PGN - DAÑO MORAL No se demostró la mala fe en el pago tardío de la liquidación definitiva

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 47853 (680012331000200800700 01) Evo ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por presunto error judicial al aplicar un precedente de manera incorrecta ERROR JUDICIAL-La fundamentación fáctica y jurídica de las dos providencias no eran completamente diferentes como para alegar el error pretendido Para el Ministerio Público desacertado resulta, el análisis efectuado por el accionante, al referir que el error que se demanda de la rama judicial lo causó la omisión en que incurriera la Sala laboral del Distrito Judicial de Bucaramanga, la que sin valoración probatoria alguna al proceso laboral adelantado por el señor, sin hacer un estudio de la situación fáctica, aplicara un precedente de manera incorrecta, siendo la realidad contraria a lo dicho, toda vez que la fundamentación fáctica y jurídica de las dos providencias no eran completamente diferentes como para alegar el error pretendido, además de encontrarse plenamente identificadas por los hechos, y las normas jurídicas aplicables. CONTRATO VERBAL-Por ser un proceso de carácter declarativo las obligaciones no pueden ser exigibles antes de su reconocimiento judicial Así mismo, por ser este proceso de carácter declarativo (reconoce la existencia del contrato verbal), que solo imponía para el patrono la obligación de consignar las cesantías y la indemnización moratoria por el no pago oportuno de la liquidación definitiva de las prestaciones sociales a que tiene derecho el trabajador demandante, es decir a partir del momento en que se tiene certeza de la existencia de la relación laboral, que para el caso

se da partir del 20 de septiembre de 2007, cuando queda en firme la providencia de segunda instancia, tal y como lo contempla la corte Suprema de Justicia en su Sala Laboral, mediante sentencia No. 7393 de 1995 y reiterada el 24 de enero de 2012 en sentencia No. 37288, que además contempla, que cuando el derecho indemnizatorio es reclamado por vía judicial, el juzgador no debe proferir condena automática ante el hecho de la falta de pago, sino que debe examinar la conducta patronal, para ver si de esta emerge la buena fe para exonerar al patrono, que para el presente asunto, se denota por la circunstancias en que se produjo el fallo, es decir antes de dictar sentencia y al hecho de ser la sentencia de naturaleza declarativa, lo que hacía que las obligaciones devenidas del reconocimiento de la existencia de una relación laboral no podían ser exigibles antes de su reconocimiento judicial. DAÑO MORAL-No se demostró la mala fe en el pago tardío de la liquidación definitiva de las prestaciones El daño moral pretendido por no haberle pagado la liquidación definitiva de las prestaciones antes de dicha declaratorio no puede prosperar, máxime cuando aún el reconocimiento de la sanción moratoria no opera de manera automática y al hecho de que no se demostró la mala fe en el pago tardío, y al hecho de que la sentencia de segunda instancia aunque revoca parcialmente el numeral segundo en algunos puntos de la condena, la confirma en lo demás. 1 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No. 15-80 Piso 12 PBX 5878750 Ext. 12761

Proc. 4a. Del. Consejo de Estado PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 47853 (680012331000200800700 01) Evo ERROR JUDICIAL-No se configuró toda vez que las obligaciones derivadas del contrato verbal no podían ser exigibles antes de su reconocimiento judicial La Procuraduría General de la Nación en función de garantizar la eficacia del derecho de acción y en representación de los intereses de la sociedad a través de esta Delegada solicita confirmar la sentencia apelada al resaltarse de las pruebas allegadas, que no se configura el error judicial alegado por la parte de la accionada, toda vez que las obligaciones derivadas de la relación laboral no podían ser exigibles para el accionado, antes de su reconocimiento juridicial, por ser un contrato laboral verbal sobre el cual se discutía su existencia y, además porque no se demostró la mala fe del patrono, tal y como lo interpretara la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en su sentencia No. 7393 del 18 de septiembre de 1995, reiterada el 24 de enero de 2012, en sentencia No. 37288. ERROR JUDICIAL-Jurisprudencia del Consejo de Estado 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No. 15-80 Piso 12 PBX 5878750 Ext. 12761 Proc. 4a. Del. Consejo de Estado

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 47853 (680012331000200800700 01)

Evo

CONCEPTO No. 222/2013

Bogotá, D.C., 5 de noviembre de 2013

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: Doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera

E. S. D.

EXPEDIENTE: 680012331000200800700 01 (47853)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: Eduar Reyes Villareal

DEMANDADO: NACIÓNRAMA JUDICIAL.

Sentido del Concepto: Solicitud de confirmar la sentencia apelada / No existió responsabilidad administrativa de la NaciónRama Judicial. / La parte actora de acuerdo con la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia no demostró la mala fe del accionado que daría lugar al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago retardado de la prestaciones sociales. / No acreditó la existencia del daño antijurídico.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos.

1. ANTECEDENTES

1.1. Demanda. El señor Eduar Reyes Villareal, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda contra la NaciónRama Judicial para que se le declare administrativamente responsable por los perjuicios morales y materiales sufridos por el demandante como consecuencia de los daños antijurídicos

causados por error Jurisdiccional, en el cumplimiento de sus obligaciones de 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No. 15-80 Piso 12 PBX 5878750 Ext. 12761 Proc. 4a. Del. Consejo de Estado PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 47853 (680012331000200800700 01) Evo aplicar justicia consistente en fundamentar fallo de segunda instancia dentro del proceso ordinario laboral adelantado por el hoy actor contra el señor Vicente Castro Benítez, en su condición de propietario del establecimiento de comercio denominado “Supermercado Hermanos Castro”, radicado en segunda instancia con el número 6872006, teniendo como base la sentencia emanada el 12 de abril del año 2007, de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, siendo Magistrado Ponente la Dra. Ethel Cecilia Meza de Marín, radicado de segunda instancia No. 0436-2006, siendo demandante Deyner Cárdenas y demandado el señor Vicente Castro Benítez, no obstante que se trataba de dos casos con hechos muy diferentes y por ende con consecuencias jurídicas. Solicitó por perjuicios morales el equivalente a cien salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de la ejecutoria, y por materiales las sumas de dinero que le fueron reconocidas mediante sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Laboral de Barrancabermeja el 4 de septiembre de 2004, dentro del proceso ordinario laboral radicado bajo el número 318-2004.

1.2. La contestación. La NaciónRama Judicial, mediante apoderado, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, pues consideró que no se configuró error judicial en las providencias proferidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga – Sala Laboral, argumentando como razones de defensa la siguiente: Manifiesta que las decisiones judiciales estuvieron ajustadas a derecho y soportadas en las normas sustantivas y procesales vigentes. Sostiene que el solo argumento de no estar conforme con el fallo de segunda instancia, porque no favorece la totalidad de las pretensiones, no implica que el demandante pueda salirse del estadio procesal pertinente para entonces buscar el reconocimiento de una indemnización a cargo del Estado, alegando un supuesto 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No. 15-80 Piso 12 PBX 5878750 Ext. 12761 Proc. 4a. Del. Consejo de Estado PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 47853 (680012331000200800700 01) Evo error judicial, teniendo en cuenta que la causa ya hizo tránsito de cosa juzgada en la jurisdicción ordinaria. Considera que en el caso concreto no existe una relación de causalidad entre las providencias o actos de los funcionarios y los perjuicios recibidos. Por último trae a colación la sentencia de la Corte Constitucional C-037 de 1996, que señala: la comisión del error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que

demuestre, sin ningún asomo de duda, que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas –según los criterios que establezca la ley, y no de conformidad con su propio arbitrio. Propuso como excepción la que denominó inexistencia del daño patrimonial por ausencia del daño antijurídico. 1.3. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Contencioso Administrativo de Santander, mediante sentencia de fecha 31 de enero de 2013, no accede a las súplicas de la demanda, argumentando lo siguiente: Al no existir certeza acerca de la existencia de una relación laboral, las obligaciones que de ella devienen no se puede hacer exigibles antes de su reconocimiento judicial, por lo tanto no, se puede afirmar con absoluta seguridad que a la parte demandante se le causó un daño patrimonial o moral al no haberle pagado la liquidación definitiva de prestaciones sociales antes de dicha declaratoria; máxime aun cuando el reconocimiento de la sanción moratoria contemplada en el art. 65 del C.S.T. no opera de manera automática, porque se requiere la prueba de mala fe del empleador en el pago tardío, hecho que no se evidencia en el presente caso. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No. 15-80 Piso 12 PBX 5878750 Ext. 12761 Proc. 4a. Del. Consejo de Estado

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Expediente No. 47853

(680012331000200800700 01) Evo 1.4. Argumentos de la apelación. El apoderado de la parte actora, dentro de negocio referido, presentó recurso de apelación contra la sentencia adversa a los intereses de su cliente, y pidió que se revocara en todas sus partes, donde en términos generales argumentó lo siguiente (fls 334 a 339 C.Ppal): No obstante haber precisado el a quo en la sentencia de primera instancia, que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga se equivocó al aplicar un precedente de la misma Corporación en un caso similar, procede equivocadamente a realizar valoración sobre circunstancias atinentes a la indemnización moratoria relacionada con la consignación o pago oportuno del valor de las cesantías adeudadas al trabajador, cuando el terma de discusión y disenso está claramente definido, el cual consiste en el daño antijurídico que se generó en detrimento del accionante al aplicar incorrectamente la Sala Laboral del Tribunal un precedente que no guardaba plena identidad en su acontecer fáctico, y por ende jurídico, al caso del señor Reyes Villareal. Resulta desafortunado el análisis y conclusión a la que arriba la Magistrada Ponente cuando sostiene en su sentencia que la obligación del patrono de consignar las cesantías, y la indemnización moratoria por el no pago oportuno de la liquidación definitiva de la prestaciones sociales al trabajador es a partir del “reconocimiento de la existencia del contrato laboral de carácter verbal, es decir a partir de la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia de segunda instancia” ya

que semejante afirmación desconoce de tajo los derechos del trabajador al pago oportuno de sus prestaciones y cesantías al momento de la finalización de su contrato o relación laboral, independientemente si este acude o no a la jurisdicción para dicho reconocimiento y pago de sus acreencias laborales, tal y como lo exige el legislador en los art. 65 del C.S.T., y 99 de la ley 50 de 1990. Sin olvidar que el patrono demandado, incluso al contestar la demanda laboral desconoció o puso en duda la existencia del contrato verbal indefinido, con lo cual queda demostrado el desatino de la Magistrada Ponente. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No. 15-80 Piso 12 PBX 5878750 Ext. 12761 Proc. 4a. Del. Consejo de Estado PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 47853 (680012331000200800700 01) Evo Por último, se pronuncia diciendo que si lo que pretendió el a quo a través de su ponente fue auscultar la existencia de la buena o mala fe del patrono, equivoca el sendero jurídico, al decir que éste realizó el pago de la deuda laboral al trabajador reyes Villareal, 15 días después de que se notificara del auto admisorio de la demanda, con lo cual demuestra su interés de atacar la ley y cumplir sus obligaciones patronales; siendo que lo que emerge de la prueba contundente arrimada, es la mala fe por parte del empleador, que permitiera la aplicación del

art. 65 del C.S,T., tal como que, “ el patrono despidió a los trabajadores señalados porque estos no quisieron afiliarse a una cooperativa que el mismo empleador había creado y a que el patrono nunca afilió a los trabajadores a seguridad social, no obstante que éste reconoció la existencia del contrato laboral celebrado con aquellos, y que el pago de las prestaciones sociales y cesantías lo hizo el patrono solo cuando tuvo conocimiento de que había sido demandado por los trabajadores incluido el señor Reyes Villareal”

2. Consideraciones del Ministerio Público.

El Ministerio Público, de manera principal solicita confirmar la sentencia apelada, toda vez que no existió el daño cuya indemnización se demanda. 2.1. Problema jurídico. Estudiado el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora, se evidencian los siguientes problemas jurídicos, en torno a los cuales se presenta respetuosamente el Concepto de la Procuraduría General de la Nación, a través de la suscrita Delegada. En su orden son, relacionados con los cargos que motivan la petición de la impugnación. 2.1.1. ¿Es posible determinar, si bajo el régimen de error antijurídico de la administración de justicia es responsable el Estado de los hechos a que se refiere 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No. 15-80 Piso 12 PBX 5878750 Ext. 12761 Proc. 4a. Del. Consejo de Estado

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Expediente No. 47853 (680012331000200800700 01) Evo el demandante, con ocasión de la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2007, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga – Sala Laboral, dentro del proceso laboral identificado con el Rad. 2006-0687? 2.2. Marco Teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos los siguientes aspectos que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público.  El error jurisdiccional lo define el artículo 66 del Estatuto de Administración de Justicia como el “cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso del un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.”  El artículo 67 de la Ley 270 de 1996 define los presupuestos para que se declare responsable al Estado por error Jurisdiccional. - Que el afectado hubiere interpuesto los recursos de ley. - Que la providencia contentiva de error esté en firme. 2.2.1. El H. Consejo de Estado respecto al error judicial, lo define vía jurisprudencial, mediante sentencia del 4 de septiembre de 1997, así: “El art. 66 de la ley 270 de 1996 define error judicial como el "cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley", sin incluir como ingrediente de la definición la culpabilidad del funcionario que lo realiza” (…) “El error judicial también incluye el error de hecho en el cual puede incurrir

al no considerar un hecho debidamente probado o al no promover la realización de las pruebas conducentes para determinar el hecho que daría lugar a la aplicación del derecho. En efecto, lo que podríamos llamar la intuición jurídica, la intuición de lo que es justo y ajustado a derecho, nos 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No. 15-80 Piso 12 PBX 5878750 Ext. 12761 Proc. 4a. Del. Consejo de Estado PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 47853 (680012331000200800700 01) Evo señala en este caso que el error judicial procede no solamente por inadecuada aplicación del derecho, sino también porque se ha impuesto una decisión judicial que se ha basado en un hecho que posteriormente se ha demostrado que es falso, o porque posteriormente se ha logrado probar un hecho que da lugar a la absolución de responsabilidad de quien resultó afectado por una decisión judicial errada”.(sentencia de septiembre 4 de 1997, expediente 10285, Sección Tercera Consejo de Estado). 2.2.2. Respecto del análisis que debe efectuar el juez de lo contencioso administrativo con respecto a la responsabilidad de la Nación - Rama Judicial por error judicial, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en proveído adiado 22 de julio de 2009 . Magistrado ponente: Enrique Gil Botero, se indicó lo siguiente: “El daño, comprendido como el primer elemento en un juicio de responsabilidad, en el caso objeto de estudio, es el menoscabo patrimonial y

moral que se produjo a los demandantes, como consecuencia de la adopción de unas decisiones judiciales que les resultaron adversas, y cuyo fundamento jurídico fue errado. Como se observa a simple vista, para el análisis del daño en el presente caso, no basta la constatación probatoria de que se hayan producido las mencionadas decisiones judiciales adversas a los demandantes; sin duda alguna cuando se traba una litis judicial, ello significa que habrá unos vencedores y unos vencidos, y a estos últimos, por esa vana calidad, no se les produce necesariamente un daño resarcible. De esta manera, puede decirse, que la parte vencida en un proceso judicial está en el deber legal de soportar ese daño, a menos que la decisión o decisiones que la ponen en tal situación, se hayan proferido contraviniendo el ordenamiento jurídico y/o de manera especifica con violación abierta de sus derechos, es decir con “error”. En este caso se constataría un error judicial, y por ende el daño se proyectaría como resarcible en el evento de que se acrediten los perjuicios causados. Como se observa, en el evento del error judicial, el estudio sobre la antijuridicidad del daño adquiere una significativa relevancia, ya que no basta la simple constatación de una decisión judicial, adversa al demandante, sino que se hace necesario revisar con ocasión del estudio de este primer elemento (el daño) el contenido de la decisión, para efectos de verificar la ocurrencia o no del “error” que se esboza entonces, como presupuesto necesario de la antijuridicidad del daño, 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado

Carrera 5 No. 15-80 Piso 12 PBX 5878750 Ext. 12761 Proc. 4a. Del. Consejo de Estado PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 47853 (680012331000200800700 01) Evo para solo en caso de que ello se constate, pasar a revisar lo atiente a la imputación del mismo y la consecuente responsabilidad. Con fundamento en lo anterior, y en relación con el análisis, del daño antijurídico en el presente caso, se procederá a constatar, en primer lugar, si en efecto obra prueba de la existencia de las decisiones judiciales adversas a los demandantes, y en caso de ser así, se procederá luego a revisar el contenido de las mismas para efectos de constatar o no el “error judicial”. Solo en caso de resultar acreditado lo anterior, se hará un análisis probatorio de la imputación, para finalmente, y en caso de resultar pertinente, revisar lo relativo a la responsabilidad del demandado.” (Negritas fuera del texto). En otra Sentencia sobre el mismo tema leemos: “En relación con que la providencia resulte contraria a Derecho, sin que ello suponga que, necesariamente, la contradicción tenga que ser grosera, abiertamente ilegal o arbitraria, una perspectiva de análisis adicional del error jurisdiccional --de la cual también se ha valido la Sala en anterior ocasión permite aportar argumentos añadidos a la consideración en el sentido de que la contrariedad entre la decisión judicial cuestionada y el ordenamiento jurídico, no necesariamente debe tener la entidad de una vía de hecho, para que pueda constituirse en fuente de responsabilidad patrimonial del Estado.

En ese sentido, ha afirmado la Sala lo siguiente, en punto a la necesidad de distinguir los elementos a tomar en consideración para examinar la responsabilidad personal del juez, de un lado y, de otro, los que deben entrar en juego cuando la estudiada es la responsabilidad patrimonial del Estado derivada del funcionamiento de la Administración de Justicia. Por lo demás, bien merece la pena reiterar que el principio de seguridad o certeza jurídica, reflejado en la noción de cosa juzgada, no se opone a ni excluye la aplicación integral del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, toda vez que el propósito de éste no es otro que garantizar la adecuada indemnización y la reparación integral de la víctima, sin que para ello tenga que modificarse la providencia judicial que contiene el error, razón por la cual la fuerza de cosa juzgada que a la decisión judicial en firme caracteriza, se mantiene incólume y, por tanto, la seguridad jurídica no se sacrifica como consecuencia del reconocimiento de los daños ocasionados a los coasociados en el ejercicio de la función de administrar justicia. 2.2.3. Código procesal del trabajo dice en su artículo 50: fallo extra y ultra petita. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> El Juez podrá ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados, o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que éstas son inferiores a las que 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado

Carrera 5 No. 15-80 Piso 12 PBX 5878750 Ext. 12761 Proc. 4a. Del. Consejo de Estado PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 47853 (680012331000200800700 01) Evo corresponden al trabajador, de conformidad con la ley, y siempre que no hayan sido pagadas. 2.2.4. La carga probatoria. En ese orden de ideas, tal y como señala el Código de Procedimiento Civil Art. 177 y concordantes, la carga probatoria incumbe al interesado, por ende, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos y hechos jurídicos alegados, ya que ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias afirmaciones. Así lo ha repetido el Consejo de Estado, v. gr.: "Al respecto, no debe olvidarse que la carga de la prueba es una regla de nuestro derecho probatorio consagrada en el artículo 177 del C. de P. Civil, de acuerdo con el cual "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen... "; dicho en otras palabras: para lograr que el juez dirima una controversia de manera favorable a las pretensiones, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos o hechos jurídicos de donde procede el derecho o nace la obligación, máxime si ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita

tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias aseveraciones. Cabe recordar que la carga de la prueba consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa resulten probados; en este sentido, en relación con los intereses de la parte demandante, debe anotarse que quien presenta la demanda, sabe de antemano cuáles hechos le interesa que aparezcan demostrados en el proceso y, por tanto, sabe de la necesidad de que así sea, más aun tratándose del sustento mismo de la demanda y de los derechos que solicita sean reconocidos."' 2.2.5. De la aplicación del precedente horizontal. La H. Corte Constitucional al respecto se ha pronunciado diciendo: 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No. 15-80 Piso 12 PBX 5878750 Ext. 12761 Proc. 4a. Del. Consejo de Estado PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 47853 (680012331000200800700 01) Evo “La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en hacer efectiva la fuerza vinculante de sus decisiones, tanto de los fallos de constitucionalidad como de los fallos de tutela, en la medida en que la actividad judicial supone la interpretación permanente de las disposiciones jurídicas. Lo anterior implica que en cada proceso, el funcionario judicial debe determinar la norma que se aplicará al caso concreto, y en este ejercicio, los jueces pueden llegar a tener comprensiones diferentes del contenido de una misma

prescripción jurídica y derivar de ella, efectos distintos. Sin embargo y para hacer frente a esta situación, el sistema jurídico ha previsto la figura del precedente, “bajo el supuesto de que la independencia interpretativa es un principio relevante pero que se encuentra vinculado por el respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales que fijan criterios para la interpretación del derecho.”[1] Esta figura ha sido definida por la Corte como “(…) aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver, que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia”. [2] Así mismo, ha enfatizado sobre la pertinencia de un precedente, en cuanto este se predica de una sentencia previa, cuando: “(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente;[3] (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente”. [4] La jurisprudencia constitucional ha distinguido, adicionalmente, entre la figura del precedente horizontal, que es aquél que debe observarse por el mismo juez o corporación que lo generó o por otro (a) de igual jerarquía funcional, y la figura del precedente vertical, que es el que proviene de un funcionario o corporación de superior jerarquía, particularmente de aquellas que en cada uno

de los distintos ámbitos de la jurisdicción se desempeñan como órganos límite.[5] Teniendo en cuenta la definición anteriormente citada y como quiera que la Corte ha entendido que el precedente debe ser anterior a la decisión donde se pretende su aplicación y que debe existir una semejanza de problemas jurídicos, cuestiones constitucionales, hechos del caso, normas juzgadas o puntos de derecho, es necesario entonces que en el presente asunto se aplique [1] Sentencia T-683de 2006 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra). [2] Sentencia T-292 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). [3] En la sentencia T-1317 de 2001 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes). [4] Sentencia T-292 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). [5] Sentencia T-014 de 2009 (MP. Nilson Pinilla Pinilla). 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No. 15-80 Piso 12 PBX 5878750 Ext. 12761 Proc. 4a. Del. Consejo de Estado PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 47853 (680012331000200800700 01) Evo tal principio o figura en atención a los fallos proferidos por otros tribunales frente a temas de características idénticas a las que aquí se debaten” 2.2.6. La indemnización moratoria y sus eximentes: La H. Corte Suprema al respecto se pronunció en la sentencia No. 7393 del 18 de septiembre de 1995 así.

“Con arreglo al artículo 65 del C.S.T si a la terminación del contrato de trabajo el empleador no cancela al trabajador los salarios y prestaciones debidos, salvo los casos en que la ley o el convenio lícito de las partes autoricen retención, a éste corresponde el derecho de percibir un día de salario por cada día de retardo a título de indemnización. En caso de que este derecho indemnizatorio sea reclamado por vía judicial, la jurisprudencia ha precisado que el juzgador no debe proferir condena automática ante el hecho de la falta de pago, sino que ha de examinar la conducta patronal y si de ésta emerge la buena fe exonerar al patrono. Dicha buena fe alude a que el empleador que se abstenga de cancelar los derechos laborales a la finalización del nexo, entienda plausiblemente que no estaba obligado a hacerlo, siempre y cuando le asistan serias razones objetivas y jurídicas para sostener su postura de abstención, es decir que sus argumentos para no haber pagado res