PGN - DAÑO ESPECIAL Características básicas según jurisprudencia del consejo de estado

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL-Construcción de una obra pública que genera el secado del cauce de una quebrada RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Daño antijurídico como elemento esencial Con relación a los elementos esenciales de la responsabilidad del Estado, debemos recordar que el daño, como uno de tales elementos, debe ser antijurídico, es decir que la lesión a un bien o interés jurídicamente tutelado, la persona no está en el deber jurídico de soportar, y el actor, pese a que argumenta la existencia del daño, este no cumple con las características del mismo, es decir cierto concreto y particular, tal como lo argumenta el Tribunal de instancia. No se demuestra la existencia del daño por parte del actor, en la medida que, el peritaje técnico solicitado por el mismo demandante, concluyó que el predio no había sido afectado por la construcción del túnel, en la medida que, contaba con agua suficiente para las labores que allí se desarrollaban RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Tiene su fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política FALLA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO-Para su configuración deben concurrir el hecho, el daño y el nexo causal según el Consejo de Estado RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Al evidenciarse la existencia de un daño antijurídico según jurisprudencia del Consejo de Estado PRUEBA DEL NEXO CAUSAL-Implica demostrar que la falla del servicio la produce el daño antijurídico según jurisprudencia del Consejo de Estado EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por proceder diligente o

acreditación de causa extraña según jurisprudencia del Consejo de Estado DAÑO ESPECIAL-Deben acreditarse los postulados de la responsabilidad especial Ahora, como se argumenta por parte del accionante que se trata de un daño especial, es necesario mirar si se acreditaron los postulados de la responsabilidad especial, esto es: La actividad legitima por parte de la administración; que los efectos de la ley recaigan en cabeza de un administrado, rompiendo la igualdad frente a las cargas públicas y un tercer elemento, concretado en la conexión entre la actividad estatal y la ruptura de esa igualdad, supuestos que tampoco encontramos probados Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado

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Expediente No 62.147 73001230000020150000201 Jaime Castro Borrero DAÑO ESPECIAL-Régimen de responsabilidad por el hecho de la Ley en jurisprudencia del Consejo de Estado DAÑO ESPECIAL-Características básicas según jurisprudencia del Consejo de Estado CARGA DE LA PRUEBA-Corresponde al interesado La carga probatoria incumbe al interesado, por ende, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos y hechos jurídicos alegados, ya que ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias afirmaciones

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Para que proceda el daño debe recaer sobre un bien jurídicamente tutelado por el Estado 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 62.147 73001230000020150000201 Jaime Castro Borrero CONCEPTO No 028/ 2019 Bogotá D. C, 8 de marzo de 2019 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente Doctora Marta Nubia Velásquez Rico (E)

E. S. D.

Expediente: 73001230000020150000201 (62.147)

Acción: Reparación Directa Actor: Samuél Cano Barragán y otros Demandados: Agencia Nacional de Infraestructura y otros.

Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida/ El daño es un elemento estructural de la responsabilidad extracontractual del Estado y la carga de su prueba, recae en quien lo alega/ Para que proceda la declaratoria de responsabilidad administrativa, el daño debe recaer sobre un bien jurídicamente tutelado por el Estado/ El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento del ordenamiento jurídico, la protección del

Patrimonio Público y de los derechos y las garantías fundamentales.

1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda El actor demanda la responsabilidad administrativa por los presuntos daños sufridos por la desaparición de la quebrada La Turbina, que suministraba agua potable al predio de propiedad de Samuél Cano Barragán (actor), afectando su valor comercial , como consecuencia de la construcción del túnel en la Inspección de Boquerón – Icononzo (Tolima).

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 62.147 73001230000020150000201 Jaime Castro Borrero 1.2 La Agencia Nacional de Infraestructura Sostiene que no tiene a su cargo la ejecución de los proyectos, sino, la administración de los contratos de concesión y es la concesión la que se encarga de ejecutarlos por su cuenta y riesgo. Propuso como excepciones el hecho de un tercero; los actos de la naturaleza y la falta de demostración del daño por parte del actor. 1.3 Concesión Autopista Bogotá – Girardot S.A Señaló que cumplió íntegramente con las obligaciones a sus cargo en el plan de manejo ambiental y que actúa como un mero colaborador de la administración pública y quien realmente es el dueño de la obra, es el Estado, de manera que, los riesgos de la misma, corren por cuenta del mismo.

Expresó que realizó todas las actividades de mitigación del impacto ambiental a raíz de la desaparicion de la quebrada la Turibna, instalando y construyendo un sistema de bombeo que surte de agua a dos tanques de 10.000 lts de capacidad, para con ello, abastecer a las familias afectadas por la desaparición de la quebrada Turbina. Así mismo, se realizó la compra de agua y para ello, compra agua a Caudales de Colombia para la provisión del líquido. De igual modo, expresó que se realizaron todos los trámites pertinentes para efectos de construir y entregar un acueducto a la Alcaldía de Icononzo. Sin embargo y pese a lo anterior, los afectados, dentro de los cuales no se incluyen al actor, han sido renuentes a aceptar el acueducto, manifestando que el daño sólo puede ser reparado con la compra de sus predios. También manifestó, que los predios no han sido objeto de compra dado los valores desproporcionados que pretenden sus dueños y por la innecesaria compra de los mismos para el servicio de la concesión, en especial, el funcionamiento de la carretera. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 62.147 73001230000020150000201 Jaime Castro Borrero 1.4 Axa Seguros Colpatria S.A Fue llamado en garantía por la ANI, y expresó que no está llamada a responder en

la medida que la responsabilidad civil extracontractual no está cubierta con la póliza que tomaron, pues solo tiene como riesgo asegurable los daños que ocasione el actuar de los servidores públicos. 1.5. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante fallo de primera instancia fechado el 14 de junio de 2018, negó las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:  Señaló que no se demostró daño a la parte actora con la desaparición de la quebrada La Turbina, a raíz de la construcción del túnel El Boquerón, y como tal, no se acreditó la prueba de la responsabilidad extracontractual del Estado.  No puede hablarse de responsabilidad administrativa, en la medida que, el bien jurídico no estaba tutelado, pues la toma de agua con que se servía el predio del actor, no contaba con las autorizaciones de la autoridad ambiental y local para realizar ese procedimiento. 1.6. Argumentos de la apelación El apoderado del demandante, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, exponiendo los siguientes argumentos:  Expresó que no es cierto que el daño se haya dejado de demostrar, pues en la solución al problema de aguas de la comunidad, está incluido el predio y prueba de ello es, que el actor solicitó a la Concesión Bogotá – Girardot, el 19 de julio de 2007, y a la Constructora Semaica, el 15 de agosto de 2007, que se practicara una 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co

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Expediente No 62.147 73001230000020150000201 Jaime Castro Borrero inspección ocular, con el fin de verificar la afectación que viene dejando la construcción del túnel del Boquerón.  Sostiene el apelante, que la quebrada pasaba por el predio del actor desde hace algo más de 50 años y expresa, que en el hipotético evento de que no se tomara agua de la quebrada La Turbina, la Sala de instancia pasa por alto que el actor tenía la posibilidad al menos, de tomar el agua que ya no pasa por su predio. Esta posibilidad hacía que el inmueble tuviera mayor valor, pero que al secarse la quebrada, ya no se cuenta con ello.  Con respecto a la licencia de aguas, expresa que toda la comunidad solicitó la solución definitiva de la toma de agua y como tal, está incluida la petición del actor como propietario del predio. El ministerio Publico quiere dejar claro desde ahora, que en el expediente no figura prueba que demuestre la autorización de la toma de agua por parte de la comunidad y tampoco se observa que se haya desvirtuado, por parte del apelante, que la toma de agua carece de autorización o licencia por parte de la autoridad ambiental, que en el presente caso es CORTOLIMA.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico.  ¿Se configuran los elementos estructurales de la responsabilidad extracontractual

especial por parte del Estado, por responsabilidad especial, en los eventos en que no se demuestra el daño?  ¿Se debe indemnizar al titular del predio afectado por la construcción de una obra pública que genera el secado del cauce de una quebrada, cuya explotación de aguas no está amparada por un título que legitime el servicio de esas aguas? declaratoria de interés general? 2.2. De las pruebas. Del acervo probatorio se destacan las siguientes: 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 62.147 73001230000020150000201 Jaime Castro Borrero  Folio 35, figura el certificado de tradición No 366 – 468 del predio rural “ La Regadera”, ubicado en la vereda Portachuelo del municipio de Icononzo, donde figura como propietario del inmueble el señor Samuél Cano Barragán, desde el 30 de junio de 2002. Con esta prueba, se indica que el actor es propietario del predio que alega, fue vulnerado con la construcción civil.  En los folios 50 a 51, figura la copia del informe de visita técnica realizada el 4 de mayo de 2005 y suscrito por el Director de la Seccional Sur de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA, requerida por Jose Francisco Montufar Delgado a la finca San Gabriel, donde se indica que en dicho

predio existen dos nacimientos de agua con recorrido separado y hacia el centro de la finca, se unen donde construyeron unas rocas de captación para los requerimientos de agua de la propia finca, para el balneario Roca Bella, pero no figura el predio del actor. Estos nacimientos serán afectados por la construcción del túnel y como observación figura, un requerimiento a los propietarios de los predios que se abastecen de agua de estos nacimientos, para que tramiten la legalización de la utilización de dicha agua.  Folios 61, se encuentra el acta de visita llevada a cabo el 27 de julio de 2006 por CORTOLIMA, y allí se deja constancia que algunas tomas de agua que se encuentran en esos nacederos y que son propiedad de predios aledaños a la Finca Roca Bella no habían sido legalizados ante CORTOLIMA eran consideradas tomas ilegales de agua.  A folios 61 a 63, figura el acta de visita realizada por la CONTRALORIA DEL TOLIMA a los predios afectados con la desaparición de la quebrada La Turbina. En el interior del túnel, se puede observar que el agua de la quebrada fue absorbida en su totalidad por la obra y estas aguas eran recogidas en mangueras y cunetas para ser llevadas directamente al Rio Sumapaz. En el informe, no se hace referencia al predio de propiedad del actor.  En los folios 1 a 37 del cuaderno de pruebas, figura el dictamen pericial solicitado por la parte actora dentro del proceso y rendido por el ingeniero Julio César Arguelles Ochoa, el 28 de noviembre de 2011, sobre el predio La Regadera, es

7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 62.147 73001230000020150000201 Jaime Castro Borrero decir, el predio del actor, con el objeto de precisar la extensión del terreno, su vocación, las construcciones, las condiciones en las que se encuentra, los trabajos realizados por la concesión, el avalúo, el detrimento sufrido. En este dictamen se afirma que el predio tiene agua y en su escrito de aclaración, menciona la existencia de árboles maderables como el flor morado, chicalá, Samán, diomáte, moho e iguá, lo que indica que el predio si contaba con servicio de agua y que la explotación que allí se daba, no se vió afectada con el secamiento de la quebrada La Turbina  En los folios 7 a 392, se encuentra la copia auténtica del contrato de concesión GG – 040 de 2004, suscrito entre el Instituto Nacional de Concesiones – INCO – y la Concesión Autopista Bogotá – Girardot el 1° de julio de 2004, el apéndice 2, en el cual se consagraron las especificaciones técnicas de construcción del contrato de concesión; el apéndice 3 que contiene las especificaciones técnicas de operación y mantenimiento del contrato, contemplando en cuanto a las obras de los planes de manejo ambiental y/o licencias ambientales que le concesionario

debía adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la normatividad ambiental de conformidad con lo establecido en el contrato, lo cual era concordante con la licencia ambiental contenida, así como la condición de que las modificaciones al plan de manejo ambiental debía ser aprobado según lo establecido en la ley y sería responsabilidad del concesionario; el apéndice 4 que trata las condiciones mínimas del contrato de fiducia de contrato de concesión para el manejo de la contabilidad del proyecto y la administración e inversión de los recursos del proyecto; el apéndice 5 que aborda los términos de referencia para la elaboración del plan de gestión social del proyecto; el apéndice 6 que indica los términos de referencia para la elaboración del plan de gestión social del proyecto vial y otrosi aclaratorio suscrito el 30 de julio de 2004, en donde se manifiesta que el contrato fue firmado el 2 de julio de 2004.  En los folios 393 a 823 se encuentra el estudio de impacto ambiental realizado por la Subdirección de Concesiones del Instituto Nacional de Vías.  A folios 509 a 742 aparece el plan de manejo ambiental, entre los cuales está el Plan de Manejo de Recurso Hídrico. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 62.147

73001230000020150000201 Jaime Castro Borrero 2.3. Caso Concreto De conformidad con las pruebas expuestas y que conforman el acervo conformado durante el curso del proceso, no se duda en solicitar que se CONFIRME la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, fechada el 14 de junio de 2018, de conformidad con las normas vigente para la época en que se presentaron los hechos, dentro de la presente acción de reparación directa, y bajo los siguientes argumentos: Con relación a los elementos esenciales de la responsabilidad del Estado, debemos recordar que el daño, como uno de tales elementos, debe ser antijurídico, es decir que la lesión a un bien o interés jurídicamente tutelado, la persona no está en el deber jurídico de soportar, y el actor, pese a que argumenta la existencia del daño, este no cumple con las características del mismo, es decir cierto concreto y particular, tal como lo argumenta el Tribunal de instancia. No se demuestra la existencia del daño por parte del actor, en la medida que, el peritaje técnico solicitado por el mismo demandante, concluyó que el predio de Barragán Cano no había sido afectado por la construcción del túnel, en la medida que, contaba con agua suficiente para las labores que allí se desarrollaban, tales como, la tenencia de árboles maderables como el iguá entre otros, pero que no había cultivos de cualquier tipo de planta o animal. También se expresa en el certificado de tradición del predio, que para el año 2002, año en el cual Barragán Cano lo adquirió, no tenía vocación agrícola. Vale recordar, que frente a la responsabilidad extracontractual del Estado, todos

los asuntos de responsabilidad del Estado (contractual y extracontractual) deben ser desatados bajo la luz del Artículo 90 Superior, que es el principio general sobre el particular: “Art. 90. - El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas...” y bajo la invocación del régimen subjetivo, a la parte actora le corresponde demostrar la concurrencia de los siguientes presupuestos, para que sea viable declararla: 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 62.147 73001230000020150000201 Jaime Castro Borrero a. Una falla, representada en una actuación ilegítima, b. Un daño o perjuicio, y c. Un nexo causal entre el daño y la actuación. Del nexo de causalidad, el daño antijurídico y el concepto de Imputación. Corresponde a la idea de casualidad adecuada, la condición natural en el curso habitual de las cosas y según la experiencia de la vida capaz de producir el efecto que se ha realizado1. “El denominado régimen de falla o falta en la prestación del servicio, como régimen genérico o común en materia de responsabilidad civil extracontractual del Estado, es el aplicable a situaciones de hecho caracterizadas por la violencia o fuerza de la conducta desplegada, cuyo contenido o finalidad no es otro

que el de atentar o desestabilizar las instituciones políticas, la existencia misma del Estado, el régimen político que determina su estructura y sistema de gobierno o las políticas trazadas por las diferentes autoridades a quienes ello compete en ejercicio de las funciones legislativa o ejecutiva, siempre que concurran los elementos estructurales de la responsabilidad civil extracontractual, es decir, el hecho, el daño y el nexo causal entre los dos anteriores , cuando quiera que la conducta activa u omisiva resulte imputable a la autoridad pública y que la valoración de dicha conducta conlleve a concluir y a afirmar que ella no se ajusta a lo que es dable esperar y exigir del Estado Colombiano dentro del marco preciso de las circunstancias en que tal conducta tuvo lugar. La responsabilidad del Estado resulta comprometida cuando se acredita la existencia de un daño antijurídico, es decir, aquel que el afectado no tiene el deber jurídico de soportar; una falla del servicio por el defectuoso, tardío o inexistente cumplimiento de las funciones o deberes a cargo de la Administración; y el nexo o relación de causalidad entre el uno y el otro, lo que implica necesariamente demostrar que fue esa falla en la prestación del servicio la que produjo el daño antijurídico . A su turno, la Administración se exonera de responsabilidad demostrando que obró diligentemente, es decir, que su proceder fue correcto y adecuado y que no incurrió en falla alguna del servicio, o acreditando la presencia de una causa extraña como lo es la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima o la culpa también exclusiva de un tercero, circunstancias que enervan la responsabilidad de la accionada”2.

Ahora, como se argumenta por parte del accionante que se trata de un daño especial, es necesario mirar si se acreditaron los postulados de la responsabilidad especial, esto es: La actividad legitima por parte de la administración; que los efectos de la ley recaigan en cabeza de un administrado, rompiendo la igualdad frente a las cargas públicas y un tercer 1 LE TOURNEAU, Prilleppe. “La responsabilidad civil”, editorial Legis Bogotá D. C. Traducción de la primera edición 2003, pág. 82. 2 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera Magistrada Ponente Dra. Gladys Agudelo Ordoñez, EXP. 2007472, de fecha 11 de agosto de 2011. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 62.147 73001230000020150000201 Jaime Castro Borrero elemento, concretado en la conexión entre la actividad estatal y la ruptura de esa igualdad, supuestos que tampoco encontramos probados. De conformidad con lo anterior, los postulados de esta responsabilidad especial no se configuran en el presente caso, pues existe una actividad estatal como es construcción de un túnel sobre una vía pública que genera el secamiento del cauce de una quebrada, para ser utilizado en la obra y revierte al Rio Sumapaz, obra que sin duda alguna es de interés

general para la comunidad. La afectación de la quebrada en aras del interés general, es una carga que debe ser soportada por los asociados y serán indemnizados todos aquellos que sean perjudicados con dicha actividad estatal. Para ello, se debe demostrar el daño, lo cual en el presente caso no aconteció, según se indicó, y al prevalecer el interés general sobre el particular, significa que en ningún momento se rompe la igualdad frente a las cargas públicas. Al respecto es pertinente recordar, que en relación a los postulados del régimen especial de responsabilidad extracontractual, El Consejo de Estado, desarrolló los parámetros de este régimen en los siguientes términos. “(…) 10.1.2.4. Estas decisiones con sus numerosas aclaraciones de voto hicieron dos aportes fundamentales que vale la pena distinguir: En primer lugar, la responsabilidad patrimonial del Estado por el hecho de una Ley no depende de su declaratoria de exequibilidad, sino de la antijuridicidad del daño y, en segundo lugar, el título jurídico de imputación por excelencia es el daño especial, posición que fue confirmada, más tarde, por la sentencia del 26 de septiembre del 2001, “esta corporación ha aceptado la posibilidad de declarar la responsabilidad de la Nación por los perjuicios causados como consecuencia de la aplicación de normas constitucionales y legales. 10.1.2.5. De conformidad con lo anterior, la Jurisprudencia de esta Corporación tradicionalmente ha puesto de relieve que el régimen de responsabilidad del Estado por el hecho de la ley es objetivo, cuyo título de imputación es el daño especial, cuyas características básicas son: 1) El desarrollo de una actividad legítima de la administración – la expedición de una ley -; ii) el menoscabo del derecho o lesión

de una situación jurídicamente consolidada de una persona, derivada de dicha actividad; iii) la imposición de una carga mayor al asociado de la que normalmente debe soportar, que origina el rompimiento del principio de igualdad de las cargas públicas frente a la ley; iv) que el daño se grave y especial y v) la existencia de un nexo causal entre el hecho ilícito y el perjuicio inflingido…”3 Otro aspecto que debe mencionarse, es que, el particular debe soportar esa carga, pues se antepone el interés general al particular, como quiera que constitucionalmente la propiedad privada en determinadas circunstancias, cumple una función social lo que conlleva a la no configuración de la antijuridicidad. Sobre la Carga de la prueba, basta 3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2015, radicación 22.637 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 62.147 73001230000020150000201 Jaime Castro Borrero recordar, tal y como señala el Artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y concordantes, vigente para la época de los hechos, la carga probatoria incumbe al interesado, por ende, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos y hechos jurídicos alegados, ya que ninguna de las partes goza en el proceso

colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias afirmaciones. Al respecto ha dicho el Consejo de Estado: "Al respecto, no debe olvidarse que la carga de la prueba es una regla de nuestro derecho probatorio consagrada en el artículo 177 del C. de P. Civil, de acuerdo con el cual "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen... "; dicho en otras palabras: para lograr que el juez dirima una controversia de manera favorable a las pretensiones, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos o hechos jurídicos de donde procede el derecho o nace la obligación, máxime si ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias aseveraciones. Cabe recordar que la carga de la prueba consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa resulten probados; en este sentido, en relación con los intereses de la parte demandante, debe anotarse que quien presenta la demanda, sabe de antemano cuáles hechos le interesa que aparezcan demostrados en el proceso y, por tanto, sabe de la necesidad de que así sea, más aun tratándose del sustento mismo de la demanda y de los derechos que solicita sean reconocidos”4. Siendo así, se observa que el actor no demostró el daño sufrido en su predio, en la

medida que, los informes oficiales de organismos de control, tanto ambientales, como CORTOLIMA y la Contraloría del mismo departamento del Tolima, dentro de los predios que relacionan como afectados por el secamiento de la quebrada, lo cual efectivamente ocurrió según lo indican los mismos informes que se acaban de referir, no mencionan para nada el predio La Regadera de propiedad del actor. Así mismo, el dictamen pericial rendido el 28 de noviembre de 2011 y que tiene por objeto evaluar los daños al mencionado predio, en ningún momento expresan que el inmueble haya sido afectado por el secamiento de la quebrada y por el contrario, da cuenta que, dicho terreno está explotado económicamente con árboles maderables y cuenta con agua, según allí figura. 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de mayo de 2016, Exp: 38044, M.P. Hernán Andrade Rincón. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 62.147 73001230000020150000201 Jaime Castro Borrero Otro aspecto a considerar, es la antijuridicidad de la lesión sufrida por la actividad estatal, que según se demostró, la construcción del túnel generó daños a otros inmuebles, debe

considerarse frente a un bien jurídicamente tutelado por el Estado. En el presente caso, se demostró con las actas de visita que figuran en el acervo probatorio, que las tomas de agua que hacían los dueños de los predios, no contaba con la respectiva autorización de las entidades competentes, de manera que, si dicha toma desparece, se está afectando un bien que no goza de la protección del Estado, ante la ausencia del respectivo permiso y mal se haría en declarar una responsabilidad administrativa sobre un bien que no está jurídicamente protegido.

III. CONCLUSIÓN De conformidad con la normatividad citada, con la jurisprudencia invocada y con las consideraciones planteadas en este concepto, se infiere que no se encuentran demostrados los supuestos de la responsabilidad extracontractual imputados a las entidades estatales y privadas demandadas, por lo tanto solicita al Consejo de Estado CONFIRME, la sentencia recurrida, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.

Del Honorable Magistrado,

CARLOS JOSÉ HOLGUÍN MOLI