PGN - DAÑO EMERGENTE Lucro cesante y perjuicios morales

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por falla en el servicio por omisión DAÑO EMERGENTE-Lucro cesante y perjuicios morales/FALLA EN EL SERVICIO-Prelación al integrar conceptos de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos Esta Delegada del Ministerio Público, encuentra que en relación con los perjuicios materiales consistentes en daño emergente, se encuentra acreditado con las certificaciones de los honorarios profesionales y el lucro cesante que se produjo por desaparición forzada, teniendo en cuenta que las víctimas se encontraban en servicio activo y en comisión de servicios laborales, encontrándose todos en edad productiva. También se encuentra acreditado, igualmente el daño a la vida de relación y los perjuicios morales causados a los demandantes coincide esta agencia con lo reconocido en la sentencia, en cuanto que se encuentra probado que las víctimas desarrollaban funciones de comisión de servicios enviados por la Fiscalía General de la Nación, y desaparecieron por falta de previsión. De igual manera reitera esta Delegada la prelación de fallo en este proceso de especial controversia y trascendencia social que integra los conceptos de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL-Positivo para conciliación En consecuencia, esta Delegada considera que en el caso concreto se configuró una responsabilidad bajo el título de falla del servicio, en cabeza de la NaciónFiscalía General de la Nación, en razón del comportamiento omisivo por parte de la Fiscalía, en los hechos ocurridos el 09 de marzo de 2000 con el cual se le generó a unos particulares

un daño no querido y por ende no esperado razón por la cual es viable la conciliación. En concepto del Ministerio Público se dan las condiciones suficientes, al comprobarse la responsabilidad patrimonial de la Nación – Fiscalía General de la Nación, pues quedo acreditado el daño antijurídico (Falla del servicio por omisión) de que fueron objeto las víctimas y sus familias con ocasión del secuestro y muerte presunta de que fueron objeto por parte de grupos al margen de la Ley, por lo cual se considera viable un acuerdo conciliatorio a partir del reconocimiento que se hizo en el fallo de primera instancia por concepto de daños materiales en la modalidad de lucro cesante, daños morales y dañosa la vida de relación, a favor de los actores y por las cuantías establecidas por el a-quo, pues éstos acreditaron con los documentos idóneos correspondientes la condición de cónyuge, madre e hijos de los afectados. El Ministerio Público considera que en relación con estos daños, la conciliación resulta viable. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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E.A.S.T CONCEPTO PARA CONCILIACIÓN No. 17 / 2012

Bogotá, D.C., 19 de Junio de 2012 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección B

Consejero Ponente: Doctor Mauricio Fajardo Gómez

E. S. D.

EXPEDIENTE: (200012331000 2004 01917 01) 34976

Acción de Reparación Directa

ACTOR: Edna Margarita Carrillo Quiroz y otros.

DEMANDADO: Nación – Fiscalía General de la Nación Sentido del Concepto: Positivo para Conciliación / Condena por daño material en modalidad de lucro cesante, daño moral, daño a la vida de relación en personas secuestradas por grupos al margen de la Ley / Falla del servicio por omisión / Prelación al integrar conceptos de D.I.H. y

D.D.H.H.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto para conciliación en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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E.A.S.T

1. ANTECEDENTES

1.1. La Demanda. Los siguientes grupos familiares integrados por: 1) En su calidad de cónyuge supérstite, quien obra en nombre propio y en representación del menor; en su condición de madre de la víctima; y quien actúa

en su condición de hermano. 2) Quien interviene en su calidad de cónyuge supérstite, la que actúa en nombre propio y en representación de la menor xxx; en su condición de madre, y quienes actúan en su calidad de hermanos. 3) La que obra en calidad de cónyuge supérstite y actúa en nombre propio y en representación de los menores xxx y xxx; en su calidad de madre; y en su calidad de hermanos. 4) Quien interviene en su condición de cónyuge supérstite, y actúa en nombre propio y en representación del hijo menor xxx; quien obra en su calidad de padre; los que actúan en su condición de hermanos. 5) Quienes intervienen en su calidad de padres; quienes intervienen en su condición de hermanos. Los anteriores, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda contra la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, para que se le declare responsable de los perjuicios que padecieron como consecuencia de la muerte de sus esposos, padres, hijos y hermanos de los señores por desaparición forzosa en cumplimiento de misión 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.34976 200012331000200401917 01 E.A.S.T laboral, por grupos al margen de la Ley 1.2. La contestación 1.2.1. La Nación – Fiscalía General de la Nación (fl.298), contestó la demanda,

a través de apoderada, quien se opuso a las pretensiones de la demanda y sostuvo que no existía nexo de causalidad entre la aparente falla del servicio y la muerte de los señores, aludiendo para el efecto a la sentencia del 5 de agosto de 1994 dentro del expediente 8485. Precisó que las víctimas estaban vinculadas al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, y por ello su vinculación se encontraba regulada por una relación legal y reglamentaria, por lo que con el deceso se les otorgó a los demandantes una serie de prerrogativas a ellos y a sus familias, por el seguro de vida, seguro por muerte y auxilio funerario, citando como sustento para el efecto entre otros el artículo 1° de la Ley 546 de 1971, el artículo 32 del Decreto 3135 de 1968, la Ley 16 de 1988, disposiciones con las que se ampara todo riesgo de los servidores de la citada entidad, por lo que mal podían los demandantes pretender indemnización adicional. Agregó que el hecho dañoso fue ocasionado de manera determinante por terceros, sin que se le pueda exigir al Estado un actuar distinto, como tampoco se le puede responsabilizar por actos cometidos por grupos violentos, estando a cargo de éstos la indemnización conforme a nuestra legislación penal, más, cuando por tales hechos delictivos se adelantó el correspondiente juzgamiento. Finalizó proponiendo la excepción de “Culpa de Terceros” y citando apartes de la sentencia del 23 de octubre de 1975 del Consejo de Estado dentro del expediente

1405 (fls. 300 y ss. C.1) 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.34976 200012331000200401917 01 E.A.S.T 1.3. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo del Cesar, en sentencia del 15 de noviembre de 2007, acudió al bloque de constitucionalidad para señalar que conforme a los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por daños causados con ocasión de masacres y atentados terroristas la responsabilidad es objetiva indemnizando a los damnificados, trayendo a colación el caso de la masacre de la Rochela. Indicó frente a las víctimas desaparecidas, que se acreditó la calidad de integrantes de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, y que en tal calidad fueron comisionados mediante órdenes para desplazarse a Minguillo, jurisdicción del Municipio de la Paz cesar, y que en cumplimiento de dicha misión fueron secuestrados y desaparecidos estando en ejercicio de funciones públicas. Concluyó entonces, que el resultado dañoso objeto del proceso era imputable a la demandada, al estimar que la comisión fue secuestrada en una zona de orden público que ameritaba que solicitaran apoyo y protección de otras autoridades o del envío de más unidades para llevar a cabo la pretendida exhumación de

cadáveres. Trajo así mismo a colación las funciones propias de la Fiscalía, previstas en el numeral 7° del artículo 250 de la Constitución, y en el numeral 4° del artículo 3° del Decreto 261 de 2000, correspondiéndole a aquélla velar por la protección, entre otros, de los intervinientes en el proceso. Agregó, que conforme al artículo 63 de la Ley 104 de 1993 la protección de la vida de sus funcionarios es una obligación, sin que aquéllos estén obligados a soportar una situación de riesgo, menos aún que tener que enfrentarse sin las debidas 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.34976 200012331000200401917 01 E.A.S.T protecciones a los problemas de orden público en zonas rurales, aunado a que la Fiscalía debía tener conocimiento de que la zona era de riesgo, sin descontar la naturaleza de los hechos a investigar y su relación con la violación de los derechos humanos, y sin que haya acreditado la demandada que se ponderó y planeó en forma debida la misión. Reiteró que concurren los supuestos para predicar la responsabilidad de la Administración por la falta de protección de la vida de sus servidores, con lo cual se les causó a los actores un daño antijurídico que no estaban en la obligación de

soportar, daño que se generó por la falta de previsión y demás omisiones de la Fiscalía, las que se constituyen en el nexo de causalidad, sin que aquélla se exonere de responsabilidad por el hecho atribuido a un tercero. Con base en los presupuestos anteriores condenó a la Fiscalía al reconocimiento y pago de los perjuicios materiales por daño emergente, correspondiente a los honorarios profesionales cancelados por cada una de las demandantes para el adelantamiento del proceso civil para la declaración de muerte por desaparecimiento, sumas que determinó debidamente indexadas; por lucro cesante consolidado y futuro, los valores equivalentes a los salarios que devengaban las víctimas, acorde con la edad de las víctimas y la expectativa probable de vida; indemnización liquidada conforme a la formula de las matemáticas financieras adoptada por el H. Consejo de Estado, descontando un 25% bajo el entendido de corresponder a los gastos personales de manutención. Y por perjuicios morales y el daño a la vida de relación, condenó a la demandada al reconocimiento y pago en salarios mínimos la cantidad de 100 para cada una de las cónyuges supérstite, los hijos y los padres de los causantes, y de 50 para cada uno de los hermanos de los causantes (fls. 765 y ss. C.4.) 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.34976 200012331000200401917 01 E.A.S.T Decisión que tuvo salvamento de voto por parte del Magistrado Carlos Cuecha Medina, quien manifestó que en la demanda no allegó ningún medio de prueba para acreditar que no se contó con protección militar, ni con estudios previos de inteligencia; ni que se haya asegurado la zona, por lo que en su sentir no se probó la omisión que se atribuye a la Administración; sin que se pueda inferir la alta peligrosidad y riesgo de la zona con el testimonio de funcionario de la Fiscalía y de una de las madres de las víctimas, aunado a que en sendos casos por los mismos hechos se exoneró a la Fiscalía General de la Nación (fls. 825 y ss. C.4) 1.4. Argumentos de la Apelación 1.4.1. El apoderado de la parte actora, solicitó que se revoque el numeral 5° de la parte resolutiva de la sentencia, en cuanto a que las señoras son hermanas maternas del occiso, para cuyo efecto fue decretado el recaudo de los respectivos registros civiles de nacimiento, no obstante la respectiva solicitud se libró a la Registraduría Nacional del Estado Civil y no a las Notarías correspondientes, por lo que se debió insistir en su recaudo antes de declarar la excepción de falta de legitimación en la causa, procediendo el recurrente a solicitar nuevamente dicho recaudo con fundamento en lo establecido en el numeral 2° del artículo 361 del C.P.C. Así mismo, solicitó el apelante que se adicione el reconocimiento efectuado por

lucro cesante, disponiendo que se tengan en consideración para efectos de su liquidación el último salario devengado por las víctimas y las respectivas prestaciones sociales, las que ascienden a un 25% del salario (fls. 844 y ss. C.4). 1.4.2. Fiscalía General de la Nación. La apoderada de la Fiscalía General de la Nación, adujo que el análisis probatorio realizado por el a-quo fue equivocado, en cuanto parte de supuestos, al no estar acreditado que la zona fuera de alto riesgo, 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.34976 200012331000200401917 01 E.A.S.T ni la clase de armamento que portaba la comisión, ni los vehículos empleados, ni la estrategia planeada y realizada, acudiendo para el efecto a lo expuesto en el salvamento de voto. Agregó que no se podía esperar que a toda misión se solicitara el acompañamiento del ejército o de la policía, dada la reserva propia de las actuaciones penales. Indicó por otra parte, que por el secuestro y muerte de los miembros del CTI que integraban la comisión, fue adelantada investigación penal por el Juzgado Penal del Circuito de Valledupar, en la cual se condenó a JHON JAIRO ESQUIVEL CUADRADO, quien está bajo el programa de Justicia y Paz, por lo que insistió en

que se configura la eximente de responsabilidad por el hecho de un tercero. Acudió además a cuestionar el fallo, en cuanto su representada constituyó las respectivas pólizas de seguros de vida, con lo cual se indemniza a los familiares por la muerte del funcionario, pólizas que se hicieron efectivas, sin descontar que en el programa de justicia y paz existe la indemnización a las víctimas, y a que los beneficiarios pueden acudir a solicitar la respectiva pensión ante las Entidades a las que estaban afiliadas las víctimas para tales fines, por lo que solicitó que en la eventualidad de que el fallo se confirme, se reduzcan los valores mencionados y reconocidos. Para finalizar indicó, que la comisión judicial estaba compuesta por 7 funcionarios, 2 de los cuales instauraron demanda por separado, siendo denegadas las pretensiones en estos procesos por el Tribunal Administrativo del Cesar, situación que corresponde igualmente a la de este litigio por lo que igualmente solicita que se denieguen las pretensiones de la demanda. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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E.A.S.T

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problemas Jurídicos Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Es posible conciliar a partir de la sentencia proferida el quince 15 de

noviembre de dos mil nueve (2007) por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar? 2.1.2. ¿El monto de perjuicios reconocidos por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar, a los demandantes, son los que se avienen a los preceptos legales y constitucionales? 2.2. Marco Teórico. 2.2.1. Responsabilidad patrimonial del Estado El régimen de responsabilidad patrimonial del Estado se deriva del artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece que es deber del Estado responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que por sus acciones u omisiones las Entidades Estatales causen a los ciudadanos. Así que al interior de los procesos de responsabilidad deban probarse los elementos fundamentales de la misma cuales son, la existencia de un daño antijurídico, la acción u omisión del Estado y una relación de causalidad entre ellos, que pueda constituir como sucede en el presente caso una falla del servicio. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.34976 200012331000200401917 01 E.A.S.T Sobre el particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha puntualizado1: ”Más allá de la compleja cuestión relacionada con la identificación de los elementos estructurales de la responsabilidad extracontractual del Estado a partir de la entrada en vigor de la Constitución Política de 19912, incluso frente a supuestos que han dado lugar a comprensiones

─al menos en apariencia─ dispares en relación con dicho extremo3, la Sala ha reconocido que con el propósito de dilucidar si procede, o no, declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en cualquier supuesto concreto, resulta menester llevar a cabo tanto un análisis fáctico del proceso causal que, desde el punto de vista ontológico o meramente naturalístico, hubiere conducido a la producción del daño, como un juicio valorativo en relación con la posibilidad de imputar o de atribuir jurídicamente la responsabilidad de resarcir el perjuicio causado a la entidad demandada; dicho en otros términos, la decisión judicial que haya de adoptarse en torno a la responsabilidad extracontractual del Estado en un caso concreto debe venir precedida de un examen empírico del proceso causal que condujo a la producción del daño, de un lado y, de otro, de un juicio, a la luz de los diversos títulos jurídicos de imputación aplicables, en torno a la imputabilidad jurídica de dicho daño a la entidad demandada. 1 Consultar, por ejemplo, sentencias proferidas el 11 de febrero de 2009, expediente No. 17.145 y el 20 de mayo de esa misma anualidad, expediente No. 17.405, entre otras. 2 La complejidad del asunto traído a colación quedó puesta de presente, por vía de ejemplo, con ocasión de la aprobación del siguiente pronunciamiento por parte de esta Sala: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del treinta y uno (31) de mayo de dos mil siete (2007); Consejero ponente: Enrique Gil Botero; Radicación número: 76001-23-25-000-1996-02792-01(16898). En aquella

oportunidad, la posición mayoritaria de la Sala se inclinó por señalar que lo procedente de cara a llevar a cabo “…el análisis de los elementos que constituyen la responsabilidad extracontractual del Estado”, es acometer dicha tarea “…a través de la siguiente estructura conceptual: 1º) daño antijurídico, 2º) hecho dañoso, 3º) causalidad, y 4º) imputación”. Empero, frente a la anotada postura, el Magistrado Enrique Gil Botero optó por aclarar su voto por entender que la comprensión que se viene de referir “…desconoce los postulados sobre los cuales se fundamenta la responsabilidad del Estado a partir de la Carta Política de 1991, en tanto el artículo 90 del estatuto superior estableció sólo dos elementos de la responsabilidad, los cuales son: i) El daño antijurídico y, ii) la imputación del mismo a una autoridad en sentido lato o genérico”. 3 De hecho, en el pronunciamiento que acaba de referenciarse ─nota a pie de página anterior─, a pesar de la claridad en torno al título jurídico de imputación aplicable al asunto de marras ─riesgo excepcional derivado del funcionamiento de redes eléctricas y de alto voltaje─, las súplicas de la demanda fueron desestimadas porque desde el punto de vista de la causalidad, esto es, desde una perspectiva eminentemente naturalística, fenomenológica, el actor no consiguió demostrar el acaecimiento del suceso que atribuía a la entidad demandada ─una sobrecarga eléctrica─ y con fundamento en el cual pretendía que se atribuyese responsabilidad indemnizatoria a ésta última como consecuencia del advenimiento de los daños que ─esos

sí─ fueron cabalmente acreditados dentro del plenario. Y adviértase que en relación con el sentido de la decisión ─y, por tanto, en relación con esta manera de razonar─ no hizo explícito, en la también referida aclaración de voto, su desacuerdo el H. Consejero de Estado que la rubricó. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.34976 200012331000200401917 01 E.A.S.T En consecuencia, no debe desdeñarse la importancia de precisar con mayor rigor, en el plano jurídico del Derecho de Daños4, el concepto filosófico de causa5, toda vez que en esta parte del universo del Derecho dicha noción “no se trata para nada de causa y efecto, en el sentido de las ciencias naturales, sino de si una determinada conducta debe ser reconocida como fundamento jurídico suficiente para la atribución de consecuencias jurídicas, o sea de la relación de fundamento a consecuencia”6. De hecho, uno de los tantos notables aportes de Hans Kelsen a la ciencia jurídica consistió en explicitar la distinción, no sólo terminológica sino ─especialmente─ conceptual entre la causalidad ─entendida como conexión entre diversos elementos dentro del sistema de la naturaleza─ y la imputación ─referida al enlace formal que existe entre antecedente y consecuente y se expresa a través de reglas jurídicas─7.

Es la anterior diferenciación la que explica que las consecuencias de un hecho no sean las mismas desde el punto de vista empírico ─de la causalidad─ que desde la perspectiva jurídica ─de la imputación─, cosa que ocurre habida consideración de que del íter causal de un determinado acontecimiento, el operador jurídico solamente toma en consideración aquellos elementos (causas y/o efectos) que estima relevantes en la medida en que puedan ser objeto de atribución normativa, de conformidad con pautas predeterminadas por el ordenamiento, a la vez que se desinteresa de los demás eslabones de la referida cadena causal, los cuales, empero, no por ello dejan de 4 Se hace la delimitación acerca del campo jurídico (Derecho de Daños) en el cual se examinará el concepto de causa para que el análisis correspondiente no se extienda, de manera equivocada, a otros terrenos como el Derecho de las Obligaciones o el de los Contratos, en los cuales su sentido y alcance resultan diferentes por completo, tal como lo refleja, entre otros, el artículo 1524 del Código Civil según cuyo inciso segundo “Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público”. 5 Tarea que acomete, con singular fortuna, Isidoro GOLDENGERG, en su obra La relación de causalidad en la responsabilidad civil, 2ª edición ampliada, La Ley, Buenos Aires, 2.000, especialmente en pp. 8-12. 6 El énfasis ha sido efectuado en el texto original. Cfr. ENNECCERUS, LUDWIG-LEHMANN, HEINRICH,

Derecho de las obligaciones, 11ª edición, traducción de B., Pérez González y J., Alguer, Barcelona, Bosch, 1948, citado por GOLDENGERG, Isidoro, La relación de causalidad en la responsabilidad civil, cit., p. 10. Por la misma senda marchan los planteamientos de Adriano DE CUPIS, quien no obstante considerar operativo el tema de la relación de causalidad al interior del análisis jurídico, estima existente la que denomina “causalidad jurídica” misma, que a su entender “no es más que un corolario del principio enunciado por nosotros, según el cual, el contenido del daño se determina con criterios autónomos [en el ámbito jurídico]. Debemos preocuparnos de averiguar no ya cuándo el daño pueda decirse producido por un hecho humano según las leyes de la naturaleza, sino más bien cuándo ese daño pueda decirse jurídicamente producido por un hecho humano” (énfasis en el texto original). Cfr. DE CUPIS, Adriano, El daño. Teoría general de la responsabilidad civil, traducción de la 2ª edición italiana por A. Martínez Sarrión, Bosch, Barcelona, 1975, p. 248. 7 KELSEN, Hans, Teoría general del Estado, traducción de L. Legaz y Lacambra, Ed. Nacional, México, 1973, p. 63. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.34976 200012331000200401917 01 E.A.S.T tener, en el plano ontológico, la calidad de causas y/o de consecuencias; tal circunstancia pone de presente que entre el hecho y la consecuencia jurídica que al mismo se atribuye existe una especial relación causal que no descansa en el orden natural sino en la voluntad del ordenamiento jurídico. Por ello resulta razonable la evolución que se constata en la más autorizada doctrina comparada8, de conformidad con la cual, en estricto rigor y a pesar de la utilidad que para la labor del operador jurídico podría revestir la atribución de una naturaleza normativa a la causalidad9, ha de negarse la existencia de una causalidad de tipo jurídico, si se tiene en cuenta que la causalidad es siempre una noción 8 Resulta ilustrativa, en este sentido, la prolija referencia tanto a la doctrina como a la jurisprudencia alemana y española efectuada por MIR PUIGPELAT, Oriol, La responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria. Organización, imputación y causalidad, Civitas, 2000, especialmente pp. 69 y ss. 9 Y es que si con detenimiento se analiza la consecuencia de remitir la causalidad exclusivamente al terreno de los hechos y, por tanto, al funcionamiento de las “leyes naturales”, habrá que admitir que entre hechos sin más, hechos “en bruto”, no es posible efectuar distinciones sin acudir a criterios valorativos o normativos, de suerte que todos esos hechos merecerán una catalogación equivalente de cara a la producción de un determinado resultado; en otros términos, puesta la causalidad en un terreno exclusivamente empírico,

desprovisto de cualquier consideración normativo-valorativa que permita distinguir entre los referidos hechos, será la tan demeritada teoría de la equivalencia de condiciones la explicativa de la relación de causalidad, pues, como la aludida teoría lo preconiza, toda condición de un resultado será considerada causa del mismo y, a su vez, habrá de reputarse condición de ése resultado toda aquella que, suprimida mentalmente, comporte la desaparición de tal resultado (así pues, en el ejemplo provisto por Mir Puigpelat, el hecho de que en un hospital público se recete a un paciente unos potentes barbitúricos, será causa del suicidio de dicho paciente debido a la ingesta de una dosis letal de tales medicamentos). Pues bien, precisamente con el propósito de evitar el regressus ad infinitum inherente a la teoría de la equivalencia de condiciones, el positivismo ─filosófico y jurídico─ decimonónico construyó el que hubo de denominarse “dogma causal”, a través del cual se pretendió atribuir naturaleza normativa ─que no fenoménica o meramente naturalística─ a la causalidad, a fin de depurar, con base ─se itera─ en criterios normativos, el concepto de causa. Surgen así las que dieron en denominarse “teorías individualizadoras de la causalidad”, las cuales, partiendo de la distinción entre los conceptos de causa y condición, señalan que no toda condición es causa del resultado e individualizan, de entre todas las condiciones concurrentes, aquella a la cual se le atribuye ─de acuerdo con el criterio (que supone un juicio de valor) que la teoría preconiza─ mayor eficacia causal y a la cual, por tanto, puede considerársele causa del resultado; así, para algunos lo será la “causa

próxima”, para otros la “causa eficiente” o la “causa preponderante”, etcétera. Con ese mismo propósito aparece la hoy mayoritariamente aceptada teoría de la causalidad adecuada, misma que será útil no ya para proporcionar un concepto de causa que ─si se remite la causalidad al terreno que lo corresponde, esto es, al exclusivamente fáctico-ontológico─ perfectamente provee la teoría de la equivalencia de condiciones, sino para seleccionar, con fundamento en un criterio jurídico-valorativo ─el del “espectador objetivo y prudente” al cual se sitúa en el momento de la acción y se le dota de todos los conocimientos necesarios para identificar aquella condición que parezca la que más probablemente desencadenará el resultado, de suerte que no será “adecuada” la condición cuando resulte muy improbable que produzca el resultado─, las conductas a las cuales cabe atribuir el resultado. Se trata, por tanto, de criterios normativos o valorativos que se incorporan en el territorio de la causalidad, exclusivamente empírico o naturalístico, según ya se ha explicado y, por tanto, extraños a él, pero útiles con el propósito de evitar el “regreso al infinito” que la operatividad de las solas “leyes naturales”