PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Se probó que el fallecimiento del menor fue por accidente de tráns

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por fallecimiento de un menor de edad al ser atropellado por una motocicleta oficial DAÑO ANTIJURÍDICO-Se probó que el fallecimiento del menor fue por accidente de tránsito/RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-El municipio es propietario de la motocicleta No cabe duda de que la actividad que estaba realizando el colegio Humberto Gómez Nigrinis (maratón Hugonistica) para lo cual tramitaron ante las autoridades municipales competentes los permisos del caso. El hecho dañino se encuentra acreditado en el proceso, en la medida en que se probó que en dicho accidente se produjo la muerte del niño por edema cerebral producto del accidente de tránsito ocurrido el 23 de abril de 2004. Así mismo, la imputación en relación con la entidad demandada se encuentra documentada en razón de que el municipio de Piedecuesta (S) era el propietario de la motocicleta de palcas MRY 99 A (fl.31). Corolario de lo expuesto, se concluye que la causa determinante del accidente, objeto de análisis, fue la falta de pericia del conductor, y al no estar configuradas las causales eximentes de responsabilidad, como son el hecho de un tercero y el caso fortuito o la fuerza mayor, la Nación –Municipio de Piedecuesta (Santander) es administrativamente responsable de la muerte del menor. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS-Por los daños que sus alumnos sufran o cuando se encuentran bajo la tutela de las directivas y docentes

La Delegada considera que sobre las instituciones educativas recae la responsabilidad por los daños que sus alumnos sufran o cuando se encuentran bajo la tutela de las directivas y docentes del establecimiento educativo, bien sea en sus propias instalaciones o por fuera de las mismas; pero al mismo tiempo, considera necesario resaltar que la justificación para la existencia de esta responsabilidad, se halla en el hecho de que en los establecimientos educativos escolares, normalmente se forman y educan personas menores de edad, quienes por esta sola circunstancia se encuentran expuestas a muchos riesgos, toda vez que carecen de la madurez y buen criterio necesarios para regir sus actos y, en consecuencia, pueden incurrir en actuaciones temerarias, imprudentes, de las que se pueden derivar daños para sí mismos o para terceros; es por eso que el artículo 2347 del Código Civil establece que “…los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado (…)”, situación que sólo puede predicarse, precisamente, de quienes efectivamente requieran de ese cuidado. En consecuencia, el análisis de la responsabilidad de los establecimientos e instituciones educativas debe hacerse teniendo en cuenta la calidad de los educandos que hacen parte de los mismos, toda vez que no puede ser igual la relación de dependencia y subordinación que existe entre profesores adultos y alumnos menores de edad, que la existente entre personas todas mayores de edad. Es evidente que existen grandes diferencias entre un colegio diurno, al que asisten generalmente niños y menores de edad y un colegio nocturno, en el cual la mayoría de sus alumnos son personas adultas que Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No.680012331000200503845 01 (51634) generalmente durante el día se dedican a trabajar y que hacen un esfuerzo digno de reconocimiento por continuar con su proceso de formación una vez concluyen su jornada laboral, lo que evidencia sin duda un mayor grado de madurez y responsabilidad. RESPONSABILIDAD OBJETIVA POR RIESGO EXCEPCIONAL-Están demostrados los elementos/RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Indemnización de perjuicios morales y materiales De conformidad con los lineamientos expuestos en el marco teórico y teniendo en cuenta los medios de prueba allegados al expediente, para esta Delegada del Ministerio Público es posible concluir que en el presente caso están demostrados los elementos de la responsabilidad de riesgo excepcional por parte del ente municipal demandado. En consecuencia, esta Delegada del Ministerio Público, considera que se debe confirmar el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Santander. Por tanto debe ser declarada la responsabilidad administrativa de las demandadas, por el daño irrogado a los demandantes, de conformidad a lo preceptuado en los artículos 86 del C.C.A. y 90 de la Constitución Política, confirmando en consecuencia la decisión objeto de consulta. En conclusión, el fallo consultado deberá ser confirmado en lo que respecta a la responsabilidad de las entidades demandas y en la condena por perjuicios morales y

materiales efectuadas a favor de la parte demandante, pues observa esta Delegada que dentro del proceso se encuentran debidamente acreditados los elementos para su prosperidad. RESPONSABILIDAD OBJETIVA POR RIESGO EXCEPCIONAL-Jurisprudencia del Consejo de Estado 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No.680012331000200503845 01 (51634) CONCEPTO No. 168 /2014 Bogotá, D.C. 29 de septiembre de 2014

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente Doctor Hernán Andrade Rincón

E. S. D.

EXPEDIENTE: 680012331000200503845 01 (51634)

Acción: Reparación Directa-Grado Jurisdiccional de Consulta ACTORA: Gladys Parra y otros DEMANDADO: Municipio de Piedecuesta y otros.

Sentido del concepto: procede del Grado Jurisdiccional de Consulta. / Solicitud de confirmación de la sentencia recurrida declarando la responsabilidad solidaria administrativa y patrimonial del municipio de Piedecuesta (S) y del Colegio Humberto Gómez Nigrinis. / Régimen de responsabilidad objetiva.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se

centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos. El proceso de la referencia se encuentra en conocimiento del H. Consejo de Estado para decidir el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por el H. Tribunal Contencioso Administrativo de Santander, que accedió a las súplicas de la demanda.

1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda-hechos La señora Gladys Parra y Alirio Guerrero, actuando en nombre propio y en representación de los menores Yeraldine Lizath Guerrero Parra, Nalzy Nayely Guerrero Parra y Evelin Yurani Ortiz Parra; Miryam Guerrero Forero y María Helena Parra en

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No.680012331000200503845 01 (51634) ejercicio de la acción de reparación directa instaurada por intermedio de apoderado contra el municipio de Piedecuesta (S), Dirección de Tránsito de Piedecuesta, Cooperativa de Trabajadores Unidos de Floridablanca – COTRAUFLOR y contra el Colegio Municipal Humberto Gómez Nigrinis, por la muerte del niño Jhon Alexander Guerrero Parra hecho acecido el 28 de abril de 2004, cuando se celebraban los 15 años de fundada la institución educativa para la cual se programó una maratón Hugonistica, actividad

deportiva que se llevó a cabo el 23 de abril de 2004. La Dirección de Tránsito de Piedecuesta era la encargada de proporcionar la colaboración necesaria, inclusive, aduciendo motivos de seguridad para los participante en la maratón y en el transcurso de ésta Jhon Alexander Guerrero Parra fue atropellado por Hernán Augusto Duarte Guerra, agente de tránsito del municipio de Piedecuesta quien prestaba sus servicios a la entidad territorial a través de la Cooperativa de Trabajadores Unidos de Floridablanca-COOTRAUFLOR. 1.2. Sentencia de primera instancia El Tribunal Contencioso Administrativo de SantanderSubsección de Descongestión-Sala de Otros Asuntos, en sentencia de única instancia del 4 de agosto de 2013 declaró al municipio de Piedecuesta-Inspección de Tránsito y Transporte y al Colegio Humberto Gómez Nigrinis administrativa y patrimonialmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados a los demandante; dijo que el régimen de responsabilidad objetiva a título de riesgo excepcional, por cuanto la actividad de conducir una motocicleta oficial constituye una actividad peligrosa, y que los elementos que exige la ley y la jurisprudencia para atribuir la responsabilidad del hecho que conllevó al fallecimiento del menor Jhon Alexander Guerrero Parra, a los entes demandados, como son el daño cuya reparación se solicita y el nexo causal entre el hecho atribuible a la administración y el daño, para lo cual sí la parte demandada pretende exonerase de responsabilidad debía probar que se rompió el nexo causal por la existencia de alguna causal exagerativo de responsabilidad, ya sea por fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva de la víctima.

4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No.680012331000200503845 01 (51634)

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico.

Puede ser expresado en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Existe responsabilidad administrativa y patrimonial del municipio de Piedecuesta (S) y del Colegio Municipal Humberto Gómez Nigrinis por los perjuicios causados a los demandantes, como consecuencia del fallecimiento del menor Jhon Alexander Guerrero Parra al ser atropellado por una motocicleta oficial manejada por un alférez de la Dirección de Tránsito de Piedecuesta, y en consecuencia deben ser condenados a indemnizarlos? 2.2. Marco teórico. Premisa normativa. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público. 2.2.1. Responsabilidad objetiva por riesgo excepcional (armas, vehículos, etc) La jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha sostenido en innumerable ocasiones, entre otras en sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente 5200-12331000-1994-6040-01-11222, con ponencia del Doctor Alier Eduardo Hernández Enríquez, que:

“(…) Ha sido reiterada la tesis de la Sala, según la cual en los eventos en que el daño es producido por las cosas o actividades peligrosas (armas de dotación oficial, vehículos automotores, conducción de energía eléctrica, etc.), el régimen aplicable es de carácter objetivo, porque el factor de imputación es el riesgo grave y anormal a que el Estado expone a los administrados. De tal manera, que basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es ésta la razón 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No.680012331000200503845 01 (51634) por la cual la Corporación ha seguido refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política. En dichos eventos (daños producidos por las cosas o las actividades peligrosas), al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de una actividad riesgosa. Y la entidad demandada, para exculparse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, que el daño se produjo por fuerza mayor, culpa exclusiva y determinante de la víctima o hecho exclusivo y determinante de un tercero (…). 2.2.2. Responsabilidad de los centros educativos frente a sus alumnos la

jurisprudencia ha dicho: (…) Así lo establece el inciso final del artículo 2347 del Código Civil: debe advertirse que el deber de vigilancia de los centros educativos por los daños que causen o puedan sufrir los alumnos, es inversamente proporcional a su edad o capacidad de discernimiento, es decir, es mayor frente a alumnos menores o con limitaciones físicas o psicológicas, pero será más moderado en relación con alumnos mayores de edad (…).1 2.2. Las pruebas obrantes. Supuestos fácticos. Se allegó parte del material probatorio de conformidad con las reglas establecidas en materia de prueba documental, en el Código de Procedimiento Civil.

En su orden son:  Registro de defunción de Jhon Alexander Guerrero Parra.  Oficio expedido por la inspectora de Tránsito del Municipio de Piedecuesta de fecha 24 de febrero de 2010 (fl. 302) en el cual informa que el accidente ocurrido el 23 de abril de 2004 en el cual resultó involucrada la moto 3, Suzuki de propiedad de la Alcaldía municipal de Piedecuesta, conducida por Hernán Augusto Duarte Guerrero 1 MAZEAUD TUNC. Responsabilidad Civil Delictual y Contractual. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1997, primer tomo, volumen II, pág. 545.

6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No.680012331000200503845 01 (51634)  Copia de la tarjeta de propiedad de la motocicleta donde aparece que es de servicio particular, de placas MRY 99A, a nombre de la Alcaldía Municipal de Piedecuesta (fl.331)  Informe de tránsito donde aparece: Clase de accidente, “atropello”, lugar “carrera 6 con calle 14 de Piedecuesta”, características de la vía: “recta”, sector “residencial”, “plana” “doble sentido”, de “dos carriles”, “con huecos”.  Copia auténtica de la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bucaramanga del 4 de mayo de 2011 mediante la cual condenaron a Hernán Augusto Duarte Guerra a la pena de 36 meses de prisión por la muerte de Jhon Alexander Guerra Parra. 2.3. Caso concreto En este orden de ideas, cabe advertir las siguientes situaciones, que llevaron a la decisión acertada en consideración de esta Delegada del Ministerio Público, por cuenta del Tribunal Contencioso Administrativo de Santander. En su orden son: Aquí se presentan dos situaciones para analizar: 1.- La responsabilidad del municipio de Piedecuesta (S). En el proceso se encuentra acreditado que, la muerte del niño Jhon Alexander Guerrero Parra hecho acecido el 28 de abril de 2004, el menor contaba con escasos 10 años de edad, cuando se celebraban los 15 años de fundada la institución educativa para la cual se programó una maratón Hugonistica, actividad deportiva que se llevó a cabo el 23 de abril de 2004, en el municipio de Piedecuesta (S) al ser atropellado por una motocicleta de propiedad de la alcaldía de

Piedecuesta que conducía el señor Hernán Augusto Duarte Guerra en su calidad de agente de tránsito de dicha municipalidad. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No.680012331000200503845 01 (51634) No cabe duda de que la actividad que estaba realizando el colegio Humberto Gómez Nigrinis (maratón Hugonistica) para lo cual tramitaron ante las autoridades municipales competentes los permisos del caso. El hecho dañino se encuentra acreditado en el proceso, en la medida en que se probó que en dicho accidente se produjo la muerte del niño Jhon Alexander Guerrero (q.e.p.d.) el fallecimiento se produjo por edema cerebral producto del accidente de tránsito ocurrido el 23 de abril de 2004. Así mismo, la imputación en relación con la entidad demandada se encuentra documentada en razón de que el municipio de Piedecuesta (S) era el propietario de la motocicleta de palcas MRY 99 A (fl.31). Corolario de lo expuesto, se concluye que la causa determinante del accidente, objeto de análisis, fue la falta de pericia del conductor, y al no estar configuradas las causales eximentes de responsabilidad, como son el hecho de un tercero y el caso fortuito o la fuerza mayor, la Nación –Municipio de Piedecuesta (Santander) es administrativamente responsable de la muerte de Jhon Alexander Guerrero Parra (q.e.p.d.).

2. La responsabilidad del colegio Humberto Gómez Nigrinis.

La Delegada considera que sobre las instituciones educativas recae la responsabilidad por los daños que sus alumnos sufran o cuando se encuentran bajo la tutela de las directivas y docentes del establecimiento educativo, bien sea en sus propias instalaciones o por fuera de las mismas; pero al mismo tiempo, considera necesario resaltar que la justificación para la existencia de esta responsabilidad, se halla en el hecho de que en los establecimientos educativos escolares, normalmente se forman y educan personas menores de edad, quienes por esta sola circunstancia se encuentran expuestas a muchos riesgos, toda vez que carecen de la madurez y buen criterio necesarios para regir sus actos y, en consecuencia, pueden incurrir en actuaciones temerarias, imprudentes, de las que se pueden derivar daños para sí mismos o para terceros; es por eso que el artículo 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No.680012331000200503845 01 (51634) 2347 del Código Civil establece que “… los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado (…)”, situación que sólo puede predicarse, precisamente, de quienes efectivamente requieran de ese cuidado. En consecuencia, el análisis de la responsabilidad de los establecimientos e instituciones educativas debe hacerse teniendo en cuenta la calidad de los educandos que hacen parte

de los mismos, toda vez que no puede ser igual la relación de dependencia y subordinación que existe entre profesores adultos y alumnos menores de edad, que la existente entre personas todas mayores de edad. Es evidente que existen grandes diferencias entre un colegio diurno, al que asisten generalmente niños y menores de edad y un colegio nocturno, en el cual la mayoría de sus alumnos son personas adultas que generalmente durante el día se dedican a trabajar y que hacen un esfuerzo digno de reconocimiento por continuar con su proceso de formación una vez concluyen su jornada laboral, lo que evidencia sin duda un mayor grado de madurez y responsabilidad. De conformidad con los lineamientos expuestos en el marco teórico y teniendo en cuenta los medios de prueba allegados al expediente, para esta Delegada del Ministerio Público es posible concluir que en el presente caso están demostrados los elementos de la responsabilidad de riesgo excepcional por parte del ente municipal demandado. En consecuencia, esta Delegada del Ministerio Público, considera que se debe confirmar el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Santander. Por tanto debe ser declarada la responsabilidad administrativa de las demandadas, por el daño irrogado a los demandantes, de conformidad a lo preceptuado en los artículos 86 del C.C.A. y 90 de la Constitución Política, confirmando en consecuencia la decisión objeto de consulta. En conclusión, el fallo consultado deberá ser confirmado en lo que respecta a la responsabilidad de las entidades demandas y en la condena por perjuicios morales y materiales efectuadas a favor de la parte demandante, pues observa esta Delegada que dentro del proceso se encuentran debidamente acreditados los elementos para su

prosperidad. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No.680012331000200503845 01 (51634) La Procuraduría General de la Nación en su función de garantizar la reparación de los perjuicios ocasionados, como consecuencia del riesgo excepcional y en representación de los intereses de la sociedad a través de esta Delegada de Ministerio Público solicita declarar la responsabilidad de las demandadas.

III. CONCLUSIÓN En concepto del Ministerio Público la sentencia del catorce (14) de agosto de dos mil trece (2013), proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Santander, debe ser confirmada en su totalidad.

Del H. Magistrado,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co