PGN - DAÑO ESPECIAL Concepto

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado por perjuicios por activación de explosivo artesanal instaurado por grupos subversivos contra la fuerza pública RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Tiene su fundamento en el art. 90 de la Constitución Política RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Con ocasión de actos de grupos armados según sentencia del Consejo de Estado RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Debe estar basada en la existencia de un daño antijurídico y que sea imputable a la administración pública por acción u omisión según la Constitución Política FALLA DEL SERVICIO-Se presenta cuando por parte de la autoridad se conoce el hecho de violencia y no se hace nada para evitarlo …. habrá falla en el servicio por parte del Estado cuando la autoridad conoce la ocurrencia inminente del hecho de violencia y no hace nada para evitarlo. También será una irregularidad del ente estatal cuando se le ha informado con anticipación del riesgo anormal que pesa sobre la población o de la persona que ejerce funciones públicas y deba ser sujeto de protección especial. Finalmente, aunque las situaciones informadas a las fuerzas de orden sólo ostenten el grado de riesgo o amenaza, si el ciudadano hizo el requerimiento de protección en debida forma, se activará la condición de garante para el Estado EJÉRCITO NACIONAL-No se encuentra acreditada responsabilidad en su contra Esta Agencia del Ministerio Público considera que en el presente caso no se debe atribuir responsabilidad al Ejército Nacional porque no se encentran acreditados los elementos de antijuridicidad e imputabilidad requeridos para fundamentar una condena administrativa. En la

apelación, la parte actora insistió en que la prosperidad de sus pretensiones encuentra sustento en la responsabilidad del Estado a título de riesgo excepcional. Sin embargo, invoca como único fundamento de su petición indemnizatoria el acaecimiento del suceso dañoso y ello no es suficiente desde el punto probatorio DAÑO ESPECIAL-Concepto RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por riesgo excepcional no prospera en las presentes diligencias/FALLO DE PRIMERA INSTANCIA-Se debe confirmar en el sub examine PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6 PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° Bogotá D.C. PBX: (1) 5878750 Ext: 1370113703. Correo electrónico: lescandon@procuraduria.gov.co 1 La parte demandante relató en los hechos consignados en el introductorio que miembros de la policía y la fuerza pública jugaban futbol en el lugar de la explosión de la mina antipersonal que lesionó al señor….Además de lo anterior, indicó que la explosión iba dirigida contra los uniformados, pero terminó afectando a la víctima principal y con ello a su familia. Sin embargo, estudiado el expediente no se encuentran acreditadas ninguna de las circunstancias señaladas, por lo que las pretensiones de la parte actora, basadas en la atribución de responsabilidad por riesgo excepcional no están llamadas a prosperar. La ausencia de pruebas que determinen la puesta en riesgo del señor… por acciones u omisiones provenientes de la parte demandada llevan a esta agencia del Ministerio Público a sugerir la confirmación del fallo de primera

instancia, porque la sola explosión de una mina antipersonal no supone automáticamente la responsabilidad al Estado. Es claro en el presente que las heridas del señor…. no fueron ocasionadas por los policías que custodian la región, pero no hay prueba de un ataque con destino a las fuerzas del orden y los lamentables hechos acaecidos se presentaron en un contexto de guerra que no reviste la anormalidad del daño que ha determinado la jurisprudencia PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6 PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° Bogotá D.C. PBX: (1) 5878750 Ext: 1370113703. Correo electrónico: lescandon@procuraduria.gov.co 2

PROCURADURÍA DELEGADA

CON FUNCIONES MIXTAS 6

CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO N° 109/2023

Bogotá, D.C., 6 de julio de 2023 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES

E. S. D.

Ref.: Proceso 13001-23-33-000-2017-00955-00 (69935) Medio de control: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

Actor: Gabriel Arturo Díaz Tapia y Otros.

Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Municipio de Norosí.

Honorable señor Consejero: En mi condición de agente de la Procuradora General de la Nación para intervenir en el trámite de la referencia1, dentro del término previsto en el numeral 6 del artículo 247 de la

Ley 1437 de 20112, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, procedo a rendir concepto dentro del proceso de la referencia.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones del Ministerio Público. 3. Conclusión.

Síntesis: Corresponde conceptuar sobre la prosperidad del recurso de apelación presentado por la parte demandante, contra la sentencia del trece (13) de mayo de dos mil veintidós (2022) emitida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en el proceso de reparación directa en el que la víctima principal y sus familiares pretenden la condena administrativa y patrimonial de La Nación – Policía Nacional al considerar que esta entidad debe responder por los perjuicios sufridos a causa de la explosión de un artefacto explosivo que ocasionó heridas al señor Gabriel Arturo García Tapia. 1 Competencias previstas en los artículos 277-7 de la Constitución Política y 30-1 del Decreto Ley 262 de 2000. 2 Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias, artículo modificado por el artículo 67de la Ley 2080 de 2021: “El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de

acuerdo con el siguiente procedimiento: (…)

6. El Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el recurso y hasta antes de que ingrese el proceso al despacho para sentencia”.

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1. ANTECEDENTES Contenido: 1.1. La demanda. 1.1.1 Pretensiones. 1.1.2. Hechos. 1.2. Contestación del Ministerio de Defensa 1.3. Pruebas decretadas y practicadas. 1.4. La sentencia. 1.5. Apelación del Ministerio de Defensa. 1.1. La demanda Con fecha de presentación de cinco (5) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)3 y radicación del diecinueve (19) de octubre de dos mil diecisiete (2017)4, fue interpuesta por la parte demandante una acción de reparación directa con base en el artículo 140 del CPCA. 1.1.1. Pretensiones Los demandantes5 buscan que se declare patrimonialmente responsable al Ministerio de Defensa-Policía Nacional, al Municipio de Norosí, por los hechos acaecidos el quince (15) de marzo del año dos mil quince (2015), día en que le fueron ocasionadas graves lesiones al señor Gabriel Arturo García Tapia causadas por la detonación de un artefacto explosivo improvisado, instalado por grupos subversivos contra la fuerza pública6.

Los demandantes estimaron como valor total de los perjuicios materiales y morales la cifra de cuatro mil novecientos ochenta y tres millones novecientos cinco mil seiscientos pesos MCTE ($4.983,905.600. )7. 00 1.1.2. Hechos La parte demandante expuso como recuento fáctico el siguiente8. Sostuvo que el día quince (15) de marzo de dos mil quince (2015), el señor Manuel Gregorio García Solipa, se encontraba en una finca de su propiedad, en compañía de sus hijos, uno de

ellos la víctima principal, el señor Gabriel Arturo García Tapia; ese mismo día se produjo un incendio en los arbustos y maleza que amenazaba con consumir entre sus llamas el cultivo y pasto que servía de alimento para el ganado perteneciente a la familia García Tapia. 3 Sellado visible a folio 1 de expediente físico, página 1 en expediente digitalizado archivo PDF: 4_130012333000201700955011EXPEDIENTEDIGI20230601121434_ED_0113001233300020170 ═ndice_ 2_7. 4 Verificado en Consulta de Procesos de la web de la Rama Judicial: https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion. 5 Gabriel Arturo García Tapia, Manuel Gregorio García Solipa, Maritza de Jesús Tapia Ayala, Yovanis Andrés García Tapia, Roger Miguel García Tapia, Blanca Rosa García Tapia, Donaldo Darío Garcia Tapia, Yarisnela Garcia Tapia, Jhony William Garcia Tapia, Jhon Jaider Garcia Tapia, Ludis María García Tapia, Hernán Darío Garcia Tapia, Germán Ramón Garcia Tapia. 6 Pretensiones de la demanda visibles a folios 5 y ss. del expediente físico, páginas 2 y ss. en expediente digitalizado archivo PDF: 4_130012333000201700955011EXPEDIENTEDIGI20230601121434_ED_0113001233300020170 ═ndice_ 2_7. 7 Precisión visible a folio 24 del expediente físico, página 24 en el expediente digitalizado archivo PDF: 4_130012333000201700955011EXPEDIENTEDIGI20230601121434_ED_0113001233300020170 ═ndice_ 2_7.

8 Hechos de la demanda visibles a folios 5 y ss. del expediente físico, páginas 5 y ss. en expediente digitalizado archivo PDF: 4_130012333000201700955011EXPEDIENTEDIGI20230601121434_ED_0113001233300020170 ═ndice_ 2_7.

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Misericordia del municipio de Magangué. En este último centro asistencial, al paciente le fue amputada la pierna entre la rodilla y el tobillo. Afirmó que el artefacto explosivo, fue instalado por grupos subversivos de la zona el día quince (15) de marzo de dos mil quince (2015) y estaba dirigido contra de la fuerza pública; agregó sobre el atentado, que en el área circundante a la finca de propiedad de la familia García Tapia, existió una improvisada cancha de fútbol, en la cual los miembros de la fuerza pública desarrollaban actividades deportivas y recreativas. Relató que para acceder a la zona de la explosión y donde se ubicaba la mencionada cancha, los miembros de la fuerza pública debían adentrarse en propiedad de los actores, y muchas veces caminaron por el área en donde ocurrió el trágico suceso. Por lo anterior, concluyeron los actores que, el artefacto explosivo improvisado denominado “mina quiebra pata” del que fue víctima el señor Gabriel García Tapia, iba dirigido a miembros de la fuerza pública. 1.2. Contestación del Ministerio de Defensa – Policía Nacional El diecisiete (17) de enero de dos mil diecinueve (2019)9, presentó contestación de la demanda el Ministerio de Defensa – Policía Nacional10. El demandado Municipio de Norosí guardó silencio en la oportunidad establecida para presentar contestación al medio de control. Sostuvo el demandado que no se le puede considerar responsable de los hechos que sustentan la demanda porque se trató de un acto violento de terceros y ello no puede ser imputable al Estado, porque se requiere que haya sido dirigido contra una institución militar o policiva.

Añadió que el atentado tampoco se dirigió contra un funcionario representativo del Estado y que las particulares circunstancias mencionadas son las que generan la carga que las personas no están llamadas a soportar. Adujo que no hubo actuación por parte de la Policía Nacional que permita comprometer su responsabilidad, como quiera que se encuentra acreditado que la lesión del señor Gabriel García, producida el 15 de marzo de 2015, en jurisdicción del Municipio de Norosí 9 Sellado visible a folio 83 del expediente físico y 92 del expediente digital en PDF: 4_130012333000201700955011EXPEDIENTEDIGI20230601121434_ED_0113001233300020170 ═ndice_ 2_7. 10 Verificado en: https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion.

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Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° Bogotá D.C. PBX: (1) 5878750 Ext: 1370113703. Correo electrónico: lescandon@procuraduria.gov.co 5 Departamento de Bolívar, fue generada por artefacto explosivo instalado por grupos subversivos. Agregó que por lo anterior no existe nexo de causalidad que permita endilgar responsabilidad administrativa a la demandada a título de riesgo excepcional o de falla en el servicio. Argumentó que el daño no fue causado con un elemento relacionado con el servicio policial ni tampoco hay indicios de la participación de miembros de la Policía Nacional, además que el artefacto explosivo no fue dirigido contra una estación de policía o automotor institucional.

Concluyó que no hay duda de que el daño sufrido por los demandantes no es imputable fácticamente y mucho menos jurídicamente a la entidad demandada. 1.3. Pruebas decretadas y practicadas El despacho tuvo como pruebas documentales las siguientes.

La aportadas con la demanda: i) Registro Civil de Nacimiento de Gabriel Arturo García Tapia. ii) Registro Civil de Nacimiento de Maritza de Jesús Tapia Ayala.

1. Registro Civil de Nacimiento de Yovanis Andrés García Tapias.
2. Registro Civil de Nacimiento de Roger Miguel García Tapia.
3. Registro Civil de Nacimiento de Blanca Rosa García Tapias.
4. Registro Civil de Nacimiento de Donaldo García Tapia.
5. Registro Civil de Nacimiento de Yarisnela García Tapia.
6. Registro Civil de Nacimiento de Jhony Willian García Tapias.
7. Registro Civil de Nacimiento de Jhon Jaider García Tapias.
8. Registro Civil de Nacimiento de Ludis María García Tapia.
9. Registro Civil de Nacimiento de Hernán Darío García Tapia. xii) Registro Civil de Nacimiento de German Ramón García Tapia. xiii) Certificado de fecha 17 de agosto de 2016, expedida por la Personería Municipal de Norosí, en el que hace constar que el joven Gabriel García Tapia resultó herido el día 15 de marzo de 2015, a causa de un artefacto explosivo improvisado en cercanías de la vereda Mina Treinta, Jurisdicción del Corregimiento de Mina Brisa, Municipio de Norosí. xiv) Copia del Formato de inscripción de los demandantes en el registro único de

víctimas. xv) Copia de la historia clínica del señor Gabriel García Tapia. Aunque el despacho, por solicitud del demandante, decretó los testimonios de Anselmo Carvajal, Álvaro Baranoa y Manuel León Agudelo, ninguno de los mencionados concurrió a la diligencia de pruebas y en consecuencia no se recibieron sus declaraciones en el proceso. También decretó el Tribunal, el interrogatorio de parte del señor Manuel García Solipa, pero el mencionado no asistió a la diligencia y por tanto no se practicó la prueba. 1.4. Sentencia PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6 PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° Bogotá D.C. PBX: (1) 5878750 Ext: 1370113703. Correo electrónico: lescandon@procuraduria.gov.co 6 En fecha trece (13) de mayo de dos mil veintidós (2022)11, el Tribunal Administrativo de Bolívar emitió sentencia de fondo en el asunto en referencia, negando razón a la parte demandante por no encontrarse probado el nexo causal en el daño invocado. Los argumentos fueron los siguientes12. Indicó que el daño es entendido como el detrimento y dolor causado a alguien, fue acreditado en el proceso con la copia de la historia clínica aportada con la demanda, según la cual el señor Gabriel Arturo García Tapia ingresó a la ESEHospital Divina Misericordia. En el registro de entrada se consignó que el paciente llegó por urgencias, que le explotó una

mina en el pie, que la evolución de su condición llevó a la amputación traumática del pie derecho por activación de elemento explosivo tipo mina antipersonal. Señaló que se cuenta dentro de lo actuado con una certificación suscrita por el Personero Municipal de Norosí. El mencionado indicó en su oportunidad que la persona de Gabriel García Tapia de 18 años resultó herido el día 15 de enero de 2015 a causa de un artefacto explosivo improvisado (AEI) y que el herido se considera víctima del conflicto armado. Tuvo en consideración que el Consejo de Estado ha manifestado que el problema de la responsabilidad del Estado debe resolverse con base en lo prescrito en el artículo 90 de la Carta Política, según el cual el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad, esto es, el daño antijurídico y la imputabilidad del mismo al Estado. Sostuvo que se encuentra acreditado que el joven Gabriel García Tapia fue víctima de un artefacto explosivo cuyo efecto le produjo la amputación infrapatelar de miembro inferior derecho y que, para el caso concreto, el daño antijurídico se materializó con la lesión sufrida por el joven Gabriel Arturo García Tapia, suceso que jurídicamente, no debía soportar. En cuanto a la imputación, explicó el Tribunal que el daño se registró, de acuerdo con la parte actora, en el área circundante a la finca de propiedad de la familia García Tapia y que en el

sitio de la explosión existió una improvisada cancha de fútbol que era usada por los miembros de la fuerza pública que operaban en esa zona. Precisó, que en los hechos de la demanda en mención se indicó que los militares habitualmente desarrollaban actividades recreativas en la cancha improvisada y que para acceder a ésta debían adentrarse en propiedad de los actores. Que gran cantidad de veces caminaban por ese camino maltrecho en donde ocurrió el suceso, por ello, la parte actora infirió que el artefacto explosivo improvisado denominado “mina quiebra pata” del que fue víctima el señor Gabriel García Tapia, iba dirigido a miembros de la fuerza pública. Consideró la primera instancia que, la afirmación del demandante respecto del uso del sitio como cancha de fútbol, quedó limitada procesalmente a su dicho porque la parte no proporcionó ni obtuvo prueba que sustentara tal aseveración. Agregó en el mismo sentido que, 11 Verificado en: https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion. 12 Providencia visible en las páginas 157 y ss. en el expediente digitalizado en archivo PDF: 4_130012333000201700955011EXPEDIENTEDIGI20230601121434_ED_0113001233300020170 ═ndice_ 2_7.

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7 aunque el personero del Municipio a través del certificado de fecha 17 de agosto de 2016 dijo que el demandante fue víctima del conflicto armado, en el documento no se hacen mayores precisiones sobre los grupos enfrentados, el tiempo durante el cual permaneció el conflicto en dicho lugar y aún menos si por el lugar de los hechos se movilizaban miembros de la fuerza pública. Señaló que la demanda enfatizó como fundamento de sus pretensiones que el Estado tiene la obligación de destruir o asegurar todas las minas antipersonales de conformidad con la convención de Ottawa. Sin embargo, el A quo indicó sobre el particular que la sentencia de unificación del Consejo de Estado, del 07 de marzo de 2018, estableció que para determinar la responsabilidad en casos como el del sub lite, bajo el régimen de riesgo excepcional, se debe establecer una relación directa entre la proximidad de la mina antipersonal con un órgano representativo del Estado, de forma tal que se permita inferir que el primero iba dirigido en contra de este último. Precisó que la convención de Ottawa, adoptada por Colombia mediante la Ley 554 de 2000, estableció que este país se comprometió a destruir, o asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal colocadas en las zonas minadas que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes posible, y a más tardar en un plazo de 10 años siguientes a la entrada en vigor de esa Convención. Sostuvo que la normatividad citada entró en vigor el 1º de marzo de 2001, contando el Estado Colombiano, con un plazo de 10 años para desminar la totalidad del territorio Nacional, el cual vencía el 1 de marzo de 2011. Añadió sobre ello que, Colombia, a través del Programa

Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal – PAICMA, en el marco de la décima reunión de Estados parte celebrada en 2010 en Ginebra-Suiza, solicitó una extensión de diez años para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones en materia de desminado humanitario, contenidas en el artículo 5 de la Convención, plazo que fue concedido hasta el 1 de marzo de 2021. Señaló que conforme el juicio elucubrado por la Alta Corporación de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de unificación del 07 de marzo de 2018, la obligación de desminar la totalidad del territorio nacional, conforme lo pactado en la convención de Ottawa, no es exigible de momento para el Estado colombiano, en razón de lo cual, los compromisos ahí contenidos no pueden considerarse como base para endilgar una responsabilidad a cargo del Estado, en el entendido que no puede afirmarse que se ha incumplido lo pactado, tal como lo afirma por el demandante, pues las obligaciones contenidas en el pacto solo se hicieron exigibles, a partir del 01 de marzo 2021. Consideró que la sola circunstancia que el suceso dañoso haya acaecido en el Municipio Norosí, no puede suponer de manera automática la imputación del mismo a las demandadas, pues tal postura supone desconocer que dentro del elemento de imputación es necesario precisar que el daño sufrido tuvo o tiene un vínculo de relación directo con la actividad, acción u omisión de la entidad demandada, elemento que la primera instancia echó de menos en el punto bajo estudio, pues no existe medio de prueba alguno que pueda siquiera de manera indiciaria señalar que la Policía Nacional o el Municipio de Norosí tenía conocimiento que en

el sector donde se materializó el daño existía un riesgo de la ubicación de minas antipersonas, PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6 PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° Bogotá D.C. PBX: (1) 5878750 Ext: 1370113703. Correo electrónico: lescandon@procuraduria.gov.co 8 o que en desarrollo de la actividad de inteligencia o desminado se conocía el peligro de la zona y por ende el resultado dañoso le era atribuible. Concluyó que el caso analizado se acompasa plenamente con la aplicación de la figura jurídica de “relatividad de la falla del servicio”, pues la sola existencia de un daño no se erige como la fuente automática e inexorable de la responsabilidad estatal, en el entendido que el Estado no puede responder por todos los daños a la vida o a los bienes de las personas causados por terceros. Por lo anterior el Tribunal consideró que no se le puede atribuir a la Nación – Ministerio De Defensa – Policía Nacional y al Municipio de Norosí, responsabilidad por las lesiones que sufrió el señor Gabriel Arturo García Tapia, como consecuencia de la activación de una mina antipersonal. Lo anterior porque no se demostró: i) que el objeto hubiere sido sembrado por miembros de la institución policial, ii) que la demandada tuviera conocimiento de la presencia de este tipo de minas en el sector y que fue omisiva en la materialización de las obligaciones correspondientes contenidas en el convenio de Ottawa, y iii) que la mina antipersonal hubiere

tenido como destino a miembros de la Policía o alguna entidad del Estado, lo que impide atribuir al Estado la responsabilidad por tal daño. 1.5. Apelación de la parte demandante La Sentencia fue notificada a las partes el veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)13 su ejecutoria transcurrió durante los días hábiles del veinticuatro (24) de febrero al nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)14. El ocho (8) de marzo de dos mil veintitrés (2023)15 fue presentado el recurso de apelación proveniente de la parte demandante. Por lo anterior, se concluye que el recurso fue interpuesto en el término legal correspondiente. Sostuvo que no comparte las conclusiones del Tribunal sobre la falta de pruebas en relación con el nexo causal entre la falla del servicio y el daño, porque, aclaró, el título de imputación invocado con el introductorio no fue la falla en el servicio, sino el riesgo excepcional. Señaló que el daño ocasionado a los demandantes es una muestra de las consecuencias que sufren los colombianos que habitan en zonas con actividad subversiva porque la instalación de minas quiebra pata es uno de los frentes de ataque utilizado por los grupos al margen de la ley en nuestro país para contrarrestar la ocupación de la fuerza pública. Indicó que el Estado busca reestablecer el orden y la seguridad y la guerrilla con la instalación de explosivos quieren lograr la muerte de los miembros que conforman las fuerzas militares para ocasionarle lesiones que les impida prestar su servicio a favor del estado. Que, como

consecuencia de lo anterior, cientos de personas que no son parte en el enfrentamiento armado son victimizadas como los civiles que cada día trabajan por su sustento en el campo colombiano, civiles que caminan por veredas, riachuelos, etc. 13 Verificado en: https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion. 14 Verificado en: https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion. 15 Constancia de envío por email en expediente digitalizado, la página 1 del PDF: 6_130012333000201700955013EXPEDIENTEDIGI20230601121435_ED_03RECURSOAPELACIONP ═ndice_ 2_9. Memorial visible en las páginas de la 2 a la 5 en el expediente digitalizado, archivo PDF: 6_130012333000201700955013EXPEDIENTEDIGI20230601121435_ED_03RECURSOAPELACIONP ═ndice_ 2_9. Fecha de presentación verificado en https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion.

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Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° Bogotá D.C. PBX: (1) 5878750 Ext: 1370113703. Correo electrónico: lescandon@procuraduria.gov.co 9 Dijo que eran víctimas que pisan estos artefactos explosivos improvisados y son despojados de su integridad física, son afectados en su salud, quedan con secuelas el resto de sus vidas, que

les impiden movilizarse, trabajar, realizar las actividades que normalmente ejercían. Como es natural, esto afecta las relaciones interpersonales que tenga el individuo en ese momento de su vida. Precisó que lo ocurrido a los demandantes es atribuible a título de riesgo excepcional como responsabilidad del Estado por la acción de sus agentes, en este caso la fuerza pública, porque a pesar de estar desplegando una actividad estatal legal y en pro del restablecimiento del orden público en la zona, obedeciendo a directrices de sus altos mandos, los subversivos a los que se enfrentaban, detectaron un sendero por el que habitualmente transitaron para acceder a una improvisada instalación deportiva de su uso y la minaron. Explicó que de este hecho se desprendió la tragedia que marcó para toda su vida al señor Gabriel García Tapia y a sus familiares y que, en el caso, el artefacto explosivo improvisado denominado “mina quiebra pata” no fue directamente dirigido a un bien del Estado como lo son, haciendo una interpretación restrictiva de la sentencia, los inmuebles en los que funciona un cuartel militar o de policía o redes de transporte de combustibles. Agregó que dada la imposibilidad de delimitar tanto a actores del conflicto armado interno en Colombia, es decir, fuerza pública y guerrilla o paramilitares (Ya que existen múltiples grupos subversivos en el país), como al lugar donde la guerra se lleva a cabo, porque es cierto que se atacan bases donde se hospeda o tiene su sede la fuerza pública, pero no son únicamente estos lugares o sus cercanías los que se ven afectador por la violencia, todo el territorio Colombiano se ha visto afectado por ataques de bombas, por fuego cruzado o por algún otro acto violento como

consecuencia de la guerra. Argumentó que los lugares donde opera la fuerza pública, donde transita habitualmente cualquier batallón del ejército o de la policía es susceptible de ataques en su contra, sea con hostigamientos o como en este caso con instalación de minas quiebra pata. Añadió que el señor Gabriel Garcia perdió su capacidad de laborar, de movilizarse en las condiciones a las que estaba acostumbrado, se le dificulta enormemente hacer deporte, en pocas palabras se le ocasiono un daño, que no está obligado a soportar. Arguyó que la existencia del desequilibrio en las cargas públicas configuró la responsabilidad estatal, a pesar de que el hecho dañino proviene de un tercero y que la mina quiebra pata fue dirigida contra miembros de la fuerza pública, que habitualmente tomaban el sendero maltrecho, ubicado al interior de la finca de los García Tapia. Concluyó que, de las pruebas allegadas con la demanda, y las recaudadas dentro del proceso, se puede establecer sin lugar a dudas, que la mina quiebra pata iba dirigida a las fuerzas militares, y la explosión de la misma fue la cau