PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Responsabilidad de la administración

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Configuración de la privación injusta de la libertad/DAÑO ANTIJURIDICO-Responsabilidad de la administración Para el Ministerio Público se configura la privación injusta de la libertad cuando se establece de manera cierta que en contra de la demandante pesó medida de aseguramiento de detención preventiva y luego de ello se produce exoneración por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente, presupuestos que se encuentran acreditados por lo que se colige que la demandante sufrió un daño anormal que se tilda de antijurídico en cuanto no estaba en la obligación de soportar, surge de ello la responsabilidad de la administración y por lo tanto a ser indemnizada. La absolución a favor de la demandante se produjo porque no se consolidó ni reafirmó la prueba de cargo que se tuvo como soporte para detener y acusar, lo que llevó a la falta de certeza sobre su responsabilidad para condenar, y en tal virtud se le exoneró por duda, en aplicación del principio universal de in dubio pro reo. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Reconocimiento y pago de los perjuicios causados por la privación injusta de la libertad En concepto del Ministerio Público se debería acceder a las pretensiones de la demandante, condenando a la demandada al reconocimiento y pago de los perjuicios morales que se le causaron a la actora, los cuales se deberán estimar conforme a los lineamientos jurisprudenciales, arbitrium judicis, teniendo presente un daño de mediana magnitud. Respecto a los perjuicios materiales solicitados si bien éstos no fueron acreditados se

infiere de su injurada que desarrollaba actividades productivas en labores de agricultura y como consultora de belleza por lo que se presume la existencia de un ingreso mensual. Por ende el lucro cesante se deberá estimar y liquidar con base en el salario mínimo mensual durante el lapso de un año y 18 meses que duró la detención. 2 Expediente 43717

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 0171-2012

Bogotá D. C., 4 de julio de 2012 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA – SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente Doctora: OLGA MELIDA VALLE de DE LA HOZ

E. S. D.

Ref: Proceso 43717 (1100-1333 1036-2006-00049-01)

Acción Reparación Directa

Actor: Amanda Martínez Valero Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES 1.1. Amanda Martínez Valero, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda contra la Nación – Fiscalía General de la Nación para que se le declare administrativamente responsable por la privación injusta de la libertad de que fue víctima1(Cfr. fls. 2 a 10 C.1). 1.2. La Fiscalía se opuso a las pretensiones. Alude a las funciones del ente acusador previstas en los artículos 250 de la Constitución, 23 de la Ley 270 de

1996, 3° de la Ley 938 de 2004 y 215 del C.P.P. vigente para la época. Alega que la privación de la libertad no tiene el carácter de daño antijurídico, ya que la demandante tenía la obligación de soportar las consecuencias de la actividad 1 Privación de la libertad que se dio del 23 de octubre de 2003 cuando la Fiscalía la vinculó a investigación por el delito de rebelión, hasta el 5 de noviembre de 2004 cuando el Juzgado 3 Penal del Circuito de Bogotá le absuelve. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 3 Expediente 43717 judicial pues existían medios probatorios que comprometían su responsabilidad. Alega que con la decisión de la Fiscalía no se contraría la ley, por cuando no se está ante una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria o violatoria del debido proceso, pues las decisiones del ente acusador fueron motivadas, razonables y coherentes. Propuso como excepción la genérica (Cfr. fls. 374 a 388 C. 1). 1.3. El a-quo denegó las pretensiones al concluir que la detención de la demandante no fue injusta, arbitraria o ilegal, ni obedeció al capricho o al yerro de los operadores jurídicos sino a las especiales circunstancias del desarrollo de la investigación, en la que las pruebas que comprometían la responsabilidad sólo fueron desvirtuadas en el desarrollo de la misma (Cfr. fls. 442 a 448 C.8).

1.4. Apeló la demandante. Alega que existió falla en la prestación del servicio de administrar justicia por la ligereza en la labor investigativa, pues la resolución de acusación se emitió soportada en informes del CTI elaborados con base en información suministrada por supuestos reinsertados, según los cuales la demandante atendía como enfermera a guerrilleros heridos, información que nunca fue corroborada y que le fue suministrada a los investigadores del CTI por miembros del ejército, a quienes en ningún momento se les interrogó. Que la demandante fue absuelta penalmente de todos los cargos que le fueron imputados. Destaca la contundencia del fallo, que en lo relacionado con la demandante no fue objeto de apelación (Cfr. fls. 451 a 457 C.8)

2. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO De manera previa a cualquier consideración hay que señalar que el expediente está incompleto, pues no se encuentran cintas de VHS. En este momento el proceso está conformado por ocho cuadernos y un cuaderno de traslado de la demanda.

En la etapa probatoria fueron requeridos medios de comunicación para que allegaran las cintas de video con la noticia divulgada entre el 22 y el 24 de agosto de 2003, sobre la captura de la demandante como presunta integrante de las FARC (Cfr. fl. 5 C.2), aportando uno de ellos al proceso 2 cintas de VHS Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co

4 Expediente 43717 de todas las emisiones de los noticieros emitidos para los citados días, respuesta en la que además se informó que en dichas emisiones no obra nota relacionada con la captura de la señora Amanda Valero como presunta integrante de las FARC (Cfr. fl. 7 C.2). En providencia del 4 de septiembre de 2007 (Cfr. fl. 53) se indicó que dichas cintas se encuentran en la caja de videos del Despacho Judicial, pero tales videos no se relacionan como anexos cuando el expediente fue enviado a la segunda instancia (Cfr. fl. 358 C.1). El expediente que se remitió al Ministerio Público para esta intervención no cuenta con las mencionadas cintas, por lo que previo al fallo se deberá requerir para el envío de tales medios de prueba a la Sala, la que debe contar con la totalidad de la actuación para el estudio previo del fallo. El Ministerio Público estima que la carencia de tales cintas no obsta para emitir su opinión, pues su contenido sólo incidiría en la cuantificación del perjuicio, tema que se deberá estimar arbitrium iudicis de acoger los planteamientos consignados en este concepto. 2.1. Caducidad La absolución en favor de la demandante se produjo el 5 de noviembre de 2004 y la demanda se presentó el 2 de noviembre de 2006 (Cfr. fl. 10 vto), dentro del término previsto en el artículo 136 del C.C.A.. 2.2. Legitimación Al proceso se allegaron copias de la actuación penal seguida contra la señora Amanda Martínez Valero, de la cual se infiere su entonces condición de

sindicada. Obran en el expediente copias de las providencias mediante las cuales se resuelve situación jurídica y formula acusación y el fallo absolutorio, con las cuales acredita la condición de afectada directa. 2.3. Daño Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 5 Expediente 43717 No se cuenta dentro de la actuación con informe, certificación o constancia sobre la reclusión de la demandante, ni del tiempo que duró y lugar donde se llevó a cabo, por lo que para su determinación hay que acudir a las copias del proceso penal, de las que extractamos lo siguiente: i) El 21 de octubre de 2003 la Fiscalía libró orden de captura en contra de la hoy demandante (Cfr. fl. 277 C.3) Mediante Resolución del 22 de octubre de 2003 la Fiscalía Seccional 286 de la URI de esta ciudad dispuso la práctica de allanamientos a los inmuebles establecidos en labores de inteligencia y verificación realizados por el CTI (Cfr. fls. 281 a 285 C.3). ii) El 23 de octubre de 2003 se llevó a cabo allanamiento y registro al inmueble habitado por la demandante (Cfr, fls. 294 a 296 C.3), diligencia en la que se hizo efectiva su captura y para su custodia se le dejó a disposición del comandante BAPOM 13 (Cfr. fls. 297 y 298 C.3). Se le escuchó en indagatoria

el día 24 siguiente (Cfr. fls. 82 a 85 C.4), ordenando el ente acusador su encarcelación para resolver la situación jurídica (Cfr. fls. 135 y 138 C.4). iii) Mediante Resolución del 30 de octubre de 2003 le fue resuelta la situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva (Cfr. fls. 151 a 170 C.4), librando la respectiva orden de detención (Cfr. fl. 179 C.4). iv) El 7 de abril de 2004 la Fiscalía Seccional 239 de Bogotá profirió resolución de acusación en contra de la demandante (Cfr. fls. 283 a 323 C.1). v) El 18 de agosto de 2004 el Juzgado 3° Penal del Circuito de Bogotá solicitó a la Dirección de la Cárcel el Buen Pastor el traslado de la señora Amanda Martínez al Juzgado, para práctica de diligencia judicial (Cfr. fl. 78 C.5). vi) El 20 de agosto de 2004 el Juzgado Tercero Penal del Circuito remitió al INPEC permiso de traslado de la señora Amanda Martínez Valero detenida en la Cárcel de Mujeres el Buen Pastor a la Picota, para visita conyugal (Cfr. fls. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 6 Expediente 43717 61, 62, 94 y 186 C.5). vii) El 5 de noviembre de 2004 el Juzgado 3° Penal del Circuito favorece profirió

con sentencia absolutoria a la señora Amanda Martínez Valero, concediéndole la libertad provisional (Cfr. fls. 251 a 264 C.5), para lo cual la demandante prestó caución prendaria (Cfr. 269 y 273 C.5) y el 10 de noviembre de 2004 se libró la respectiva boleta de libertad con destino a la Dirección de la Cárcel el Buen Pastor (Cfr. fl. 282 C.5) Del conjunto probatorio referido se evidencia que la demandante estuvo privada de la libertad desde el 23 de octubre de 2003 hasta el 10 de noviembre de

2004. En concepto del Ministerio Público se ha establecido que la actora vio conculcado derecho fundamental como lo es la libertad, daño que como consecuencia de la absolución de responsabilidad penal se torna en antijurídico. 2.4. Titulo de imputación Como lo ha sostenido esta agencia del Ministerio Público en otras oportunidades[1], el título de imputación de responsabilidad a la administración en los casos de privación injusta de la libertad es objetivo, cuando se absuelve por razones que se relacionan con la objetividad misma de la conducta ilícita[2]. 2.2.1. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha delimitado el marco de la responsabilidad objetiva de la administración por casos de privación injusta de la libertad a los eventos previstos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y a los casos en que se aplique el in dubio pro reo (strictu sensu). En sentencia de 20 de febrero de 2008, expediente 15980, se expresó: “En estos eventos, la Sección Tercera ha explicado en varias ocasiones

ocasiones[3], al interpretar el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991[4] (C. de P. P.), que la responsabilidad del Estado es de carácter objetivo y que, por lo tanto, no [1] Entre otros conceptos del 2010: 19 de enero (006) Exp 37104, 8 de febrero (024) Exp 36291, 16 de junio (145) Exp 37809 y 21 de julio (178) Exp 38365. Recientemente se ha tratado el tema en los conceptos de 29 de noviembre (282) Exp. 38895 y de 1° de diciembre (285) Exp. 39029 [2] Concepto 178 del 21 de julio de 2010 Exp. 38895 [ 3] [Pie de página de la cita] Sentencias que dictó la Sección Tercera: 30 de junio de 1994. Exp: 9734. Actor: Nerio José Martínez Ditta. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández; 12 de diciembre de 1996. Exp: 10.299. Actor: José Ángel Zabala Méndez.; 27 de septiembre de 2001. Exp: 11.601. Actor: Ana Ethel Moncayo. Consejero Ponente: Dr. Alier Hernández Enríquez; 4 de abril de 2002. Exp: 13.606. Actor: Jorge Elkin Mejía Figueroa. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez; 27 de noviembre de 2003. Exp: 14.530; Actor: José María Gerardo Chaves López y otros.

Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez. [ 4] [Pie de página de la cita] Publicado en el Diario Oficial 40.190 el 30 de noviembre de 1991

Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 7 Expediente 43717 hay lugar a valorar la conducta de la autoridad que ordenó la detención. En otras providencias[5], se concluyó además, que la responsabilidad del Estado se configura cuando se demuestra que la absolución del sindicado se debió a que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible. La posición actual de la Sala, plasmada en providencia del 18 de septiembre de 1997[6] y reiterada recientemente[7], amplió la responsabilidad objetiva en los casos de privación injusta de la libertad, por cuanto ahora el daño se configura no solo ante la ocurrencia de los 3 supuestos previstos en el artículo 414 del C. de P. P., sino también cuando la absolución del sindicado se produce por la aplicación del principio del “in dubio pro reo” , pues en los casos de duda sobre la responsabilidad penal de un sindicado, que conlleven a su absolución, debe entenderse que la privación de la libertad fue injusta, en aplicación de los principios de buena fe y de presunción de inocencia[8] y que, esa situación - que la privación sea injusta - constituye uno de los elementos de la responsabilidad como es el daño, que resulta, por tanto, imputable al Estado.” (resalto y subrayo) 2.2.2. Actualmente, la tendencia mayoritaria de la Sección Tercera ha adoptado como

criterio general que se imputa responsabilidad objetiva cuando el daño proviene de la privación de la libertad que se considera injusta siempre que el investigado termina absuelto. Frente a esta interpretación se ha postulado que, con fundamento en una lectura estricta y desde la dogmática penal de la norma, las hipótesis que comprende el artículo 414 del

C. P. P. de 1991 corresponden a eventos en los cuales se concluye que no se configura en el caso ni siquiera el elemento de tipicidad. En consecuencia, en los casos en los que se exonere de responsabilidad penal porque opera una causal eximente de antijuricidad o de culpabilidad la disputa sobre la responsabilidad que obliga a indemnizar ha de resolverse con el título de imputación ordinario: La falla en el servicio. “(…) las causales eximentes de responsabilidad penal que desvirtúan la antijuricidad o la culpabilidad, no están contenidas en ninguno de los tres eventos regulados en el artículo 414 del C.P.P. de 1991, esto es: i) que el hecho no existió, ii) que el sindicado no lo cometió, o iii) que no constituía hecho punible. [ 5] [Pie de página de la cita] Sentencia que dictó la Sección Tercera el 18 septiembre de 1997. Exp: 11.754. Actor: Jairo Hernán Martínez Nieves. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández, reiterada en sentencia del 4 de diciembre de 2003. Exp: 13.168. Actor: Audy Hernando Forigua y otros. Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

Sentencias que dictó la Sección Tercera el 5 de diciembre de 2007: Exp: 15.431. Actor: Ismael Enrique Peña Galvis.

Demandado: Nación, Ministerio de Justicia. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. Exp: 16.195. Actor: Henry Marín Garzón y otros. Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. Exp: 16.591. Actor: Alberto Mesías Chávez y otros. Demandado: Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. Exp: 16.629. Actor: Melquisedec López Poveda y otra. Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Saavedra Becerra. [ 6] [Pie de página de la cita] Sentencia que dictó la Sección Tercera el 18 septiembre de 1997. Exp: 11.754. Actor: Jairo Hernán Martínez Nieves. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández. [7] [Pie de página de la cita] Sentencias que dictó la Sección Tercera: 4 de diciembre de 2003. Exp: 13.168. Actor: Audy Hernando Forigua y otros. Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez; 5 de diciembre de 2007. Exp: 16.629. Actor: Melquisedec López Poveda y otra. Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

[8] [Pie de página de la cita] “ARTICULO 445. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente responsable. En las actuaciones penales toda duda debe resolverse a favor del sindicado”. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 8 Expediente 43717 (…) (…) las tres circunstancias definidas por el legislador hacen referencia al tipo penal, mas no a los restantes elementos de la conducta punible. Y, si bien el último acontecimiento menciona el “hecho punible”, lo cual podría dar a entender que cualquier causal eximente de responsabilidad generaría el derecho a ser indemnizado sin ninguna consideración subjetiva, lo cierto es que la interpretación sistemática, histórica y teleológica de la norma permite concluir que el legislador determinó circunscribir esas tres hipótesis a sucesos en los que el funcionario judicial encuentra que el tipo penal no está configurado, esto es, que la conducta no es típica. En efecto, si el hecho no existió no es posible predicar la materialización de la acción contenida en el tipo; de otra parte, si el sindicado no lo cometió, a él no le es imputable objetivamente razón por la que tampoco se configura la tipicidad respecto del sindicado y, finalmente, si la conducta no constituía hecho punible, es porque no se encontraba así tipificada en el ordenamiento jurídico. En consecuencia, cuando se precluye un proceso penal por el hecho de haber

operado una de las causales de exoneración de la responsabilidad penal que desvirtúan la antijuricidad del comportamiento (v.gr. legítima defensa o el estado de necesidad, etc.) o la culpabilidad del mismo (v.gr. error de prohibición o de tipo, fuerza mayor o caso fortuito, etc.), no resulta admisible enmarcar la absolución en cualquiera de los tres supuestos establecidos en la segunda parte del artículo 414 del C.P.P. de 1991; a contrario sensu, cuando se absuelve a una persona porque su conducta no fue antijurídica o culpable, lo procedente es reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación de la libertad, pero con fundamento en la primera parte del precepto en comento, razón por la que será necesario acreditar que la limitación de la libertad ostentó el carácter de injusta, es decir, habrá que imputar el daño en cabeza de la administración pública con fundamento en la prueba de una falla del servicio. (…) (…) cuando la absolución se genera por la verificación de que la conducta sí existió y era típica, pero no antijurídica o culpable, lo cierto es que corresponde al ciudadano en aras de obtener la correspondiente reparación del daño que supuso la privación de la libertad, acreditar que la misma provino de una falla del servicio como por ejemplo de un análisis inadecuado de las pruebas o de los indicios en que se fundamentó la medida de aseguramiento o de restricción de la libertad.” [ 9 ] (resalto y subrayo) 2.5. Caso concreto Investigadores del CTI dieron cuenta que “una fuente” les informó de algunos

integrantes de la red de apoyo de frente de las FARC; se indicó que la hoy demandante era quien coordinaba la atención médica de los terroristas heridos, expresaron los investigadores que procedieron a verificar las direcciones de los [9] Sección Tercera, sentencia de 5 de noviembre de 2009. Exp 17.117. Aclaración de voto del Consejero Enrique Gil Botero Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 9 Expediente 43717 inmuebles señalados por la fuente estableciendo que la demandante habitaba en uno de ellos (Cfr. fl. 4 C.3). Con base en dicha información se dispuso por la Fiscalía establecer la plena identificación de quien era tildada como colaboradora de la subversión. En cumplimiento de misión de trabajo se elaboró retrato hablado (fl. 107 C.3) y allegó copia de la tarjeta decadactilar que reposa en la Registraduría Nacional del Estado Civil (Cfr. fls. 148 y ss. C.3), suministrando datos como documento de identidad, fecha de nacimiento, nombre de los padres y grado de instrucción, entre otros (Cfr. fl. 116 C.3). La imputación e individualización hecha por los investigadores del CTI llevó a que la hoy demandante fuera tenida como implicada y fuera sometida al proceso penal que culminó con fallo absolutorio. La motivación del fallo absolutorio es referente necesario para determinar el

régimen de responsabilidad aplicable. La absolución de la demandante se fundamentó en lo siguiente: “… En efecto: contrario al criterio de certeza que predicó la Fiscal en el aludido acto procesal, fundamento con el cual solicitó sentencia de condena para los acusados, la simple información supuestamente transmitida por el personal del RIME 5 del Ejército Nacional, a los servidores del CTI, misma que estos en nada pudieron verificar como así lo admitieron los investigadores JUAN CARLOS DIAZ RAYO y JOSE IGNACIO LOSANO LOSANO, y la cual se declara gravemente afectada de confiabilidad, no solamente por el bajo perfil de efectividad que incluso le atribuyeron éstos en sus relatos y sobre la cual llamaron la atención algunos defensores en la audiencia pública, sino también frente al hecho de desconocerse por completo en los autos, tanto los nombres del personal militar que presuntamente percibieron los hechos delictivos atribuidos a los acusados, como las demás circunstancias que inequívocamente condujeron a admitirlos creíbles, como hipótesis que en todo caso también debía infirmarse o corroborarse con otros medios de prueba legalmente aducidos a los autos. La total ausencia probatoria que se viene de advertir y sobre la cual era necesario profundizar para los fines de toda investigación penal, ciertamente que no se admite superada con el simple contenido de un documento rotulado “ORDEN DE BATALLA CUADRILLA ‘ VLADIMIR ESTIVEN” en donde al menos algunos de los aquí procesados resultan señalados como miembros de la subversión, y tampoco con los testimonios de los señores DAGOBERTO PEÑA

Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 10 Expediente 43717 QUINTERO (…) y DAIMER ANDREY ZAPATA LAGUNA (…) reinsertados como miembros de la FARC. (Cfr. fls. 260 a 261 C.5) […] Así que, probatoriamente hablando y en rigor de verdad, los cargos formulados contra algunos de los aquí procesados, por los mencionados reinsertados se tornan gravemente interesados, sospechosos y nada dignos de credibilidad, contrario al criterio bastante simplista que en ese sentido expresara el fiscal acusador, en el calificatorio, exponiéndose al consiguiente reproche que cualquier examinador prudente le debe formular, por haber fallado burdamente en la interpretación de la sana crítica y desde luego en las reglas de la experiencia, al desconocer profanamente que el interés, de cualquier naturaleza, junto con el error que haya influido seriamente en la percepción del hecho relatado por el testigo, perturban la razón, manchan la confiabilidad y credibilidad respecto de la veracidad del testimoniante (…) (Crfr. fl. 261 C.5 o Anexo 3). […] Por manera que, careciendo en lo absoluto de cualquier respaldo probatorio, la información al parecer rendida por la autoridad militar, en forma por demás anónima habida consideración de que en los autos ni siquiera se conocieron los nombres de quienes supuestamente aprehendieron el conocimiento fáctico y de

naturaleza delictiva imputado a los ahora encartados, junto con otros, mismo que se transmitió a los investigadores del CTI señores JUAN CARLOS DÍAZ RAYO y JOSE IGNACIO LOSANO LOSANO, quienes no pudieron concretar nada serio en las labores que desarrollaron conforme lo admitieron en sus testimonios, mantendrá plena vigencia la declaratoria de inocencia que en sus descargos de injurada predicaron (…) AMANDA y HERLANDY MARINEZ (sic.) VALERO (…) conforme en nombre de cada uno de estos lo plantearon y solicitaron sus Defensores en la audiencia pública, en completa oposición a la tesis que allí formuló la Fiscalía, última quien en la anterior disertación encontrará las razones del porqué no acoge el Despacho su pedimento de condena. Por lo tanto, los mismos serán absueltos de todos los cargos por los cuales fueron convocados en juicio criminal, en el presente juicio, por una conducta punible relacionada con REBELION” (Cfr. fl. 262 C.5 o Anexo 3) La información de los investigadores del CTI dio lugar en su momento a la vinculación y detención de la demandante, pero tenía que ser verificada dentro del proceso. Al momento del fallo no fue posible contar con otros medios probatorios que corroboraran la imputación, restándole credibilidad a la prueba incriminatoria, por lo que fue absuelta la entonces procesada. Para el Ministerio Público se configura la privación injusta de la libertad cuando se establece de manera cierta que en contra de la demandante pesó medida de aseguramiento de detención preventiva y luego de ello se produce exoneración por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente, presupuestos que se

Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 11 Expediente 43717 encuentran acreditados por lo que se colige que la demandante sufrió un daño anormal que se tilda de antijurídico en cuanto no estaba en la obligación de soportar, surge de ello la responsabilidad de la administración y por lo tanto a ser indemnizada. La absolución a favor de la demandante se produjo porque no se consolidó ni reafirmó la prueba de cargo que se tuvo como soporte para detener y acusar, lo que llevó a la falta de certeza sobre su responsabilidad para condenar, y en tal virtud se le exoneró por duda, en aplicación del principio universal de in dubio pro reo. En concepto del Ministerio Público se debería acceder a las pretensiones de la demandante, condenando a la demandada al reconocimiento y pago de los perjuicios morales que se le causaron a la actora, los cuales se deberán estimar conforme a los lineamientos jurisprudenciales, arbitrium judicis, teniendo presente un daño de mediana magnitud. Respecto a los perjuicios materiales solicitados si bien éstos no fueron acreditados se infiere de su injurada que desarrollaba actividades productivas en labores de agricultura y como consultora de belleza (Cfr. fl. 14 C.1) por lo que se presume la existencia de un ingreso mensual. Por ende el lucro cesante se deberá estimar y liquidar con base en el salario mínimo mensual durante el lapso de un año y 18 meses que duró la detención.

De conformidad con las consideraciones precedentes, el Ministerio Público, respetuosamente, solicita al H. Consejo de Estado se revoque la sentencia apelada y, en su lugar se condene a la demandada, en los términos precisados en este concepto. Del Honorable Consejo de Estado, respetuosamente,

FRANCISCO MANUEL SALAZAR GÓMEZ

Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 12 Expediente 43717 fbo Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co