PGN - DAÑO El hito conceptual sobre el cual descansa la posibilidad de atribuir la respons

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO REPARACION DIRECTA-Por omisión de comprar y/o expropiar un predio de su propiedad, utilizados de de forma arbitraria como aliviaderos en temporadas de lluvias RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Por los daños antijurídicos que le san imputables El artículo 90 constitucional, establece una cláusula general de responsabilidad del Estado cuando determina que éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, de lo cual se desprende que para declarar responsabilidad estatal se requiere la concurrencia de estos dos presupuestos: (i) la existencia de un daño antijurídico y (ii) que ese daño antijurídico le sea imputable a la entidad pública, bajo cualquiera de los títulos de atribución de responsabilidad, como la falla del servicio, el daño especial, el riesgo excepcional, entre otros FALLA DEL SERVICIO-Como uno de los presupuestos de la responsabilidad extracontractual del estado RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA-Daño especial El sistema de responsabilidad patrimonial del Estado Colombiano en sede judicial tradicionalmente ha consultado un régimen subjetivo, el de falla en el servicio, evento en el cual, además de la demostración de la existencia de un daño, se exige para su imputación que ese menoscabo haya sido causado por acción u omisión predicable de las entidades estatales y que dicha conducta resulte anómala o desconocedora del ordenamiento jurídico. No obstante lo anterior, paralelamente a dicho régimen, la Sección

Tercera del Consejo de Estado ha aceptado la posibilidad de condenar patrimonialmente al Estado bajo enfoques objetivos, como es el caso de los que se derivan del riesgo excepcional o de la noción de daño especia l, en los cuales el estudio no se centra en la naturaleza de la conducta estatal -la cual en muchas ocasiones se muestra acorde a derechosino que comporta el análisis en torno a precisar si el daño sufrido por el asociado se muestra como un desequilibrio injustificado en las cargas públicas que deben soportar normalmente las personas por el hecho de vivir en sociedad CARGA DE LA PRUEBA-De la parte interesada/CARGA DE LA PRUEBAprincipio onus probandi incumbit actori Encuentra el Ministerio Público, que ni recurriendo a la prueba indiciaria, se podría decir que se detecta con claridad el desarrollo de los hechos y su imputación a las accionadas, pues no existe un hecho indicador probado, que permite realizar la inferencia lógica, para finalmente arribar a la conclusión que propone la parte activa. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (60543) 080012333005201300308 01 De esta manera, se le recuerda a la parte demandante que no basta con que las obras civiles se hayan efectuado sobre el cauce del arroyo el León que cruza el predio de su

propiedad, constituyéndose en un hecho notorio, siendo necesario aportar material probatorio que soporte las situaciones fácticas así como las pretensiones que busca se le aprueben, como consecuencia de la obra pública realizada, toda vez que, contrario a lo manifestado por el demandante en las pruebas obrantes, principalmente en los informes rendidos por el FORO HIDRICO y ACODAL se concluyó que “Los trabajos en el arroyo León se realizaron única y exclusivamente sobre su cauce, resultando unas sección de diseño de veinticuatro (24) metros de ancho en la parte superior, doce (12) metros de ancho en la inferior y cuatro punto cincuenta (4.50) meros de profundidad”. PRUEBAS-Documentales EL DAÑO-El hito conceptual sobre el cual descansa la posibilidad de atribuir la responsabilidad extracontractual/EL DAÑO-No se logró probar Corolario a lo anterior, no es posible entonces aprobar las pretensiones, por cuanto no se acreditaron los elementos basilares del título de imputación que se propone, en este caso el daño especial, toda vez que no se lograr probar el daño, pues como se ha dicho de manera reiterativa a lo largo de este concepto y aparece probado, las obras realizadas de las cuales se busca deprecar el daño alegado, se realizaron en su totalidad dentro de la ronda hídrica (bien de uso público) por razones además de urgencia manifiesta al estar en riegos derechos superiores y comunitarios, adicionalmente el actor no probo algún tipo de daño colaterales o conexos con la realización de dichas obras, adicionalmente esta Delegada no encuentra obligación legal de las demandadas en cuanto a que tuvieran que

iniciar proceso de expropiación ni mucho menos adquirir parte del predio de la corporación actora, cuando los trabajos de mitigación se realizaron sobre el bien público, es decir sobre la ronda hídrica del arroyo León que pasaba sobre el predio de propiedad de la actora, por lo que igualmente, se exacerba un fallo adverso a lo pedido.

CONCEPTO No. 066 / 2018

2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co YPCF

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Exp. No. (60543) 080012333005201300308 01 Bogotá D. C., 03 de mayo de 2018

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero ponente doctor: Marta Nubia Velásquez Rico

E. S. D.

EXPEDIENTE: 080012333005201300308 01 (60543) Medio de control de reparación directaLey 1437 de 2011

ACTOR: Corporación Club Lago de Caujaral.

DEMANDADO: Nación – Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla - otros.

Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida / No se logó probar el daño especial alegado / El actor no cumplió con la carga probatoria que por ley le correspondía en este caso / Efectivamente los trabajos realizados dentro de las obras de mitigación se efectuaron sobre el

terreno público de la ronda hídrica. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, además de la protección del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales.

1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda – hechos.

La Corporación Club Lago de Caujaral, a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, sustentó demanda bajo la denominada falla probada en el servicio en contra 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co YPCF

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Exp. No. (60543) 080012333005201300308 01 de la Nación – Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, el Fondo de Restauración de Obras e Inversiones Hídricas Distrital de Barranquilla, y el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; con el fin de que se les declare responsables administrativa y civilmente por los perjuicios causados a la demandante, como consecuencia de la presunta omisión de comprar y/o expropiar un área de 29.009 Mts2 de un predio de mayor extensión de su propiedad, utilizados

presuntamente de forma arbitraria como aliviaderos en temporadas de lluvias, al momento de ejecutar el contrato FROIH-063/2011, en atención a la declaración de urgencia manifiesta efectuada mediante el Decreto No. 0072 del 31 de enero de 2011 expedido por el Alcalde Distrital de Barranquilla, con el fin de atender la ejecución de las obras y trabajos para el mejoramiento de condiciones ambientales de la subcuenca arroyos Grande y León, necesarias para mitigar los efectos de la ola invernal del año 2010. A título de indemnización se solicitó el reconocimiento y pago del valor de $241.731.670,oo (doscientos cuarenta y un millones setecientos treinta y un mil seiscientos setenta pesos) por los 29.009 Mts2 afectados con las mejoras y construcciones hechas en el terreno de su propiedad, adicionalmente solicitó el pago y reconocimiento de los 400.00 Mts2 de la extensión de tierra de propiedad de la corporación que fue destinada como aliviadero en temporadas de lluvias, por valor de $3.334.000.000,00. (Tres mil trescientos treinta y cuatro millones de pesos) 1.2. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo del Atlántico, negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas mediante sentencia proferida el tres (3) de mayo de dos mil diecisiete (2017), manifestando, en resumen, los siguientes argumentos: 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (60543) 080012333005201300308 01  Frente a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva sustentada por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, encontró el Tribunal de acuerdo a las situaciones fácticas y probatorias del expediente que, le asiste razón a la demandante cuando afirma que el Distrito de Barranquilla firmo el convenio interadministrativo No. 59 de 2011, con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, el cual tenía como objeto transferir los recursos financieros otorgados por el Ministerio con recursos del Fondo Nacional de Calamidades, Subcuenta - Colombia Humanitaria, para la ejecución de los proyectos aprobados a la entidad ejecutadora para adelantar actividades conducentes a atender y restablecer las condiciones ambientales en zonas afectadas por la emergencia invernal ocasionada por el fenómeno de la niña 2010 — 2011. Encontrando que, de las obligaciones hechas en el convenido se pactó como clausula cuarta "Suscribir los contratos o convenio necesarios para la ejecución de los proyectos y ordenar los pagos a que haya lugar con cargo a los recursos trasferidos a su respectivo recargo fiduciario".  De esta manera, para ejecutar tales obras, el referido distrito firmó convenio con el Fondo Hídrico, cuyo objeto era aunar esfuerzos para que, por conducto de este último, se ejecutara los recursos aprobados en el marco de Convenio

Interadministrativo No. 59 de 2011. Por lo anterior, es claro que en el presente asunto le asiste legitimación al Distrito de Barranquilla para comparecer al proceso, al igual que al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien, como ya se dijo, suscribió el convenio interadministrativo cuyo objeto fue transferir los recursos financieros con recursos del Fondo Nacional de Calamidades, Subcuenta - Colombia Humanitaria, para la ejecución de los proyectos aprobados, cuyo ejercicio dio origen al presente proceso.  Del análisis al material probatorio, encontró la Sala que ciertamente, el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana fueron fuertemente golpeados 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co YPCF

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Exp. No. (60543) 080012333005201300308 01 por la ola invernal de los años 2010 y 2011, debido al fenómeno climático conocido como "LA NIÑA”, afectando todas aquellas zonas aledañas al Arroyo León y especialmente la zona que atraviesa los predios de propiedad de la Corporación Club Lagos del Caujaral. En atención a la ola invernal, el Distrito de Barranquilla, por conducto de su Alcalde, expidió el Decreto No. 0072 de 2011 por medio del cual se declaró la urgencia manifiesta para atender la ejecución de

las obras y trabajos para el mejoramiento de condiciones ambientales de la subcuenca arroyos Grande y León necesarias para mitigar los efectos derivados de la ola invernal del 2010, y que por virtud de esta situación, se suscribió entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el DEIP de Barranquilla el Convenio Interadministrativo de uso de recursos No. 59 de 2011 para la ejecución de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Calamidades, Subcuenta Colombia Humanitaria en el marco del fenómeno de la niña 2010 – 2011.  Asimismo, consideró el Ad Quo demostrado que con la finalidad de ejecutar los recursos aprobados en el marco del anterior convenio se suscribió entre el DEIP y el Fondo de restauración, obras e inversión hídrica distritalForo Hídrico el Convenio Interadministrativo No. 0048 del 10 de junio de 2011 y que fue en virtud de este contrato que el Foro Hídrico suscribió el Contrato de Obra FROIH063/2011 con la firma Consultores del Desarrollo S.A. cuyo objeto fue la realización de obras de mejoramiento ambiental en la subcuenca de los Arroyos Grande y León, de donde se desprende el hecho dañoso atacado en el presente proceso y sobre el cual la demandante reclama unos perjuicios.  Respecto al daño alegado por la actora, mencionó la Sala, que aunque se demostró la titularidad de la Corporación respecto al predio presuntamente afectado, no es menos cierto que ante la existencia de una ronda hídrica, la misma debe ceder ante el interés público y por ello no es aceptable que se

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Exp. No. (60543) 080012333005201300308 01 reclame indemnización de perjuicios por un predio con vocación y naturaleza pública, más aun cuando dicha área, por tener el carácter de público, por la cual ni el demandante ni ningún otro particular puede predicar su titularidad ni su dominio, ni mucho menos solicitar indemnización a consecuencia de los trabajos de mejoramiento que se desarrollaron en la subcuenca de los arroyos Grande y León Fase I, dentro de los límites de la denominada Ronda Hídrica.  Conforme a lo anterior, concluyó el Tribunal de instancia que en el caso sub examine no se predica en este asunto la existencia de un daño antijurídico, lo anterior, habida cuenta que, como ya se dijo, los terrenos ocupados hacen parte de la denominada ronda hídrica, que tienen connotación de bien inalienable e imprescriptible y por tanto, podían las demandadas intervenir en él, más aun cuando el fin perseguido era mitigar la ola invernal que azoto a esta región del país, aspecto que no puede pasarse por alto en este estudio y frente al cual no se demostró que las demandadas hayan omitido el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la previsión y atención de los hechos de la naturaleza. 1.3. Concepto del Ministerio Público. El Procurador 115 Delegado ante el Tribunal del Atlántico, emitió concepto de

fondo dentro del presente asunto, solicitando denegar las pretensiones de la demanda, indicando al respecto: En atención a la normatividad aplicable al caso, y atendiendo las pruebas documentales arrimadas al proveído es dable afirmar que les asiste razón a las demandadas en tanto afirman que los trabajos de limpieza y ampliación de canales a 24 metros se realizaron dentro del margen de la ronda hídrica de 30 metros y que por 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co YPCF

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Exp. No. (60543) 080012333005201300308 01 lo tanto al tener dicha franja el carácter de público, no es predicable entonces la existencia de un daño antijurídico en contra de las demandadas, pues si bien es cierto la escritura pública No 986 de abril 30 de 1974, muestra la titularidad a favor de Club Lagos Caujaral, no es menos cierto que ante la evidencia de la existencia de una ronda hídrica de propiedad del Estado y de uso público, la misma debe ceder ante el interés público y por ello no es aceptable que se reclame indemnización de perjuicios por un predio con dicha vocación y naturaleza publica. 1.4. Argumentos de la apelación. El apoderado de la parte actora, dentro del proceso referido, incoó recurso de apelación en contra de la sentencia adversa a sus intereses; en términos resumidos

argumentó lo siguiente:  Mencionó el recurrente que, la sentencia objeto del recurso constituye claramente una afrenta al derecho constitucional que le asiste a la Corporación demandante, respecto al derecho de la propiedad privada y la función social, además de una clara desprotección de sus intereses económicos, en tanto que pasa por alto el notable menoscabo patrimonial a que fue sometida por parte de las demandadas, no estando legítimamente obligada a padecer tal perjuicio.  Consideró, que el fallo impugnado efectúa una errada interpretación del concepto de ronda hídrica en tanto que en algunos apartes de la sentencia se entiende por aquella la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho, y en algunos otros apartes lo concibe como un margen de 30 metros cuadrados, siendo totalmente diferente al concepto contenido en el artículo 83 del Decreto 2811 de 1974, el cual no está determinando por un área física sino por metros 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co YPCF

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Exp. No. (60543) 080012333005201300308 01 lineales. Sin embargo, donde yerra el Honorable Tribunal, es al indicar que la pretensión de la demanda se refiere a la expropiación del área construida, sino a

la zona de propiedad privada de mi representada que se ve afectada al ver aumentado la ronda hídrica sobre su propiedad, correspondientes a 24781 mts2 de extensión de tierra. La ampliación del cauce implica necesariamente la ampliación de la ronda hídrica, la cual únicamente se puede ampliar, sobre propiedad privada de la corporación demandante.  Adicionalmente a esto se utilizó el sector derecho del inmueble como aliviadero, lo que permitió la inundación del Iote en una extensión aproximada de 40 Has., área, que quedó inutilizable por cuanto fue destinada para recibir las aguas que provienen del Arroyo Grande o León en las temporadas de lluvias. Vistas así las cosas, se obliga a concluir; por una parte, sin importar que los trabajos se hayan realizado sobre zonas de uso, publico, el efecto de dichos trabajos trajo consigo la ampliación del cauce y por ende de la ronda hídrica, y que esta nueva ronda hídrica se extendió sobre la propiedad privada en la extensión determinada por el perito; y por otra parte, de manera más clara afectó a los demandantes, al sobrepasar sustancialmente los parámetros de trabajos sobre zonas de uso público, al construir nuevos canales que afectaron no solo las zonas en las que efectivamente se realizó la obra, sino también el área correspondiente a una extensión aproximada de 40 Has, la cual fue destinada para recibir las aguas provenientes del Arroyo Grande o León, sin que se hiciera mención alguna en la sentencia que se recurre respecto de este punto.  Respecto al desconocimiento del fallo de la función social de la propiedad

privada de la demandante, se menciona en el recurso de marras que, la decisión adoptada por la primera instancia pasa por alto el perjuicio irremediable que se 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co YPCF

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Exp. No. (60543) 080012333005201300308 01 le ha causado a la aludida Corporación como consecuencia de la imposibilidad de usufructuar su bien desde el momento mismo en que se efectuaron los trabajos de intervención en el Arroyo León, toda vez que, por la afectación abusiva que se le impuso al predio, se le ha negado el ejercicio de los derechos derivados del ejercicio de la propiedad. Sin embargo, pese a habérsele variado las condiciones al inmueble, con el nuevo gravamen de ampliación de la ronda hídrica sobre su propiedad, la Corporación Club Lagos del Caujaral está sujeta a cancelar el impuesto predial en la totalidad de su área, lo que implica que deba asumir una serie de gastos de significativa cuantía, sin obtener un disfrute pleno de su legítimo derecho, causándole un evidente perjuicio patrimonial.  Argumentó el apoderado de la demandante que efectivamente, el fin perseguido con la ejecución de las obras era el de mitigar la ola invernal que azotó a esta región del país, situación que por sí sola no puede hacer de la presente reclamación del acto antijurídico un reto, máxime cuando dicho acto

tenía una finalidad legalmente sustentada. Puesto que, la responsabilidad especial del Estado se fundamenta en la ocurrencia de hechos generadores de perjuicios en cumplimiento de funciones legales o constitucionales. De esta manera, es claro que la parte actora reconoce la necesidad de las obras, sin embargo, la necesidad de las mismas y el posible resultado positivo de los mismos, nada tiene que ver con el hecho de que, en el devenir de esas actuaciones, se violentaron derechos de los particulares.  Finalmente, frente al argumento del A Quo, en cuanto a que no se produjo daño antijudío a la demandante en la medida en que las obras fueron realizadas dentro de la Ronda Hídrica del Arroyo León y que, por ende, los lugares intervenidos y ampliados nunca fueron de propiedad de la Corporación Club Lago de Caujaral por ser inalienables e imprescriptible; resaltó el jurista que la 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co YPCF

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Exp. No. (60543) 080012333005201300308 01 finalidad del proceso no es el resarcimiento de perjuicios por las zonas construidas, sino efectivamente por las zonas afectadas por la nueva ronda hídrica que es conclusión obligada luego de los trabajos llevados a cabo por los demandados.  Corolario a lo anterior, concluyó el recurso que definitivamente el Club Lagos

de Caujaral sufrió un perjuicio, representado en que el inmueble de su propiedad fue afectado por la ampliación del cauce y de la ronda hídrica, tomándose parte de lo que en momento fue considerado como propiedad privada, para ser hoy parte de la ronda hídrica, no por el hecho natural sino por las modificaciones realizadas por la entidad demandada. Situación que efectivamente se encontró probada en el proceso, pues evidentemente la ampliación del cauce se dio por decisión de la administración, según se desprende del acta de consejo extraordinario celebrado el día 12 de enero de 2011, en el cual se definió la construcción de las obras de protección, dragado y ampliación del cauce del Arroyo León, lo cual se concretó en el contrato suscrito entre el Foro Hídrico y la empresa constructora cuyo objeto fue precisamente la adecuación de las obras hidráulicas, que incluyeron la ampliación del cauce del arroyo.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos.

Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. Problema jurídico planteado por el apelante:  ¿Existe realmente una afectación al derecho de propiedad privada que detenta la Corporación Club Lago de Caujaral, debido a las obras de mitigación 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co YPCF

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Exp. No. (60543) 080012333005201300308 01 y ampliación de cauce de los arroyos, realizadas sobre el terreno de su propiedad?  ¿Se puede afirmar que la conducta desplegada por las entidades demandadas Nación - Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, el Fondo de Restauración de Obras e Inversiones Hídricas Distrital de Barranquilla, y el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, al adelantar la obra pública bajo el objeto del contrato FROIH063/2011, causó un desequilibrio en las cargas públicas de los actores, generando con ello un perjuicio, el cual debe ser indemnizado?  ¿Es procedente acceder a las pretensiones invocadas, sobre el terreno afectado por la ampliación el cauce y de la ronda hídrica, configurándose los elementos necesarios para proceder a decretar la ocupación de hecho alegada por la actora, en contra de las demandadas? 2.1.2. Problema jurídico planteado por el Ministerio Público:  ¿Cumplió la parte actora, con la carga de la prueba que le asiste, con el fin de demostrar los daños alegados en la presente acción de reparación directa?  ¿Conforme el material arrimado al plenario, es posible determinar la responsabilidad administrativa y patrimonial de los demandados Nación – Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, el Fondo de Restauración de Obras e Inversiones Hídricas Distrital de Barranquilla, y el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, por los perjuicios materiales alegados

en la demanda, debido a la construcción de los trabajos públicos realizados en el predio de su propiedad, con el fin de atender y restablecer las condiciones ambientales en las zonas afectadas por la emergencia invernal ocasionadas por el fenómeno de la niña 2010-2011? 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co YPCF

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Exp. No. (60543) 080012333005201300308 01 2.2. Marco teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad Extracontractual del Estado. El artículo 90 constitucional, establece una cláusula general de responsabilidad del Estado cuando determina que éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, de lo cual se desprende que para declarar responsabilidad estatal se requiere la concurrencia de estos dos presupuestos: (i) la existencia de un daño antijurídico y (ii) que ese daño antijurídico le sea imputable a la entidad pública, bajo cualquiera de los títulos de atribución de responsabilidad, como la falla del servicio, el daño especial, el riesgo excepcional, entre otros. 2.2.2. Rompimiento de las cargas públicas.

Es requisito sine qua nom, para que haya lugar a indemnización por parte del Estado, no solo configurarse un daño, sino también que este debe ser antijurídico, conforme lo ha manifestado la Corte Constitucional en Sentencia C 254 de 2003: “(…) antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración sino de la no so portabilidad del daño por parte de la víctima. De otro lado, la concepción de daño antijurídico a partir de la consideración de que quien lo sufre no está obligado a soportarlo constituye otra forma de plantear el principio de constitucional según el cual, la igualdad frente a las cargas públicas es sustento de la actividad de la administración pública” 2.2.3. El Régimen de responsabilidad objetiva - Daño Especial. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co YPCF

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Exp. No. (60543) 080012333005201300308 01 El sistema de responsabilidad patrimonial del Estado Colombiano en sede judicial tradicionalmente ha consultado un régimen subjetivo, el de falla en el servicio, evento en el cual, además de la demostración de la existencia de un daño, se exige para su imputación que ese menoscabo haya sido causado por acción u omisión predicable de las entidades estatales y que dicha conducta resulte anómala o desconocedora del

ordenamiento jurídico. No obstante lo anterior, paralelamente a dicho régimen, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha aceptado la posibilidad de condenar patrimonialmente al Estado bajo enfoques objetivos, como es el caso de los que se derivan del riesgo excepcional o de la noción de daño especia l, en los cuales el estudio no se centra en la naturaleza de la conducta estatal -la cual en muchas ocasiones se muestra acorde a derechosino que comporta el análisis en torno a precisar si el daño sufrido por el asociado se muestra como un desequilibrio injustificado en las cargas públicas que deben soportar normalmente las personas por el hecho de vivir en sociedad1. 2.2.4. La carga de la prueba de la parte interesada - principio onus probandi incumbit actori. Por regla general, a la parte interesada le corresponde probar los hechos que alega a su favor para la consecución de un derecho. Es este postulado un principio procesal conocido como ‘onus prodandi, incumbit actori’ y que de manera expresa se encuentra previsto en el artículo 177 del C.P.C. Correlativo a la carga del demandante, está asimismo, el deber del demandado de probar los hechos que sustentan su defensa, obligación que igualmente se recoge en el aforismo ‘reus, in excipiendo, fit actor’. A fin de suplir estas cargas las partes cuentan con diversos medios de prueba, los cuales de manera enunciativa, se encuentran determinados en el artículo 175 C.P.C. El Artículo 177 del C.P.C., enunció frente a la Carga de la prueba: “Incumbe a las partes probar el supuesto de he