PGN - DAÑO La supuesta conducta generadora de este habría tenido ocurrencia con anteriorid

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Responsabilidad por pago de condena por incumplimiento de contrato suscrito con el INAT ACCIÓN DE REPETICIÓN-Naturaleza Jurídica según Jurisprudencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPETICIÓN-Término de caducidad según Jurisprudencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPETICIÓN-Se ejerció oportunamente Se aduce en la demanda que el pago se efectuó el 28 de diciembre de 2005, antes de vencerse el plazo de los 18 meses para pagar que se cumpliría el 10 de septiembre de

2006. Como la demanda se presentó el 8 de septiembre de 2006 ,la acción de repetición se habría ejercido oportunamente.

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Presupuestos para su prosperidad Para la prosperidad de la pretensión de repetición se debe acreditar: La calidad de agente del Estado y que su conducta fue determinante del daño causado a un tercero; que exista una condena judicial a cargo de la entidad pública o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una conciliación, transacción o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto; que se haya efectuado el pago por parte de la Administración y que la conducta del agente sea calificada como dolosa o gravemente culposa. ACCÍÓN DE REPETICIÓN-No se probó que el demandado desempeñó el cargo a la ocurrencia del hecho generador de daño/ACCIÓN DE REPETICIÓN-No existe prueba de que conducta del actor fuera determinante de un daño/ACCIÓN DE REPETICIÓN-Se debe acreditar la condición de servidor público

Del escaso material probatorio allegado al proceso observa el Ministerio Público que si bien se acreditó que se impuso una condena contra el INAT y que el demandado se desempeñó como Director Regional 8 Magdalena, no se estableció que ostentaba esa condición al momento de ocurrir el hecho generador del daño antijurídico que el Tribunal Administrativo ordenó indemnizar en la sentencia de 10 de marzo de 2004. De ahí que tampoco se tiene probado que la conducta del actor fue la determinante de ese daño y, por tanto, no podría declararse su responsabilidad en la condena impuesta por la justicia contencioso administrativa. … Así las cosas, debe concluir el Ministerio Público que no se probó que el demandado se desempeñara como Director Regional 8 para la fecha de entrega del bien, ni que en tal calidad hubiere efectuado la devolución del inmueble, ni mucho menos que de alguna manera con su comportamiento fuera el responsable de los daños ocasionados a la casa arrendada y que generaron la condena. Se destaca, además, que de acuerdo con la documentación allegada, el señor… no pudo haber suscrito el primer contrato 061 de abril de 1995 porque para esa fecha no estaba vinculado como Director de la Regional, y Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 50.840 (470012331000 2008 00105 01) que si bien pudo suscribir el segundo, 023 de julio de 1996, lo cierto es que al no haberse

aportado copia de los contratos tampoco hay certeza sobre ese hecho. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Se requiere acreditar el pago de la condena impuesta La entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo de la suma dineraria a través de prueba que generalmente es documental que debe tener origen en el beneficiario o su apoderado, recibo de pago, o pruebas de transacción bancaria o de consignación a favor o en cuenta del beneficiario. …. En concepto del Ministerio Público los documentos…. no acreditan el pago por cuanto no se trata de un documento emanado del acreedor que demuestre que recibió la suma de dinero, ni la certificación del banco en la que se haga constar que efectivamente la cuenta en la cual se consignó pertenezca al señor…Sin embargo, en la declaración que rindió…afirma que es cierto que el INAT en liquidación con base en la sentencia del Tribunal Administrativo le realizó un pago por $106’040.262 mediante consignación en el banco de occidente, que lo hicieron el 29 de diciembre y que le quedaron debiendo un remanente que no se acuerda cuánto es. Con el testimonio del acreedor y los documentos que aporta el INAT se encuentra demostrado el pago. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Necesidad de probar dolo o culpa grave en la conducta causante de condena al Estado/ACCIÓN DE REPETICIÓN-La falta de prueba del daño la hace inviable DAÑO-La supuesta conducta generadora de este habría tenido ocurrencia con anterioridad En tanto no se acreditó que alguna conducta del demandado hubiere causado el daño por el cual se impuso condena y se acciona por vía de repetición, no hay lugar a analizar este

requisito que, además, no se regiría por las presunciones que trae la ley 678 de 2001 porque la supuesta conducta generadora del daño habría tenido ocurrencia con anterioridad. –como dijo el a-quo se ignora quién desplegó la referida conducta. En ese orden de ideas como no se probaron en el proceso todos los presupuestos de la acción de repetición, las pretensiones no tienen vocación de prosperidad.En virtud de lo expuesto, el Ministerio Público considera que la sentencia se debería confirmar. 2 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 50.840 (470012331000 2008 00105 01)

. PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 147/ 2014

Bogotá, D.C., 11 de julio de 2014.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente doctora OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ

E. S. D.

EXPEDIENTE: 50.840 (470012331000 2008 00105 01)

Acción de Repetición

ACTOR: INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACIÓN DE TIERRAS

EN LIQUIDACIÓN - INAT DEMANDADO: EDGARDO ORLANDO GALOFRE SÁNCHEZ El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el

proceso de la referencia

I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda.- El 8 de septiembre de 2006 (fl. 6 c. 1) el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras INAT en liquidación presentó demanda de repetición

contra Edgardo Orlando Galofre Sánchez como Director de la Regional No. 8 Magdalena, para que se le declarara responsable por la condena impuesta en sentencia de 10 de marzo de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por incumplimiento del contrato de arrendamiento suscrito entre el INAT y el señor José Galo Diazgranados Martínez. Solicitó que se condenara al demandado a pagar a la entidad la suma de $106’040.272,00 que pagó al señor Diazgranados Martínez por concepto de la condena, más los intereses comerciales. Se adujo que el señor Jose Galo Diazgranados suscribió con el INAT los contratos de arrendamiento 061 de abril de 1995 y 023 de julio de 1996 de una casa situada en la cra. 21 No. 15-99 donde funcionaron las oficinas de la Regional 8 del Magdalena. Las partes acordaron que se podían hacer adaptaciones; a la terminación se suscribió el acta de entrega, se consignaron los inventarios de las reparaciones locativas realizadas, acta que fue adicionada con los cambios físicos de la casa. Que en sentencia de 10 de marzo de 2004 el Tribunal declaró el incumplimiento de los contratos por realizar las reformas que cambiaron las características 3 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094

Expediente No. 50.840 (470012331000 2008 00105 01) arquitectónicas del bien que entregó sin regresar las cosas a su estado primigenio y condenó a pagar a favor del señor José Galo Diazgranados la suma de $98’696.184,73 más la correspondiente indexación; por resolución 00288 de 29 de noviembre de 2005 se ordenó el pago cuyo valor ascendió a $106’040.271, pago que se efectuó en su totalidad el 28 de diciembre de 2005 a la cuenta de ahorros del señor Diazgranados Martínez, mediante consignación orden de pago y comprobante de egreso. Concluye que el demandado violó las normas superiores de derecho a las cuales debía obediencia y como consecuencia afectó seriamente el patrimonio del Estado, toda vez que fue condenado por su conducta gravemente culposa conforme a la art. 6 inciso 1 de la ley 678 de 2000. 1.2. Contestación de la demanda (fls. 79 a 83 c. 1). El demandado Edgardo Galofre Sánchez, a través de apoderada, se pronunció sobre los hechos y afirmó que no cometió violación a norma superior alguna; que no ostentaba la representación legal del INAT en la fecha de iniciación y terminación del contrato de arrendamiento suscrito con Diazgranados Martínez y, por tanto, propuso la excepción de indebida representación legal en la persona del demandado. Sostiene que no firmó los contratos de arrendamiento 061 de abril de 1995 y 023 de julio de 1996, en su período se firmó una prórroga; fue nombrado y se

desempeñó como Director de la Regional en dos períodos, el primero entre marzo de 1980 y agosto de 1981, y el segundo entre el 17 de mayo de 1995 hasta el 10 de junio de 1997. Que de acuerdo con los hechos el contrato tuvo vigencia hasta el 30 de abril de 1998 cuando se hace entrega al arrendador, no siendo él quien efectuara la entrega y no se le puede imputar responsabilidad por el mal estado en que se dice fue devuelto. Señala que fueron otros los Directores cuando se celebró y cuando terminó el contrato. Cuando fue declarado insubsistente hizo entrega del inmueble con todas las instalaciones y con todos los documentos que tenían que ver con el contrato, que jamás cuando él estuvo al frente de la Institución hubo quejas o inconformismo alguno por parte del arrendador, a quien se le cancelaban los cánones de arrendamiento dentro de los términos estipulados y se conservaba el inmueble en buen estado, pues al arrendador se le autorizaba para que mirara el estado del bien, lo que hacía casi mensualmente sin queja. 1.3. La sentencia de primera instancia. (fls. 123 a 132 vto. c. Consejo de Estado) El Tribunal Administrativo de Magdalena - Descongestión1 negó las pretensiones de la demanda. Señala el a-quo que el contrato de arrendamiento declarado incumplido por el Tribunal fue el 061 de 18 de abril de 1995, y su prórroga No. 023 de julio de 1996, suscritos por el Director Financiero quien actuaba en representación del INAT y el Director Regional No. 8. Que de acuerdo con la sentencia condenatoria la

entrega, por la cual se demandó y por la cual fue declarado el incumplimiento contractual y se condenó a pagar la indemnización de perjuicios, se efectuó el 30 de abril de 1998; que el demandado Edgardo Galofre no suscribió el contrato 061 de 18 de abril de 1995, fecha en la que no se desempeñaba como Director 1 Sentencia de 5 de febrero de 2013. 4 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 50.840 (470012331000 2008 00105 01) Regional del INAT pues ingresó la segunda vez el 17 de mayo de 1995, aunque sí se encontraba en tal cargo para la fecha de la prórroga en julio de 1996, pues se declaró insubsistente el 10 de junio de 1997. Tampoco estaba en el cargo para la fecha de la entrega del bien, 30 de abril de 1998. Sostiene que la declaración del señor Jose Galo Diazgranados Martínez no es clara frente a la culpa grave del demandado, pues señala que fueron varias las administraciones que pasaron durante la vigencia del contrato y que no fue Galofre Sánchez quien le entregó el bien en las condiciones conocidas de deterioro, sino una señora de apellido Zúñiga, quien al parecer detentaba las funciones de Directora Regional del INAT. Para el a-quo no se acreditó la calidad de funcionario en el momento de la ocurrencia de los hechos que motivaron los perjuicios, ni tampoco que se le pueda

atribuir la culpa grave o dolo a quien no ejercía las funciones del cargo invocado, a más que es incierto o no fue demandado el funcionario que produjo el daño. Que no se demuestra que con la conducta del demandado señor Edgardo Galofre se haya causado daño antijurídico a un tercero, que haya obligado a la administración a pagar a título de indemnización una suma de dinero. 1.4. Apelación. (fls. 135 a 138 y 139 a 142 c. Consejo de Estado). La parte actora apeló el fallo para que se revoque y se acceda a las pretensiones. Se refirió al concepto de culpa grave o dolo, para afirmar que en este caso la responsabilidad del demandado la constituye el hecho de que el INAT al realizar las reformas del inmueble y entregarlo sin regresar las cosas a su estado primigenio, le causó perjuicio al demandante el cual tasó el Tribunal; la omisión del Director Regional devino en incumplimiento que llevó a una solicitud de conciliación y después a la condena por el Tribunal Administrativo. Afirma que era deber del Director Regional de la época realizar seguimiento a la ejecución del contrato y en especial al pago de mejoras y perjuicios al contratista. Por último se refirió al elemento teleológico de los actos administrativos y al vicio de la desviación de poder. II CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema Jurídico. Consiste en determinar si se configuran los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición en contra del señor Edgardo Orlando Galofre Sánchez. 2.2. De la acción de repetición

Sobre la naturaleza jurídica de la acción de repetición y los requisitos de procedibilidad la SECCION TERCERA - SUBSECCIÓN C, en sentencia de 23 de mayo de 2012. Radicación: 25000-23-26-000-2002-11030-01(41225), precisó: “En sentencia C - 619/02 de la Honorable Corte Constitucional, en relación con la naturaleza jurídica de la acción de repetición se reconoció que la misma es el medio idóneo para que la administración obtenga el reintegro del monto que ha debido pagar a modo de 5 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 50.840 (470012331000 2008 00105 01) indemnización por los daños antijurídicos que haya causado un agente público2 y se establecieron como requisitos de procedibilidad los siguientes:  que la entidad pública haya sido condenada por la jurisdicción contencioso administrativa a reparar los daños antijurídicos que con su acción u omisión ha causado a un particular;  que se encuentre claramente establecido que el daño antijurídico se produjo como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario o exfuncionario público;  que la entidad condenada efectivamente haya pagado la suma de dinero fijada por el juez contencioso en la sentencia de condena. Por su parte el Consejo de Estado en reiteradas ocasiones ha señalado como elementos de la acción de repetición los siguientes3:

 La calidad de agente del Estado y la conducta desplegada como tal, determinante del daño causado a un tercero, la cual hubiere generado una condena o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de un acuerdo conciliatorio, transacción o cualquier otra forma de terminación de un conflicto;  La existencia de una condena judicial a cargo de la entidad pública o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una conciliación, transacción o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto;  El pago realizado por parte de la Administración; y  La calificación de la conducta del agente, como dolosa o gravemente culposa. En donde, los tres primeros se ha reconocido son de carácter objetivo. Por su parte la calificación de la conducta del agente de gravemente culposa o dolosa, es de carácter subjetivo, por lo tanto, se debe analizar con base en la norma vigente en la fecha de presentación de la demanda, siendo estas los artículos 177 del C.P.C.4, los artículos 77 y 78 del C.C.A y 90 de la Constitución Política. (Subrayas con negrilla fuera del texto) La acción de repetición es autónoma, de carácter eminentemente patrimonial y resarcitoria, su ejercicio tiene como finalidad obtener resarcimiento patrimonio del funcionario o exfuncionario que con su actuación dolosa o gravemente culposa dio lugar a la condena pecuniaria en contra de la administración5. 2 (pie de página de la cita) "el medio judicial [idóneo] que la Constitución y la ley le otorgan a la Administración Pública para obtener de sus funcionarios o ex funcionarios el reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer a

los particulares como resultado de una condena de la jurisdicción de lo contencioso administrativo por los daños antijurídicos que les haya causado 3 (pie de página de la cita) 27 de noviembre de 2006. Exp: 18.440; 6 de diciembre de 2006. Exp: 22.189; 3 de diciembre de 2008. Exp: 24.241; 26 de febrero de 2009. Exp: 30.329; 13 de mayo de 2009. Exp: 25.694 4 (pie de página de la cita) ARTÍCULO 177. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba. 5 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 2008. Expediente 16335 “En cuanto a la acción de repetición, el artículo 2° de la Ley 678 de 2001, prescribe: “La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.” La acción de repetición se erige, entonces, como el mecanismo procesal especial con que cuenta el Estado para proteger el patrimonio público, pues, sustentado en la responsabilidad patrimonial de los servidores y ex-servidores

públicos, tiene el derecho-deber de acudir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa?, para que se declare 6 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 50.840 (470012331000 2008 00105 01) 2.3. Caducidad Como precisó la SUBSECCIÓN C, 23 de mayo de 2012. Radicación número: 73001-23-31-000-2008-00366-01(40005), “El numeral 9° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo6, establece el término de caducidad de la acción en dos años, contados a partir del pago total efectuado por la entidad o en el evento en que no se haya realizado el mismo, se contarán pasados dieciocho (18) meses a la fecha de ejecutoria de la sentencia condenatoria, de acuerdo a lo dispuesto por el inciso cuarto del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo7. La condena en contra de la administración se impuso por sentencia de 10 de marzo de 2004 del Tribunal Administrativo del Magdalena, que fue notificada por edicto que se fijó por 3 días el 17 de marzo de 2004, esto es, quedó ejecutoriada 3 días después de notificada (art. 331 cpc), esto es se fijó el edicto por 3 días (17, 18 y 19 de marzo de 2004, miércoles, jueves y viernes) y 3 días después ( el 22 lunes festivo, 23, 24 y 25 martes, miércoles y jueves) cobró ejecutoria, esto es, el 25 de marzo de 2004.

Se aduce en la demanda que el pago se efectuó el 28 de diciembre de 2005, antes de vencerse el plazo de los 18 meses para pagar que se cumpliría el 10 de septiembre de 2006. Como la demanda se presentó el 8 de septiembre de 2006 (fl. 6 C. 1), la acción de repetición se habría ejercido oportunamente. 2.4. Caso concreto - presupuestos Para la prosperidad de la pretensión de repetición se debe acreditar: La calidad de agente del Estado y que su conducta fue determinante del daño causado a un tercero; que exista una condena judicial a cargo de la entidad pública o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una conciliación, transacción o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto; que se haya efectuado el pago por parte de la Administración y que la conducta del agente sea calificada responsable al sujeto, que con su actuar doloso o gravemente culposo, ha causado un daño antijurídico por el cual -e l Estadoha respondido. El objeto de la acción de repetición se encamina a la protección directa del patrimonio y de la moralidad pública y, además, estimula el correcto ejercicio de la función pública?. (…) […] 2.3. Naturaleza jurídica de la acción de repetición La Ley 678 de 2001 calificó la acción de repetición como una acción de carácter civil -art. 2-, lo cual implica que su fundamento y propósito se circunscriben a un ámbito netamente patrimonial. En este sentido, el objeto directo de la acción consiste en reembolsar el dinero pagado por el Estado, a título de indemnización a favor de la víctima

del daño antijurídico, causado por el actuar doloso o gravemente culposo de sus agentes.” (Subrayas y negrillas fuera del texto). 6 (pie de página de la cita) ARTICULO 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES. <Subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> La de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad. 7 (pie de página de la cita) ARTICULO 177. EFECTIVIDAD DE CONDENAS CONTRA ENTIDADES PUBLICAS. Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada. Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria. Véase también sentencia C-832/2001; MP Rodrigo Escobar Gil. 7 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 50.840 (470012331000 2008 00105 01) como dolosa o gravemente culposa. Del escaso material probatorio allegado al proceso observa el Ministerio Público

que si bien se acreditó que se impuso una condena contra el INAT y que el demandado se desempeñó como Director Regional 8 Magdalena, no se estableció que ostentaba esa condición al momento de ocurrir el hecho generador del daño antijurídico que el Tribunal Administrativo ordenó indemnizar en la sentencia de 10 de marzo de 2004. De ahí que tampoco se tiene probado que la conducta del actor fue la determinante de ese daño y, por tanto, no podría declararse su responsabilidad en la condena impuesta por la justicia contencioso administrativa. (i) Calidad de servidor público. Se allegaron los siguientes documentos:  Resolución No. 00134 de 17 de enero de 1980 por medio de la cual el Director General del INAT nombra a Edgardo Galofre Sánchez, como Director Regional Código 2035 Grado 14 – Dirección regional No. 8 – Prado de Sevilla. Tomó posesión el 17 de marzo de 1980 y certificación expedida por el Director Regional No. 8 en la que indica que al señor Edgardo Galofre se le declaró insubsistente y trabajó hasta el 13 de agosto de 1981 (fls. 31, 32, 60 a 63, 84 a 86 c. 1).  Resolución 01873 de 10 de mayo de 1995 por medio de la cual el Director general del INAT nombra a Edgardo Galofre Sánchez como Director regional 2035 Grado 23 Regional No. 8 – Magdalena. Tomó posesión el 17 de mayo de 1995 y por resolución 00912 de 10 de junio de 1997 fue

declarado insubsistente (fls. 64 a 66, 87 a 89 c. 1). De acuerdo con la sentencia der 10 de marzo de 2004, entre las partes se suscribieron los contratos 061 de abril de 1995 y posteriormente el 023 de julio de 1996 de una casa situada en la cra. 21 No. 15-99 en la que funcionaban las oficinas de la Regional 8 del INAT; los contratos fueron suscritos por el Subdirector Financiero quien actuaba en representación del INAT y por el Director Regional Nro. 8 –no señala los nombres de los funcionarios-; que en la cláusula séptima del contrato se estipuló que las partes podían realizar las adaptaciones necesarias con el fin de que las oficinas prestaran el servicio adecuado; que se allegó actas de entrega física e inventario de reparaciones locativas las que fueron rubricadas por la Directora Regional No. 8, el almacenista de la institución y el arrendador; que el 30 de abril se adicionó al acta de entrega el documento contentivo de los cambios físicos y estructurales que se realizaron en la casa; que en el peritazgo rendido por el Ingeniero Carlos Polo Jiménez y el Arquitecto Roberto Galofre Sánchez, el cual no fue objetado, “da cuenta de los daños que presenta el inmueble dado en arriendo al INAT, el valor de las reparaciones que deberán hacérsele, sus características según el acta de entrega y el valor actual de la reconstrucción a su estado inicial, arroja una suma de $98’696.184,73” 8 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094

Expediente No. 50.840 (470012331000 2008 00105 01) Sostiene el Tribunal: “9. Confrontadas las probanzas con los preceptos antes transcritos se concluye que efectivamente el INAT al realizar las reformas, a pesar de haberse pactado en la cláusula séptima del contrato de arriendo, que cambiaron considerablemente las características arquitectónicas del bien y entregarlo en esas circunstancias sin regresar las cosas a su estado primigenio, se le causó al demandante un perjuicio que deberá ser resarcido por la demandada”

10. PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES En criterio de esta Corporación los perjuicios materiales fueron ocasionados al actor con ocasión de la entrega, en estado deplorable según figura en las actas respectivas, del bien objeto de arrendamiento.

(...)” (Subrayas y negrillas fuera del texto) Indica lo anterior que la causa de la condena fue la entrega en mal estado de un bien inmueble arrendado, al que se le cambiaron las características sin que para la fecha de devolución hubiere sido adecuado a su estado original. De conformidad con el fallo se infiere que la entidad arrendataria podía efectuar cambios, pero debía entregarlo en buen estado. No señala la sentencia el nombre de quien efectuó la entrega en mal estado, pero si indica que las actas de entrega física e inventario de reparaciones locativas fueron rubricadas por la Directora Regional No. 8. En la declaración que rindió el señor José Galo Diazgranados Martínez (fls. 109 a 110 c. 1), sostiene que firmó un contrato de arrendamiento con el señor Edgardo Orlando Galofre en representación del INAT; que podían hacer cambios

pero al momento de entregarlo no habían hecho cambios sino daños al bien; que él demandó al INAT y fue condenado; que “no fue el señor EDGARDO GALOFRE quien me entregó la casa destruida, la casa me la entregó una señor (sic) Zúñiga que hacía las veces de gerente en el momento en que la devolvieron en presencia de abogados de Bogotá en representación de las Oficinas del INAT en estos momentos quiero dejar claros (sic) que los daños y cambios dejados en la casa en cuál de los gerentes y administradores que tuvo el INAT ocurrieron yo no se cuánto tiempo duró GALOFRE, le juro que GALOFRE no duró mucho estuvo como cuatro meses, el último fue la doctora Zúñiga que fue la que me entregó la casa (...). Me gustaría hacer énfasis que a pesar de ser el señor GALOFRE quien hizo el contrato y la señora Zúñiga quien me lo entregó fueron varias las personas y las administraciones que tuvieron el INAT solo sé que ocurrieron daños que fueron legalmente establecidos y fueron también legalmente indemnizados”. (Subrayas y negrillas fuera del texto) Así las cosas, debe concluir el Ministerio Público que no se probó que el demandado Edgardo Orlando Galofre Sánchez se desempeñara como Director Regional 8 para la fecha de entrega del bien, ni que en tal calidad hubiere efectuado la devolución del inmueble, ni mucho menos que de alguna manera con su comportamiento fuera el responsable de los daños ocasionados a la casa arrendada y que generaron la condenada. 9 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094

Expediente No. 50.840 (470012331000 2008 00105 01) Se destaca, además, que de acuerdo con la documentación allegada, el señor Edgardo Galofre no pudo haber suscrito el primer contrato 061 de abril de 1995 porque para esa fecha no estaba vinculado como Director de la Regional, y que si bien pudo suscribir el segundo, 023 de julio de 1996, lo cierto es que al no haberse aportado copia de los contratos tampoco hay certeza sobre ese hecho. (ii) La condena El Tribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia de 10 de marzo de 2004, dentro del expediente de controversias contractuales radicado bajo el número 47001-2331-003-0363-200. Actor José galo Diazgranados Martínez contra el INAT, declaró el incumplimiento de los contratos 061/95 y 023/96 y condenó al INSTITUTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS INAT a pagar al señor DIAZGRANADOS MARTÍNEZ la suma de $98.696.184,73 m/l (fls. 11 a 19 c. 1). (iii) El pago En la sentencia del 11 de febrero de 2009, radicación: 250002326000200300582 01, expediente: 29.926, se expresó: “Acerca del pago por razón de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio, debe decirse que en cuanto el objeto de la repetición lo constituye la reclamación de una suma de dinero que efectivamente hubiere sido cancelada por la entidad demandante y recibida por el beneficiario de la indemnización, la falta de prueba de ese daño desvirtúa totalmente el objeto de la acción, en cuyo caso habrá de concluirse que la misma carece de fundamento y,

por tanto, deberán negarse las súplicas de la demanda. […] 2.2.- Caso concreto […] En este orden de ideas, se tiene que la única prueba susceptible de valoración en relación con el pago es el certificado expedido por el Pagador Distrital anexo a folio 29 del cuaderno 2, el cual, como entrará a analizarse, resulta insuficiente para acreditar la extinción de la ob