PGN - DAÑO PATRIMONIAL Reconocimiento de factores salariales

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por reclamaciones laborales RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO-Error jurisdiccional/RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO-Eximente de responsabilidad Conforme a las pautas jurisprudenciales transcritas, encuentra la Delgada que es posible declarar la responsabilidad con base en las actuaciones de los funcionarios de las Altas Cortes, cuando en el ejercicio de sus funciones, al emitir una decisión judicial, incurren en un yerro que genera un perjuicio a los ciudadanos, pues dichas corporaciones como cualquier autoridad pública, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Nacional pueden causar daños que comprometan la responsabilidad patrimonial del Estado. En la alzada interpuesta por la parte actora, se indicó que la eximente de responsabilidad no era aplicable por ausencia del error jurisdiccional, y porque las decisiones de las salas de decisión de la Corte Suprema de Justicia no eran pasibles de recursos. Frente a la inexistencia de error jurisdiccional en la decisión emitida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no asiste razón al impugnante, ya que tal como se indicó en precedencia, dicha corporación no es ajena a la cláusula de responsabilidad establecida en el artículo 90 de la Constitución Nacional, y por tal razón, es posible que las decisiones que ésta emita, puedan generar la responsabilidad derivada de la incursión del error previsto en el artículo 66 de la ley 270 de 1996. DAÑO PATRIMONIAL-Reconocimiento de factores salariales/DAÑO PATRIMONIAL-Inmunidad de las misiones diplomáticas

Indicó el impugnante que lo que se reclamaba en la presente acción era la imposibilidad de obtener el reconocimiento judicial de sus derechos laborales, debido a la decisión emitida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la que rechazó la demanda instaurada contra la EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN EN COLOMBIA, basados en la inmunidad concedida a las misiones diplomáticas. Dicho daño se encuentra debidamente acreditado en el expediente, pues con la decisión emitida por la Alta Corporación, se rompió el principio de igualdad ante las cargas públicas, al impedir que los accionantes, al igual que los demás trabajadores colombianos, pudieran acudir a la justicia a reclamar sus derechos laborales. Lo que no se encuentra claramente establecido, es el monto del perjuicio irrogado a la parte actora, pues de los elementos probatorios allegados a la actuación, no determinan los derechos laborales que se dejaron de cancelar.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 250002331000200700143 01 (40573) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-170588

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 20 de mayo de 2011

Doctor

ENRIQUE GIL BOTERO

Consejero Ponente – Sección Tercera – Subsección “C”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 11 – 96

Acción: Reparación Directa Radicado: 250002331000200700143 01 (40573)

Actor: Israel Ballesteros Camacho y otros

Demandado: Ministerio de Relaciones Exteriores, Congreso de

la República – Rama Judicial.

Honorable Señor Consejero: Estando dentro término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, mediante el cual se solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, con base en las argumentaciones que a continuación se exponen:

I. ANTECEDENTES Demanda En ejercicio de la acción de reparación directa por intermedio de apoderado judicial, los señores Israel Ballesteros Camacho, Rosalba Mora y Jairo Delgado Mora, instauraron demanda para que se declarara a la Nación – Misterio de Relaciones Exteriores – Congreso de la 2 250002331000200700143 01 (40573)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-170588 República, Rama Judicial, administrativa y extracontractualmente responsables de los hechos descritos en el líbelo petitorio y, en consecuencia, se las condenara al pago de los perjuicios de orden material y moral sufridos por los actores. La acción incoada se sustentó en los siguientes hechos relevantes: Que los señores ISRAEL BALLESTEROS CAMACHO, ROSALBA MORA y JAIRO DELGADO MORA, se vincularon laboralmente a la Misión Diplomática de la República Islámica de Irán en 1985.

Que el 22 de agosto de 2003 la Embajada de la República Islámica de Irán en Colombia, dio por terminados los contratos individuales de trabajo de los accionantes, aduciendo como razón el vencimiento del plazo estipulado en sus contratos. El 27 de agosto de 2003, dicha entidad pagó como recompensa y por la finalización del servicio, un mes de salario por concepto de preaviso y media prima de servicios tal como consta en los recibos de pago. Que dichas sumas de dinero no comprendieron la totalidad del auxilio de cesantías a favor de cada uno de los demandantes, ni sus intereses, al igual que la sanción por el no pago oportuno de los mismos conforme a lo dispuesto en el artículo 99 de la ley 50 de 1990, y la indemnización por despido injusto contenida en los artículos 64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Que para reclamar sus derechos laborales acudieron a la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 25 del Código de Procedimiento Civil, que radicaba la competencia en dicha alta corporación por tratarse de la conducta de una misión diplomática. 3 250002331000200700143 01 (40573) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-170588 Que por auto del 13 de abril de 2005, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia rechazó de plano la demanda, al considerar que carecía de competencia para conocer del asunto, indicando: “Las reglas, usos y costumbres internacionales han consolidado un

estatuto de privilegios e inmunidades sin las cuales no sería posible a los agentes diplomáticos de un país determinado cumplir a cabalidad con sus funciones de lograr el entendimiento entre los países y los gobiernos. La excepción local de la jurisdicción en una de tales inmunidades universalmente reconocidas, que permite que tales agentes estén libres de ser compelidos o ejecutados por los jueces de un país receptor y está establecida para sustraer del discernimiento de la jurisdicción local sus asuntos oficiales y aún los privados, con la salvedad de algunos específicamente determinados. En reiteradas ocasiones esta corporación ha señalado que ni la constitución política, ni disposición alguna del ordenamiento jurídico nacional, la faculta para conocer de procesos entablados contra otros Estados, ni contra embajadas que los representan en el país. La Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que fue incorporada en nuestro ordenamiento mediante la ley 6 de 1972, contempla la exención de la jurisdicción local para los agentes diplomáticos. Allí mismo se establecen expresamente las excepciones a dicha inmunidad, sólo para cuando el agente actúa por fuera de su actividad oficial, que no es el caso que ahora se estudia, pues como lo afirman los actores y corroboran los contratos aportados, su vinculación se dio con la Misión Diplomática Embajada de la República Islámica de Irán en Colombia.” Que por lo anterior el Estado era responsable de los efectos jurídicos de haber expedido, sancionado y promulgado una ley sobre relaciones diplomáticas, que estableció la inmunidad jurisdicción a favor de las misiones diplomáticas ante el gobierno colombiano, rompiendo el

principio de igualdad frente a las cargas públicas. Contestación Congreso de la República Se opuso a la prosperidad de las pretensiones al considerar que la entidad no podía estar al tanto de las condiciones en que se celebren y 4 250002331000200700143 01 (40573) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-170588 ejecuten las vinculaciones laborales que realicen las embajadas acreditadas en territorio colombiano; afirmó que los demandantes no allegaron documento alguno que demostrara que se les adeudaba dinero; que la firma de un tratado internacional no compromete la responsabilidad del Estado; y que los derechos reclamados estaban afectados por el fenómeno de la prescripción. Propuso las excepciones caducidad de la acción al haber pasado más de dos años desde que los accionantes concluyeron sus servicios en la Embajada de Irán, y la inexistencia de los daños antijurídicos reclamados. Dirección ejecutiva de Administración Judicial Consideró que si la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ya se había pronunciado rechazando de plano las pretensiones de la parte demandante por carecer de jurisdicción, no podría hacerse un nuevo pronunciamiento basado en los mismos hechos. Agregó que la Honorable Corte Suprema de Justicia en su Sala Laboral, respetó la inmunidad de jurisdicción que le es concedida a todas las misiones diplomáticas acreditadas en Colombia, tal como lo consagraba la Convención de Viena sobre relaciones internacionales y la ley 6 de 1972 por medio de la cual se aprobó y ratificó dicha convención. Ministerio de Relaciones Exteriores

Señaló que conforme a las notas verbales cruzadas entre la Cancillería y la Embajada de Irán, especialmente la No. 2004-24 del 18 de marzo de 2007 suscrita por dicha embajada, la reclamación laboral carecía de fundamento de hecho y de derecho, por encontrarse a paz y salvo por todo concepto con los demandantes. 5 250002331000200700143 01 (40573) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-170588 Precisó la diferencia conceptual entre la inmunidad de jurisdicción de los estados y las prerrogativas, inmunidades y privilegios que se conceden a los agentes diplomáticos en virtud de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961, que en ninguno de sus apartes se afirmaba la inmunidad de jurisdicción del Estado. Frente a la responsabilidad por la declinatoria de la Jurisdicción Laboral ordinaria a favor de la República de Irán (imposibilidad de acceso a la justicia - rompimiento del equilibrio frente a las cargas públicas), indicó que no era apropiado afirmar que el Estado había depuesto su jurisdicción laboral ordinaria ante las misiones diplomáticas, considerando que: 1) Colombia no había suscrito ningún tratado que estableciera inmunidades de los Estados y de sus misiones diplomática; y 2) La Convención de Viena y su ley aprobatoria no estipulaban la inmunidad de los Estados – Misiones Diplomáticas – frente a las obligaciones surgidas conforme a las leyes del estado receptor, ni consagraba la inmunidad laboral para sus agentes o para el Estado acreditante. Propuso las excepciones falta de jurisdicción por cuanto de las

pretensiones debió conocer la justicia laboral; falta de legitimación por pasiva, ya que el Ministerio de Relaciones Exteriores no tenía ninguna relación con los contratos laborales suscritos con la Embajada de Irán; y prescripción de los derechos laborales, por haber transcurrido más de tres años desde que se hicieron exigibles. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 22 de septiembre de 2010 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, con base en las consideraciones de mayor relevancia que pasan a citarse: 6 250002331000200700143 01 (40573) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-170588 “(…) OCURRENCIA DEL HECHO: Está probado, tal como lo acreditó documentalmente la parte actora, que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por virtud de lo dispuesto en la ley 6 de 1972, rechazó de plano la demanda ordinaria de mayor cuantía instaurada ante esa alta Corporación, mediante auto del 13 de mayo de 2005, que en su parte resolutiva indicó: “(…) Aunque para esta Sala de la Corte resulte en este momento claro que la expresión “inmunidad de jurisdicción civil” utilizada por la Convención de Viena de 18 de abril de 1961 no debe ser entendida como excluyente de las controversias que se originen en relaciones de trabajo, considera pertinente destacar que este mismo instrumento internacional, al regular lo relativo a la seguridad social de las personas que prestan sus servicios al Estado acreditante, establece que el agente diplomático también se encuentra “exento de

las disposiciones sobre seguridad social que estén vigentes en el Estado receptor”, y que esta exención se aplica igualmente “a los criados particulares que se hallen al servicio del agente diplomático” cuando no sean nacionales del Estado o no tengan en el residencia permanente y estén tales criados protegidos por las disposiciones sobre la seguridad social vigente en el Estado acreditante o en un tercer Estado. (…) DAÑO: Este elemento también se encuentra probado, y al respecto considera la Sala que le asiste razón al procurador judicial de la parte actora, al considerar que el caso bajo examen se rompió el principio de igualdad ante las cargas públicas, en la medida en que, como lo advirtió el abogado, “los demás trabajadores colombianos pueden acudir a nuestra justicia a reclamar lo debido”. (…) La Convención de Viena de 1961 sobre reclamaciones diplomáticas incorporada al ordenamiento colombiano mediante ley 6 de 1962, no se ocupó de controversias laborales. En efecto, en su artículo 31, invocado como fundamento de la inmunidad de jurisdicción, se hace mención exclusiva a asuntos penales, civiles y administrativos. La Convención de Viena de 1961 sobre reclamaciones diplomáticas incorporada al ordenamiento colombiano mediante ley 6 de 1962, solo reconoce inmunidad de jurisdicción a los agentes diplomáticos. La disposición se dirige al agente diplomático como jefe de misión o miembro del personal diplomático, en tanto que su Estado haya definido tal calidad frente al Estado receptor de dicho agente estatal y en lo que respecte a las actividades atadas a su servicio. No se reconoce inmunidad de jurisdicción a las misiones diplomáticas.

(…) 7 250002331000200700143 01 (40573) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-170588 El Código Sustantivo del Trabajo de la República de Colombia, en su artículo 2 consagra el principio de la territorialidad de la ley laboral, disponiendo que ésta se aplicará “en todo el territorio de la República para todos sus habitantes, sin consideración a su nacionalidad”. De acuerdo con lo anterior, no fue por efecto de la expedición de la Ley 6 de1972 que los accionantes se vieron en imposibilidad de controvertir su inconformidad con la sumas reconocidas como liquidación laboral ante la jurisdicción ordinaria, ya que sus disposiciones no obstaculizan el acceso a la jurisdicción a los ciudadanos colombianos ni a los residentes en Colombia que hayan prestado su servicio a una misión diplomática acreditada en el país. (…) Lo que aprecia esta Corporación en el caso bajo examen, es que el error del cual emanó el daño causado a los accionantes, derivó de la apreciación de los hechos que fueron expuestos ante la Sala de Casación de la H. Corte Suprema de Justicia, lo que se ha consagrado en el artículo 66 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia bajo la denominación de “error jurisdiccional”, que es: “Artículo 66.- Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”. En efecto, se trata en el caso de que conoce en esta ocasión la Sala, de un evento de error jurisdiccional, puesto que las normas a

considerar para la determinación de la existencia o no de la inmunidad de jurisdicción en cuanto a la situación fáctica depuesta por los aquí accionantes, se relacionaron ya en las consideraciones de esta providencia, y no fueron aplicados en favor de los demandantes, como correspondía. Fueron tales disposiciones: El artículo 31 de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas, incorporado al ordenamiento mediante la ley 6 de 1972; los artículos 25 y 26 de la Constitución Política y los artículos 2, 13 y 14 del Código Sustantivo del Trabajo. (…) Al cabo de todo lo expuesto, para esta Corporación se encuentra probada con suficiencia la existencia del daño en cabeza de los accionantes, bajo la modalidad de error jurisdiccional, como el origen del mismo, por lo que pasará a determinar si el cuanto al tercer elemento de responsabilidad patrimonial del Estado, el nexo causal, se ha verificado en el caso bajo examen o no, alguno de los eximentes de responsabilidad consagrados en la jurisprudencia, y ya mencionados al principio de estas consideraciones, cuales son: La culpa exclusiva de la víctima, el hecho de un tercero y la fuerza mayor o el caso fortuito. 8 250002331000200700143 01 (40573) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-170588

NEXO CAUSAL: Entendido como la relación que debe existir entre la actuación o la omisión del Estado y el daño causado, para que este pueda serle imputado a la Administración, se tiene que en el presente caso no es posible atribuir el resultado dañino a la Sal de

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por cuanto en la concreción del daño alegado fu determinante la culpa exclusiva de la víctima… (…) De acuerdo con lo anterior, la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad, se concretó al dejar vencer en silencio el término de dos días consagrado en el citado artículo 63 del Código de Procedimiento Laboral, dentro del cual se habría tenido la ocasión invaluable de someter al criterio de la alta Corporación involucrada, las razones por las cuales lo jurídicamente procedente era la admisión de la demanda laboral de mayor cuantía, en cuyo desarrollo se habría podido ejercer el derecho de audiencia que el apoderado de la parte actora reclama ante eta jurisdicción como injustamente pretermitido. (…)” APELACIÓN La parte actora solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, que se declarara la responsabilidad administrativa solidaria o individual de las entidades demandadas, y que se reconociera la condición de víctimas de los demandantes por rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas. Señaló que si bien es cierto el daño ocasionado inicialmente consistió en la falta de reconocimiento y pago de las acreencias laborales derivadas de la terminación unilateral e injusta del contrato de trabajo, en el presente asunto, lo que se reclama es la imposibilidad de obtener su reconocimiento judicial, por la inmunidad concedida a las misiones diplomáticas mediante una ley de la república. Agregó que el error judicial era inaplicable para el caso, ya que se predicaba de la decisión de un órgano límite (Corte Suprema de Justicia

9 250002331000200700143 01 (40573) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-170588 – Sala Laboral), por un Tribunal Contencioso Administrativo, evento que en su parecer estaba proscrito por la ley 270 de 1996. Frente a la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima por la no interposición de recursos, indicó que la misma no era aplicable por ausencia del error jurisdiccional, ya que el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca era competente para calificar la conducta desplegada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y que además las decisiones de las salas de decisión de dicha corporación judicial no eran pasibles de recursos.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. Problemas Jurídicos  ¿Frente a las reclamaciones laborales presentadas contra la Embajada de la República Islámica de Irán en Colombia existía inmunidad de jurisdicción que impedía que fueran conocidas por la Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral?  ¿Es posible predicar el error jurisdiccional de las decisiones emitidas por las altas cortes?  ¿En el presente asunto se configuró la culpa exclusiva de la víctima por la no interposición de recursos?  ¿Se encuentra acreditada la configuración del daño alegado por la parte demandante?

Teniendo como premisa que esta Agencia del Ministerio Público comparte las elucubraciones consignadas en la providencia objeto de impugnación respecto de las excepciones propuestas por las entidades 10 250002331000200700143 01 (40573) 5aCdeE/IJJ/Llms

IUS-2011-170588 demandadas, pasamos al estudio de los problemas jurídicos que surgen del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. Inmunidad de Jurisdicción Se encuentra demostrado que por decisión del 13 de abril de 2005 (folios 435 a 442 – cuaderno 2), la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, rechazó de plano la demanda presentada por los señores ISRAEL BALLESTEROS CAMACHO, ROSALBA MORA y JAIRO DELGADO MORA contra la EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN EN COLOMBIA, para obtener el pago del auxilio de cesantías, sus intereses; las indemnizaciones por mora en dicho pago; el despido sin justa causa y la consagrada en el artículo en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, al considerar que de acuerdo al criterio jurisprudencial de dicha Sala, ello no era pertinente, por oponerse a los principios de independencia y libertad con que el derecho internacional rodeaba a los representantes nacionales en otros Estados. El tratamiento de la inmunidad de jurisdicción por parte de la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral no ha sido pacífico, pues por muchos años se consideró que no era posible que las autoridades judiciales colombianas pudieran estudiar y declarar la responsabilidad de otros Estados y sus agentes, y luego, conforme a una nueva interpretación, se permitió la posibilidad instaurar demandas de naturaleza laboral contra Estado extranjero. La norma en la que se soportó la decisión de la Corte Suprema de Justicia, fue la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas,

aprobada por Colombia mediante la Ley 6 de 1972, y en la cual sobre el particular se indica: 11 250002331000200700143 01 (40573) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-170588 Artículo 31

1. El agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor. Gozará también de inmunidad de su jurisdicción civil y administrativa, excepto si se trata (subrayado y negrilla fuera de texto): a. de una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado receptor, a menos que el agente diplomático los posea por cuenta del Estado acreditante para los fines de la misión; b. de una acción sucesoria en la que el agente diplomático figure, a título privado y no en nombre del Estado acreditante, como ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatario; c. de una acción referente a cualquier actividad profesional o comercial ejercida por el agente diplomático en el Estado receptor, fuera de sus funciones oficiales.

2. El agente diplomático no está obligado a testificar.

3. El agente diplomático no podrá ser objeto de ninguna medida de ejecución, salvo en los casos previstos en los incisos a, b y c del párrafo 1 de este artículo y con tal de que no sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona o de su residencia.

4. La inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el Estado receptor no le exime de la jurisdicción del Estado acreditante.

Del texto de la norma trascrita, no podía concluirse que existiera inmunidad de los Estados para responder por los posibles incumplimientos de sus misiones diplomáticas a las obligaciones de

carácter laboral, pues dicha interpretación dejaba a los ciudadanos colombianos al servicio de tales entidades, sin la posibilidad de poder acudir ante las autoridades jurisdiccionales en búsqueda del reconocimiento y pago de sus derechos laborales. Con ponencia del magistrado Camilo Tarquino Gallego, por sentencia del 2 de septiembre de 2008, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, señaló: “(…) La tesis que otrora persistía sobre el carácter absoluto de la referida inmunidad de jurisdicción de los Estados extranjeros, sometida a la máxima “par in parem non habet imperium”, según la cual éstos no podían ser demandados ni sometidos a los Tribunales de otros países, ha sido revaluada por autoridades judiciales de latitudes foráneas. En efecto, ha quedado clara la distinción entre los actos que realiza el Estado para el normal desempeñó de sus funciones, en ejercicio de su soberanía, 12 250002331000200700143 01 (40573) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-170588 con aquellas en que interviene como cualquier particular, evento en el cual está sujeto al conocimiento de jueces nacionales. La anterior posición adquiere aun mayor relevancia, cuando se trata de proteger derechos laborales, de posibilitar el acceso a la administración de justicia de los ciudadanos, y de respetar las prerrogativas internacionales del trabajo como motor de desarrollo de las sociedades. Por ello, la costumbre internacional se torna ahora en el sostén indispensable para inaplicar, aunque relativamente, aquel principio que le impedía a ciertos Estados someterse a otra jurisdicción, posición que, se insiste,

fue morigerada por el indiscutible cambio de los países con el advenimiento del período post – industrial, y la consecuente globalización de la economía y del derecho. Colombia ya no será indiferente a los nuevos cambios progresistas que han motivado mayor dinamismo al derecho, constituyendo precedentes judiciales que avalan la protección de los individuos, especialmente del trabajador, en el sentido de otorgarle herramientas ágiles, expeditas, que le garanticen un juicio justo. Aquellas épocas en que la reclamación de las acreencias laborales de un trabajador que hubiese prestado sus servicios a una Embajada o Misión Diplomática, con la consecuente precariedad para acceder a la reclamación y con las limitaciones de distancia, cultura, etc., que aumentaban los costos, fue superada. Sin duda, la paulatina implementación en diversos países de la tesis relativa de inmunidad de jurisdicción, contribuyó a repensar un sistema en que lo vital, es decir, las garantías del acceso a la justicia de los trabajadores, fuera lo fundamental. Sumado a lo anterior, la figura jurídica de la aplicación de la costumbre internacional, a falta de instrumento idóneo que regulara la inmunidad de jurisdicción en materia laboral, constituyó un referente obligado para que esta Corte aceptara tal tesis y concluyera que, cuando habitantes nacionales prestaran servicios a Misiones Diplomáticas de otros países, y existiera controversia laboral, es procedente su conocimiento bajo las leyes extranjeras si se acreditare sometimiento a las normas laborales del país contratante; a las leyes colombianas si ello no se demostrare o las partes así lo acordaren.

(…)” Los apartes de la decisión citada en precedencia, permiten afirmar que la tesis que por muchos años aplicó la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral, concediendo inmunidad de jurisdicción a los Estados extranjeros frente a sus obligaciones laborales para con los nacionales contratados para el desempeño de sus funciones, se adoptó sin que existiera un soporte jurídico sólido que la sustentara. Al ser superada dicha tesis, se pone de presente el yerro contenido en la decisión que rechazó la demanda presentada por los señores ISRAEL BALLESTEROS CAMACHO, ROSALBA MORA y JAIRO DELGADO MORA contra la EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN EN 13 250002331000200700143 01 (40573) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-170588 COLOMBIA, la cual pudo traducirse en un error jurisdiccional, del que debe determinarse si es pasible de ser predicado de las providencias de las altas cortes, y si conforme al mismo pueden ser declaradas responsables por los perjuicios que hayan reportado a los actores. Error Jurisdiccional de las Altas cortes Partiendo de los artículos 66 y 67 de la ley 270 de 1996, el Consejo de Estado1 ha indicado que el error jurisdiccional es el cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley. Se indicaron como presupuestos para que se produzca el error judicial generador de responsabilidad estatal:

a) Que conste en una providencia judicial respecto de la cual se hayan agotado los recursos ordinarios legalmente procedentes. b) Que la providencia sea contraria a derecho, sin que esto signifique que la contradicción tenga que ser grosera, abiertamente ilegal o arbitraria. En estudio de constitucionalidad de las normas de la ley 270 de 1996, la Corte Constitucional2 tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto de la exequibilidad del artículo 66 del Estatuto de la Administración de Justicia, en el que frente a la responsabilidad de las Altas Cortes, precisó: 1 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION TERCERAConsejero ponente: RICARDO HOYOS DUQUE - Bogotá, D.C., veintidós (22) de noviembre dos mil uno (2001) - Radicación número: 25000-23-26-000-1992-8304-01(13164) 2 CORTE CONSTITUCIONAL - SENTENCIA No. C-037/96 – Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa – 5 de febrero de 1996. 14 250002331000200700143 01 (40573) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-170588 “(…) Sentadas las precedentes consideraciones, conviene preguntarse: ¿Respecto de las providencias proferidas por las altas corporaciones que hacen parte de la rama judicial, cuál es la autoridad llamada a definir los casos en que existe un error jurisdiccional? Sobre el particular, entiende la Corte que la Constitución ha determinado un órgano límite o una autoridad máxima dentro de cada jurisdicción;

así, para la jurisdicción constitucional se ha previsto a la Corte Constitucional (Art. 241 C.P.), para la ordinaria a la Corte Suprema de Justicia (art. 234 C.P.), para la contencioso administrativa al Consejo de Estado (Art. 237 C.P.) y para la jurisdiccional disciplinaria a la correspondiente sala del Consejo Superior de la Judicatura (Art. 257 C.P.). Dentro de las atribuciones que la Carta le confiere a cada una de esas corporaciones, quizás la característica más importante es que sus providencias, a través de las cuales se resuelve en última instancia el asunto bajo examen, se unifica la jurisprudencia y se definen los criterios jurídicos aplicables fr