PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Se acredita la relación de causalidad existente entre la acción de

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por falla del servicio FALLA EN EL SERVICIO-Emplearon de manera desproporcionada el uso de la fuerza De conformidad con el material probatorio antes descrito, el Tribunal encontró acreditado que el señor murió como consecuencia del disparo causado por miembros de la Policía Nacional, mediante el uso de armas de fuego de dotación oficial, con ocasión y en razón del servicio, según se evidencia del informe de necropsia, de balística y de la prueba testimonial, y que por tales motivos se encuentra configurada la falla del servicio por parte de la Policía Nacional, pues se acreditó que emplearon de manera desproporcionada el uso de la fuerza al realizar de forma indiscriminada disparos en una zona que al momento de los hechos era altamente concurrida. Así mismo se acredita por el dictamen que las lesiones fueron por la espalda. FALLA EN EL SERVICIO-Carencia de material probatorio para demostrar la causal eximente de culpa exclusiva de la victima Es claro para esta Delegada, que de las pruebas allegas al proceso no se encuentra demostrado que el accionar de los miembros de la Policía Nacional estuviera enmarcado en un actuar proporcional a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, puesto que de las pruebas testimoniales referenciadas en el acápite de las pruebas obrantes, no se demuestra que en algún momento los policías hubieran ordenado una voz de alto o de advertencia de detención, hacia alguna persona de las que se encontraban en el sitio,

quedando sin ningún tipo de fundamento la causal alegada de eximente de responsabilidad “culpa exclusiva de la víctima” por la parte contraria en la contestación de la demanda y en la apelación, toda vez que en el expediente no hay material probatorio que respalde la causal alegada. En otras palabras la Policía se desbordó en el actuar el día de los infortunados sucesos, disparando por la espalda a la víctima, circunstancia de mayor agravación, tipificándose la falla en el servicio. Razón le asiste al Tribunal, puesto que la causal eximente de responsabilidad denominada “culpa exclusiva de la víctima”, alegada por la parte demandada no se encuentra acreditada dentro del material probatorio, por ende se convierte en simple conjeturas al no encontrar respaldo probatorio a lo manifestado por la accionada en la apelación. Adicionalmente frente al tema la jurisprudencia ha manifestado que la entidad demandada para exculparse debe probar la existencia de una causa extraña, como lo es la culpa exclusiva de la víctima. De manera que no se puede entrar hacer un análisis de los elementos que configuran la culpa exclusiva de la víctima, cuando no reposa dentro del expediente pruebas allegadas por parte de la accionada que demuestre en principio la configuración de la causal eximente de responsabilidad. DAÑO ANTIJURÍDICO-Se acredita la relación de causalidad existente entre la acción de los agentes y el daño sufrido Al respecto, ha sido muy clara la Constitución Política de Colombia según lo contenido en los articulo 2 y 218, pues ha preceptuado que el Estado como estructura en la cual radica el

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Expediente No.43971 (760012331000200800770-01) I.J.C.B. poder político y público y el monopolio de la fuerza pública no sólo esta en la obligación de precaver el delito sino a responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que, pudiéndose evitar, se concreten por omisión en el cumplimiento del deber legal, así como también el fin esencial de mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica. De manera que demostrado el daño causado, y que el disparo realizado se causó con arma de dotación oficial en la medida que fue accionada por agentes de la Policía Nacional, como así se desprende de las pruebas testimoniales, del informe de necropsia y del informe de balística de cada una de las armas de los uniformados, se acredita la relación de causalidad existente entre la acción de los agentes y el daño sufrido, del cual los demandantes no estaban en la obligación de soportar, por cuanto es obligación de la Policía Nacional proteger la vida de la personas y propender por un espacio de tranquilidad y de paz, máxime cuando no obra dentro del sub examine, elementos probatorios que demuestren una agresión o un hecho ilícito por parte de la victima, hoy occiso frente a los uniformados que se encontraban en el lugar de los hechos.

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Se demostró la falla del servicio/RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Deber de incoar acción de repetición Por consiguiente en relación con la aplicación de las reglas de la carga de la prueba y las relativas a la valoración de cada uno de los testimonios, así como de los respectivos informes, ésta Delegada concluye que se encuentran conforme al marco probatorio, la responsabilidad en contra de la Policía Nacional, es decir, los elementos suficientes para la adecuación de la cláusula general de la responsabilidad estatal o administrativa y la configuración de los elementos constitutivos de la falla del servicio alegada. Considera esta Delegada, que el Consejo de Estado, debe recordar a la Policía Nacional el deber de incoar acción de repetición, por la evidente configuración de falla en el servicio. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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CONCEPTO No. 270 / 2011

Bogotá, D.C 01 de Octubre de 2012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 760012331000200800770-01(43971)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: Yudy Yaneth Reina y Otros

DEMANDADO: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

Sentido del concepto: Solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida /Carencia de material probatorio para demostrar la causal eximente de responsabilidad denominada Culpa Exclusiva de la Victima / Se demostró la falla del servicio / Deber de incoar acción de repetición.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público.

1. ANTECEDENTES 1.1. La Demanda – Los hechos La Señora YUDY YANETH MARÍN REINA, quien actúan en nombre propio y en representación de sus menores hijos mediante apoderado judicial instaura demanda de Acción de Reparación Directa consagrada en el Articulo 86 del Código Contencioso Administrativo contra la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSAPOLICIA NACIONAL, con el fin de que se le declare administrativamente

responsable por los daños y perjuicios causados a la demandante como consecuencia de la muerte del señor REINEL LUGO ARIAS, en hechos ocurridos el 18 de octubre de 2006 en el municipio de Guadalajara de Buga (Valle), a manos de agentes de la Policía Nacional. Se manifiesta en la demanda (Folios 9 a 58 Cd. 1) que el señor REINEL LUGO ARIAS, desenfundó arma de fuego contra el señor Jorge Alexander Giraldo como consecuencia de los agravios causados a su esposa Yudy Yaneth Marín, situación que dio paso a que en el momento de los hechos interviniera un grupo de la Policía Nacional, quienes disparan con sus armas de fuego por la espalda contra el señor Lugo Arias ocasionándole inmediatamente la muerte. 1.2. Contestación de la demanda 1.2.1. Nación Ministerio de Defensa – Policía Nacional 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Se opuso a todas y cada una de la pretensiones, exponiendo que es imposible imputarle responsabilidad a la institución, puesto que se presentó una causal de eximente de responsabilidad consistente en culpa exclusiva de la víctima, ello por cuanto fue el señor Lugo Arias quién con su actuar imprudente causó la reacción de

los Policías, en razón a que fue primero él quien disparó contra la vida del señor Jorge Giraldo causándole lesiones y posteriormente se enfrento con los agentes de Policía. 1.3. Concepto del Ministerio Público El agente del Ministerio Público, rindió concepto solicitando se acceda a las pretensiones de los demandantes, pues del estudio de las pruebas se demuestra que los demandantes sufrieron un daño antijurídico que no estaban en la obligación de soportar, en virtud a que el arma con la que se ocasiono el daño era de dotación oficial y además que el daño fue ocasionado por los agentes de la Policía Nacional. De igual forma hace énfasis en el informe de protocolo de necropsia y el informe de balística, toda vez que con ellos se acreditan las causas de la muerte y que el disparo se realizo con arma de dotación oficial; frente a lo cual y apoyado en sentencia del Consejo de Estado, se demuestra la relación de causalidad existente entre la acción del agente y el daño sufrido, que, los accionantes no estaban en la obligación de soportar. 1.4. Sentencia de primera instancia El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del ocho (08) de agosto de dos mil once (2011) resolvió declarar administrativamente responsable a la NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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POLICÍA NACIONAL, por los perjuicios causados a los demandantes y en consecuencia condena a pagar a los demandantes por concepto de perjuicios morales la suma total de cuatrocientos (400) s.m.l.m.v. y por concepto de perjuicios materiales a título de lucro cesante consolidado y futuro la suma total de ciento siete millones novecientos treinta y nueve mil ciento treinta y nueve ($107.939.139.oo). La anterior decisión se baso en las siguientes consideraciones:  Procedió el ad quo a establecer la acreditación del daño alegado, en razón a que en la demanda se expone que el daño sufrido fue ocasionado por la muerte del señor Reinel Lugo Arias; frente a lo cual se acreditó con el registro civil de defunción. De manera que probado el hecho dañoso, se procedió a realizar un análisis de las circunstancias de tiempo, modo, y lugar de su ocurrencia, de lo cual se relacionó la necropsia, el informe de la Policía en el día de los hechos, el informe de balística y las declaraciones rendidas por los testigos presénciales de los hechos.  Del análisis del material probatorio señaló que si se configuró, por parte de la Policía Nacional, una falla del servicio, toda vez que se acreditó que los policías emplearon de manera desproporcionada el uso de la fuerza en la medida que realizaron disparos indiscriminados con fusiles de largo alcance que no sólo se le dio muerte al señor Lugo Arias sino que también resultaron

lesionados de gravedad personas que transitaban por el lugar.  En relación con los argumentos en la contestación de la demanda por parte de la Policía Nacional, en la cual se infiere que se configuró la causal eximente de responsabilidad “culpa exclusiva de la victima”, el ad quo concluyó que tal afirmación no se acreditó en debida forma, pues se quedó solo en simples conjeturas carentes de todo soporte probatorio. Al respecto 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43971 (760012331000200800770-01) I.J.C.B. citó la sentencia del 25 de julio de 2002 del Consejo de Estado, en la cual se indica el deber de demostrar además de la simple casualidad material, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que dio como resultado la desatención a obligaciones que debía estar sujeta. 1.5. Argumentos de la apelación 1.5.1. Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional La apoderada de la parte accionada dentro del proceso referido - incoa recurso de apelación en contra de la sentencia adversa a sus intereses, en donde en términos resumidos argumenta lo siguiente (fls. 163 - 170 del cuaderno del Consejo de Estado):  Indicó que no comparte los argumentos expuesto en la sentencia, pues por

los hechos que motivaron el presente caso es imposible pretender responsabilidad debido a que la actividad desarrollada por miembros de la Policía Nacional, fue en cumplimiento de su deber legal y que en razón a lo sucedido se denota que el señor Reinel Lugo Arias para la fecha de los hechos actuó de manera irresponsable, pues a su sentir los hechos donde resulto muerto él se presentó por irresponsabilidad de la propia víctima y por tres razones principalmente; primero: fue protagonizar una riña portando y usando una arma de fuego contra otro particular y contra los miembros de la Policía Nacional; segundo: porque impidió la intervención de los miembros de la Policía y tercero: por no cumplir normas y obligaciones constitucionales de respeto hacia las demás personas.  Es claro para el recurrente que los procedimientos adelantados por los miembros de la Policía Nacional, se realizaron de manera legal y ajustada a 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43971 (760012331000200800770-01) I.J.C.B. derecho, pues el actuar de los mismos no fue desproporcionado ni violatorio de los procedimientos legales, en razón a que no hubo exceso de la fuerza y por lo tanto la acción de los uniformados fue en respuesta a la agresión grave e inminente de la que fueron objeto y que por tales motivos los resultados del procedimiento se debió única y exclusivamente a la culpa de la victima. Por ende solicita se revoque

en su integridad la sentencia de primera instancia.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problemas Jurídicos Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Existe responsabilidad o no de la entidad demandada NACIÓN COLOMBIA – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL, por los hechos ocurridos el día 18 de octubre de 2006 en el municipio de Guadalajara de Buga (valle), en los cuales perdió la vida el señor Reinel Lugo Arias? 2.1.2. ¿Se configuró la causal eximente de responsabilidad denominada culpa exclusiva de la victima, alegada por parte demandada? 2.1.3. ¿Se acreditó la falla del servicio alegada? 2.2. Marco Teórico Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43971 (760012331000200800770-01) I.J.C.B. 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes

presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” Cuando se invoca la figura de la falla del servicio como título de imputación responsabilidad al Estado, tal y como ocurre en la presente demanda, para que surja el deber de resarcimiento patrimonial a cargo del primero, se deben dar los siguientes elementos: a) Una actuación irregular del Estado 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43971 (760012331000200800770-01) I.J.C.B. b) El daño antijurídico

c) El nexo de causalidad entre el daño y el actuar activo u omisivo de la administración El Tribunal trae a colación el siguiente proveído del Consejo de Estado con ponencia del Dr. Ramiro Saavedra Becerra del 24 de febrero de 2005 Rad 8500123-31-0001993-00074-01(14170), donde se dijo: "De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo que consagra la acción de reparación directa, cuyo ejercicio dio origen al presente proceso y que establece la posibilidad que tiene el interesado de demandar la reparación del daño cuando su causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño antijurídico como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia, entre ellos el de la tradicional falla del

servicio, dentro del cual la responsabilidad surge a partir de la comprobación de la existencia de tres elementos fundamentales: el daño antijurídico sufrido por el interesado, el deficiente funcionamiento del servicio, porque no funcionó cuando ha debido hacerlo, o lo hizo de manera tardía o equivocada, y finalmente, una relación de causalidad entre este último y el primero, es decir, la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de la falla del servicio." 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43971 (760012331000200800770-01) I.J.C.B. 2.2.2. La carga probatoria. En ese orden de ideas, tal y como señala el Código de Procedimiento Civil Art. 177 y concordantes, la carga probatoria incumbe al interesado, por ende, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos y hechos jurídicos alegados, ya que ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias afirmaciones. Así lo ha repetido el Consejo de Estado, v. gr.: “Al respecto, no debe olvidarse que la carga de la prueba es una regla de nuestro derecho probatorio consagrada en el artículo 177 del C. de P. Civil, de

acuerdo con el cual "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen... "; dicho en otras palabras: para lograr que el juez dirima una controversia de manera favorable a las pretensiones, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos o hechos jurídicos de donde procede el derecho o nace la obligación, máxime si ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias aseveraciones. Cabe recordar que la carga de la prueba consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa resulten probados; en este sentido, en relación con los intereses de la parte demandante, debe anotarse que quien presenta la demanda, sabe de antemano cuáles hechos le interesa que aparezcan demostrados en el proceso y, por tanto, sabe de la necesidad de que así sea, más aún tratándose del sustento mismo de la demanda y de los derechos que solicita sean reconocidos.”' 2.2.3. La responsabilidad patrimonial del Estado El artículo 90 de la Carta Política prevé que el Estado es responsable de los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas cuando 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43971 (760012331000200800770-01) I.J.C.B. dichos daños le sean imputables. Conforme a esta disposición, la responsabilidad patrimonial del Estado no puede derivarse frente a todos los daños antijurídicos que sufran las personas, ni siquiera frente a todos los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de sus servidores, porque en todo caso se requiere que tales daños le sean atribuibles. Los criterios de atribución han sido elaborados por la jurisprudencia del H. Consejo de Estado bajo dos títulos básicos: (i) De responsabilidad subjetiva por falla del servicio, y (ii) De responsabilidad subjetiva por daño especial o riesgo excepcional. En estos regímenes o criterios de imputación se requiere que la actividad desplegada por el Estado sea finalmente la causa del daño, bien de manera exclusiva, o concurrente con la de la víctima o de un tercero. Ahora bien, el artículo 2o de la Constitución Política de 1991 señala que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Ese deber, general y abstracto en principio, se particulariza cuando alguna persona invoque la protección de las autoridades competentes, por hallarse en especiales circunstancias de riesgo o cuando, aún sin mediar solicitud previa, la notoriedad pública del inminente peligro que corre el particular hace forzosa la intervención del Estado1. En uno y otro caso, la omisión de las autoridades competentes, consistente en no

brindar la protección necesaria para salvaguardar la vida e integridad de las personas, hace responsable a la Administración de los daños que se ocasionen a éstas. 1 Ver al respecto entre otras cosas : Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de julio 19 de 1997, Exp. 11875, C.P. Daniel Suárez; octubre 30 de 1997, Exp. 10958, C.P. Ricardo Hoyos; 14 de febrero de 2002, Exp. 13253 y marzo 10 de 2005, Exp. 14395, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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No obstante lo anterior, la jurisprudencia de nuestro superior funcional, ha hecho claridad acerca de que no es viable atribuirle a la Administración una posible deficiencia en la seguridad, extendiendo el deber de las autoridades a una misión objetiva de resultado: que no se produjera ningún acto que afectara el orden social, deseo si bien loable dentro de cualquier sistema de gobierno, es imposible de lograr, ni siquiera con los mayores esfuerzos, extremas medidas y a costos inimaginables. Lo que sí es procedente, es que si la Administración cuenta con un mínimo de conocimiento acerca de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentra

determinada persona2, el deber genérico de protección y seguridad se concreta y exige una conducta activa de la Administración, que de omitirse permite que se declare su responsabilidad por el daño derivado de la materialización del peligro. En esta perspectiva ha de señalarse que una vez se ha establecido que la entidad responsable no ha acatado o lo ha hecho de forma deficiente o defectuosa, el deber de protección que el ordenamiento jurídico le ha asignado, es preciso revisar si dicha falencia en su proceder tiene relevancia jurídica dentro del proceso causal de producción del daño. En otras palabras, es necesaria la concurrencia de dos factores para que proceda la declaratoria de responsabilidad del Estado en estos casos: la comprobación del incumplimiento omisivo al contenido obligacional de protección impuesto normativamente a la Administración y, la relación causal adecuada entre dicha omisión y la producción del daño. Lo anterior se evidencia en los eventos en los que se reclama del Estado, la reparación de daños producidos por la actividad de terceros. En tales oportunidades 2Bien porque aquella lo puso de presente y solicitó protección o, porque dicha situación era en tal grado ostensible, que demandaba el despliegue oficioso de actividades tendientes a conjurar o resistir el peligro que sobre ella se cernía. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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I.J.C.B. ha precisado el Consejo de Estado3 que, para que surja el deber de indemnización a cargo de la Administración, se requiere que el hecho del tercero haya sido previsible y resistible para la Administración. Se sabe que los daños antijurídicos causados por terceros ajenos al Estado, en tanto constitutivos de causa extraña, no le son imputables a éste, salvo cuando el hecho del tercero ha sido facilitado por el mismo Estado, por ejemplo, por haber omitido su deber de protección de los asociados; o cuando tales daños constituyen la concreción del riesgo creado de manera consciente y lícita por el Estado, por ejemplo, los daños producidos con ocasión de una actuación policiva dirigida a detener a un delincuente que huye armado, o los daños causados a los vecinos de las bases militares o policiales, cuando éstas son atacadas por grupos al margen de la ley, porque si bien dichas bases tienen como finalidad la de defender a sus pobladores, representan un riesgo grave y excepcional para quienes habitan en sus inmediaciones. A nivel jurisprudencial y doctrinal se han establecido varios regímenes de responsabilidad teniendo en cuenta el origen del daño; no obstante, el régimen aplicable por excelencia lo viene a ser el de la falla del servicio, el cual consta de unos elementos que deberán acreditarse fehacientemente a fin de lograr la declaratoria de responsabilidad patrimonial de los entes oficiales demandados; es decir, la ocurrencia del daño, la falla en el servicio público, ya sea porque no se prestó o porque de haberse prestado se hizo de forma deficiente, y por último debe

acreditarse el nexo de causal entre el daño y la presunta falla, tal como lo ha decantado el Consejo de estado en la sentencia del 11 de septiembre de 1997, 3Ver entre otras: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencias de: febrero 3 de 2000, Exp. 14787, C.P. Alier Hernández; agosto 16 de 2000, Exp. 13131, C.P. Ricardo Hoyos; mayo 2 de 2002, Exp. 13251; marzo 18 de 2004, Exp. 13318, C.P. María Elena Giraldo: marzo 10 de 2005. Exp. 14395; abril 28 de 2005, Exp. 17300 y septiembre 20 de 2007, Exp. 15699, las tres últimas con ponencia del Consejero Ramiro Saavedra Becerra. 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43971 (760012331000200800770-01) I.J.C.B. radicado No. 10300, Consejero Ponente Dr. RICARDO HOYOS DUQUE, resaltando que: "Para que haya lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por falla del servicio, es necesario que se den tres presupuestos esenciales, a saber: la existencia de un daño; que se verifique una falla en el servicio públi