PGN - DAÑO EMERGENTE Procede por honorarios profesionales y gastos de mantenimiento al est

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Indemnización de perjuicios por privación injusta de la libertad PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Título de imputación objetiva según Jurisprudencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Caducidad tratándose de privación injusta de la libertad se cuenta a partir de ejecutoria de providencia/ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-En el presente caso no operó la caducidad dado que se ejerció en tiempo La jurisprudencia en forma pacífica ha dicho que el término de caducidad de la acción se empieza a contar a partir de la ejecutoria de la decisión que libera de responsabilidad. El 21 de septiembre de 2007 la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado en el expediente 72091, en la que quedaba cobijada la decisión que impuso medida de aseguramiento y decide mantener incólume la resolución inhibitoria proferida dentro del radicado 73.089 y dispuso dejar en libertad al actor Se intentó conciliación extrajudicial mediante solicitud de 4 de septiembre de 2009, trámite que culminó con la declaración de fallida el 2 de diciembre de 2009, día en que se reanuda el cómputo del término para accionar Como la demanda se presenta el 3 de diciembre de 2009 no se había configurado el fenómeno de caducidad de la acción. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Las pruebas no eran suficientes para imputar la conducta punible Señaló en esta oportunidad la Fiscalía que decantada la investigación parecía que al

conducta denunciada no existió porque no existían elementos de juicio que así lo evidenciaran, que obraba la denuncia y ampliaciones que no eran del todo coincidentes. Que cuando llegó la policía al llamado de las personas que decían estar secuestradas en la bodega por los Ingenieros y los agentes del DAS, no se acreditó ante los uniformados ninguna de las conductas ilícitas; que el informe que presentó el Intendente…. no refiere circunstancias de conducta privativa de la libertad; que del material probatorio no se podía inferir que la conducta denunciada existió y por tanto no era dable la apertura de instrucción formal. INVESTIGADO-Se adelantaron en su contra dos actuaciones penales por los mismos hechos/DETENCIÓN PREVENTIVA-El procesado no estaba obligado a soportar esa carga pública/FALLA DEL SERVICIO-De Fiscalía General de la Nación por privación injusta de la libertad Los elementos de juicio acreditan que contra el actor se siguieron dos actuaciones penales por los mismos hechos una que terminó en noviembre de 2006 con resolución inhibitoria y la otra posterior en la que se dictó medida de detención preventiva. La Fiscalía declaró la nulidad de lo actuado en la segunda investigación penal y argumentó la vulneración de los derechos fundamentales del señor…. con la restricción del derecho a la libertad. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 47.456 (250002326000 2010 00073 01)

Del contenido de la providencia de 21 de septiembre de 2007 surge con claridad que la Fiscalía General de la Nación incurrió en falla del servicio al privar de la libertad al señor….,toda vez que, existiendo una resolución inhibitoria sobre los mismos hechos no era factible jurídicamente en una actuación penal diferente y con posterioridad, vincular al proceso al actor y dictar en su contra una medida de detención preventiva. Así las cosas, y como el mismo ente Fiscal lo reconoce, el demandante fue sometido a una medida restrictiva de la libertad de manera injusta e ilegal. Esa actuación de la Fiscalía constituye falla del servicio y, por ende, la privación de la libertad a la que fue sometido…..debe calificarse de injusta, como un daño antijurídico que no tenía la obligación de soportar. REGISTRO CIVIL-No se le puede restar valor probatorio por ser allegado en copia simple Contrario a la decisión del a-quo el Ministerio Público debe señalar que no pude restarse validez al registro de nacimiento del actor que fuera allegado en copia simple toda vez que la Sala Plena de la Sección Tercera en sentencia del 28 de agosto de 2013 unificó la jurisprudencia sobre el valor probatorio de las copias simples. COPIAS SIMPLES-Su valor probatorio según jurisprudencia del Consejo de Estado LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA-Con registro civil de nacimiento se acreditó parentesco con la víctima INDEMNIZACIÓN-Por perjuicios morales se debe aumentar a favor de afectado directo y reconocer a demás actores INDEMNIZACIÓN-Por perjuicios morales debe otorgarse al núcleo familiar

cercano según sentencia de Unificación del Consejo de Estado PERJUICIOS MATERIALES-Daño Emergente DAÑO EMERGENTE-Procede por honorarios profesionales y gastos de mantenimiento al estar acreditado su pago 2 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 47.456 (250002326000 2010 00073 01)

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 072 / 2016

Bogotá, D.C., 12 de abril de 2016.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

E. S. D.

EXPEDIENTE: 47.456 (250002326000 2010 00073 01)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: JIMMY ALEXANDER CASTAÑEDA ARCILA y otros DEMANDADO: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia, para efectos de la audiencia de conciliación1.

I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda.- El 3 de diciembre de 2009 (fl. 21 Vto. c. 1) JIMMY ALEXANDER CASTAÑEDA ARCILA -c.c. 79.712.870- (afectado directo), Diana Milena Cañas

Mayorquín (compañera permanente), Jorge Elpidio Castañeda y Asceneth Arcila de Castañeda (padres) y Jorge Orlando, Jonny Leonardo, Carlos Alberto, Oscar Mauricio y Estephanni Castañeda Arcila (hermanos) demandaron a la Nación – Fiscalía General de la Nación para que se le declarara responsable de los daños y perjuicios morales2, daño a la vida de relación3 y materiales-daño emergente4 que les causó la privación de la libertad del primero de ellos JIMMY ALEXANDER CASTAÑEDA ARCILA entre el 2 de abril y el 24 de septiembre de 2007. Se adujo que el señor Jimmy Alexander Castañeda se desempeña como Detective del DAS y en razón de sus funciones fue vinculado a dos proceso por el delito de secuestro extorsivo agravado, los dos por el mismo hecho ocurrido el 10 de mayo de 2004, y por el mismo denunciante, lo cual se produjo por la investigación del 1 Por auto de 12 de enero de 2016 el Consejero Ponente fijó el 27 de abril de 2016 para llevar a cabo audiencia de conciliación (fl. 294 c. Consejo de Estado). 2 100 smlm para el afectado directo, la compañera permanente y los padres de aquel; y 50 smlm para cada hermano 3 Para el afectado directo en el equivalente a 100 smlm 4 Para el afectado directo la suma de $6’356.505, de los cuales $4’000.000 por valor de honorarios de abogado y $2’356.205 para su sostenimiento dentro del penal 3 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094

Expediente No. 47.456 (250002326000 2010 00073 01) hurto de una volqueta de la empresa Unión Temporal Aguas Fontibón, que se inició por orden verbal del señor Armando Gaitán Quiroga encargado del grupo de automotores de criminalística del DAS. Afirma que él y su compañero se entrevistaron con las víctimas del hurto, dos Ingenieros, quienes dijeron que sospechaban del conductor, este a su vez les manifestó que la había entregado pero no le habían pagado. Como no aparecía al denuncia fueron a la empresa en ciudad Bolívar por la copia y regresaron a la sede de la empresa en Fontibón para darles instrucciones a los Ingenieros para que se acercaran a la URI a ampliar la denuncia, en esos momentos llegaron aproximadamente 20 policías diciendo que fueron llamados porque en el lugar se presentaba un secuestro y había personas que eran víctimas de maltratos y torturas. Señaló que se le siguió investigación disciplinaria en la Procuraduría la cual falló a su favor el 13 de abril de 2005. El proceso penal No. 73.078 terminó con resolución inhibitoria el 28 de noviembre e 2006. En el proceso penal No. 72091 el actor fue detenido el 2 de abril de 2007, primero en la sala de capturados del DAS por 20 días y luego en la Picota –desde el 22 de abril de 2007-, se dictó medida de aseguramiento sin pago de salarios lo que significó el incumplimiento en las obligaciones que tenía, además incurrió en gastos de abogado y para el mantenimiento en la penitenciaría.

El 21 de septiembre de 2007 la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior decretó la nulidad de todo lo actuado a partir del 15 de septiembre y decretó la libertad inmediata e incondicional del actor y que si bien se ordenó cancelar las órdenes de captura fue detenido en dos oportunidades después. 1.2. Posición de la demandada (fls. 40 a 52 96 y 108 c. 1). La Fiscalía General de la Nación pidió negar las pretensiones con el argumento de haber actuado ajustándose a la normatividad vigente en la Constitución y la ley y profirió las medidas de privación de la libertad con el cumplimiento de los requisitos. Formuló la excepción genérica. 1.3. La sentencia de primera instancia. (fls. 159 a 168 vto. C. Consejo de Estado) la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de CundinamarcaSección Tercera – Subsección C5 declaró la falta de legitimación en la causa de Diana Milena Cañas Mayorquin, Jorge Elpidio Castañeda, Asceneth Arcila Aguirre y Jorge Orlando, Jonny Leonardo, Carlos Alberto, Oscar Mauricio y Estephani Castañeda Arcila; declaró la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad del señor Jimmy Alexander Castañeda Arcila y la condenó a pagar 10 smlm por perjuicios morales y la suma de $2’250.000 a título de perjuicio material consolidado –$1’000.000 que el abogado Tovar González certificó haber recibido y $1’250.000 que la familia consignó en el penal. No encontró probado el daño a la vida de relación-.

Encontró probado el daño consistente en la privación de la libertad del señor Jimmy Alexander Castañeda entre el 22 de abril y el 24 de septiembre de 2007. Hizo referencia al contenido de la decisión por medio de la cual se declaró la nulidad de lo actuado y se ordenó la libertad del actor, conforme a la cual se 5 Sentencia de 22 de marzo de 2013 4 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 47.456 (250002326000 2010 00073 01) vulneraron las garantías jurídicas con la medida de aseguramiento al ser juzgado dos veces por la misma causa pues en el expediente 73078 se dictó resolución inhibitoria y en el exp. 72091 se dictó medida de aseguramiento que al ser apelada se revocó declarando la nulidad. Apelación6. (fls. 172 a 186 c. Consejo de Estado) La parte actora apeló para se revoque el numeral primero que declaró la falta de legitimación por activa de la compañera, los padres y hermanos de la víctima directa; y para que se modifique la condena porque si bien el abogado certificó haber recibido solo un millón no significa que los otros 3 millones no se los deba cancelar y porque el sostenimiento en la cárcel ascendió a $2’356.205. Además alega que 10 smlm no compensan los perjuicios morales sufridos por los casi 6 meses de privación. -no apeló la negativa de reconocimiento de daño a la vida de relaciónII. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico. Consiste en determinar si se cumplen los presupuestos para declarar la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios que sufrió Jimmy Alexander Castañeda Arcila y su núcleo familiar como consecuencia de la privación de la libertad a la que fue sometido entre el 2 de abril al 24 de septiembre de 2007. 2.2. Precedente La SECCIÓN TERCERA – Sala Plena –Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, en sentencia de unificación de 17 de octubre de 2013. Radicación: 52001233100019967459 – 01 (23.354) señaló que hay lugar a aplicar el marco de imputación objetiva de responsabilidad patrimonial a la administración en casos de privación injusta de la libertad que se configura en los eventos que preveía el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y en los casos en que se aplique el in dubio pro reo, lo que no es óbice para que si se dan los presupuestos, se analice bajo el régimen de falla. “Como corolario de lo anterior, es decir, de la operatividad de un régimen objetivo de responsabilidad basado en el daño especial, como punto de partida respecto de los eventos de privación injusta de la libertad ─especialmente de aquellos en los cuales la exoneración de responsabilidad penal tiene lugar en aplicación del principio in dubio pro reo─, debe asimismo admitirse que las eximentes de responsabilidad aplicables en todo régimen objetivo de responsabilidad pueden ─y deben─ ser examinadas por el Juez Administrativo en el caso concreto, de suerte que si la fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o de

la víctima, determinan que el daño no pueda ser imputado o sólo pueda serlo parcialmente, a la entidad demandada, deberá proferirse entonces el correspondiente fallo absolutorio en punto a la determinación de la responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado o la reducción proporcional de la condena en detrimento, por ejemplo, de la víctima que se haya expuesto, de manera dolosa o culposa, al riesgo de ser objeto de la medida de aseguramiento que posteriormente sea revocada cuando sobrevenga la exoneración de responsabilidad penal; así lo ha reconocido la Sección Tercera del Consejo de Estado7. 6 La Fiscalía General de la Nación interpuso apelación pero no concurrió a la audiencia de conciliación posterior al fallo razón por la cual no se concedió el recurso en términos del art. 70 de la ley 1395 de 2010. 7 (pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 2 de mayo de 2.007; Radicación No.: 20001-23-31-000-3423-01; Expediente No. 15.463; Actor: Adiela Molina Torres y otros; Demandado: Nación – Rama Judicial. 5 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 47.456 (250002326000 2010 00073 01) En la misma dirección de cuanto se acaba de sostener, la Sala estima oportuno destacar

que ni la regulación legal de la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia –contenida en la Ley 270 de 1996 y puntualmente en cuanto al extremo aquí en comento, en su artículo 708–, ni el pronunciamiento de control previo de exequibilidad del proyecto de texto normativo que finalmente se convirtió en la mencionada disposición, proferido por la Corte Constitucional –sentencia C-037 de 19969–, se hizo referencia, alusión y menos análisis alguno respecto de la procedencia de la aplicabilidad, en supuestos en los cuales se examine la responsabilidad extracontractual del Estado por el hecho del Juez, de eximentes de responsabilidad diversas del hecho exclusivo y determinante de la víctima, lo cual se estima acertado comoquiera que lo jurídicamente plausible y además conveniente es que tal suerte de valoraciones sean llevadas a cabo por el Juez de lo Contencioso Administrativo atendido el contexto fáctico de cada caso específico y no en abstracto por el Legislador o por el Juez Constitucional, los cuales ni restringieron ni podían o debían restringir el elenco de tales eximentes de responsabilidad, en este tipo de casos, solamente al hecho exclusivo de la víctima. (...) Dicho de otra manera, si el juez de lo contencioso administrativo encuentra, en el análisis que debe realizar en cada caso en el cual se demanda la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, que efectivamente hay lugar a estimar las pretensiones de la demanda, ello necesariamente debe tener como antecedente la convicción cierta de que se reúnen todos los elementos que estructuran dicha responsabilidad, lo cual excluye de plano

la existencia de alguna causal eximente, puesto que si al adelantar ese análisis el juez encuentra debidamente acreditada la configuración de alguna o varias de tales causalesindependientemente de que así lo hubiere alegado, o no, la defensa de la entidad demandada-, obligatoriamente deberá concluir que la alegada responsabilidad no se encuentra configurada y, consiguientemente, deberá entonces denegar la pretensiones de la parte actora. Lo anterior sin perjuicio de recalcar que la carga de la prueba respecto de los hechos determinantes de la configuración de la eximente de responsabilidad de la cual se trate corresponde a la parte demandada interesada en la declaración de su ocurrencia10. (...) (Subrayas y negrillas propias del texto) La subsección C, en sentencia de 10 de agosto de 2015, Radicación: 54001 23 31 000 2000 01834 01(30134), dando alcance a la sentencia de unificación 8 (pie de página de la cita) Precepto cuyo tenor literal es el siguiente: "Articulo 70. Culpa exclusiva de la victima. El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado". 9 (pie de página de la cita) En la decisión en comento la Corte Constitucional, para fundamentar la declaratoria de exequibilidad condicionada del proyecto de disposición examinado, discurrió de la siguiente manera: "2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido

respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguno, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa”. La norma, bajo la condición de que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente para calificar los casos en que haya culpa exclusiva de la víctima, será declarada exequible". 10 (pie de página de la cita) Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 8 de julio de 2009, Exp. 17.517 y del 15 de abril de 2010, Exp. 18.284, entre otras. 6 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 47.456 (250002326000 2010 00073 01) sostuvo que hay reglas de excepción al juzgamiento en libertad: “6.2. Las reglas de excepción al juzgamiento en libertad de los administrados, conforme al sub-principio convencional de la compatibilidad entre el respeto de los

derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y el cumplimiento de los fines de la seguridad ciudadana, y su recepción en el fallo de unificación jurisprudencial en la sentencia de 17 de octubre de 2013. Establecida la regla general del juzgamiento en libertad de las personas dentro del proceso penal, ratificado por la sentencia de la Sala Plena de Sección Tercera de 17 de octubre de 2013, esta Subsección encuentra necesario exponer cómo la misma providencia de unificación plantea ciertas excepciones, las cuales se ajustan a los principios convencionales y constitucionales expuestos, a dicha regla, con las que se pretende delimitar el alcance del derecho a la libertad, que no puede entenderse en términos absolutos11, y la procedencia de medidas con las que se prive la libertad12, siempre que se cumpla con requisitos específicos y expresos, y que se corresponda con las exigencias convencionales y constitucionales13. De acuerdo con la mencionada sentencia de la Sala Plena de la Sección Tercera “si en realidad la absolución de responsabilidad penal del sindicado se produjo, o no, en aplicación del aludido beneficio de la duda o si, más bien, la invocación de éste esconde la concurrencia de otro tipo de hechos y de razonamientos que fueron y/o deberían haber sido los que sustentaran la exoneración penal, como, por ejemplo, deficiencias en la actividad investigativa, de recaudo o de valoración probatoria por parte de las autoridades judiciales intervinientes, extremo que sin duda puede tener

incidencia en la identificación de título de imputación en el cual habría de sustentarse una eventual declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado”. 11 (pie de página de la cita) RAWLS, John, Teoría de la justicia, 2ª ed., 7ª reimp., Fondo de Cultura Económica, México, 2010, p.193: “[…] cualquier libertad puede ser explicada con referencia a tres cosas: los agentes que son libres, las restricciones o límites de los que están libres y aquellos que tienen libertad de hacer o no hacer […] La descripción general de la libertad tiene, entonces, la siguiente forma: esta o aquella persona (o personas) está libre (o no está libre) de esta o aquella restricción (o conjunto de restricciones) para hacer (o no hacer) tal y cual cosa […] La mayoría de las veces discutiré la libertad en relación con las restricciones constitucionales y jurídicas. En estos casos la libertad consiste en una determinada estructura de instituciones, un sistema de reglas públicas que definen derechos y deberes […] las personas se encuentran en libertad de hacer algo cuando están libres de ciertas restricciones para hacerlo o no hacerlo y cuando su hacerlo o no está protegido frente a la interferencia de otras personas […] No sólo tiene que estar permitido que los individuos hagan algo o no lo hagan, sino que el gobierno y las demás personas tienen que tener el deber jurídico de no obstaculizar […] las libertades básicas habrán de ser evaluadas como un todo, como un sistema único” [subrayado fuera de texto]. 12 (pie de página de la cita) KAUFMANN, Arthur, Filosofía del derecho, 2ª reimp, Universidad Externado de Colombia,

Bogotá, 2006, pp.439 y 440: “[…] una presunción general no se pronuncia ni a favor de que el hombre sea libre, siempre y en todos los aspectos, ni en pro de que no lo sea nunca y bajo ningún aspecto (no hay, en consecuencia, espacio para una decisión “en caso de duda”). El conocimiento que proviene de la experiencia nos dice, no obstante, que el hombre es tanto libre como no libre; en algunas ocasiones, más aquello, en algunas otras, más esto otro. El problema consiste en saber cuándo y dónde se debe postular razonablemente libertad, y cuándo y dónde se debe postular razonablemente no libertad. La regulación de la incapacidad de la culpabilidad así como de la capacidad reducida de culpabilidad […] Merece consideración el hecho de que no se dice positivamente cuándo ha de tenerse por existente la libertad o la culpabilidad, sino negativamente cuándo ha de presumirse la no existencia de libertad o de culpabilidad […] Todo juez penal podrá dar testimonio de que muchos autores prefieren un bien delimitado castigo por culpabilidad a una medida de aseguramiento que no esté determinada con precisión en el tiempo y bajo la cual , en ciertas circunstancias, se les obligará incluso a someterse a terapia”. 13 (pie de página de la cita) RAWLS, John, Teoría de la justicia., ob., cit., p.194: “[…] si bien las libertades iguales para todos pueden restringirse, estos límites están sujetos a determinados criterios expresados por el significado de libertad igual y el orden lexicográfico de los dos principios de la justicia”. FERRAJOLI, Luigi, Principia iuris. Teoría del derecho y

de la democracia. 2. Teoría de la democracia, Trotta, Madrid, 2011, p.323: “[…] la minimización de las restricciones de la libertad personal viene impuesta por el valor constitucional de tal inmunidad como derecho fundamental. De aquí la necesidad no sólo de una drástica superación de la actual centralidad de la pena de privación de libertad, sino también de una drástica restricción de los presupuestos de la privación cautelar de libertad, que, según ya he dicho, deberían quedar limitados en exclusiva al riesgo de contaminación de las pruebas y por el tiempo estrictamente necesario para el primer interrogatorio”. 7 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 47.456 (250002326000 2010 00073 01) En el derecho interamericano de los derechos humanos la justificación de la detención preventiva o de la privación de la libertad se encuentra en las siguientes reglas: (1) si se afirma la presunción de culpabilidad del procesado14; (2) se existe peligro de fuga; (3) cuando existe la necesidad de investigar; (4) si se presenta un riesgo inminente de presión o sujeción indebida a testigos; y, (5) con el objetivo de preservar el orden público. (...) La jurisprudencia constitucional colombiana ha sostenido (sentencias C-1198 de 2008 y C-695 de 2013) que el derecho de todas las personas a la libertad, fundada en el artículo 28 de la Carta Política (compatible con el artículo 7 de la Convención Americana de

Derechos Humanos) puede encontrar excepciones con base en los siguientes criterios: (1) que se ejerza la reserva judicial, que implica “ un mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley”; (2) que se sustente la decisión de restringir la libertad en el principio de legalidad de la privación preventiva de la libertad; y (3) cabe afirmar la aplicación del test de proporcionalidad para determinar si las restricciones a la libertad, para el caso concreto del proceso penal la medida de aseguramiento, resultan adecuadas y necesarias para la finalidad perseguida “sin que se sacrifiquen valores, principios o derechos de mayor entidad constitucional para el caso concreto que se analiza”15.” (Subrayas y negrillas fuera del texto) 2.3. Caducidad. La jurisprudencia en forma pacífica ha dicho que el término de caducidad de la acción se empieza a contar a partir de la ejecutoria de la decisión que libera de responsabilidad. El 21 de septiembre de 2007 la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado en el expediente 72091, en la que quedaba cobijada la decisión que impuso medida de aseguramiento y decide mantener incólume la resolución inhibitoria proferida dentro del radicado 73.089 y dispuso dejar en libertad al actor16 (fls. 54 a 79 c. 2 pruebas). Se intentó conciliación extrajudicial mediante solicitud de 4 de septiembre de 2009, trámite que culminó con la declaración de fallida el 2 de diciembre de 2009,

día en que se reanuda el cómputo del término para accionar (fls. 1 a 3 c. 2 pruebas). 14 (pie de página de la cita) Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe 2/97. 15 (pie de página de la cita) Corte Constitucional, sentencia C-695 de 2013. 16 Ley 600 de 200 ARTICULO 187. EJECUTORIA DE LAS PROVIDENCIAS. Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes. La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente. Las providencias interlocutorias proferidas en audiencia o diligencia quedan ejecutoriadas al finalizar ésta, salvo que se hayan interpuesto recursos. Si la audiencia o diligencia se realizare en varias sesiones, la ejecutoria se producirá al término de la última sesión. La sentencia C-641-02 de 13 de de agosto de 2002, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil; “Declarar EXEQUIBLE la expresión acusada del inciso segundo del artículo 187 de la Ley 600 de 2000 o Código de Procedimiento Penal, que literalmente dice "quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente", siempre y cuando se entienda que los efectos jurídicos se surten a partir de la notificación de las providencias. 8 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado.

Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 47.456 (250002326000 2010 00073 01) Como la demanda se presenta el 3 de diciembre de 2009 no se había configurado el fenómeno de caducidad de la acción. 2.3. Caso concreto (i) La privación de la libertad: Se acreditó que el demandante estuvo privado de la libertad entre el 2 de abril y el 24 de septiembre de 2007: El DAS a través del Área de Servicios Complementarios expidió constancia el 23 de enero de 2008, en la que certifica que Jimmy Alexander Castañea Arcila con C.C. 79.712.870 ingresó a la Sala de Custodia Transitoria del DAS el 2 de abril de 2007 a órdenes de la Fiscalía 14 Especializada Unidad Antiextorsión y Secuestro, por el delito de secuestro extorsivo agravado y que el 22 de abril fue trasladado a la penitenciaría La Picota en cumplimiento de la resolución 3823 de 20 de abril de 2007 de la Dirección General del INPEC (fl. 22 c. 2 pruebas) El Coordinador del Grupo Jurídico de “La Picota” expedida el 24 de enero de 2008 Constancia en la que indica que CASTAÑEDA ARCILA JIMMY ALEXANDER c.c. 79.712.870 estuvo recluido en ese centro penitenciario desde el 22 de abril hasta el 24 de septiembre de 2007, fecha en que fue dejado en libertad por la Fiscalía 19 delegada ante el Tribunal Superior de Bogot