PGN - DAÑO ESPECIAL Se causan perjuicios que rompen el equilibrio de las cargas públicas q

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Perjuicios materiales y morales por la pérdida de vehículo como consecuencia de la explosión de carro bomba en el Cagúan RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-Evolución jurisprudencial en casos de ataques por parte de los grupos alzados en armas que atentan contra la estabilidad del Estado FALLA DEL SERVICIO-Aplicación/FALLA DEL SERVICIO-Cuando en la producción del hecho intervino la Administración que permitió que el ataque terrorista se produjera/DAÑO ESPECIAL-Aplicación/DAÑO ESPECIAL-Se causan perjuicios que rompen el equilibrio de las cargas públicas que deben soportar los ciudadanos/RIESGO EXCEPCIONAL-Para los casos en los que el ataque terrorista fuera dirigido contra los militares o personajes representativos del Estado Ahora bien, por vía de evolución jurisprudencial, el Consejo de Estado, ha hecho diversas manifestaciones en lo que se refiere a los distintos regímenes de responsabilidad administrativa, en los casos de ataques por parte de los grupos alzados en armas que atentan contra la estabilidad del Estado. Es así como se da aplicación a la falla del servicio, cuando en la producción del hecho intervino la Administración, mediante una acción o una omisión que permitió que el ataque terrorista se produjera; de igual manera, se daría aplicación al régimen del daño especial cuando en cumplimiento de funciones legítimas por parte de la Administración, es decir en el momento de repeler el ataque guerrillero, se causan perjuicios que rompen el equilibrio de las cargas públicas que deben soportar los ciudadanos, haciendo más gravosa la situación de unos frente a los otros; igualmente manifestó el

H. Consejo de Estado que sería aplicado el régimen de riesgo excepcional para los casos en los que el ataque terrorista fuera dirigido contra los estamentos militares, o contra personajes representativos del Estado, pues en esos casos, la presencia de aquellos en lugares cercanos a la población, generaba un riesgo excepcional para la misma, razón por la cual debía responder la Administración.

IMPUTACIÓN DEL RIESGO EXCEPCIONAL-En el caso concreto se configura los presupuestos para su aplicación IMPUTACIÓN DEL RIESGO EXCEPCIONAL-Aplicabilidad jurisprudencial del Consejo de Estado DAÑO ANTIJURÍDICO-Consistente en la destrucción total del automotor debido a los estragos hechos por la explosión del carro bomba Con éste y otros documentos de similar contenido, todos ellos allegados en debida forma al proceso, se demostró la plenamente la ocurrencia del hecho dañoso; así mismo, también dentro de los medios de prueba que aportados, reposan fotografías tomadas por el grupo de Policía Judicial de la Policía Nacional, los cuales dan cuenta de la magnitud de los estragos hechos por la explosión del carro bomba, y en donde se puede apreciar en especial, el estado en que quedó el vehículo UAZ de placas URC908, de propiedad del demandante …; con lo que hasta aquí, han quedado ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 180012331000-2002-00369-01(48.624) Demandante: Ofelia Valencia Rodríguez y otros demostradas tanto la propiedad del vehículo, como también la existencia del daño

antijurídico, consistente en la destrucción total del referido automotor. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR RIESGO EXCEPCIONAL-Es decir la existencia de nexo causal entre el daño y la actividad de la administración/RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR RIESGO EXCEPCIONAL-Jurisprudencia del consejo de estado/RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR RIESGO EXCEPCIONAL-Los daños que sufran las personas como consecuencia del conflicto armado interno le son imputables al Estado Ahora bien, frente al segundo elemento necesario para configurar la responsabilidad administrativa por Riesgo Excepcional, esto es, la existencia de nexo causal entre el daño y la actividad de la administración, la Jurisprudencia del máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha dictaminado en aplicación de este título de imputación, que los daños que sufran las personas como consecuencia del conflicto armado interno, le son imputables al Estado cuando se demuestra que son consecuencia del riesgo creado por la entidad estatal con el fin de cumplir su función de garantizar la vida e integridad de las personas y que el ataque estuvo dirigido concretamente contra un establecimiento militar o policivo, un centro de comunicaciones o un personaje representativo de la cúpula estatal, y como se observa en el caso de autos, se ha demostrado suficientemente que el objetivo del ataque subversivo era la Estación de Policía de San Vicente del Caguándepartamento del Caquetá, pues según se extracta del informe de Policía citado en líneas precedentes –entre otros más obrantes en el proceso-, el carro bomba fue dejado en un parqueadero aledaño a la Estación de Policía, el cuál al hacer explosión causó lesiones a varias personas, entre ellas, un

Patrullero de la Policía Nacional. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-Quedaron demostrados los dos elementos necesarios para su configuración Se pudo demostrar también que la detonación daños materiales en la parte posterior de la Estación, así mismo, destruyo dos viviendas y afectó otras tantas, y así mismo, destruyó varios vehículos, entre los que se hallaba el campero de placas URC-908, de propiedad del demandante, luego nótese que se determinó que el objetivo del atentado era la Estación de Policía con lo que es dable establecer la existencia de un nexo de causalidad entre el riesgo creado por la administración y el hecho dañoso cuya indemnización reclaman los accionantes, pues el atentado de los terroristas iba dirigido en contra de la instalación policial, demostrándose entonces los dos elementos necesarios para configurar la responsabilidad administrativa de las entidades demandadas y por consiguiente, surge para el Estado la obligación de indemnizar los perjuicios ocasionados a los demandantes, por lo que en criterio de esta Agencia del Ministerio Público, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá merece ser confirmada en su totalidad.

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Expediente: 180012331000-2002-00369-01(48.624)

Demandante: Ofelia Valencia Rodríguez y otros

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá, D. C., Abril 2 de 2014

Doctora

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Consejera Ponente Sección Tercera - Subsección B

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

REF.: Concepto 14-56

Expediente: 180012331000-2002-00369-01(48.624)

Demandante: Ofelia Valencia Rodríguez y otros

Demandados: La Nación – Ministerio de Defensa – Policía

Nacional Honorable señora Consejera: El proceso de la referencia se encuentra en conocimiento del H. Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación interpuesto por la Policía Nacional, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que aceptó parcialmente las súplicas de la demanda, trámite dentro del cual esta agencia del Ministerio Público en su condición de sujeto procesal, interviene para emitir concepto de fondo.

ANTECEDENTES

 La Demanda

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Expediente: 180012331000-2002-00369-01(48.624) Demandante: Ofelia Valencia Rodríguez y otros En ejercicio de la acción de reparación directa1, los señores OFELIA VALENCIA RODRÍGUEZ, JOSÉ OLMEDO FERNANDEZ TORRES y otros, a través de apoderado judicial, demandaron ante el Tribunal Administrativo del Caquetá que se declare patrimonialmente responsable a LA NACIÓN – MINISTERIO de DEFENSA - POLICÍA

NACIONAL, por los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes con motivo de la pérdida del vehículo de servicio público tipo campero, marca UAZ, de placas URC-908, modelo 1981, afiliado a la Cooperativa de transportadores del Caguán COTRANSCAGUAN LTDA., de propiedad del señor JOSÉ OLMEDO FERNÁNDEZ TORRES, ocurrida el día 28 de julio de 2002, en el municipio de San Vicente del Caguán, a consecuencia de la explosión de un carro bomba dirigido contra las instalaciones de la estación de Policía de dicha población. Como fundamento de sus pretensiones, en resumen, se presentaron siguientes hechos: Se relata en la demanda, que el día 28 de julio de 2002, en horas de la noche, subversivos pertenecientes a la columna Teófilo Forero de las FARC, llevaron a cabo un acto de agresión con explosivos en San Vicente del Caguán – Departamento del Caquetá, por medio de la activación de un carro bomba dirigido contra las instalaciones de la Estación de Policía de dicho municipio, utilizando para tal fin un carro estacionado en un parqueadero aledaño a la Estación. Que la detonación dejó como resultado varias personas heridas, así como también daños materiales en los sectores aledaños al lugar de los hechos, dentro de los que se cuenta la destrucción total del vehículo de placas URC-908, marca UAZ, modelo 1981, de propiedad del señor JOSÉ OLMEDO FERNÁNDEZ TORRES, con lo que se le ocasionaron

1 Demanda presentada el día 15 de noviembre de 2002

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Expediente: 180012331000-2002-00369-01(48.624) Demandante: Ofelia Valencia Rodríguez y otros perjuicios a él y a su familia, dado que su subsistencia provenía de los ingresos recibidos por la explotación económica de dicho automotor.

La Contestación La Policía Nacional, procedió a dar contestación a la demanda, manifestando que se opone a las pretensiones de la demanda, debido a que no se encuentran probados los elementos constitutivos de la responsabilidad administrativa. Sostiene además, que no es posible responsabilizar a la entidad por un daño que provino del hecho exclusivo de un tercero.  La Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo del Caquetá, en sentencia calendada 15 de mayo de 2012, declaró administrativamente responsable a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, por el daño especial sufrido por el señor JOSÉ OLMEDO FERNÁNDEZ TORRES, a consecuencia del acto explosivo realizado por las FARC el día 28 de julio de 2002, en el municipio de San Vicente del Caguán – Caquetá. Como consecuencia de la anterior declaración, se condenó a las demandadas al pago de perjuicios de índole material y moral en favor de los demandantes.  La apelación Inconforme con la sentencia de primera instancia, el apoderado de la

Policía Nacional la apeló, con miras a que ésta sea revocada en su

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Expediente: 180012331000-2002-00369-01(48.624) Demandante: Ofelia Valencia Rodríguez y otros totalidad, exponiendo similares argumentos de defensa a los mencionados en la contestación de la demanda, insistiendo en que los daños ocasionados por la pérdida del automotor placas URC-908, marca UAZ, de propiedad del señor JOSÉ OLMEDO FERNÁNDEZ TORRES se debieron exclusivamente al hecho de un tercero, como fue el accionar de las FARC.

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO PROBLEMA JURÍDICO  ¿Es posible configurar la responsabilidad administrativa de la Nación – Policía Nacional, por la pérdida total del automotor placas URC-908, de propiedad del señor JOSÉ OLMEDO FERNÁNDEZ TORRES, a raíz del atentado terrorista ocurrido el día 28 de julio de 2002 en el municipio de San Vicente del Caguán

• Caquetá?

ANÁLISIS JURÍDICO El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en

dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un

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Expediente: 180012331000-2002-00369-01(48.624) Demandante: Ofelia Valencia Rodríguez y otros desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo.

Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo)

y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. EL CASO CONCRETO Como viene de verse, el artículo 90 de la Carta Política, establece una cláusula general de responsabilidad, en virtud de la cual, el Estado deberá responder por los daños antijurídicos que le sean imputables y que sean causados por la acción u omisión de sus agentes; sin perder de vista tal precepto, la evolución jurisprudencial de la Sección Falladora, ha determinado unos títulos de imputación que se ajusten a la realidad de los casos que se pretende resolver.

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Expediente: 180012331000-2002-00369-01(48.624) Demandante: Ofelia Valencia Rodríguez y otros De acuerdo con el escrito de demanda, los actores, utilizan el título de imputación de “daño especial”, para atribuir responsabilidad a la administración por la pérdida total del vehículo de placas URC-908, marca UAZ, tipo campero, modelo 1981, de propiedad del señor JOSÉ OLMEDO FERNÁNDEZ TORRES, ocurrida como consecuencia de un carro bomba dirigido en contra de la Estación de Policía de San Vicente del Caguán - Caquetá, el día 28 de julio de 2002 alrededor de las 20:40

horas. Ahora bien, por vía de evolución jurisprudencial, el Consejo de Estado, ha hecho diversas manifestaciones en lo que se refiere a los distintos regímenes de responsabilidad administrativa, en los casos de ataques por parte de los grupos alzados en armas que atentan contra la estabilidad del Estado. Es así como se da aplicación a la falla del servicio2, cuando en la producción del hecho intervino la Administración, mediante una acción o una omisión que permitió que el ataque terrorista se produjera; de igual manera, se daría aplicación al régimen del daño especial3 cuando en cumplimiento de funciones legítimas por parte de la Administración, es decir en el momento de repeler el ataque guerrillero, se causan perjuicios que rompen el equilibrio de las cargas públicas que deben soportar los ciudadanos, haciendo más gravosa la situación de unos frente a los otros; igualmente manifestó el H. Consejo de Estado que sería aplicado el régimen de riesgo excepcional4 para los casos en los que el ataque 2 Al respecto de este tema pueden consultarse sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado, tales como: Sentencia del 13 de mayo de 1996, expediente 10627; Sentencia del 5 de septiembre de 1996, expediente 10654; Sentencia del 3 de abril de 1997, expediente 12378; Sentencia del 3 de febrero de 2000, expediente 14787; Sentencia del 2 de mayo de 2002, expediente, 13251; Sentencia del 23 de Octubre de 2003. 3 Pueden tenerse como referencia las siguientes sentencias emitidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: Sentencia del 8 de febrero de 1999, expediente 10731; Sentencia del 29 de abril de 1994,

expediente 7136; Sentencia del 9 de febrero de 1995, expediente 9550. 4 En consideración de la aplicación del tema se relacionan las siguientes sentencias: Sentencia del 19 de abril de 2001, expediente 12179; Sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 15571; Sentencia del

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Expediente: 180012331000-2002-00369-01(48.624) Demandante: Ofelia Valencia Rodríguez y otros terrorista fuera dirigido contra los estamentos militares, o contra personajes representativos del Estado, pues en esos casos, la presencia de aquellos en lugares cercanos a la población, generaba un riesgo excepcional para la misma, razón por la cual debía responder la

Administración. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta las condiciones en que se da aplicación a uno y otro régimen de imputación, es claro que para el caso concreto se dan los presupuestos para la aplicación del título de imputación de riesgo excepcional; por lo que en consecuencia será bajo el que se abordará la solución del problema, y respecto del cual, la Sección tercera del Consejo de Estado ha expresado, lo siguiente: “(…) Ese desequilibrio de las cargas públicas traducido en el riesgo excepcional a que se sometió a los actores y cuya concreción, es decir, el daño, no están en el deber jurídico de soportar, obliga a su restablecimiento a través de la

indemnización. Una prueba fehaciente del estado de peligro es su propia realización como sucedió en el presente caso, en donde el temor permanente que soportaron los actores de que se atentara contra el “CAI” vecino, efectivamente se convirtió en una realidad al ser blanco de una explosión dinamitera que, afortunadamente, no produjo pérdida de vidas, pero si otros daños. (…)” 5 (Negrillas fuera de texto) En pronunciamiento más reciente, la Sección Falladora manifestó lo siguiente: “(…) De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, los daños sufridos por las víctimas de hechos violentos cometidos por terceros son imputables al Estado cuando en la producción del hecho intervino la administración, a través de una acción u omisión constitutivas de falla del servicio, como en los eventos en los cuales el hecho se produce con la complicidad de miembros activos del Estado, o la 28 de junio de 2006, expediente 1995-00196. 5 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION TERCERAConsejero ponente: ALIER EDUARDO HERNANDEZ ENRIQUEZ - Bogotá D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil (2000) - Radicación número: 11834

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Expediente: 180012331000-2002-00369-01(48.624)

Demandante: Ofelia Valencia Rodríguez y otros

persona contra quien iba dirigido el acto había solicitado protección a las autoridades y éstas no se la brindaron, o porque en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó ninguna actuación dirigida a evitar o enfrentar eficientemente el ataque. También ha determinado la Sala la imputabilidad al Estado por los daños sufridos por quienes son sometidos a la exposición a un riesgo de naturaleza excepcional, creado por la administración en cumplimiento del deber constitucional y legal de proteger a la comunidad en general. Ha dicho la Sala: “En otros eventos..., la imputabilidad surge de la creación de un riesgo, que es considerado excepcional, en la medida en que supone la puesta en peligro de un grupo particular de ciudadanos, como consecuencia del desarrollo de una actividad dirigida a proteger a la comunidad en general. No se trata aquí, entonces, de la existencia de una acción u omisión reprochable de la administración, sino de la producción de un daño que, si bien es causado por un tercero, surge por la realización de un riesgo excepcional, creado conscientemente por ésta, en cumplimiento de sus funciones. Y es la excepcionalidad del riesgo lo que hace evidente la ruptura del equilibrio frente a las cargas públicas y posibilita el surgimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado”6. Para que el hecho violento del tercero pueda ser imputable al Estado, se requiere que éste haya sido dirigido contra un establecimiento militar o policivo, un centro de comunicaciones o un personaje representativo de la cúpula estatal.

Por lo tanto, se ha considerado que no le son imputables al Estado los daños causados por actos violentos cometidos por terceros cuando éstos son dirigidos indiscriminadamente contra la población, con el fin de sembrar pánico y desconcierto social, y no contra un objetivo estatal específico, bien o persona, claramente identificable como objetivo para los grupos al margen de la ley. “Si el atentado es indiscriminado, no es selectivo, y tiene como fin sembrar pánico y desconcierto social como una forma de expresión, por sus propias características cierra las puertas a una posible responsabilidad Estatal ya que es un acto sorpresivo en el tiempo y en el espacio, planeado y ejecutado sigilosamente, y por lo mismo, en principio imposible de detectar por los organismos encargados de la seguridad pública y como ya se ha dicho, los deberes del Estado, que son irrenunciables y obligatorios, no significan que sea por principio omnisciente, 6 Sentencia del 10 de agosto de 2000, exp: 11.518. En el mismo sentido, sentencia del 18 de octubre de 2000, exp. 11.834.

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Expediente: 180012331000-2002-00369-01(48.624) Demandante: Ofelia Valencia Rodríguez y otros omnipresente ni omnipotente, para que responda indefectiblemente y bajo toda circunstancia”.

En síntesis, mayoritariamente la Sala reitera su posición de que los daños que sufran las personas como consecuencia del conflicto armado interno, le son imputables al Estado cuando se demuestra que son consecuencia de una falla del servicio de la administración o del riesgo creado por la entidad estatal con el fin de cumplir su función de garantizar la vida e integridad de las personas y que el ataque estuvo dirigido concretamente contra un establecimiento militar o policivo, un centro de comunicaciones o un personaje representativo de la cúpula estatal. (…)”7 (negrillas fuera del texto original) En atención al anterior precepto jurisprudencial, los demandantes deberán probar no sólo la existencia de un daño generado a partir de un hecho lesivo que hayan tenido que soportar, sino que han de demostrar además, que tal daño es antijurídico, en el sentido de que dicha afectación comporte un desequilibrio de las cargas públicas, al imponer injustamente a los accionantes una carga mucho mayor de la que deben soportar los demás conciudadanos, lo que comporta también la demostración de que la materialización de ese riesgo creado por la propia actividad de la Administración condujo efectivamente a la generación del daño. Con miras a demostrar si se dan o no los anteriores presupuestos jurisprudenciales, se allegaron al proceso los siguientes medios de prueba: -. Al proceso se allegaron los Registros Civiles de Nacimiento de los demandantes, así como también el Registro Civil de Matrimonio de

OFELIA VALENCIA RODRÍGUEZ y JOSÉ OLMEDO FERNÁNDEZ

TORRES, con los que en principio, estaría acreditado el parentesco de 7 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION TERCERAConsejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO - Bogotá, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil seis (2006) - Radicación número: 05001-23-31-000-1995-00196-01(16630)

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Expediente: 180012331000-2002-00369-01(48.624) Demandante: Ofelia Valencia Rodríguez y otros los demandantes con el señor FERNÁNDEZ TORRES, propietario del vehículo siniestrado. -. Así mismo, al expediente se allegaron distintos documentos que acreditan suficientemente la propiedad del señor JOSÉ OLMEDO FERNÁNDEZ TORRES, respecto del campero de servicio público, marca UAZ, de placas URC-908; tales como: seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT (fl. 67c.1), tarjeta de operación (fl. 69c.1), licencia de tránsito No. 97-007614 (fl. 71 c.1). -. A folio 6 del c.1, se encuentra certificación de fecha 5 de octubre de 2002, suscrita por el Gerente de la Cooperativa de Transportadores del Caguán Ltda. “COTRANSCAGUAN”, en donde se pone de presente que el

señor JOSÉ OLMEDO FERNANDEZ es asociado de la cooperativa y que poseía un cupo de operación veredal distinguido con el número 62. -. A folio 7 del c.1, reposa certificación expedida por el Comandante del Batallón de Infantería No. 36 Cazadores, de la Décima Segunda Brigada, Teniente Coronel César Enrique De la Cruz Páez, fechada 5 de agosto de 2002, en la que se consignó, lo siguiente: “(…) El Comando del Batallón de Infantería No. 36 Cazadores certifica que el señor JOSE OLMEDO FERNÁNDEZ TORREZ (sic) identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.968.913 expedida en San Vicente del Caguán, es propietario del vehículo campero Motor Número 45MT108055290, Serie 469B435658 el cual fue destruido en la acción terroristas (sic) ejecutada el día 31 (sic) de julio de 2002 por miembros de la Columna Móvil Teófilo Forero de las FARC al mando del cabecilla (alias OSCAR MONTERO O EL PAISA), en el Barrio Centro de San Vicente del Caguán (…)” Con éste y otros documentos de similar contenido, todos ellos allegados en debida forma al proceso, se demostró la plenamente la ocurrencia del hecho dañoso; así mismo, también dentro de los medios de prueba que aportados, reposan fotografías tomadas por el grupo de Policía Judicial

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Expediente: 180012331000-2002-00369-01(48.624) Demandante: Ofelia Valencia Rodríguez y otros de la Policía Nacional, los cuales dan cuenta de la magnitud de los estragos hechos por la explosión del carro bomba, y en donde se puede apreciar en especial, el estado en que quedó el vehículo UAZ de placas URC-908, de propiedad del demandante JOSÉ OLMEDO FERNÁNDEZ; con lo que hasta aquí, han quedado demostradas tanto la propiedad del vehículo, como también la existencia del daño antijurídico, consistente en la destrucción total del referido automotor. -. A folio 31 del cuaderno 2, reposa oficio No.060 DERHU-DECAQ, de fecha 31 de julio de 2002, contentivo de una denuncia hecha por el coronel CARLOS CALVER JURADO BURBANO, Comandante del Departamento de Policía del Caquetá, en donde da cuenta de los hechos ocurridos el día 28 de julio de 2002, así: “(…) El día domingo 28 de julio del año en curso, siendo las 20:40 horas, subversivos pertenecientes a la Columna Teófilo Forero de las Autodenominadas FARC, llevaron a cabo un Atentado (sic) terrorista a la población de San Vicente. Activando un Carro Bomba en el parqueadero ubicado en la parte posterior de las instalaciones de la Estación de Policía San Vicente haciendo utilización de un vehículo campero Suzuki, color blanco, sin más datos, el cual cargaba en su parte trasera varios bultos, luego de ser ingresado por tres subversivos fue dejado y luego activado a control remoto. (…)”

Ahora bien, frente al segundo elemento necesario para configurar la responsabilidad administrativa por Riesgo Excepcional, esto es, la existencia de nexo causal entre el daño y la actividad de la administración, la Jurisprudencia del máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha dictaminado en aplicación de este título de imputación, que los daños que sufran las personas como consecuencia del conflicto armado interno, le son imputables al Estado cuando se demuestra que son consecuencia del riesgo creado por la entidad estatal con el fin de cumplir su función de garantizar la vida e integridad de las personas y que el ataque estuvo dirigido concretamente contra un establecimiento militar o policivo, un centro de

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IUS 2014-109301 13 _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 180012331000-2002-00369-01(48.624) Demandante: Ofelia Valencia Rodríguez y otros comunicaciones o un personaje representativo de la cúpula estatal, y como se observa en el caso de autos, se ha demostrado suficientemente que el objetivo del ataque subversivo era la Estación