PGN - DAÑO MORAL Tasación de perjuicios

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Perjuicios sufridos por los ciudadanos como consecuencia de atentados terroristas El material probatorio allegado al plenario permite al Ministerio Público concluir que la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional, se encuentra llamada a responder por los perjuicios ocasionados a los demandantes, ello en aplicación del régimen del responsabilidad derivada de la creación de un riesgo excepcional, pues frente a los actores operó el rompimiento del principio de igualdad de las cargas públicas como consecuencia de una actividad lícita y legitima de la administración que le impuso una carga excepcional y anormal que no estaba obligada a soportar, pues conforme a lo acreditado, las lesiones se sucedieron como consecuencia de una actuación terrorista dirigida contra una entidad estatal (CAI de Policía ubicado en el barrio Mojica de la ciudad de Cali (Valle del Cauca). VÍCTIMAS DE ATENTADOS TERRORISTAS-Jurisprudencia del Consejo de Estado DAÑO MORAL-Tasación de perjuicios En cuanto a la presunción del perjuicio moral en los casos de lesionados la Sección Tercera ha dicho que para presumir el perjuicio moral de los lesionados, no es necesario establecer si las lesiones causadas fueron graves o leves, toda vez que esta distinción carece de sentido lógico y equitativo, por cuanto no es plausible de ninguna manera que la aflicción pueda establecerse a partir de una condición especial de las lesiones. En efecto, independientemente de la magnitud de la afectación física del lesionado, no resulta equitativo que ese padecimiento moral y su prueba se condicione al resultado material del daño reclamado En cuanto a los daños causados por las lesiones que sufre una persona, éstas dan lugar a la

indemnización de perjuicios morales, no obstante que su tasación dependa, en gran medida, de la gravedad y entidad de las mismas. En otras ocasiones, las respectivas lesiones no alcanzan a tener una entidad suficiente para alterar el curso normal de la vida o de las labores cotidianas de una persona, de suerte que su indemnización debe ser menor. Por manera que la cuantificación de los perjuicios morales que se causen en virtud de unas lesiones personales, se definirá en cada caso por el juez, proporcionalmente al daño sufrido. De allí que, se presume que la lesión física o psíquica, independientemente de su gravedad, causa aflicción entre sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, ya sean ascendientes, descendientes o colaterales. Así las cosas, para lo único que se debe tener en cuenta la gravedad o levedad de las lesiones es para establecer la graduación del monto del perjuicio que se debe indemnizar. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Daño a la vida de relación La jurisprudencia del H. Consejo de Estado ha considerado que cuando se trata de lesiones que producen alteraciones físicas que afectan la calidad de vida de las personas, éstas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral. Sobre el particular es necesario recordar que la jurisprudencia de la Sección Tercera atendiendo el criterio consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, de acuerdo con el cual la indemnización debe ser integral, ha estimado pertinente señalar que en casos como el presente resulta procedente la condena al pago de los perjuicios a la vida de relación. Lo

anterior, debido a las condiciones físicas que presenta la víctima directa, la cuales afectan el normal desarrollo de su vida.

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consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 2 Exp. 40081 Se ha sostenido que el daño a la vida de relación abarca varios aspectos que trascienden en el ámbito extrínseco del individuo, pretendiendo resarcir la alteración de las condiciones de existencia, la pérdida de goce y disfrute de los placeres de la vida, la imposibilidad de relacionarse normalmente con sus semejantes etc., situaciones que se pueden presentar como consecuencia del daño. Tal perjuicio, como los demás, puede demostrarse a través de cualquier medio probatorio e incluso, puede darse por acreditado en consideración a las circunstancias particulares del caso, relacionadas con la naturaleza de la lesión física sufrida por la víctima, las secuelas que le hubiere dejado y la alteración de las condiciones en que se desarrollaba su vida cotidiana en lo social, familiar, laboral, placentera, o de cualquier otra índole.

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO 088/2011

Bogotá, D. C., 10 de mayo de 2011 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA SUBSECCION B

Consejera Ponente Doctora STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO

E. S. D.

Ref.: Proceso 40081 (76001233100020060333501)

Acción de reparación directa

Actor: Octavio Quintana y otros Demandado: La Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional El Ministerio Publico, presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES 1.1. Octavio Quintana, Jessica Lizeth Quintana Pinzón, Maribel Quintana Herrera,

Evelyn, Emilse y Katerin Quintana Betancur, Huver y Alexander Quintana Papamija, Claudia Patricia Valencia Rodríguez, Giovanny Alexander y Paula

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REOG 3 Exp. 40081

Alejandra Quintana Valencia, Sebastian y Julián Andrés Almonacid Quintana, Sara Julieth, David Steven Quintana González, Danna Gabriela y Karen Dayana Londoño Quintana, Numar Bermúdez Nieto, María Lucero Rengifo Vallejo, Yeferson Bermúdez Ruíz, Santiago Bermúdez y Leonilde Bermúdez Nieto, Álvaro Javier Muñoz y Lucy Yasmin Pantoja Rendón, obrando en nombre propio y en representación de su menor hija Ingry Joana Muñoz Pantoja, Lizbeth y Javier Alexander Muñoz Pantoja, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda contra la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional, para que se les declarara administrativamente responsables por las graves lesiones personales que sufrieron Octavio Quintana, Numar Bermúdez Nieto y Lizbeth Muñoz Pantoja, a raíz del atentado terrorista perpetrado contra las instalaciones del

CAI de Policía ubicado en el barrio Mojica de la ciudad de Cali (Valle del Cauca), el día 28 de abril de 2005. 1.2. LA CONTESTACIÓN El Ministerio de Defensa – Policía Nacional contestó la demanda (fls. 155 a 157 del cuaderno principal del proceso 2006-3335, 50 a 52 del cuaderno principal del proceso 2005-2960 y 52 a 55 del cuaderno principal del proceso 2005-3034). Manifestó que se oponía a todas y cada una de las pretensiones toda vez que se evidencia una causal exonerativa de responsabilidad cual es el hecho de un tercero. Agregó que no existe ninguna actuación ni por acción ni por omisión que comprometa la entidad demandada. Mediante auto de agosto 15 de 2008 (fls. 192 a 196 C. 1 del proceso 2006-3335), se decretó la acumulación al proceso No 2006-3335, de los procesos 2005-2960 y 20053034. 1.3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (fls. 227 a 253 C. Consejo de Estado) declaró responsables a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional de los perjuicios ocasionados a los señores Octavio Quintana, Numar Bermúdez Nieto y Lizbeth Muñoz Pantoja, a raíz de las graves lesiones causadas por un atentado terrorista dirigido contra el CAI de Policía ubicado en el barrio Mojica de la ciudad de Cali (Valle del Cauca), el día 28 de abril de 2005. En consecuencia, condenó a pagar por concepto de perjuicios morales, a Octavio Quintana 100 SMLMV, a Lizbeth

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REOG 4 Exp. 40081

Muñoz Pantoja 50 SMLMV, a Numar Bermúdez Nieto, Jessica Lizeth Quintana Pinzón, Maribel Quintana Herrera, Evelyn, Emilse y Katerin Quintana Betancur, Huver y Alexander Quintana Papamija, Claudia Patricia Valencia Rodríguez, Giovanny Alexander y Paula Alejandra Quintana Valencia, Sebastian y Julián Andrés Almonacid Quintana, Sara Julieth, David Steven Quintana González, Danna Gabriela y Karen Dayana Londoño Quintana 40 SMLMV para cada uno, a María Lucero Rengifo Vallejo, Yeferson Bermúdez Ruíz, Santiago Bermúdez, Leonilde Bermúdez Nieto, Álvaro Javier Muñoz y Lucy Yasmin Pantoja Rendón, Ingry Joana Muñoz Pantoja, Lizbeth y Javier Alexander Muñoz Pantoja 20 SMLMV para cada uno. Por perjuicios materiales (lucro cesante) a Octavio Quintana $143.160.459.oo y a Numar Bermúdez Nieto $15.971.543.oo. Por perjuicios por daño a la vida de relación a Lizbeth Muñoz Pantoja 50 SMLMV y Octavio Quintana 40 SMLMV y por perjuicios estéticos a Lizbeth Muñoz Pantoja 50 SMLMV y a Octavio Quintana 20 SMLMV. 1.4. LA IMPUGNACIÓN El apoderado de la parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia anterior (fls. 255 a 267 C. Consejo de Estado). Sostuvo que es imposible

responsabilizar a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por un daño que provino del hecho exclusivo de un tercero, en este caso de las milicias urbanas de las FARC. La parte actora interpuso apelación (fls. 268 a 282 C. Consejo de Estado). Argumentó que no comparte lo reconocido por el Tribunal de instancia por perjuicios morales, teniendo en cuenta las lesiones y las secuelas que se generaron después del atentado y por tal razón pide una nueva tasación de los perjuicios y respecto del señor Numar Bermúdez, solicita se le reconozcan perjuicios por daño a la vida de relación y perjuicio estético ya que sufrió problemas auditivos, lesiones en su brazo derecho, ojos, tórax y labios.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Como el proceso fue apelado por ambas partes podrá ser revisado en su totalidad.

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consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 5 Exp. 40081 2.1. PROBLEMA JURIDICO La controversia se contrae a establecer si el ataque perpetrado por un grupo alzado en armas al CAI de Policía ubicado en el barrio Mojica de la ciudad de Cali (Valle del Cauca), el día 28 de abril de 2005, resulta imputable a la entidad demandada en aplicación del régimen de riesgo excepcional, o si operó una causal que lo exonere de responsabilidad.

2.2. PRECEDENTE

Sobre el problema jurídico en estudio ya nos hemos ocupado en anteriores oportunidades. En concepto No. 244 del 25 de octubre de 2010, se dijo: 2.2. En relación con daños producidos en atentados terroristas, el Consejo de Estado en sentencia de 2 de octubre de 2008, expediente 52001-23-31-000-2004-00605-02, presentó un recuento jurisprudencial frente a aquellos casos en los cuales la responsabilidad de la Administración puede resultar comprometida con ocasión de los daños sufridos por los ciudadanos como consecuencia de dicho atentados, así: “…en providencia del 12 de noviembre de 19931, la Sala declaró la responsabilidad del Estado, por los perjuicios materiales causados al propietario de un bus que fue incinerado por miembros del E. L. N., quienes protestaban por el alza en el transporte entre los Municipios de Bucaramanga y Piedecuesta, en el Departamento de Santander. Se consideró en aquél momento que no era necesario que la empresa transportadora hubiera solicitado protección especial de sus vehículos, habida consideración que la entidad demandada era consciente de los desórdenes que dicha alza podía provocar, de manera que las medidas adoptadas en esa oportunidad, según dijo, no resultaban suficientes con la implementación de unos simples patrullajes, sino que debieron procurar un resultado eficaz para evitar que se presentara el acto terrorista. “Que en sentencia del 29 de abril de 19942, en un caso relativo a los perjuicios sufridos por una persona como consecuencia de la explosión de un carro-bomba que era manipulado por la guerrilla cerca de un cuartel militar, la Sala dijo que el Estado estaba obligado a

responder, a pesar de que la actividad de la Fuerza Pública y la ubicación de sus instalaciones era legítima y en beneficio de la comunidad, pero que por razón de ellas el actor sufrió un daño, el cual desborda y excede los límites que normalmente están obligados a soportar los administrados. “Que en sentido similar, en sentencia del 23 de septiembre de 19943, en la cual se decidió un caso en el que se solicitaba la indemnización de los perjuicios sufridos por los demandantes como consecuencia de la muerte de una persona, ocurrida en el atentado dinamitero realizado contra el General Miguel Maza Márquez, el 30 de mayo de 1989, la Sala concluyó que, si en ese enfrentamiento propiciado por los terroristas contra la organización estatal, son sacrificados ciudadanos inocentes, y se evidencia que el objeto directo de la agresión fue un establecimiento militar del gobierno, un centro de comunicaciones al servicio del mismo, o un personaje representativo de la cúpula 1 Expediente 8233, actor: Hilario Mantilla Mantilla. 2 Expediente 7136 3 Expediente 8577, actor: Justo Vicente Cuervo Londoño.

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consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 6 Exp. 40081 administrativa, etc., se imponía concluir que en medio de la lucha por el poder se había sacrificado a un inocente, y, por lo mismo, los damnificados no tenían por qué soportar solos el daño causado.

“Que en otra oportunidad, en sentencia de 22 de julio de 19964, en la cual se decidió sobre la responsabilidad estatal respecto de la muerte de un inspector de policía, que fue asesinado en una zona del país afectada por la violencia, concluyó esta Corporación que existía un deber especial, en cabeza del Estado, de proteger al mencionado inspector de policía, deber que surgió cuando sus particulares circunstancias de peligro se hicieron evidentes, a raíz de las amenazas recibidas, las cuales fueron informadas a las autoridades competentes, quienes hicieron caso omiso de todas y cada una de ellas, lo cual permitió o facilitó la acción de los antisociales. “Que siguiendo el derrotero jurisprudencial, en sentencia de 3 de mayo de 20075, la Sala declaró la responsabilidad del Estado con fundamento en el régimen de daño especial, luego que una menor de edad resultara gravemente lesionada por las esquirlas de una granada de fragmentación arrojada por delincuentes que pretendían evadir la acción de la Fuerza Pública, pues el daño causado resultaba desproporcionado en relación con las cargas que normalmente deben asumir los demás ciudadanos, sin que hubiere lugar a contraponer, según dijo, el argumento del hecho de un tercero o de la causa extraña, ya que un análisis funcional de lo ocurrido exigía situar el lanzamiento de la granada, por parte del sujeto al margen de la ley, dentro de la acción de persecución y enfrentamiento de la delincuencia realizada por los agentes de la Policía Nacional, es decir, dentro del funcionamiento del servicio. “Del análisis de las providencias antes trascritas, resulta claro que, en algunas ocasiones, la

Sala ha declarado la responsabilidad del Estado con fundamento en el incumplimiento de un deber legal de protección; en otras, ha concluido que si los daños causados contra ciudadanos inocentes son el resultado de un ataque terrorista dirigido contra un destacamento militar del gobierno, un centro de comunicaciones al servicio del mismo, o un personaje representativo de la cúpula administrativa, éstos no tienen por qué sufrir solos el daño causado; mientras que en otras oportunidades ha señalado que, cuando a pesar de la legitimidad y legalidad de la actuación del Estado, resultan sacrificados algunos miembros de la colectividad, tal situación denota un claro desequilibrio en las cargas que no tienen por qué soportar los administrados”. (RESALTO Y SUBRAYO) Respecto de los títulos especiales de imputación de responsabilidad, que constituyen una forma de responsabilidad objetiva, ha existido alguna confusión puesto que tanto el daño especial como el riesgo excepcional tienen fundamento en el rompimiento del equilibrio de los ciudadanos frente a las cargas públicas, que justifica, por razones de equidad, que se predique responsabilidad patrimonial de la administración a pesar de que no se le impute una actuación ilegítima, a pesar de que la administración despliegue una actividad legítima (responsabilidad sin culpa). La diferencia para configurar el riesgo excepcional la encontramos en que la actividad legítima de la administración genera un riego o es una actividad riesgosa, como en el caso de los atentados contra edificaciones o personajes públicos: (…) El Estado expone en riesgo a unas personas más que otras en su actuar legítimo, como

por ejemplo el vivir cerca de instalaciones oficiales como lo son los CAI, que son apetecidas por este tipo de delincuentes. Es este riesgo creado por el Estado es lo que hace que el daño le sea imputable y no la vulneración a la igualdad frente a las cargas públicas. Sin duda, el planteamiento de la Sala encuentra sustento, en estos dos fallos, en una razón distinta del incumplimiento de un deber por parte del Estado. Se reconoce en éstos la legitimidad y la legalidad de su actuación, pero se considera que, en cumplimiento de sus 4 Expediente 11.934, actora: Mariela Guzmán Sánchez y otros. 5 Sentencia de 3 de mayo de 2007, expediente 16.696.

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consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 7 Exp. 40081 funciones, ha puesto en situación especial de riesgo a una o varias personas en particular, por lo cual su sacrificio se torna excepcional y da lugar al surgimiento de la responsabilidad6. 2.3. CASO CONCRETO En cuanto a las circunstancias de tiempo modo y lugar como se sucedieron los hechos, se cuenta con las siguientes piezas procesales:

A. DOCUMENTALES 1) Oficio sin número de junio 8 del 2006 suscrito por el Comandante de la Estación de Policía “El Vallado” Subteniente Edwin Velandia Gómez (fl. 21 C. 2 proceso 20052960), en el que señaló “Que para el día veintiocho de abril de dos mil cinco (28-04-05) si funcionaba un Centro de

Atención Inmediata, pero no contaba con las instalaciones adecuadas para el mismo. Había una carpa donde prestaban servicio dos policiales por turno, cabe anotar que los policiales prestaban el servicio de puesto fijo apoyados por las patrullas motorizadas que cubrían el sector a los alrededores. “De acuerdo a las anotaciones registradas en el libro de población que se llevaba para esa época en los folios 286-287 y 288, se puede establecer como ocurrieron los hechos y el procedimiento realizado por parte del personal de la policía de esta unidad. (RESALTO Y SUBRAYO) 2) En el libro de población obra informe de policía (fls. 23 a 25 C. 2 proceso 20053034), donde se expresó “28-04-05; 16:05-929 Explosión Petardo “Siendo aproximadamente las 15:10 horas hizo explosión un petardo camuflado en un contenedor plástico aproximadamente, 0,5 kilos los cuales estaban amarrado (sic) en una bicicleta la cual fue dejada abandonada amarrada con cadenas en un poste en la carrera 29 con 79 A. V. ciudad de Cali/30 metros mas adelante la patrulla 15-8 logró retener al señor Oscar Fernando Ceballos Marín, 39 años, natural de Restrepo Valle, CC. 6’422.710 de Restrepo. Alfabeto, unión libre residente en la calle 115 No 28 E4-38 Villa Mercedez Pizamos (…) En el lugar de los hechos resultaron 07 personas lesionadas (01) Numar Vermudez (sic) (…) herida ojo derecho y esquirlas diferentes partes del cuerpo; (02) Lizbeth Muñoz, (…), heridas y esquirlas de vidrio ambas piernas

(03) Willinton Silva (…); (04) Octavio Quintana 58 años (…) herida en la cara, trauma ocular derecho, heridas múltiples extremidades superiores e inferiores, traslado HUV (…) 3) Copia de las historias clínicas de Octavio Quintana (fls 7 a 157 C. pruebas proceso 2006-3335), Numar Bermúdez Nieto (fls. 1-2,5-8, C. 2 proceso 2005-3034) y Lizbeth Muñoz Pantoja (fls. 3 a 17 C. de pruebas proceso 2005-2960). 6 Sección Tercera. Sentencia de 23 de octubre de 2003. Exp. 14211.

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consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 8 Exp. 40081 4) Copia de la valoración médica realizada al señor Octavio Quintana por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, en la que se determinó la pérdida de capacidad laboral en un 76.80% (fls. 158 a 164 C. pruebas proceso 20063335), de Numar Bermúdez, donde la administradora de riesgos profesionales de Seguros de Vida del Estado le determinó una incapacidad permanente parcial de 9.85% de la perdida de la capacidad laboral (fls. 52 a 55 C. 2 proceso 2005 -3034) y de Lizbeth Muñoz Pantoja (fls. 370 a 376 C. de pruebas proceso 2005-2960).

B. TESTIMONIALES Declaraciones de la señora Lizbeth Muñoz Pantoja y el señor Numar Bermúdez (fls. 549 a 554 C. de pruebas proceso 2006-3335), testigos de los hechos los que fueron contestes en afirmar que mientras se desplazaban por el barrio Mojica en una buseta de transporte urbano, estalló una bomba junto a un CAI de la Policía, en la que resultaron heridos junto con otro ocupante. Además describieron las lesiones que sufrieron a raíz de la explosión, la ubicación del artefacto explosivo y el carácter de permanente del Centro de Atención Inmediata CAI. 1) Declaración de Lizbeth Muñoz Pantoja (fls. 549 y 551 C. de pruebas proceso 20063335) “…PREGUNTADO Indique al despacho el día y la hora en que ocurrió el incidente que usted acaba de relatar. CONTESTO Fue el 28 de abril de 2005 a las 3 P. M. PREGUNTADO Indique al despacho cuantas personas se movilizaban en el mismo vehículo al que usted ha hecho referencia, diga sus nombres si los recuerda. CONTESTO Íbamos 3 personas, NUMAR BERMUDES (sic), un señor de apellido QUINTANA y mi persona. (...) PREGUNTADO Indique si lo recuerda donde estaba ubicado el artefacto explosivo que detonó el 28 de abril del año 2005, en el barrio Mojica. CONTESTO Estaba ubicado en un poste de energía, la bicicleta bomba.

PREGUNTADO Diga al despacho a que distancia aproximada quedo la buseta en la que usted se

movilizaba con relación al CAI de la policía nacional en el momento de la detonación. CONTESTO a unos 5 metros. (…) 2) Declaración de Numar Bermúdez Nieto (fls. 552 a 554 C. de pruebas proceso 20063335) “…Yo andaba laborando en esos días como motorista, eran como más o menos las 3 de la tarde iba por la ruta 3 de Montebello que cubre la ruta por la ciudad de Cali, iba con dos pasajeros cuando llego a la ciudad de Cali con troncal, me disponía a dejar la ciudad de Cali cuando explotó el artefacto, acababa de pasar un CAI de la policía. (…) PREGUNTADO Sírvase indicarnos si recuerda usted donde estaba ubicado el artefacto explosivo que detonó el 28 de abril del 2005.

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REOG 9 Exp. 40081

CONTESTO Entre cuatro o cinco metros al terminar o al pasar la calle. PREGUNTADO Indique al despacho a que distancia aproximada quedó el vehículo de transporte público en el que usted se movilizaba con relación al CAI de la policía nacional en el momento de la detonación CONTESTO La misma distancia cuatro o cinco metros en el momento de la explosión lo que hice fue frenar o sea quedé ahí mismo. PREGUNTADO Indique si lo recuerda que tipo de daños sufrió el vehículo en el que usted se transportaba y que tipo de lesiones sufrieron los pasajeros. CONTESTO La

buseta perdida total y los pasajeros uno de ellos no estoy muy seguro si perdió los dos ojos o uno, tampoco recuerdo los oíos no se si perdió los dos oíos o uno también la pasajera recibió esquirlas por todos los lados, más que todo en las piernas y salió afectada de los oíos y yo también esquirlas en todas partes de3l cuerpo, en los ojos y también salí afectado de los oídos. (…) El material probatorio allegado al plenario permite al Ministerio Público concluir que la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional, se encuentra llamada a responder por los perjuicios ocasionados a los demandantes, ello en aplicación del régimen del responsabilidad derivada de la creación de un riesgo excepcional, pues frente a los actores operó el rompimiento del principio de igualdad de las cargas públicas como consecuencia de una actividad lícita y legitima de la administración que le impuso una carga excepcional y anormal que no estaba obligada a soportar, pues conforme a lo acreditado, las lesiones se sucedieron como consecuencia de una actuación terrorista dirigida contra una entidad estatal (CAI de Policía ubicado en el barrio Mojica de la ciudad de Cali (Valle del Cauca).

2.4. INDEMNIZACION DE PERJUICIOS LEGITIMACION POR ACTIVA -PROCESO No. 2005 - 3034

Se aportaron los registros civiles de nacimiento de Numar y Leonilde Bermúdez Nieto, en los cuales se demuestra la condición de hermanos y de hijos de María Lucero Rengifo Vallejo y Santiago Bermúdez (fls. 7 y 9 C. 1).

Se allegó registro civil de nacimiento de Yeferson Bermúdez Ruíz, en el cual se demuestra la condición de hijo de Numar Bermúdez Nieto (fl. 11 C. 1) Se anexó registro civil de matrimonio de María Lucero Rengifo Vallejo y Santiago Bermúdez (fl. 52 C. 1). - PROCESO No. 2006 - 3335

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REOG 10 Exp. 40081

Se aportaron los registros civiles de nacimiento de Jessica Lizeth Quintana Pinzón, Maribel Quintana Herrera, Evelyn, Emilse y Katherin Quintana Betancur, Huver y Alexander Quintana Papamija, en los cuales se demuestra la condición de hijos de Octavio Quintana (fls. 13 a 19 C. 1). Se allegaron los registros civiles de Giovanny Alexander y Paula Alejandra Quintana Valencia, Sebastian y Julián Andrés Almonacid Quintana, Sara Yulieth y David Steven Quintana González, Danna Gabriela y Karen Dayanna Londoño Quintana, en los cuales se demuestra la condición de nietos de Octavio Quintana. En cuanto a Claudia Patricia Valencia Rodríguez reposan en el plenario declaraciones obrantes a folios 566 a 577 del cuaderno de pruebas, de Mireya Cardenas de López (fls. 566 a 568), María Lisbeth López Herrera (fls. 569 y 570), Oscar Antonio López Llanos (fls 572 a 574) y de Rosa María López Marín (fls. 575 a

1. donde se prueba que la relación de Claudia Patricia Valencia Rodríguez y el señor Octavio Quintana es como de padre a hija y se demuestra su calidad de damnificada. - PROCESO No 2005-2960

Se aportaron los registros civiles de nacimiento de Lizbeth, Ingry Joana y Javier Alexander Muñoz Pantoja, en los cuales se demuestra la condición de hermanos y de hijos de Álvaro Javier Muñoz y Lucy Yasmin Pantoja Rendón (fls. 8 a 10 C. 1). 2.4.1. PERJUICIOS MORALES Frente a los perjuicios morales sufridos por los demandantes respecto de las lesiones de Octavio Quintana, Numar Bermúdez Nieto y Lizbeth Muñoz Pantoja debe decirse que obran en el proceso pruebas suficientes de dichos perjuicios en los testimonios rendidos por Mireya Cárdenas López, María Lisbeth López Herrera, Oscar Antonio López Llanos, Rosa María López Marín (fls. 549 a 577 C. de pruebas proceso 2006-3335), Carlos Alberto Tabares y Arlex Giraldo Londoño (fls. 31 a 34 C. 2 proceso 2005-3034) y de Inés Emir Delgado Pantoja, Diana Lorena Ojeda Daza, Ana Cristina Pantoja Delgado, Germán Tabares Farieta (fls. 379 a 399 C. de pruebas proceso 20052960).

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REOG 11 Exp. 40081

En cuanto a la presunción del perjuicio moral en los casos de lesionados la Sección Tercera ha dicho que para presumir el perjuicio moral de los lesionados, no es necesario establecer si las lesiones causadas fueron graves o leves, toda vez que esta distinción carece de sentido lógico y equitativo, por cuanto no es plausible de ninguna manera que la aflicción pueda establecerse a partir de una condición especial de las lesiones. En efecto, independientemente de la magnitud de la afectación física del lesionado, no resulta equitativo que ese padecimiento moral y su prueba se condicione al resultado material del daño reclamado7. En cuanto a los daños causados por las lesiones que sufre una persona, éstas dan lugar a la indemnización de perjuicios morales, no obstante que su tasación dependa, en gran medida, de la gravedad y entidad de las mismas. En otras ocasiones, las respectivas lesiones no alcanzan a tener una entidad suficiente para alterar el curso normal de la vida o de las labores cotidianas de una persona, de suerte que su indemnización debe ser menor. Por manera que la cuantificación de los perjuicios morales que se causen en virtud de unas lesiones personales, se definirá en cada caso por el juez, proporcionalmente al daño sufrido8. De allí que, se presume que la lesión física o psíquica, independientemente de su gravedad, causa aflicción entre sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, ya sean ascendientes, descendientes o colaterales. Así las cosas, para lo único que se debe tener en cuenta la gravedad o levedad de las

lesiones es para establecer la graduación del monto del perjuicio que se debe indemnizar. Respecto de la señora Claudia Patricia Valencia Rodríguez (esposa de uno de sus hijos) se acreditó su calidad de damnificada como la persona que lo cuida y quien mantiene con el señor Quintana una relación como de padre e hija. Así lo señalan las declaraciones de de Mireya Cardenas de López (fls. 566 a 568), María Lisbeth López Herrera (fls. 569 y 570), Oscar Antonio López Llanos (fls 572 a 574) y de Rosa María López Marín (fls. 575 a 577), por tal