la EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO PÚBLIO URABNO (sic) COLECTIVO DE PASAJEROS “RODAMAR LTDA”, desempeñando el cargo de CONTROLADOR DE BUSETAS en el barrio María Eugenia de esta ciudad, con una asignación mensual de Un Millón Seiscientos Setenta y Cinco Mil ($1.665.000.oo) pesos mensuales. B.- Que la empresa de Transportes Rodamar Ltda.; continuó cancelando el correspondiente sueldo al señor ORLANDO ALCIDES BONILLA ACOSTA, mientras duró su detención, sin embargo es procedente la valoración y el pago de los perjuicios materiales atendiendo los principios de reparación integral y equidad. La entidad también pagó los honorarios del defensor. (…)” Culpa exclusiva de la víctima Pese a que el Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda por encontrar configurada una eximente de responsabilidad, esta Agencia del Ministerio Público considera que en el presente asunto debe declarase dicha responsabilidad patrimonial del Estado, ya que en el proceso penal adelantado en contra del señor ORLANDO ALCIDES BONILLA ACOSTA no se demostró que hubiera incurrido en una conducta dolosa o gravemente culposa que motivara su vinculación y afectación con medida de aseguramiento de detención preventiva. 12 470012331000200900283 01 (39755) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-354035 El artículo 70 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, señala que el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta

haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley, eventos en los cuales se exonera de responsabilidad al Estado. En el presente asunto las partes omitieron aportar piezas procesales importantes para establecer la legalidad de la medida restrictiva de la libertad de la que fue objeto el señor ORLANDO ALCIDES BONILLA ACOSTA; de las decisiones que fueron allegadas, puede analizarse si los elementos de prueba eran suficientes para adoptar dicha determinación. Frente a la procedencia de la detención preventiva, el artículo 356 de la ley 600 de 2000, señalaba que la detención preventiva se impondría cuando aparecieran por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso. Por resolución de fecha 2 de abril de 2004 la Fiscalía Veinte de la Unidad de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Bogotá, D.C., decidió proferir resolución de acusación en contra del señor ORLANDO ALCIDES BONILLA ACOSTA, como presunto autor de los delitos de concierto para delinquir y extorsión. Dentro de las elucubraciones realizadas respecto del acusado, la Fiscalía indicó (folio 301 – cuaderno 1): “(…) En relación con este procesado, obran como pruebas de cargo indicante de responsabilidad el verídico y no contradictorio testimonio del señor JOSE GABRIEL VISBAL CASTAÑEDA, quien luego de hacer un análisis sobre la problemática de las empresas de transporte, en especial RODAMAR, asevera que desde un año atrás están cobrando una vacuna de tres mil pesos diarios, destinados para los paramilitares, suma que han tenido que

cancelar producto de las amenazas de que han sido objeto y en virtud de que un compañero suyo fue asesinado por no acceder a sus pretensiones; en punto de los cargos que le atribuye al sindicado Bonilla Acosta, refiere que este es el jefe de ruta y trabaja a la par con otros despachadores. 13 470012331000200900283 01 (39755) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-354035 Por su parte el señor CEDIEL IMAR PABON SALCEDO (folio 6 y 7 del c-5 de copias), en su calidad de conductor de las empresas RODAMAR Y COORTRANSMAG, con pleno conocimiento de causa, señala a este justiciable como uno de los colaboradores de las cuotas extorsivas, al respecto refiere que en su condición de jefe de ruta de la empresa Rodamar, le exige a los conductores como taponero, la suma de mil y mil quinientos pesos para poder permitirles que trabajen. Concluye manifestando que el señor Orlando Bonilla y los despachadores son los que obligan a las mal llamadas “vacunas”. Estos dos testimonios al sentir de esta Delegada son dignos de credibilidad, como quiera que se ha estable