PGN - DAÑO ESPECIAL En cumplimiento de funciones legítimas por parte de la administración

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Responsabilidad del Estado con ocasión de la muerte de un miembro del ejército El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. RESPONSABILIDAD GENERAL DEL ESTADO-Elementos/DAÑO ANTIJURÍDICO-Culpa como elemento tradicional de la responsabilidad/IMPUTACIÓN-Definición Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL-Aplicación de los elementos estructuradores en que descansa la culpa A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado

ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. FALLA EN EL SERVICIO-Aplicabilidad jurisprudencial del Consejo de Estado/RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-En la producción del hecho interviene la administración sea por acción o por omisión/DAÑO ESPECIAL-En cumplimiento de funciones legítimas por parte de la administración Ahora bien, el Consejo de Estado, por vía de evolución jurisprudencial, ha hecho diversas manifestaciones en lo que se refiere a los distintos regímenes de responsabilidad administrativa, es así como se da aplicación a la falla del servicio, cuando en la producción del hecho intervino la Administración, bien sea por una acción o una omisión de parte de sus agentes, que provocó que el daño se produjera; que de igual manera se daría aplicación al régimen del daño especial cuando en cumplimiento

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 180012331000200600504 01 (44570) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-334464

de funciones legítimas por parte de la Administración, se ocasiona a los administrados algún perjuicio, el cual rompe el equilibrio de las cargas públicas que deben soportar frente a los demás ciudadanos, haciendo más gravosa la situación de unos frente a los otros; igualmente manifestó el H. Consejo de Estado que sería aplicado el régimen de riesgo excepcional cuando el individuo es expuesto a un riesgo mayor del que está obligado a aceptar, y que al materializarse ese riesgo potencial se genera un daño a una persona o a sus bienes, surgiendo para el Estado el deber de responder por los perjuicios que la concreción de dicho riesgo pudiese producir. 2 180012331000200600504 01 (44570) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-334464

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 11 de septiembre de 2012

Doctora

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Consejera Ponente – Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 12–161

Acción: Reparación Directa Radicado: 180012331000200600504 01 (44570)

Actor: Sandra Patricia Herrera Vargas y Otros

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército

Nacional y Policía Nacional Honorable Señora Consejera Estando dentro término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las entidades

demandadas, mediante los cuales se solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, con base en las argumentaciones que a continuación se exponen:

I. ANTECEDENTES  La Demanda En ejercicio de la acción de reparación directa por intermedio de apoderado judicial, los señores SANDRA PATRICIA HERRERA VARGAS, MIRIAM VARGAS GOZALEZ, LORENZO HERRERA GALINDO, MARTHA 3 180012331000200600504 01 (44570)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-334464 CECILIA HERRERA VARGAS y JUAN PABLO GONZALEZ CONTRERAS solicitaron al Tribunal Administrativo del Caquetá que se declarara civil y patrimonialmente responsable a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL y POLICIA NACIONAL, por los perjuicios causados por la muerte violente del señor BERNARDO

ZAMORA LARGO.

Como consecuencia de lo anterior, solicitaron se condenara a las entidades demandas al pago de los perjuicios de orden material, moral y de daño a la vida de relación que se produjeron con los hechos objeto de demanda. Contestación Ministerio de Defensa – Ejército Nacional La entidad indicó que el día de los hechos los funcionarios de la Policía no se encontraban uniformados ni con distintivos de su fuerza y, por dicha razón, los soldados del Gaula entraron en combate con ellos generándose la muerte del señor BERNARDO ZAMORA LARGO y otros. Se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que no se reunían los presupuestos que la jurisprudencia del Consejo de Estado

ha exigido para que se configure la responsabilidad estatal. Ministerio de Defensa - Policía Nacional La entidad contestó la demanda de manera extemporánea. Sentencia Por sentencia del 21 de noviembre de 2011 el Tribunal Administrativo del Caquetá declaró a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – 4 180012331000200600504 01 (44570) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-334464 EJÉRCITO NACIONAL y POLICÍA NACIONAL, responsables por la muerte del señor BERNARDO ZAMORA LARGO y, en consecuencia, las condenó al pago de los perjuicios materiales, morales y de daño a la vida de relación que tales hechos generaron, con base en las consideraciones de mayor relevancia que pasan a indicarse: “(…) Encuentra la Sala acreditado que el día 22 de septiembre de 2006, un grupo de miembros de la Policía Nacional se dirigió hasta una finca ubicada en la vereda Guadalito, jurisdicción del municipio de El Paujil, Caquetá, en la vía que conduce al municipio de Cartagena del Chaira, Caquetá, con el objeto de cumplir misión de trabajo emitida por la fiscalía tercera delegada ante la Unidad de Reacción Inmediata - URI - de Florencia, consistente en la ubicación de una fosa en la que días anteriores fuera inhumada una persona y estando en el sitio, se presentó enfrentamiento armado con personal militar perteneciente al grupo Gaula del Ejército Nacional, provocando la muerte de dos patrulleros de la policía, entre ellos, el patrullero Bernardo Zamora Largo, heridos otros dos policiales y un soldado,

Veamos: Copia de la orden a la policía judicial de fecha 30 de agosto de 2.006 expedida por la Fiscalía Tercera delegada ante la URI dirigida a la SIJIN DECAQ en la que se consigna en el cuadro del objeto

"LABORES DE VERIFICACIÓN DE LA VÍA QUE DE PAUJIL

CONDUCE A CARTAGENA DEL CHAIRA, SOBRE UNA FOSA

COMUN, EN CASO POSITIVO REALIZAR LA RESPECTIVA

EXHUMACION. SITIO APROXIMADO. KM 6 VIA PAUJILCARTAGENA DEL CHAIRA". (Folio 67 Cdno Pruebas No. 2).

Copia de orden de servicios No. 222/SIJIN-DECAQ del 22 de septiembre de 2006 (Folio 68 Cdno Pruebas No. 2). A través del Oficio No. 0851/SIJIN DECAQ del 26 de septiembre de 2.006 suscrito por el intendente de la policía José Óscar Peñaloza Delgado (Folios 22 a 66 Cdno pruebas No. 2) y del oficio No. 0860/DIV6-BR12-COGACAQ del 23 de septiembre de 2.006 suscrito por el mayor del ejército Federico Martínez García (Folio s 13 a 15 Cdno pruebas No. 2), se informa al comando de policía Caquetá y al comando de la Decima segunda brigada, los hechos ocurridos el 22 de septiembre de 2.006 en relación con el enfrentamiento armado de dos integrantes de la fuerza publica en los que perdiera la vida el patrullero Bernardo Zamora Largo. Para esta Corporación se encuentra demostrada la imputación jurídica del daño a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejercito

Nacional, pues dentro del proceso se probó la anomalía del servicio de la parte demandada, consistente en un defectuoso proceder, respecto de la ejecución de una misión oficial encomendada al grupo Gaula Militar. Ello puede advertirse cuando en el citado oficio No. 0860/DIV6BR12-COGACAQ del 23 de septiembre de 2.006 el comandante del Grupo Gaula Caquetá indica: 5 180012331000200600504 01 (44570) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-334464 6 180012331000200600504 01 (44570) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-334464 "(…) mas adelante el Sargento Florido procedió a llamarme por radio, informándome que había un movimiento extraño en dirección hacia un cerro. De inmediato hago alto y procedo a llamar al mayor Cardona Cdte. Encargado del Batallón Guepi e informarle que estoy en su área de operaciones sobre el sector del paujil (sic) hacia Cartagena del chaira (sic) y que si no tiene personal por ese sector, me dice que de el no pero que la policía está haciendo una exhumación con la fiscalía por ese sector, procedo a llamar por el radio al SS Florido y le informo que puede ser policía que esta en el sector para que le diga a los soldados y simultáneamente se escuchan unos disparos, el sargento Ávila también me llama y me dice que mas arriba estaban realizando una exhumación. Se trata de llegar al sector por el lado derecho por donde yo iba, el enfrentamiento dura

aproximadamente diez minutos con los resultados lamentables de dos policías muertos dos heridos y un soldado profesional herido". No puede pasarse inadvertido en el presente caso, como la patrulla del Grupo Gaula Caquetá del Ejército, al mando del mayor Federico Martínez García, haya adelantado una operación militar sin que previamente hubiese verificado, informado o coordinado con la autoridad militar que opera en la zona – Comando del Batallón Guepí-, que tal operación se realizaría para que pudiese evitar cualquier enfrentamiento con personal militar de esa unidad o con cualquier organismo de seguridad del Estado, estableciéndose la inobservancia, por parte de esa unidad militar, lo consignado en la misión táctica No. 102 furia G27-12 (Fls 32 a 33 reverso cdno pruebas parte actora), máxime como quedó establecido, la policía anticipadamente había informado al comando del batallón Guepí sobre el desarrollo de la misión de trabajo de ubicación de fosas comunes y exhumación. 7 180012331000200600504 01 (44570) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-334464 Dicha falencia se aprecia también del otro bando, pues dentro del proceso se probó la anomalía del servicio atribuida a la Policía Nacional, consistente en un defectuoso proceder, en primer lugar, cuando para la ejecución de la misión de trabajo, las coordinaciones con el Ejército se hicieron de manera informal – "inicialmente se informó de manera verbal, a través de la sala de radio al COC (sic) EJERCITO) sobre el desplazamiento hacia el municipio de El Paujil. Posteriormente en el municipio se efectuaron

directamente por parte del señor Sargento Viceprimero. FABIO ARTURO BETANCOURT QUINCENO, subcomandante de la estación de Policía Paujil, quien se trasladó junto con seis unidades hasta la base militar del Ejército ubicada a la salida del municipio que conduce a Cartagena del Chairá, siendo informado el señor Teniente AYALA Comandante de esa Base Militar sobre la diligencia de verificación y exhumación de un cadáver en una finca ubicada a cinco kilómetros aproximadamente de mencionada base Militar, (…)” – folio 17 Cdno de pruebas No. 2, y en informe al comando de policía Caquetá en el que se consignó “Pasados varios minutos el señor oficial ordenó al señor Sargento Viceprimero FABIO ARTURO BETANCOURT QUINCENA, que fuera con seis unidades hasta la base militar de Ejército acantonada a la salida del municipio de Cartagena del Chairá, para que coordinara con el Comandante de esa Guarnición Militar el desplazamiento del Personal de la Policía Nacional, así como se verificara la presencia de patrullas Militares en la zona por lo que el señor suboficial se comunicó con el Teniente Ayala perteneciente al Ejercito Nacional y Comandante de la Base a quien se le informó sobre la diligencia a realizar y de igual manera coordinara con las patrullas cercanas a la zona…, en segundo lugar, no existieron las coordinaciones previas con el Ejército, pues la orden a la policía judicial emanada de la Fiscalía tercera delegada ante la URI lo fue desde el 30 de agosto de 2006…, haciéndose coordinaciones en el

mismo día de su ejecución con la informalidad antes descrita; y en tercer lugar, cuando sus miembros, unos de la SIJIN DECAQ y otros de la estación de Policía de El Paujil Caquetá, se movilizaban en una región en la que se por su conocida influencia de grupos al margen de la ley y sin portar prendas distintivas de la institución, dio lugar a la confusión en los miembros del Gaula del Ejército Nacional, quienes dispararon sus armas de dotación oficial en contra de aquellos , bajo la idea de que eran delincuentes, pues iban en ropas de civil…, portando armas de largo alcance – fusil calibre 5.5.6 m.m… En este orden, es claro para la Sala que el deceso del patrullero Bernardo Zamora Largo se produjo por varias heridas por arma de fuego de dotación oficial, recibidas en un enfrentamiento armado entre miembros de la Policía Nacional y del Grupo Gaula del Ejército Naciona, que estaban en la zona en ejecución de órdenes impartidas por sus respectivos superiores jerárquicos, es decir, en cumplimiento del servicio y con ocasión del mismo, lo cual constituye el nexo del daño causal sufrido por la actuación de la Administración. (…) Lo que observa la Sala es una falla del servicio por parte de la fuerza pública del Estado, por omisión, de parte de ambas fuerzas (Policía y Ejército), al trasgredir sus obligaciones institucionales descritas en el artículo 217 de la Constitución Política, pues conforme fueron acreditados los hechos, se colige falta de previsión, coordinación y táctica militar.

(…)” 8 180012331000200600504 01 (44570) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-334464 Apelación Policía Nacional Su apoderado manifestó que no debió responsabilizarse a la entidad, ya que tal como se había demostrado en el proceso, la Policía Nacional previo al desarrollo de las diligencias judiciales informó a los militares sobre el desplazamiento y su presencia en la zona de los hechos. Agregó que no existir un documento que pusiera en conocimiento las diligencias judiciales a practicar no significaba que las actividades realizadas no eran idóneas, pues es claro que el ejército tenía conocimiento de las mismas, y lo que ocurrió fue una falta de comunicación o diligencias entre los estamentos militares que llevó al trágico acontecimiento Ejército Nacional Para el apoderado de la entidad militar los hechos objeto de demanda solo podían ser atribuidos a la Policía Nacional, ya que procedió de manera deficiente al no cumplir con el protocolo y coordinación con las autoridades militares de la zona, máxime cuando se trataba de una región influenciada por grupos al margen de la ley, y por ir sin prendas distintivas de la institución llevaron a la confusión presentada entre la tropa y los policiales, ante la cual tuvieron que repeler la inminente agresión que se evidenciaba.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. Problema Jurídico  ¿Se configuran los elementos de la responsabilidad a cargo del Estado por la muerte del señor BERNARDO ZAMORA LARGO, 9 180012331000200600504 01 (44570)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-334464 quien perdió la vida cuando se desempeñaba como Patrullero de la Policía Nacional de Colombia?  ¿Los hechos objeto de demanda son atribuibles a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Nación – Policía Nacional de manera concurrente o, por el contrario, solo pueden recaer en una de aquellas?

2. Análisis Jurídico El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. 10 180012331000200600504 01 (44570) 5aCdeE/IJJ/Llms

IUS-2012-334464 A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. Ahora bien, el Consejo de Estado, por vía de evolución jurisprudencial, ha hecho diversas manifestaciones en lo que se refiere a los distintos regímenes de responsabilidad administrativa, es así como se da aplicación a la falla del servicio1, cuando en la producción del hecho intervino la Administración, bien sea por una acción o una omisión de parte de sus agentes, que provocó que el daño se produjera; que de igual manera se daría aplicación al régimen del daño especial2 cuando en cumplimiento de funciones legítimas por parte de la Administración, se ocasiona a los administrados algún perjuicio, el cual rompe el equilibrio de las cargas públicas que deben soportar frente a los demás ciudadanos, haciendo más gravosa la situación de unos frente a los otros; igualmente manifestó el H. Consejo de Estado que sería aplicado

el régimen de riesgo excepcional3 cuando el individuo es expuesto a un riesgo mayor del que está obligado a aceptar, y que al materializarse ese 1 Al respecto de este tema pueden consultarse sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado, tales como: Sentencia del 13 de mayo de 1996, expediente 10627; Sentencia del 5 de septiembre de 1996, expediente 10654; Sentencia del 3 de abril de 1997, expediente 12378; Sentencia del 3 de febrero de 2000, expediente 14787; Sentencia del 2 de mayo de 2002, expediente, 13251; Sentencia del 23 de Octubre de 2003. 2 Pueden tenerse como referencia las siguientes sentencias emitidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: Sentencia del 8 de febrero de 1999, expediente 10731; Sentencia del 29 de abril de 1994, expediente 7136; Sentencia del 9 de febrero de 1995, expediente 9550. 3 En consideración de la aplicación del tema se relacionan las siguientes sentencias: Sentencia del 19 de abril de 2001, expediente 12179; Sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 15571; Sentencia del 28 de junio de 2006, expediente 1995-00196. 11 180012331000200600504 01 (44570) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-334464 riesgo potencial se genera un daño a una persona o a sus bienes, surgiendo para el Estado el deber de responder por los perjuicios que la concreción de dicho riesgo pudiese producir. Caso concreto Los hechos en los que se sustentó la parte actora para intentar la

presente acción fueron sintetizados por el A quo en los siguientes términos: “(…) El 2 de junio de 2.006 SANDRA PATRICIA HERRERA VARGAS y BERNARDO ZAMORA LARGO decidieron hacer vida conyugal, fijando su residencia en el inmueble de la familia HERRERA VARGAS. SANDRA PATRICIA HERRERA VARGAS Y BERNARDO ZAMORA LARGO contrajeron nupcias el 2 de septiembre de 2.006 y continuaron residiendo en el mismo inmueble de la familia HERRERA VARGAS. El 22 de septiembre de 2.006 SANDRA PATRICIA HERRERA VARGAS llevó a su esposo desde su residencia hasta la sede del departamento de policía Caquetá y en el trayecto él le contó que ese día saldría a realizar una misión de trabajo en zona rural del municipio de El Paujil Caquetá, consistente en la ubicación de una fosa común. Horas más tarde, un compañero de trabajo y amigo de BERNARDO ZAMORA LARGO se comunicó telefónicamente con SANDRA PATRICIA HERRERA VARGAS informándole que su esposo había fallecido en desarrollo de la misión de trabajo; ella inmediatamente trató de comunicarse con él sin lograr que le contestara. La familia de SANDRA PATRICIA HERRERA VARGAS se reunió en su residencia tratando de obtener noticias sobre la suerte de BERNARDO ZAMORA LARGO y apoyándola en su incertidumbre. A las pocas horas después, se presentó en la residencia de la familia HERRERA VARGAS el jefe de talento humano del departamento de policía Caquetá en compañía

de la psicóloga y capellán de esa institución para confirmar la muerte, producto de un error militar, de BERNARDO ZAMORA LARGO, quien para esa fecha contaba con 24 años de edad. BERNARDO ZAMORA LARGO fue sepultado en la ciudad de Pereira por petición de sus padres. La noticia tuvo impacto regional, publicándose en los diarios La Nación, el Diario del Caquetá y en el diario La tarde de Pereira de donde era oriundo BERNARDO ZAMORA LARGO. 12 180012331000200600504 01 (44570) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-334464 Se indica en la demanda que en comunicado de prensa conjunto del comando de la policía Caquetá y de la Décima Segunda brigada del ejército nacional, se informó que "el día 22 de septiembre de 2006 a las 10:30 horas cuando tropas del Ejercito Nacional adelantaban operaciones ofensivas contra bandas delincuenciales, y a su vez la policía nacional en cumplimiento de labores judiciales, en la vereda Guadalito del municipio de Paujil, se presentó el lamentable incidente, en el cual hombres del grupo de inteligencia que operaban en traje de civil, instintivamente reaccionaron accionando sus armas generando en el resto de los integrantes de las patrullas un intercambio de disparos arrojando los siguientes resultados: Dos Patrulleros de la Policía Nacional muertos. Un Suboficial de la Policía Nacional herido, Un Patrullero de la Policía Nacional Herido, Un soldado profesional del Ejército Herido. (…)

El libelo introductor indica que siendo aproximadamente las 10:20 a.m. del día 22 de septiembre de 2006, BERNARDO ZAMORA LARGO se desplazaba a pie por un camino en zona rural del municipio de Paujil en misión de trabajo, iba vestido de civil portando chaleco distintivo de la Policía Nacional, punteando la fila del operativo, comunicándose por celular para recibir información sobre el sitio donde encontrarían la fosa buscada en la misión; en ese momento empezaron los disparos y ZAMORA (sic) LARGO estaba en indefensión por cuanto hablando por celular y por ello no respondió la fuego. Los compañeros de ZAMORA LARGO se replegaron y gritaban “somos de la Policía Nacional” y los atacantes respondían con palabras soeces que no les importaba. Cuando se detuvo el fuego, ZAMORA ya estaba en el suelo con heridas de fusil y en estado de inconsciencia, y a los pocos minutos falleció. Señala que los anteriores hechos hubieran podido evitarse si la misión de trabajo hubiese sido debidamente coordinada entre la XII Brigada del Ejército Nacional y el departamento de policía Caquetá. El daño sufrido por SANDRA PATRICIA HERRERA VARGAS se ha somatizado en una fuerte depresión, en un cambio de apariencia física pues desde la defunción de su esposo ha perdido varios kilos de peso, cuestión que podría afectar su salud. LORENZO HERRERA GALINDO y MIRIAM VARGAS también sufrieron la pérdida de quien consideraban su hijo y por quien aun sienten un amor paternal. Para MARTHA HERRERA VARGAS Y

JUAN PABLO GONZALEZ CONTRERAS, la muerte de BERNARDO ZAMORA LARGO se equipara a la de un hermano que compartía con ellos su tiempo, sus experiencias y sus consejos. Ahora, en memoria de su esposo, SANDRA PATRICIA HERRERA VARGAS debe trasladarse hasta la ciudad de Pereira para visitar su tumba por lo menos por seis años mientras se exhuman sus restos. (…)” El Tribunal Administrativo del Caquetá concluyó que los hechos objeto de demanda denotaban una falla del servicio por parte de la fuerza pública del Estado, al trasgredir las obligaciones descritas en el artículo 217 de la Constitución Política de Colombia, por omitir una adecuada previsión, coordinación y táctica militar. 13 180012331000200600504 01 (44570) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-334464 Por su parte, el Ejército Nacional y la Policía Nacional trataron de endilgarse mutuamente la responsabilidad por los hechos demandados, arguyendo que los mismos eran atribuibles a su similar y que su actuación no fue la causante del daño. Conforme a los elementos de prueba arrimados al plenario, el Ministerio Público comparte la decisión a la que arribó el A quo, ya que de los informes y documentos emitidos por las entidades demandadas puede concluirse que el fallecimiento del Patrullero BERNARDO ZAMORA LARGO obedeció a fallas imputables al Ejército y la Policía Nacional, fallas que se constituyeron en causas eficientes, concurrentes y determinantes del daño invocado en la demanda.

Se encuentra probado que el señor BERNARDO ZAMORA LARGO falleció el 22 de septiembre de 2006 en el municipio del Paujil (Caquetá), a causa un cruce de disparos entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional, en hechos a los que la doctrina y la jurisprudencia han denominado fuego amigo. Sobre el particular, mediante sentencia del 30 de agosto de 2007 el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, con ponencia del doctor RAMIRO SAAVEDRA BECERRA, radicación No. 20001-23-31-000-1997-03201-01(15724), tuvo la oportunidad de indicar: “(…) Para la Sala es evidente que la situación antedicha configura una falla del servicio por parte del Estado, en tanto que el hecho de que entren en confrontación armada dos grupos pertenecientes a la fuerza pública, bajo el entendido de estarse enfrentando con el enemigo, es una muestra de falta de previsión, coordinación y táctica militar y, constituye un palmario incumplimiento de sus obligaciones institucionales -artículos 217 y 218 Constitución Políticaen tanto que dentro de sus deberes de defensa y protección de las instituciones y de la ciudadanía en general, no les está permitido abrir fuego indiscriminadamente, sin una previa verificación de quién es la contraparte y sobre todo, de si la acción armada es estrictamente necesaria, por cuanto el accionar las armas de dotación oficial en 14 180012331000200600504 01 (44570) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-334464

contra de personas debe ser la última opción, ante una inminente y actual agresión. Dicha falencia se aprecia en ambos bandos, por una parte, los agentes de la Policía Nacional que se movilizaban en vehículos particulares y sin ningún tipo de señalización que los identificara como tales, dispararon sus armas de dotación oficial contra un grupo de individuos que habían montado un retén y demandaron su detención, bajo la idea de que éstos últimos eran delincuentes que buscaban recuperar los elementos que los primeros habían incautado. Por su parte, el grupo de soldados del Ejército Nacional, en ejecución de órdenes superiores, montó un retén a fin de detener los referidos vehículos particulares, verificar el por qué de su cambio de ruta y conjurar una posible situación de secuestro de los mismos, sin embargo, dos de los soldados que hacían parte de la operación estaban de civil, lo que pudo en parte propiciar el error de apreciación por parte de la Policía Nacional, el cual al materializarse mediante tiros de fusil, fue repelido por los soldados con más disparos provenientes de armas similares (copia autentica de: informativo de novedad de la Policía Nal., fls. 107 a 109 e informativo administrativo por lesiones del Ejército Nal., fl. 179 c.p.). Es decir, está plenamente demostrado que la causa adecuada del daño, entendida ésta como aquella idónea o eficiente para la producción del mismo, está constituida por la falla del servicio en la cual incurrió tanto la Policía Nacional, como el Ejército Nacional cuando se enfrentaron entre sí, con un total desconocimiento de la proporción, la prudencia, la previsión y la táctica militar.

Ello como consecuencia de que las conductas desplegadas por cada uno de los cuerpos enfrentados, fue determinante y eficiente en la producción del daño y que por lo tanto, existe un claro nexo de causalidad entre las conductas Estatales y el daño ocasionado a la parte actora, pues de no haber faltado alguno de los dos bandos -Ejército y Policíaal deber u obligación de cuidado que le era exigible, se habría interrumpido el proc