PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Se encuentra probado en el sub examine

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-En contra de Sociedades Constructora Milenio S.A e Inmobiliaria Milenio Ltda para que se les declare responsables por perjuicios por pérdida del Valor Único de Reconocimiento VUR asignado a 84 familias reasentadas en Urbanización Buenavista Oriental ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Iniciada por el Estado en contra de particulares, según marco jurídico El medio de control de reparación directa del Estado contra particulares satisface la finalidad de la protección del patrimonio público, en el entendido que esta figura consagrada en el artículo 86 del CCA, reglamenta este mecanismo para que las entidades puedan promover la pretensión de reparación directa en contra de los particulares u otras entidades públicas que les hayan causado un daño extracontractual al Estado en perjuicio del patrimonio público RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL-Presupuestos para que se presente esta según regulación legal RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL-Se debe tener en cuenta el elemento subjetivo para la estructuración de esta Para que se configure la estructuración de la responsabilidad civil extracontractual, debe encontrarse probado que el causante del daño alegado obró con culpa o dolo, siendo importante recordar que la ley civil establece la distinción entre la culpa grave, la culpa leve y la culpa levísima. CULPA GRAVE-Definición según regulación legal CULPA LEVE-Definición según regulación legal DAÑO ANTIJURÍDICO-Se encuentra probado en el sub examine En este sentido, y al encontrar probado el daño antijurídico causado a la Caja de

Vivienda Popular, con ocasión del colapso de la Urbanización Buena Vista Oriental etapa III, correspondió a esta entidad sufragar los gastos del pago de subsidio de arrendamiento a las 84 familias que debieron ser reubicadas nuevamente para garantizarles una vivienda digna; suma que según las probanzas arrimadas al plenario corresponde a veinte tres millones de pesos ($23.000.000,oo), mensuales, conforme obran en las órdenes de pago mensuales que tiene por objeto el pago de los costos de relocalización de las familias de la Urbanización Buena Vista Oriental etapa III. Pago que ha debido efectuar desde el mes de febrero de 2009, situación que no fue objetada por el extremo pasivo. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA-Le asiste a Sociedades Constructora Milenio S.A e Inmobiliaria Milenio Ltda Página 1 de 25 YPCF Procuraduría 4 Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15 – 8º PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 CONDENA EN ABSTRACTO-Se debe proferir respecto de pretensión tercera de la demanda Página 2 de 25 YPCF Procuraduría 4 Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15 – 8º PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961,

Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7

CONCEPTO No. 071 / 2022

Bogotá D. C., 22 de julio de 2022.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero ponente doctor: José Roberto Sáchica Méndez.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 250002326000201101274 01 (68283)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: Nación – Caja de Vivienda Popular.

DEMANDADO: Constructora Milenio y otros.

Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida en cuanto a la declaratoria de responsabilidad civil extracontractual de las sociedades demandadas / REVOCAR el numeral quinto de la sentencia proferida por el Ad Quo y en su lugar proferir condena en abstracto respecto a los perjuicios futuros causados a la demandante / Se configuró el elemento del daño antijurídico alegado por la demandante / No concurren eximentes de responsabilidad alegados por las demandadas.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala la presente intervención en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y del patrimonio público.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda – Pretensiones.

Mediante escrito presentado el 02 de agosto de 20111, la entidad de derecho público

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR; mediante apoderado judicial invocó la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, en contra de las sociedades CONSTRUCTORA MILENIO S.A. e INMOBILIARIA MILENIO LTDA, con el fin de que se les declare responsables con ocasión de los perjuicios generados por la pérdida de Valor Único de Reconocimiento VUR asignado a 84 familias reasentadas en la Urbanización Buenavista Oriental etapa III, estimando la cuantía de dichos perjuicios en la suma de QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES

OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS ($528.883.200,oo)

Mcte. Indicó el escrito petitorio que la entidad accionante en ejercicio de sus funciones, reasentó a ochenta y cuatro (84) familias en la Urbanización Buena Vista etapa III, proyecto que fue desarrollado por la Constructora Milenio LTDA y comercializada por la Inmobiliaria Milenio LTDA. De esta manera, indicó que en el marco de ejecución del referido proyecto las demandadas constituyeron la póliza de garantía de estabilidad de la obra No 1 Folio del 1 al 10 del cuaderno No 1. Página 3 de 25 YPCF Procuraduría 4 Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15 – 8º PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7

1053000225701 del 09 de julio de 2004, expedida por la compañía Agrícola de Seguros S.A, en beneficio de la Caja de la Vivienda Popular; procediendo así la entidad a viabilizar la entrega de los recursos aprovisionados para efectuar el pago del Valor Único de Reconocimiento –VUR, que correspondía a parte del precio de las viviendas y asignado a título de subsidio a cada una de las familias beneficiarias del programa de reasentamiento anualidades 2003 y 2004, suma que ascendió a seiscientos sesenta y ocho millones trescientos veinte tres mil doscientos pesos ($668.323.200,oo), en total para las 84 familias. Precisó que una vez entregadas las viviendas a los beneficiarios, las edificaciones presentaron deficiencias constructivas y daños estructurales, por lo que el 25 de diciembre de 2005 la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias –DPAE ordenó a la constructora mitigar los daños. Este requerimiento, fue reiterado con ocasión al estudio realizado por la Universidad Nacional en el mes de julio de 2006, el cual fue ratificado el 10 de septiembre de 2007; sin que la constructora Milenio LTDA atendiera en debida forma las recomendaciones efectuadas. Posteriormente, en el mes de noviembre de 2008, se presentó una fuerte ola invernal que generó a los predios donde se construyó la Urbanización Buena Vista Etapa III una remoción en masa, que agravó mayormente la estructura de la construcción, por lo que procedió el Fondo de Prevención y Atención de Emergencia el 21 y 22 de noviembre de

2008 y el 07 de febrero de 2009 a efectuar desalojo de las 84 familias beneficiarias del proyecto, siendo necesario reubicar o reasentar nuevamente a la población. En atención a la negativa generada por la Constructora Milenio LTDA y la Inmobiliaria Milenio, la CAJA DE VIVIENDA POPULAR inició los correspondientes procesos sancionatorios que finiquitaron con la imposición de multa por la omisión a las recomendaciones dadas por las autoridades competentes para mitigar los daños de las viviendas construidas en la urbanización Buena Vista Oriental etapa III. En este orden de ideas, procedió la CAJA DE VIVIENDA POPULAR a proferir la Resolución 559 del 29 de mayo de 2009, declarando el siniestro y ordenando hacer efectiva la póliza de garantía de estabilidad de la obra No 1053000225701 del 09 de julio de 2004, por valor de ciento treinta y nueve millones cuatrocientos cuarenta mil pesos ($139.440.000), decisión que fue confirmada en sede de apelación, tomando ejecutoria el 08 de octubre de 2009. Con fundamento en lo anterior, se invocaron las siguientes pretensiones en la demanda: “Condenar a la CONSTRUCTORA MILENIO LTDA y a la INMOBILIARIA MILENIO LTDA, a pagar a la CAJA DE VIVIENDA POPULAR los siguientes rubros, debidamente indexados:  La suma de quinientos veintiocho millones ochocientos ochenta y tres mil doscientos pesos ($528.883.200,oo), correspondiente al saldo que no fue cubierto por la póliza de seguros que se hizo efectiva con la declaratoria de

ocurrencia del siniestro, del perjuicio causado por la pérdida del Valor Único de Reconocimiento –VUR asignado a las ochenta y cuatro (84) familias reasentadas en la urbanización Buena Vista Oriental Etapa III.  La suma de quinientos ochenta y tres millones doce mil sesenta y seis pesos ($583.312.066,oo) por concepto del pago de cánones de arrendamiento sufragados desde el mes de febrero de 2009 a febrero de 2011, a causa de la relocalización transitoria de las ochenta y cuatro (84) familias que habían sido reasentadas en la urbanización Buena Vista Oriental etapa III.  La suma que corresponda a los cánones de arrendamiento que se causen en el lapso comprendido de marzo de 2011 a la fecha en la que la pasiva se allane a realizar el pago por dicho concepto. Página 4 de 25 YPCF Procuraduría 4 Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15 – 8º PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7  La suma que corresponde a los gastos administrativos, operativos y de logística causados con ocasión a la gestión de relocalización de las ochenta y cuatro (84) familias reasentadas en la Urbanización Buena Vista Oriental etapa III” 1.2. Contestación de la demanda. 1.2.1. Las sociedades Inmobiliaria y Constructora Milenio mediante apoderado

judicial, encontrándose dentro del tiempo legal establecido, presentaron contestación a la demanda, manifestando oponerse a las pretensiones invocadas en su contra; advirtiendo que fueron condenadas en acciones populares y de grupo presentadas por las familias beneficiarias del proyecto de vivienda Urbanización Buena Vista Etapa III. Precisó que el sismo acaecido en el año 2008, así como las torrenciales lluvias del año 2007 y 2008, aunado a los impedimentos permanentes de los beneficiario para que los profesionales y sus obreros accedieran a las viviendas para realizar labores de diagnóstico y mantenimiento, generaron que 6 de ellas colapsaran con posterioridad a su entrega, detonante por el cual se iniciaron las acciones populares y de grupo que interpusieron los beneficiarios de las viviendas, así como las constantes multas que la Caja de Vivienda impuso a las demandas. Asimismo, expuso que la acción popular fue adelantada por el Juzgado Veinte Administrativo de Bogotá bajo el radicado 2008-00587 y la acción de grupo correspondió al Juzgado veinticinco Administrativo de Bogotá con el radicado 2008-00589, fallos que fueron confirmados por el Tribunal Superior de Cundinamarca; trámites judiciales en el que fueron condenadas solidariamente tanto las hoy demandadas como la entidad demandante, por lo que considera inadmisible que en el presente proceso pretenda un fallo a su favor cuando ya existió la valoración de las situaciones fácticas y probatorias resultando igualmente responsable. Advirtió que los terrenos en los que se adelantó la construcción del proyecto Urbanización Buena Vista Etapa III, fueron entregados por la demandante y obtuvieron las

correspondientes licencias de construcción por parte de la Curaduría y la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias - DEPAE, por lo que no correspondía a las sociedades demandas responder por la remoción en masa que acaeció posterior a la entrega de las viviendas, máxime cuando el estudio fue realizado por la entidad distrital en donde se calificó el terreno con riesgo medio mitigable. En cuanto a las reparaciones sugeridas en el estudio efectuado por la Universidad Nacional, indicó que estos fueron realizados en la medida que los propietarios de las viviendas permitían el acceso a la unidad de los obreros contratados para ello, situación que se probó en los expedientes de acción popular y de grupo. En este orden de ideas, propuso como excepción de fondo o de mérito la denominada “Cobro de lo no debido y/o falta de causa para cobrar reparación”, indicando al respecto que no es posible pretender una reparación cuando el extremo activo en otros procesos judiciales también fue condenado por los mismos hechos que sustentan hoy sus pretensiones. 1.3. Sentencia de Primera instancia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección tercera – Subsección C, mediante sentencia SC3-05-19, proferida el veintidós (22) de mayo de dos mil diecinueve (2019), accedió a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas, Página 5 de 25 YPCF Procuraduría 4 Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15 – 8º PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961,

Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 manifestando, en síntesis:  Procedió el Tribunal a analizar la concurrencia de los elementos necesarios para que proceda la declaratoria de responsabilidad del Estado, en atención a lo establecido en el artículo 90 de la constitución política, advirtiendo que el daño que pretende la Caja de Vivienda le sea indemnizado, subsume de la responsabilidad civil extracontractual surgida de una relación en la que no existió negocio jurídico contractual, por lo que el rubro denominado Valor único de Reconocimiento -VUR, fue girado en cumplimento de las funciones administrativas que competían a la accionante, en particular las concernientes a asignar los referidos apoyos económicos con fines a la reubicación de población asentada en zonas de riesgo.

Encontró el Tribunal debidamente probado el daño generado por la Constructora e Inmobiliaria Milenio a la Caja Popular de Vivienda, del que derivó perjuicios que pretenden le sean indemnizados, esto considerando que el deterioro que en febrero de 2009 obligó a efectuar el desalojo de las viviendas adquiridas por las 84 familias beneficiarias del VUR y ubicadas en la Urbanización Buena Vista Oriental etapa III, debido a que las hoy demandadas omitieron desde diciembre de 2005 y hasta octubre de 2009 efectuar las obras de manejo de las aguas de escorrentía, ordenadas para mitigar el efecto negativo en el suelo y estructura de las edificaciones, por las autoridades distritales. Daño que evidenció en su manifestación económica, con el no reintegro por las accionadas a la CAJA DE VIVIENDA POPULAR de la suma de $528'883.200,oo

correspondiente al saldo del Valor Único de Reconocimiento -VUR, que en cuantía total de la suma de $668'323.200,00 le había girado a las precitadas constructora y comercializadora.  Así las cosas, encontró debidamente probado el nexo causal e imputabilidad del daño ocasionado a la actora en cabeza de las Constructora e Inmobiliaria Milenio, atribuyéndole e título de culpa grave. Lo anterior, en cuanto que encontrándose obligadas en su condición de constructora y comercializadora de las viviendas que conformaban la URBANIZACIÓN BUENA VISTA ORIENTAL ETAPA III, a realizar las obras ordenadas por las Autoridades Distritales Competentes para dar manejo a las aguas de escorrentía y mitigar su efecto negativo en el suelo y estructura de las edificaciones, respecto de las que se les reconvino desde el 28 de diciembre de 2005, omitieron su realización derivando en agravamiento de la problemática, que fue causa del colapso presentado en la anualidad 2009.  En cuanto a la tasación económica del daño causado a la demandante, el Tribunal consideró que este obedece al no reintegro de quinientos ochenta y tres millones trescientos doce mil sesenta y seis pesos ($583.312.066,oo); correspondiente al VUR girado a las demandadas, advirtiendo que de las pruebas se desprende que la Caja de Vivienda Popular realmente giró la suma de seiscientos sesenta y ocho millones trescientos veintitrés mil doscientos pesos ($668.323.200,oo), por concepto del Valor único de Reconocimiento VUR, como parte del esquema financiero del que disponían las

ochenta y cuatro (84) familias, que dentro del programa del Distrito Capital de reasentamiento para la población ubicada en zona de riesgo no mitigable, fueron beneficiarias a modo de apoyo económico único y destinado a la adquisición de vivienda en la Urbanización Buena Vista Oriental etapa III, sin embargo esta totalidad no fue cubierto por la Póliza No 1053000225701 del 09 de julio de 2004, puesto que esta solo cubrió el valor de ciento treinta y nueve millones cuatrocientos cuarenta mil pesos ($139.440.000), por lo que la diferencia obedece a la suma reclamada. Asimismo, encontró debidamente probado como expresión económica del evento dañoso acaecido con el colapso de la Urbanización Buena Vista Oriental etapa III, que la CAJA Página 6 de 25 YPCF Procuraduría 4 Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15 – 8º PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 DE VIVIENDA POPULAR entre el lapso comprendido de febrero de 2009 a febrero de 2011, sufragó mensualmente un promedio de veintitrés (23) millones de pesos, por concepto del canon de arrendamiento para la relocalización temporal de las ochenta y cuatro (84) familias, procediendo a actualizar este valor, reconociendo la suma de ochocientos veintidós millones quinientos treinta y seis mil ciento seis pesos con veintiún

centavos ($822.536.106,21). En este sentido advirtió que no obra prueba en el plenario que demuestre el pago de los cánones de arrendamiento posterior al mes de febrero del año 2011. En cuanto a la petición de reconocimiento de los gastos administrativos que invocó la Caja de Vivienda Popular, por concepto de la gestión de relocalización de las 84 familias afectadas con la remoción en masa ocurrida a la Urbanización Buena Vista Oriental etapa III, la Sala despachó desfavorablemente esta pretensión, indicando que no obra medio de prueba a partir del cual estructurar razonablemente, que la aquí accionante sufragó gastos administrativos, operativos y de logística causados con ocasión a la gestión de relocalización de las ochenta y cuatro (84) familias reasentadas.  En este orden de ideas, declaró no probadas las excepciones de cobro de lo no debido y/o falta de causa para cobrar reparación, invocadas por las pasivas, indicando al respecto que la existencia de las condenas generadas en la acción popular y de grupo no fueron probadas por causa de la renuencia de la Constructora e Inmobiliaria Milenio, máxime cuando tampoco se probó su cumplimiento, es decir la realización del pago que alegan las demandadas. Precisó además que el valor del VUR no puede ser incluido dentro de las aducidas condenas, toda vez que este obedece a un recurso público en cabeza de un beneficiario sujeto a la adquisición de vivienda, de modo tal que, al no cumplir su objeto, por virtud del colapso de las viviendas, debe reingresar nuevamente al patrimonio de la demandante

Caja de Vivienda Popular. 1.3.1. El Magistrado José Élver Muñoz Barrera, presentó aclaración de voto respecto a la decisión proferida el 22 de mayo de 2019, indicando al respecto: Con el fin de determinar si la entidad pública demandante podía acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para solicitar indemnización de perjuicios adicionales, aun cuando ya había hecho efectiva la póliza No. 1053000225701 del 9 de julio de 2004, mediante Resolución No. 559 de 29 de mayo de 2009. Póliza de estabilidad de la obra que fue otorgada para garantizar a la entidad demandante “los perjuicios provenientes de los deterioros de la obra''. En virtud de los conceptos antes mencionados, consideró que se debió estudiar cuál es la responsabilidad que debió haber asumido la entidad demandante a la luz del Decreto 230 de 2003, por los hechos objeto de la demanda, siendo importante recordar, los elementos que comúnmente se asocian a la visión de Estado de Derecho, que encuentra el hecho de que toda actuación estatal debe apoyarse en normas positivas (estatuidas) y el ejercicio de los poderes públicos se sujeta a tales normas y que la acción estatal debe ser previsible, de manera que se logre certeza legal. Recordó que el Estado de Derecho está fundado en el principio de legalidad como garantía y límites racionales de la realización y posibilidad material del goce y ejercicio de los derechos constitucionales, a partir del cual, mediante una ley o norma previa, abstracta y general (gobierno sub lege o per leges) se habilita o atribuye a los diferentes

poderes, órganos y autoridades facultad o autorización para actuar, regulando y/o limitando los derechos. La manera como precisamente se controla el poder del Estado y, específicamente, a las autoridades públicas que ejercen funciones públicas o los particulares a quienes se les Página 7 de 25 YPCF Procuraduría 4 Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15 – 8º PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 atribuyan funciones administrativas, es precisamente concretando y limitando el tipo y cantidad de poder que se les otorga para el cumplimento de los fines superiores del mismo, por esta razón es que se le concreta en competencias y funciones. 1.4. Argumentos de la apelación. 1.4.1. El representante judicial de la parte demandada. interpuso recurso de apelación, en contra de la sentencia, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo Cundinamarca que impuso condena en su contra, manifestando, en síntesis, lo siguiente:  Solicitó se le aclare por qué con contravención del artículo 280 del CGP, NO se analizaron las pruebas solicitadas por el extremo demandado, como el interrogatorio de parte del representante legal de las sociedades, ni tampoco se realizó el análisis de las excepciones en cuanto a lo alegado por el extremo demandado. Manifestó que efectivamente no le fue posible aportar al plenario los expedientes que

contenían las pruebas trasladadas de los Juzgados 20 y 25 del Circuito Administrativo de Bogotá, correspondientes a las acciones popular y de grupo iniciadas por los perjudicados de la avalancha que derivó unas viviendas de 84 construidas y entregadas.  Consideró que el Juez Ad Quo no analizó las excepciones propuestas, pues las resolvió conforme al análisis efectuado únicamente a las pruebas presentadas con la demanda, sin considerar lo alegado en la contestación de la demanda, ni en los alegatos presentados por las demandadas. 1.4.2. Mediante escrito presentado por la apoderada del extremo demandante – Caja de Vivienda Popular, se presentó recurso de apelación en contra de la sentencia adoptada el 22 de mayo de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, manifestando su inconformismo en cuanto a la mencionada decisión, frente a los siguientes aspectos:  Aunque la decisión de primera instancia reconoció los perjuicios ocasionados a la Caja de Vivienda Popular por parte de la Constructora y la Inmobiliaria Milenio LTDA, en virtud de reasentamiento e las 84 familias que debieron ser reubicadas por la entidad debido a la mala praxis de las demandadas en la ejecución de las obras de la Urbanización Buena Vista Oriental etapa III, se negaron las pretensiones referentes a la condena por los cánones de arrendamiento por relocalizaciones transitorias efectuadas con posterioridad al año 2011, así como los gastos administrativos, operativos y de logística causados con ocasión a la relocalización de las familias. En este sentido aclaro que en cuanto a la declaratoria de responsabilidad y condena de la

Constructora e inmobiliaria Milenio, al pago de los VUR en los que debió incurrir por el nuevo reasentamiento, como del pago de los valores en que debió incurrir la Caja de Vivienda Popular por las relocalizaciones transitorias de las familias a reasentar desde el 2009 hasta el 2011, no existe desacuerdo con los argumentos plasmados en la sentencia por parte del Despacho, toda vez que con criterio se reconocieron y actualizaron las sumas pretendidas, indicando que el descontento con la decisión de primera instancia obedece a la nugatoria de la pretensión tercera de la demanda que cita “La suma que corresponda a los cánones de arrendamiento que se causen en el lapso comprendido de marzo de 2011 a la fecha en la que la pasiva allane a realizar el pago por dicho concepto”. Al respecto, indicó que el hecho de que no se hubiese demostrado la cuantía de lo cancelado por relocalización transitoria con posterioridad a la presentación de la demanda, no se debió a una deficiencia de la entidad, sino que se debió a que, al ser un perjuicio futuro no consolidado, resultaba imposible la prueba de este en las oportunidades probatorias del proceso, insistiendo que, aunque hoy podría establecerse Página 8 de 25 YPCF Procuraduría 4 Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15 – 8º PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7

con certeza lo que debió gastar la entidad desde el 2011 hasta el mes de mayo del presente año, resulta imposible determinar cuánto deberá pagar la demandante por las familias que aún no se les ha culminado el proceso de reasentamiento. Lo anterior, máxime cuando el perjuicio generado a la Caja de Vivienda Popular por el pago de estas sumas resultó plenamente probado en el proceso, conforme a que estos pagos que debía realizar por concepto de relocalización transitoria, devenían de un deber impuesto por el ordenamiento jurídico, el cual como es de esperar, no podía ser desconocido por la Entidad.  Manifestó que el proceso de reasentamiento es un trámite que demanda tiempo para su culminación, debido a que las familias se enfrentan al problema de escases de vivienda en la ciudad de Bogotá a la que puedan acceder con facilidad y/o a los tiempos que puede demorar la construcción de los proyectos seleccionados por las familias, por lo que es lógico que estas familias reciban un tiempo considerable la ayuda de relocalización transitoria, por lo que de las 84 familias de la Urbanización Buena Vista Oriental etapa III, se encuentren algunas familias que al día de hoy continúen recibiendo esta clase de ayudas. Insistió en que esta situación fue puesta de presente en la demanda y los alegatos presentados en primera instancia, en el acápite que denominó "DE LOS VALORES QUE HA DEBIDO PAGAR LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR POR EL REASENTAMIENTO DE LAS 84 FAMILIAS.", dentro de los cuales se incluyeron cifras oficiales del área financiera de Reasentamientos de la CVP, quién, al hacer un balance de los pagos

realizados a estas 84 familias por este concepto ascendieron al 2018 a la suma de $2.149.225.053. Precisó que, al no ser una etapa probatoria dentro del proceso regulado por el CCA vigente para la época en la que se instauró la demanda, resultaba inútil presentar pruebas de los perjuicios que se fueron consolidando luego de la presentación de la demanda, sin embargo, si fueron puestas de presente bajo las cifras oficiales de la entidad cuanto se había pagado por concepto de relocalizaciones a la fecha de presentación de los alegatos. En este sentido solicitó revocar la nugatoria de estas pretensiones, principalmente debido a que el Ad Quo encontró probado el perjuicio que se le había generado a la entidad por el pago de las relocalizaciones de las 84 familias afectadas, lo que hubiese podido acontecer en el proceso era la obtención de pruebas adicionales mediante pruebas de oficio, toda vez que al extremo demandante le era imposible presentar pruebas adicionales, o bien mediante una condena en abstracto o in genere por dichos conceptos, pues a pesar de que se encontraban plenamente probada la cuantificación de los perjuicios hasta la presentación de la demanda, quedaba por fuera un perjuicio probado, pero que era imposible efectuar su tasación conforme a las ritualidades procesales.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos: Para resolver el conflicto jurídico suscitado entre las partes se plantea el siguiente problema jurídico. 2.1.1. ¿Conforme el material probatorio arrimado al plenario, es posible atribuir

responsabilidad a las sociedades Constructora e Inmobiliaria Milenio LTDA por el daño ocasionado a la Nación – Caja de Vivienda Popular, en el marco del proyecto Urbanización Buena Vista Oriental etapa III, con ocasión a la omisión de acatar las recomendaciones de mitigar los daños estructurales y las deficiencias constructivas Página 9 de 25 YPCF Procuraduría 4 Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 No. 15 – 8º PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 acaecidos a las viviendas, por lo que fue necesario en el año 2009 desalojar las 84 familias beneficiarias del programa, debiéndose efectuar su reubicación o reasentamiento, correspondiendo a las demandadas reintegrar el Valor Único de Reconocimiento –VUR girado en cuantía total de $668.323.200, para sufragar parte del precio de las ochenta y cuatro (84) viviendas que conformaban el citado proyecto urbanístico, y adquiridas a título de compraventa por cada una de las familias beneficiarias del VUR? 2.1.2. ¿Procede efectuar en el presente