PGN - DAÑO ESPECIAL Es un resultado colateral de una actuación de la administración

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Debe tener conocimiento de amenazas o probabilidades de atentado RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Debe tener la oportunidad de prever un eventual ataque Además, si no existen tales indicios el Estado no puede constituirse en un ente omnisciente, omnipresente ni omnipotente para que responda indefectiblemente y bajo toda circunstancia, pues no tiene la oportunidad de prever un eventual ataque. Por todo lo anterior, es necesario rechazar la imputación por la falta de funcionamiento del deber de vigilancia o protección de la Fuerza Pública. DAÑO ESPECIAL-Es un resultado colateral de una actuación de la administración Sobre el daño especial, es necesario entender, ante todo, que el mismo es un resultado colateral, residual de una actuación de la Administración orientada a cumplir su misión del servicio público, que se traduce en un daño que pone en una situación de desequilibrio ante las cargas públicas a la víctima o víctimas del mismo. El daño especial se define como una carga que viola el principio de igualdad de las personas ante la ley, situación que no ocurre con los ataques de la subversión o de la delincuencia en general, en donde el Estado no solo no realiza actividad alguna sino que casi siempre es, por el contrario, el objetivo principal e inmediato del ataque. INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS-Por actos terroristas en cumplimiento del principio de solidaridad En otras palabras, con fundamento en el principio de solidaridad consagrada en la Constitución Política, es necesario que se establezcan, como ocurre en la mayoría de los países que se ven afectados por la acción terrorista o guerrillera, procedimientos

legales o administrativos en virtud de los cuales se indemnice a las víctimas de los ataques. Pero en ese caso no se estaría hablando estrictamente de responsabilidad, sino de una obligación indemnizatoria fundada en la equidad y en los principios en los que se asienta la noción del Estado Social de Derecho.

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 027/2011

Bogotá D.C., 28 de Julio de 2011 Señores 2 Expediente No. 41041 (10197)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – Subsección C

Consejero Ponente Doctor: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

E. S. D.

Ref: Proceso 2000 1233 1000 2007 10197 01 (41041)

Acción: Reparación Directa

Actor: Juan Fernando Passega Avalos y Otros Demandado: Ministerio de Defensa Nacional – Vicepresidencia de la República El Ministerio Público, presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1. Juan Fernando Passega Avalos en su calidad de afectado directo y varios de sus familiares1, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional y Vicepresidencia de la República, para que se les declare administrativamente responsables por las lesiones padecidas el 31 de octubre de 2005 con la explosión de una mina antipersonal que le produjo la perdida total del pie izquierdo, pérdida total de

tejidos en el tercio diatal y medio de la pierna izquierda, lesiones en la cara y el pie derecho (Cfr. fl. 6 C.1).

2. El Ministerio de Defensa se opuso a las pretensiones, manifestó que el daño devino por acto terrorista atribuido al hecho de un tercero que obró de manera indiscriminada y no selectiva contra las fuerzas militares. Indicó que a su representada no se le solicitó ningún tipo de apoyo por parte de dichos ingenieros y no se tenía conocimiento que en la zona existieran ese tipo de artefactos, siendo diligente la reacción de los militares (Cfr. fls. 114 a 128 C.1).

La Nación Vicepresidencia de la República contestó la demanda de manera extemporánea (Cfr. fls. 112 y 138 C.1)

3. El a-quo declaró la falta de legitimación en la causa de la Vicepresidencia de la

República. Señaló que, conforme a los lineamientos jurisprudenciales, cuando los actos violentos son cometidos por terceros de manera indiscriminada contra la población los daños causados no le son imputables al Estado. Que en el caso sub lite no se acreditó que existieran amenazas previas, que dichos artefactos no estaban dirigidos contra las fuerzas militares, ni se incurrió por éstas en omisiones por el incumplimiento de los deberes constitucionales, por lo que no cabía imputar responsabilidad a la administración al tratarse de un hecho sorpresivo e imprevisible. 1 Elmo Alejandro Passega Massard e Idolia Avalos de Passega (padres), María Del Pilar Rodríguez Gracia (cónyuge) quien junto con el afectado directo actúan en nombre propio y en representación de los menores Santiago, Gabriela y Manuela

Passega Rodríguez (hijos). 3 Expediente No. 41041 (10197) Denegó las pretensiones al encontrar probada la eximente de responsabilidad por el hecho de un tercero (Cfr. fls. 977 a 999 C.4).

4. Apeló la parte actora. Indicó que las lesiones padecidas por el demandante constituyen el daño antijurídico, que la reparación del mismo se fundamenta en principios de equidad, igualdad y solidaridad social.

Alega que los hechos tuvieron ocurrencia en propiedad del Estado, como quiera que éste es dueño del subsuelo y de los recursos naturales, y que la explosión se presentó cuando el demandante efectuaba exploración a los terrenos donde se iban a efectuar explotaciones de carbón, zona que era escenario de permanentes conflictos entre las fuerzas del orden y movimientos ilegales, siendo un hecho notorio los atentados contra la infraestructura del sector energético y minero, estando reconocida como una estrategia de la guerra la colocación de tales minas por parte de los grupos al margen de la ley. Precisó que la actividad minera de la Jagua de Ibirico desde antes del año 2005 gozaba de una especial protección. Alude a la prueba testimonial que da cuenta de los acuerdos o convenios verbales de cooperación entre las empresas y el Ministerio de Defensa, y que por ello el ejército prestaba servicios de protección que las empresas pagaban en dinero y en especie. Dice que en la Jagua de Ibirico operaba desde antes de 2005 el Batallón Energético y Vial No. 2 José María Cancino y que el atentado no estaba dirigido

contra la víctima directa, sino que tenía como propósito crear el caos en la población civil. Manifestó que por la existencia de explosivos en la zona el ejército contaba con perros entrenados en su detección, lo que demuestra que los militares estaban dotados de personal y recursos para detectar dichas minas antipersona y efectuar el desminado, que debieron efectuar el barrido de la zona e informar a la comunidad de cómo identificar tales elementos explosivos, correspondiendo también a la Vicepresidencia de la República informar a los ciudadanos sobre estos temas. Que no se da como causal de exoneración el hecho de un tercero por cuanto el hecho podía haber sido previsto o evitado. Que el Ministerio de Defensa no acreditó la ausencia de culpa, estando el daño relacionado con una actividad legítima de defensa del Estado (Cfr. fls. 1001 a 1042 C.4).

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO La controversia se contrae a establecer si la parte demandada Nación – Ministerio de Defensa – Vicepresidencia de la República, es responsable de las lesiones padecidas por el señor Juan Fernando Passega Avalos, como consecuencia de la explosión de una mina antipersona.

4 Expediente No. 41041 (10197) 2.1 Caducidad. Las lesiones por causa de la explosión de mina antipersona tuvieron ocurrencia el 31 de octubre de 2005 y la demanda se presentó el 22 de octubre de 2007 (cfr. fl. 17 vto.) dentro de los dos años siguientes a la fecha del hecho generador, la acción de reparación directa se ejercitó en tiempo, según lo previsto en el artículo

136 del C.C.A. 2.2. Legitimación en la causa Juan Fernando Passega Avalos actúa en su condición de afectado directo, condición que está acreditada con la historia clínica allegada al proceso (Cfr. fls. 280 a 385 C.2). Fueron allegadas copias auténticas de los registros civiles de nacimiento de Santiago, Gabriela y Manuela Passega Rodríguez, en los cuales aparece que son hijos del afectado directo (Cfr. fls. 44 a 46 C.1). Fue aportado el registro civil de nacimiento del señor Juan Fernando Passega Avalos (Cfr. fl. 47 C.1) en el que obra que es hijo de Idolia Avalos Santos y Elmo Alejandro Passega Massard, y registro civil de matrimonio en los que aparecen como contrayentes el señor Passega Avalos y María del Pilar Rodríguez Gracia (Cfr. fl. 48 C.1), razón por la que está acreditado el parentesco y la legitimación en la causa de los demandantes. 2.3. Título de imputación Sobre la responsabilidad del Estado por actos terroristas, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado2: En primer lugar, cabe anotar que en circunstancias tan graves de perturbación del orden público como las que vive nuestro país, la obligación de diligencia, vigilancia y cuidado por parte de las autoridades es imperativa. Sin embargo, en este caso, el Estado no tuvo conocimiento de alguna amenaza de bomba en la zona ni de probabilidades de un atentado contra algún ciudadano de la población; por lo tanto, no tuvo la oportunidad de conocer las circunstancias especiales que ameritaran una protección también especial. Más aún, no está demostrado en el proceso

que se haya solicitado amparo alguno. Cuando el grupo al margen de la ley atacó con fines delincuenciales y de desequilibrio social, lo hizo de manera sorpresiva, fue un acto planeado y ejecutado sigilosamente, y por lo mismo, al no existir razonables indicios que indicaran un inminente ataque o el hecho de que existiera una alta probabilidad del mismo, dicha situación se convierte en un circunstancia 2 Sentencia del 28 de abril de 2005 Expediente 16175 5 Expediente No. 41041 (10197) imposible de detectar por los organismos encargados de la seguridad pública. Sobre el particular, la Sala ha dicho en otras oportunidades, “…. los atentados terroristas dirigidos inesperadamente contra la población resultan imprevisibles para las autoridades públicas, a menos que se produzcan amenazas previas que permitan adoptar oportunamente medidas de protección. “No existe, entonces, en estos casos, una omisión del Estado que pueda constituirse en causa del hecho, por no haber impedido la acción de la delincuencia. Tampoco se presenta un riesgo concreto y excepcional que afecte a un grupo específico de ciudadanos, creado por la misma administración en cumplimiento de sus funciones. “No podría pensarse, por lo demás, como lo pretende la parte actora, que el Estado está obligado a responder por los perjuicios causados a los ciudadanos como consecuencia de la realización de cualquier delito. Si bien aquél tiene una función preventiva y sancionadora en relación con los hechos punibles, no puede concluirse, a partir de ello, que sea responsable de su comisión en todos los casos, ya que sólo pueden considerarse imputables a él cuando han tenido por

causa la acción o la omisión de uno de sus agentes, como podría ocurrir con el delito de terrorismo, en aquellos eventos en los que ... la acción de los antisociales fue facilitada por la omisión en el cumplimiento de un deber concreto de la administración, o tuvo por causa la realización de un riesgo creado lícitamente por ésta, que tenía carácter excepcional o especial, en relación con quienes resultaron afectados3…”. Además, si no existen tales indicios el Estado no puede constituirse en un ente omnisciente, omnipresente ni omnipotente para que responda indefectiblemente y bajo toda circunstancia, pues no tiene la oportunidad de prever un eventual ataque. Por todo lo anterior, es necesario rechazar la imputación por la falta de funcionamiento del deber de vigilancia o protección de la Fuerza Pública. En segundo lugar, por lo que hace al daño especial, es necesario entender, ante todo, que el mismo es un resultado colateral, residual de una actuación de la Administración orientada a cumplir su misión del servicio público, que se traduce en un daño que pone en una situación de desequilibrio ante las cargas públicas a la víctima o víctimas del mismo. El daño especial se define como una carga que viola el principio de igualdad de las personas ante la ley, situación que no ocurre con los ataques de la subversión o de la delincuencia en general, en donde el Estado no solo no realiza actividad alguna sino que casi siempre es, por el contrario, el objetivo principal e inmediato del ataque. 3 (Pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sentencia de 10 de agosto de 2000, Exp. 11.585, Actor: Noemí Revelo de

Otálvaro y otros. 6 Expediente No. 41041 (10197) No quiere decir todo lo aquí expresado, que el Estado tenga que ser indiferente ante las tragedias que se derivan de la acción de los movimientos subversivos y de los perjuicios que causen sus ataques. Como sucede frente a determinadas hipótesis de ruptura del nexo causal, el Estado debe acudir en beneficio de los damnificados asumiendo el pago de las indemnizaciones que, de acuerdo con determinadas condiciones técnicas, señale el legislador. En otras palabras, con fundamento en el principio de solidaridad consagrada en la Constitución Política, es necesario que se establezcan, como ocurre en la mayoría de los países que se ven afectados por la acción terrorista o guerrillera, procedimientos legales o administrativos en virtud de los cuales se indemnice a las víctimas de los ataques. Pero en ese caso no se estaría hablando estrictamente de responsabilidad, sino de una obligación indemnizatoria fundada en la equidad y en los principios en los que se asienta la noción del Estado Social de Derecho. 2.4. Caso concreto 2.4.1. Daño Están acreditadas las lesiones con la historia clínica y la hoja de vida laboral del afectado, documentos según los cuales el 31 de octubre de 2005 el señor Juan Fernando Passega Avalos, como consecuencia de la explosión de mina antipersona, sufrió trauma que le amputa el pie izquierdo (Cfr. fl. 797 C.3) por lo que fue remitido y atendido en el Hospital Militar Central a donde ingresó para ser atendido en la misma fecha (Cfr. fls. 303 a 304 C.2).

Señala el anexo del informe de investigación del accidente de trabajo: “2. DESCRIPCION DE LA MAGNITUD DE LOS DAÑOS DIRECTOS: Amputación, pérdida anatómica total de un (1) pie y una (1) pierna con conservación funcional de la rodilla y con muñón para prótesis.

Deficiencia: Perdida permanente de una estructura anatómica.

(Amputación bajo rodilla muñón funcional)” (Cfr. fl. 811 C.3) Lesiones que constituyen el daño antijurídico padecido por el señor Passega Avalos en cuanto no estaba en la obligación de soportarlo. 2.4.2. Circunstancias del hecho En la versión del ingeniero Beder David rendida el 4 de noviembre de 2005 para la investigación del incidente expresó: 7 Expediente No. 41041 (10197) “Con el fin de revisar la posibilidad de obtención de agua para las nuevas locaciones de CMU, en el sector de NORCARBON, nos dirigimos un grupo de personas al sitio escogido (…) Aproximadeamente unos 150 metros del corte norte de esa explotación accesamos a un viejo camino que conduce al sitio (laguna explotación de M_40 y M-45), ya habíamos pasado el sitio de la explotación los dos trocheros que limpiaban la maleza, el ing. Lalinde, dos perros que el llevaba y yo, de repente escuché a mis espaldas una fuerte explosión y al voltear vi al Ing. Juan Passega quien me seguía, quejándose con fuertes gritos y al sentarse vi que había perdido su pie izquierdo (…) (Cfr. fl. 799

C.3). […] Pasaron unos 25 minutos que parecían horas hasta que sentimos que venía el personal de las FF.MM. con gritos los guiamos hacia nosotros, venían con un perro antiexplosivos, con una camilla procedieron a sacar a Juan del sitio, otro personal siguió registrando el área hasta donde yo me encontraba (…) (Cfr. fl. 800 C.3) El acta del comité paritario de salud ocupacional (documento que obra en la hoja de vida del demandante) señala que el accidente: “fue por causa y con ocasión del trabajo, la situación es considerada no controlable por la empresa ni por el empleado ya que corresponde a un agente externo y a un factor de riesgo de tipo social. El accidente de trabajo ocurrió en tiempo y lugar de trabajo, el empleado se encontraba en ejercicio de sus funciones laborales.” (Cfr. fl. 807 C.3) Las recomendaciones hechas el 12 de noviembre de 2005 por el comité paritario de salud ocupacional de la empresa CMU S.A. señala: “6.1. Implementar a nivel de empresa la figura de un jefe de seguridad física con el fin de hacer seguimiento y control de áreas. […] 6.2. Establecer como nueva norma en CMU y darla a conocer, que el traslado de personal hacía áreas poco frecuentadas por fuera de los sitios intervenidos por la explotación reciente, fuera o dentro de CMU, solo puede hacerse con previa autorización de Superintendencia quien revisará su viabilidad y coordinará con el ejército la seguridad “ (Cfr. fl. 813 C.3) En el resumen diario operacional del Comandante Batallón Especial Energético y

Vial No. 2 Cr José María Cancino se indica: “ Día 31 Octubre de 2005, siendo las 16:00 horas el comando del batallón es informado por tropas Compañía (Arana) Araña 3 al mando del señor S.V. CARRION JIMENES OMAR, que el ingeniero JUAN FERNANDO PASSEGA AVALOS (…) cuando se encontraba efectuando una 8 Expediente No. 41041 (10197) exploración a los terrenos donde se van a efectuar las próximas explotaciones de carbón mineral sufre un accidente con un artefacto explosivo (…) el cual lamentablemente le mutila una de sus extremidades, por lo anterior es enviado el grupo EXDE de la unidad al mando del CS. CASTRO CIDEDOR JESUS para registrar el área donde ocurrió el accidente para confirmar o desvirtuar un posible campo minado. Donde en un área de 30 metros se encuentra 04 artefactos explosivos de libre presión listos para detonar en el momento de ser pisados por el personal que se moviliza sobre esta área. Gracias a la oportuna reacción del grupo EXTE se logró detonar de forma controlada los artefactos para evitar otra víctima del terrorismo de los grupos narcoterroristas ya que estos utilizan esta clase de terrorismos para causar caos en el personal civil y en las propias tropas” (Cfr. fl. 805 C.3) Al proceso sólo se allegaron copias de los convenios de colaboración celebrados entre el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerzas Militares de Colombia – Ejército Nacional y Consorcio Minero Unido S.A. C.M.U. para las vigencias 2007, a 2009 (Cfr. fls. 882 y ss. C.3), sin que esté acreditado que para la fecha de los

hechos (31 de octubre de 2005) existiera un acuerdo formal. Se afirma por el actor que miembros del ejército permanecían dentro de la explotación minera realizada por el Consorcio Minero Unido S.A. que operaba en el Municipio de la Jagua de Ibirico S.A., sin embargo no se acreditó que dicha circunstancia fuera cierta para la fecha de los hechos, pues la labor del ejército estaba supeditada a la disponibilidad y solicitudes concretas de la empresa, por lo que no se puede sostener que los artefactos explosivos estuvieran dirigidos de manera selectiva contra la autoridad, sino que tenían objetivo indeterminado para sembrar el pánico dentro de la sociedad civil. La anterior conclusión se infiere de lo expuesto por el entonces gerente de la compañía minera señor Miguel Eduardo Sarmiento Gómez, quien expresó: “por esos años yo era el Gerente de CMU S.A. y viendo la necesidad de adelantar unas obras civiles dentro de la mina contraté al Ingeniero Passega para realizar la interventoría de esas obras entonces me enteré de primera fuente del ingeniero Passega y de todo su proceso de atención y recuperación (…) en ese momento estábamos buscando unas fuentes de agua para algunas de las necesidades de la mina y los ingenieros de la mina vecina nos autorizaron tomar agua, de una fuente de agua que nacía que nacía en el área de ellos por lo cual el ingeniero Francisco herrera que era el Jefe de la mina invitó al ingeniero Passega a recorrer la zona e ir hasta la fuente del agua para ver cual era la mejor forma de llevarla hasta la mina. Según me informaron cuando iban en travesía el Ingeniero

Passega pisó una mina quiebrapatas (…) Francisco Herrera jefe de mina también se comunicó con el ejército y el ejército fue el que llegó a prestar ayuda y movilizar al Ingeniero Passega hasta el centro de salud y posteriormente a la pista para sacarlo a Bogotá (…) PREGUNTADO: Sabe usted si CMU S.A. realizaba algún pago o aporte para la seguridad de la zona donde ocurrió el accidente del ingeniero Juan Passega. CONTESTO: 9 Expediente No. 41041 (10197) Si, nosotros le entregábamos un pago mensual al ejército nacional, con el fin de que nos acompañaran y cuidaran en la actividad minera que desarrollábamos en la zona (…). PREGUNTADO: Concretamente qué contraprestación recibían ustedes por el pago realizado y con qué frecuencia el ejército Nacional realizaban las rondas o la vigilancia o les prestaban la seguridad a ustedes en la mina. CONTESTO: Es difícil responder frecuencias de vigilancia, pero lo cierto es que gracias a la presencia del ejército Nacional en la zona nosotros podíamos adelantar la actividad económica sin la presión o sin la intervención de la guerrilla, el ejército era el encargado de establecer las rutinas que permitieran salvaguardar la zona y solo se ajustaban a rutinas nuestras cuando así se lo solicitábamos, por ejemplo, cuando yo visitaba la zona le solicitábamos escolta para poderme mover en la zona sin ningún inconveniente, pero como le mencioné las rutinas de vigilancia para mantener la zona segura eran establecidas por ellos, por el Comandante o Coronel responsable de la zona. PREGUNTADO: Quiere decir que esta zona a la que usted ha

hecho mención era o es de conflicto militar. CONTESTO: Cuando nosotros empezamos la actividad minera en la Jagua, inicialmente la hicimos sin el acompañamiento del ejército, pero a raíz de que la guerrilla quemó equipos que estaban trabajando en la mina de contratistas que nosotros utilizábamos para la labor de extracción y así mismo hubo secuestro de ingenieros que laboraban en las compañías que realizaban extracción de carbón en la zona, así mismo hubo hostigamiento de la guerrilla en varias oportunidades, a las minas, por estas razones le solicitamos al ejército nacional su colaboración y apoyo para poder seguir adelantando la extracción del carbón que hacíamos en la zona. PREGUNTADO. Recibieron alguna instrucción de las fuerzas militares en relación con sitios que estaban vetados para su tránsito. CONTESTO: No, que yo sepa no, dentro del área minera, por supuesto siempre existía la advertencia o recomendación que no era recomendable que los ingenieros subieran a las poblaciones que había arriba, al oriente de la explotación o hacía la cordillera o que realizaran movimientos nocturnos sin la debida supervisión del ejército a poblaciones cercanas. PREGUNTADO: A qué distancia de la mina ocurrió el accidente. CONTESTO: Como les mencioné el área que estaban visitando era la mina vecina, dentro del área minera, del límite de nuestra mina a donde ocurrió el accidente calculo que no había más de 5 kilómetros por no decir 3, no tengo exactitud, o del límite de nuestra mina, con la mina vecina, dentro del área minera. PREGUNTADO: Después del accidente sabe usted si las fuerzas militares desminaron esa zona.

CONTESTO: Si, no solo esa zona, sino en general se le solicitó al ejército que hiciera una revisión, lo más precisa posible para evitar que ocurrieran este tipo de accidentes. En el área, o siendo el área donde ocurrió el accidente, la única área donde encontraron otras minas que procedieron a desactivar (…) (Cfr. fls. 637 y 638 C.2) No se puede desconocer que el desplazamiento en el que resultó lesionado el demandante fue realizado dentro de la zona minera y bajo la dirección del Jefe de la Mina, que estaban guiados por dos trocheros que limpiaban la maleza, y que tenían además dos perros, lo que significa que para dicha caminata tomaron sus

10 Expediente No. 41041 (10197) propias precauciones, sin que esté acreditado que se haya pedido colaboración a la tropa, lo que permite concluir a las claras que obraron bajo su propia responsabilidad y riesgo, por lo que se recomendó por parte de la ARP, de manera tardía, que los traslados de personal se realizaran bajo la supervisión del Jefe de seguridad, quien debería revisar la viabilidad y coordinarla con el ejército. Para el Ministerio Público queda claro que a más de que no se trató de artefactos explosivos colocados de manera selectiva contra estamento o sede militar, no se acreditó que la tropa estuviera al frente de la seguridad de la compañía minera, sino que dicha labor la prestaba de manera esporádica el ejército acorde con sus posibilidades y esencialmente para proteger la pista de aterrizaje, los polvorines y el material explosivo almacenado en los mismos, la planta de producción de

emulsiones, los movimientos de maquinaria y personal “previo requerimiento a la Décima Brigada y la disponibilidad de la misma” (Cfr. fl. 887 C.3). No se pude predicar entonces bajo ninguno de los títulos de imputación mencionados responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado, pues el resultado dañino devino en últimas de la negligencia y falta de previsión de quien dispuso el traslado de personal dentro del área minera confiado en la habilidad y experiencia de los dos trocheros, como en la preparación o entrenamiento con que contaban los 2 sabuesos, circunstancias que apartan el resultado de los mencionados regímenes de responsabilidad por culpa de un tercero o de la propia compañía minera que no había adoptado las medidas de seguridad o protocolos recomendados por la ARP, asumiendo sus propios trabajadores de manera autónoma y rutinaria el desplazamiento, sin solicitar apoyo al ejército, confiado en sus propios medios de seguridad. Tampoco le cabe responsabilidad a la administración por la alegada falta de capacitación en la detección de minas antipersona o el cuidado frente a las mismas, pues no se evidencia siquiera que la misma fuera solicitada. Tampoco se probó que con antelación se hubiera presentado situación parecida, pues el mencionado Gerente de la compañía aludió a otra clase de infortunios como secuestro de personal y ataques de la guerrilla contra la maquinaria. No le está dado ni le correspondía al ejército entrometerse en las labores propias de la actividad minera, ni en la planeación de las tareas que debían realizar sus

trabajadores, salvo que se le hubiera solicitado tal apoyo, lo que tampoco se acreditó. No se solicitó por la compañía minera el acompañamiento en tareas de capacitación, o protocolos de seguridad, ni en el barrido de la zona por parte del ejército, pues no se evidencia que hayan advertido la posibilidad de encontrar algunos sitios minados. El artefacto tampoco fue colocado por las fuerzas regulares del Estado, pues no se acreditó que tales minas hagan parte de la dotación o armamento de los militares, por ello es razonable considerar que la mina antipersona fue colocada por la insurgencia y tenía como objetivo otros móviles diferentes a los militares como atemorizar a los civiles, impedir la explotación y hasta la extorsión u 11 Expediente No. 41041 (10197) obtención de beneficios económicos o pago de las mal llamadas vacunas por parte de la compañía minera. Analizado el acervo probatorio y de conformidad con las normas aplicables y el alcance que les ha dado la jurisprudencia, encuentra esta Delegada que los argumentos del recurrente no pueden ser de recibo y en tal virtud no es jurídicamente viable ni procedente que se acceda a sus solicitudes. En virtud de lo expuesto, esta Agencia del Ministerio Público considera que la sentencia apelada debe ser confirmada y, en tal sentido eleva solicitud a la H. Sala de Decisión. De los Señores Consejeros, con todo respeto,

FRANCISCO MANUEL SALAZAR GOMEZ

Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado 12 Expediente No. 41041 (10197) fbo