PGN - DAÑO Que fue ocasionado se debió al fenómeno de la niña que trajo un período de lluv

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por falla en la prestación del servicio por omisión de funciones RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Tiene su fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política REPARACIÓN DIRECTA-El régimen de responsabilidad aplicable como título de imputación en la falla del servicio es la negligencia de los demandados DEMANDANTE-No demostró negligencia en la conducta de los demandados El apelante señala en su escrito de alegatos, que comunidades vecinas si tomaron las medidas preventivas del caso. Siendo así, se puede preguntar: ¿Y por qué los mismos propietarios de predios no se organizaron para impedir los eventuales daños? La anterior pregunta se hace, pese a estar frente a un escenario de responsabilidad extracontractual por responsabilidad subjetiva, en donde el actor debe demostrar la culpa o negligencia de los demandados. No existe prueba alguna en el expediente que indique alguna situación en tal sentido. No hay carta, invitación a la Alcaldía o Gobernación o a alguna de las demandadas, que muestren solicitud alguna en tal sentido, que permita siquiera establecer que hubo alguna desatención, omisión o negligencia por parte de las entidades vinculadas, pues adicional a la imprevisión del exagerado régimen de lluvias que se volvió una situación irresistible, tampoco aparece probado en el expediente advertencia alguna por parte del propietario del predio afectado ni de terceras personas o entidades de cualquier tipo que advirtieran sobre la posible calamidad y la adopción de medidas necesarias. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Sobre situación irresistible como constitutivo de fuerza mayor según sentencia del Consejo de Estado FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO-Diferencia y/o equivalencia de ambos

conceptos, según la Corte Suprema de Justicia RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-No se acreditaron los elementos estructurales de esta/FALLA DEL SERVICIO-No está probada en el sub examine/DAÑO-Que fue ocasionado se debió al fenómeno de la niña que trajo un período de lluvias anormal …Así mismo, es importante destacar también, que la calamidad generada por el Fenómeno de la Niña era imposible de visualizar. Fue una situación que desbordó cualquier cálculo o estudio que se hiciere en tal sentido. Se sabía que presentaría tal fenómeno, que dada la dimensión de su daño, fue un hecho notorio en todo el territorio nacional y pese a ello, fue irresistible el daño producido. Esta situación hace que se acompañe al Tribunal del Atlántico cuando declaró probada la excepción propuesta de manera unívoca por los demandados, como fue la Fuerza Mayor, pues el hecho fue de Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado

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Expediente No 61.012 500012333000201000014 01 Jaime Castro Borrero tal magnitud, según se acaba de indicar, que necesariamente se configura en el presente caso. No había medida preventiva que resistiera el efecto de las lluvias. Finalmente en atención a lo anterior, y de acuerdo a que la naturaleza de la función de la Procuraduría General de la Nación, por mandato constitucional es la de velar por el

interés público, la defensa del patrimonio y la aplicación de la ley, en el presente caso se solicita CONFIRMAR la sentencia apelada, dado que no se acreditaron los elementos estructurales de la responsabilidad extracontractual como son, el nexo causal entre el daño y la conducta de los demandados y en cambio, se demostró que los daños ocasionados se debieron al Fenómeno de la Niña que trajo un periodo de lluvias totalmente anormal al en un nivel superior al promedio de los últimos 5 años, según lo certifico el IDEAM, lo cual configura sin duda alguna, la Fuerza Mayor como eximente de responsabilidad a los demandados. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 11968 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 61.012 500012333000201000014 01 Jaime Castro Borrero CONCEPTO No 155/ 2018 Bogotá D. C, 5 de octubre de 2018 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: Maria Adriana Marín

E. S. D.

Expediente: 08001233100520130023501 (61.203)

Acción: Reparación Directa

Actor: Pedro Miguel Rodriguez M.

Demandado: Nación - Ministerio del InteriorINVIAS y otros.

Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida/ No existió

falla en el servicio/ Se acreditaron los elementos eximentes de responsabilidad por Fuerza Mayor. /El actor no demostró negligencia en la conducta de los demandados. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento del ordenamiento jurídico, la protección del Patrimonio Público y de los derechos y las garantías fundamentales.

1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda El señor Pedro Miguel Rodriguez Monterrosa, actuando mediante apoderado y en su condición de propietario del predio denominado LA CIENAGA REAL, demanda a través de la reparación directa a la NACION – MINISTERIO DEL

INTERIOR –, MINISTERIO DEL TRASNPORTE, INSTITUTO NACIONAL DE

VIAS – INVIAS -, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO – CORPORACION

AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE, MUNICIPIO DE CAMPO

DE LA CRUZ (ATLÁNTICO), CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA NACIONAL y la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO, argumentando para ello una falla en el servicio al omitir sus funciones por las inundaciones ocurridas el 30 de noviembre de 2010 en la región. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 11968 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 61.012 500012333000201000014 01 Jaime Castro Borrero Solicita que se declare responsable a los demandados: NACION DE

COLOMBIA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTÉRIO DE TRANSPORTE,

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNT!

CO, Municipio, de CAMPO DE LA CRUZ, CORPORACIÓN AUTÓNOMA

REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL Del MAGDALENA, CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO, por falla en la prestación del servicio, al omitir sus funciones en los hechos ocurridos el día 30 de Noviembre, del 2010. 2-.) Condenar a la NACION Y DEMAS ENTES demandados a reconocer y pagar, a manera de indemnización por DAÑOS MORALES y MATERIALES, causados cuantía a determinar en salarios mínimos legales mensuales vigentes, a saber: a) Los daños morales, los considera como la afectación de la economía y estabilidad familiar, del demandante PEDRO MIGUEL RODRIGUEZ MONTERROSA, estimados en 1000 S.M.M.L.V. b) Los perjuicios materiales, incluyendo el daño emergente y el lucro cesante más los intereses que se generen, desde la fecha del 30 de noviembre de 2010, hasta la fecha de terminación de esta demanda, teniendo en cuenta que la actividad productiva del actor quedo reducida a cero por la total destrucción de la finca, fuente de sostenimiento y de su núcleo familiar. 5-) Daño Emergente: Se fija en la suma de TRECIENTOS CINCUENTA Y

NUEVE MILLONES, TRECIENTOS CUATRO MIL, CUATROCIENTOS

PESOS, ($359.304.400) generado por la destrucción total de la finca, propiedad del actor. 6- ) Lucro Cesante: lo estima en la suma de CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($151.200.000). El total del daño material es de QUINIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($510.504.400.oo) por concepto de pérdidas de los enseres, artículos de la finca, daños de la vivienda rural, transportes, trasteo, alimentación, arriendo de finca y la falta de producción de la finca. El total de las pretensiones asciende a la suma de MIL SETENTA Y

SEIS MILLONES CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L.

($1.076.004.400.oo) 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 11968 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 61.012 500012333000201000014 01 Jaime Castro Borrero 7-.) La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 195 del C.C.A, indexando el valor de la condena desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la ejecutoria del correspondiente fallo definitivo. 8-) Las partes demandadas deberán dar cumplimiento a los términos de los artículos 192 y 194 del C.C.A. Contestación de la demanda.

Ministerio del Interior: Se opuso a las pretensiones de la demanda manifestando que sus funciones no están relacionados los hechos que rodearon las inundaciones y tampoco tiene asignada la vigilancia sobre el mantenimiento, funcionamiento y reparación del Canal del Dique, por tal motivo, propone la excepción de ausencia de legitimación pasiva en el proceso.

Ministerio de Transporte: Planteó que la causa de la ruptura del Canal del Dique fue una fuerza mayor, originada en el nivel de lluvias que se presentó durante la época de los hechos, situación que no pudo ser evitada, según lo aseveró el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales para finales del año 2010.

Propuso como excepciones la Fuerza Mayor, inexistencia de la obligación e imposibilidad jurídica del Ministerio de Transporte para evitar los daños.

Departamento del Atlántico: Propuso como excepción la ausencia total de responsabilidad y falta de legitimación en la causa por pasiva. Alegó fuerza mayor, como la causa del siniestro, dada la magnitud de las lluvias que se presentaron en todo el territorio nacional para esa época del año.

La Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena: Planteó que no existe nexo causal entre el daño y la conducta de Cormagdalena, dado que, el hecho determinante del daño fueron las lluvias ocasionadas por el Fenómeno de la Niña que se presentó en el territorio patrio. Indicó que no se configura un daño antijurídico y el actor no demostró titularidad del dominio sobre el predio inundado. Tampoco existe daño especial, pues las inundaciones fueron provocadas por las lluvias presentadas y que

Cormagdalena, ha cumplido con la totalidad de obligaciones de índole 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 11968 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 61.012 500012333000201000014 01 Jaime Castro Borrero constitucional y legal. Señala que la responsabilidad estatal por inundaciones es la excepción a la regla general. Departamento del Atlántico. Propuso como excepciones la falta de legitimación pasiva y fuerza mayor o caso fortuito. Señaló que el perjuicio sufrido por el actor, se debió al Fenómeno de la Niña, el cual generó una situación inusitada e irresistible en el mes de noviembre de 2010. Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Señala que en la demanda no se expusieron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos y no especifica cuándo se produjo la acción u omisión de índole estatal. Demanda a título de imputación subjetiva por la falla en el servicio, pero no demuestra los elementos que la configuran. Concepto del Ministerio Público. No emitió concepto. 1.4 Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo del Atlántico Sala Oral A de la ciudad de Barranquilla, mediante fallo de primera instancia fechado el 15 de noviembre de 2017, negó las pretensiones de la demanda y absolvió administrativamente a los

demandados, porque considero que se había probado la excepción de Fuerza Mayor. Señaló que se trató de un evento ocurrido por situaciones externas a la intervención humana y no se demostró por parte del actor, que las autoridades actuaran de manera negligente. Expresó que el “Fenómeno de la Niña” desbordó los pronósticos de lluvia que porcentualmente estaba esperando el país, siendo este hecho de la naturaleza la causa determinante del siniestro. El nivel de lluvias inesperado fue el determinante para que el Canal del Dique colapsara, lo que condujo a las inundaciones causantes del daño. Este hecho se tipifica como generador de una fuerza mayor, lo que exonera de responsabilidad a los entes demandados. 1.4. Alegatos de conclusión 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 11968 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 61.012 500012333000201000014 01 Jaime Castro Borrero El apoderado del actor, interpuso recurso de apelación, y en los alegatos expuso los siguientes argumentos:  Pese a lo que expresa el Ad quo, señala que si bien se produjo el fenómeno natural, lo cierto es que, las entidades demandadas no realizaron las gestiones necesarias para proteger a la población.  Destaca que en la población vecina de Suán, los pobladores sí tomaron las precauciones del caso y se fortalecieron meses antes amurallando la

población. Contrasta con la actitud de las autoridades en el municipio de Campo de la Cruz (Atlántico), donde no se tomaron las medidas preventivas del caso, para evitar inundaciones.  Señaló también, que en el primer semestre del 2011, hubo mayor porcentaje de lluvias que en el segundo semestre del 2010 y pese a ello, no se presentaron inundaciones, pues las autoridades ahí si tomaron las precauciones del caso.  Precisó que frente a la fuerza mayor es necesario distinguir entre la imposibilidad de atender las consecuencias con la dificultad para enfrentarlas. En el presente caso se presentó esta última situación y como tal, no se puede hablar de fuerza mayor. 1.5. Argumentos de Cardique.  También atendió la apelación y en los alegatos de conclusión, sostuvo que el actor no logró demostrar el nexo causal entre las conductas de los demandados y el daño generado, pues se ha limitado exclusivamente a mencionar el nexo, pero no a demostrarlo.  Indicó que a CARDIQUE no le están asignadas funciones como la de ejecutar obrar tendientes a solucionar el problema ambiental que genera los sedimentos del Canal del Dique, puesto que CARDIQUE no tiene injerencia en el Rio Magdalena, Canal del Dique o el terraplén por el que se abrió el boquete.  Indicó que dentro de las pruebas aportadas al proceso, no existe una sólo que establezca responsabilidad en cabeza de CARDIQUE, ni una que incrimine a los otros demandados.  Señaló que el Fenómeno de la Niña no fue un hecho sorpresivo, lo que fue sorpresa, fueron los niveles que tomó el Rio Magdalena, los cuales

sobrepasaron cualquier pronóstico elaborado en tal época.

I. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico.

Se expresa en los siguientes términos: 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 11968 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 61.012 500012333000201000014 01 Jaime Castro Borrero 2.1.1. Problemas jurídicos planteados por la parte demandante  ¿Los hechos que derivaron en la ruptura del terraplén por donde se abrió el boquete y generó la inundación del predio del actor, son constitutivos de fuerza mayor?  Las autoridades pudieron tomar las medidas necesarias para mitigar y evitar los efectos del fenómeno de la Niña en el sitio donde está ubicado el inmueble del actor? 2.1.2. Problema jurídico planteado por el Ministerio Público.  ¿Se acreditaron los postulados de la responsabilidad estatal por falla en el servicio?  ¿Se demostró el nexo causal entre la conducta de los demandados y el daño producido al actor?  ¿Se presentaron los postulados de la fuerza mayor?  ¿Fue un hecho irresistible o de difícil prevención? 2.2. Marco teórico. Premisa normativa. 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. Todos los asuntos de responsabilidad del Estado (contractual y

extracontractual) deben ser desatados bajo la luz del Artículo 90 Superior, que es el principio general sobre el particular: “Art. 90. - El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas...” y bajo la invocación del régimen subjetivo, a la parte actora le corresponde demostrar la concurrencia de los siguientes presupuestos, para que sea viable declararla: a. Una falla, representada en una actuación ilegítima, b. Un daño o perjuicio, y c. Un nexo causal entre el daño y la actuación. 2.2.2. Del nexo de causalidad, el daño antijurídico y el concepto de Imputación. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 11968 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 61.012 500012333000201000014 01 Jaime Castro Borrero Corresponde a la idea de casualidad adecuada, la condición natural en el curso habitual de las cosas y según la experiencia de la vida capaz de producir el efecto que se ha realizado1. “El denominado régimen de falla o falta en la prestación del servicio, como régimen genérico o común en materia de responsabilidad civil extracontractual del Estado, es el aplicable a situaciones de hecho caracterizadas por la violencia o fuerza de la conducta desplegada,

cuyo contenido o finalidad no es otro que el de atentar o desestabilizar las instituciones políticas, la existencia misma del Estado, el régimen político que determina su estructura y sistema de gobierno o las políticas trazadas por las diferentes autoridades a quienes ello compete en ejercicio de las funciones legislativa o ejecutiva, siempre que concurran los elementos estructurales de la responsabilidad civil extracontractual, es decir, el hecho, e l daño y e l nexo causal entre los dos anteriores , cuando quiera que la conducta activa u omisiva resulte imputable a la autoridad pública y que la valoración de dicha conducta conlleve a concluir y a afirmar que ella no se ajusta a lo que es dable esperar y exigir del Estado Colombiano dentro del marco preciso de las circunstancias en que tal conducta tuvo lugar. La responsabilidad del Estado resulta comprometida cuando se acredita la existencia de un daño antijurídico, es decir, aquel que el afectado no tiene el deber jurídico de soportar; una falla del servicio por el defectuoso, tardío o inexistente cumplimiento de las funciones o deberes a cargo de la Administración; y e l nexo o relación de causalidad entre el uno y el otro, lo que implica necesariamente demostrar que fue esa falla en la prestación de l servicio la que produjo e l daño antijurídico . A su turno, la Administración se exonera de responsabilidad demostrando que obró diligentemente, es decir, que su proceder fue correcto y adecuado y que no incurrió en falla alguna del servicio, o acreditando la presencia de una causa extraña como lo es la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima o la

culpa también exclusiva de un tercero, circunstancias que enervan la responsabilidad de la accionada”2. 2.2.3. Carga de la prueba. 1 LE TOURNEAU, Prilleppe. “La responsabilidad civil”, editorial Legis Bogotá D. C. Traducción de la primera edición 2003, pág. 82. 2 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera Magistrada Ponente Dra. Gladys Agudelo Ordoñez, EXP. 2007472, de fecha 11 de agosto de 2011. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 11968 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 61.012 500012333000201000014 01 Jaime Castro Borrero En ese orden de ideas, tal y como señala el Artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y concordantes, vigente para la época de los hechos, la carga probatoria incumbe al interesado, por ende, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos y hechos jurídicos alegados, ya que ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias afirmaciones. Al respecto ha dicho el Consejo de Estado: "Al respecto, no debe olvidarse que la carga de la prueba es una regla de nuestro derecho probatorio consagrada en el artículo 177

del C. de P. Civil, de acuerdo con el cual "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen... "; dicho en otras palabras: para lograr que el juez dirima una controversia de manera favorable a las pretensiones, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos o hechos jurídicos de donde procede el derecho o nace la obligación, máxime si ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias aseveraciones. Cabe recordar que la carga de la prueba consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa resulten probados; en este sentido, en relación con los intereses de la parte demandante, debe anotarse que quien presenta la demanda, sabe de antemano cuáles hechos le interesa que aparezcan demostrados en el proceso y, por tanto, sabe de la necesidad de que así sea, más aun tratándose del sustento mismo de la demanda y de los derechos que solicita sean reconocidos”3 2.2.4. Falla en el servicio por construcción de Dique. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de mayo de 2016, Exp: 38044, M.P. Hernán Andrade Rincón. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co

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Expediente No 61.012 500012333000201000014 01 Jaime Castro Borrero En este Jurisprudencia, el Consejo de Estado precisa que es condición para declarar la responsabilidad de la entidad estatal, es que el daño se debió a hechos atribuibles al demandado y debe demostrarse por parte del demandante, esta conexidad. Así lo expresó esta Corporación en los siguientes términos4 “…La falla que presentó el dique o presa, no fue la causa material de las avalanchas y tampoco lo fue de los daños que experimentaron los predios aguas abajo donde se encontraban ubicados los hoy demandantes. Para la Sala ha resultado acreditado que el eventual caudal de agua que haya sido desembalsado como consecuencia de la falla del dique, por sí solo, desde ningún punto de vista pudo producir los daños demandados, los cuales como se probó técnicamente fueron el resultado del fenómeno natural de las avalanchas que por la conformación de la cuenca y por la confluencia de las varias quebradas desembocaron en los perjuicios materiales que pudieron padecer los predios de los demandantes. Si desde el punto de vista material - causalidad material - no puede imputarse o considerarse la falla del dique como causa, así sea en mínima medida, de las avalanchas; desde el punto de vista jurídico y a la luz de la teoría de la regularidad causal o adecuada, predominante en la doctrina jurídica, es imposible predicar en el caso concreto que la

conducta de los entes demandados, particularmente la del HIMAT hoy INAT, comprometa la responsabilidad patrimonial demandada. El análisis probatorio efectuado permite concluir sin lugar a la más mínima duda, que los eventuales perjuicios de orden material padecidos por los demandantes, no pueden ser trasladados a la esfera jurídica de los entes demandados, como que son el resultado de un hecho de la naturaleza, y desde luego de la concurrencia de varias circunstancias y condiciones, tales como la topografía del lugar, las varias quebradas que confluyen finalmente en el sitio denominado Las Juntas, circunstancia debidamente acreditada en el expediente, y fundamentalmente - causa determinante y preponderante - fueron propiciadas por la fuerte ola invernal que se presentó en el departamento de Nariño y particularmente en el Municipio de Taminango, tal cual quedó debidamente acreditado. Es imprescindible diferenciar el plano puramente causal propio de las ciencias naturales de la causalidad jurídica, como que el primero se vale de métodos propios y tiene una finalidad diferente, a la que caracteriza la 4 Consejo de Estado, Sección Tercera, radicación No 11.546. Demandado: Nación – Ministerio de Agricultura – HIMAT y otros, fechada el 26 de agosto del 2015. M.P. Hernán Andrade Rincón. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 11968 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 61.012 500012333000201000014 01 Jaime Castro Borrero causalidad jurídica. El caso presente podría perfectamente solucionarse con una causalidad puramente material, pues vistas las pruebas desde esta perspectiva no puede considerarse que exista el factor de imputación que reclama el art. 90 de la Constitución Política, como condición para declarar una responsabilidad, pues se reitera, materialmente el fenómeno de las avalanchas respondió a unos acontecimientos ajenos por completo a la conducta de los entes demandados. Desde la perspectiva jurídica y tratando de averiguar si el resultado del daño puede considerarse causado por la conducta de los demandados, la respuesta negativa se impone, entre otras razones, porque así se pudiese sostener, hecho no probado dentro de la instancia, que existió falla en la prestación del servicio a cargo del HIMAT, por haber puesto en funcionamiento la represa y haberse concretado una falla en el dique, tampoco podría arribarse a conclusión diferente, pues ese hecho y esa conducta, no tiene la idoneidad suficiente para considerarse como causa jurídicamente hablando, así haya podido ser una mera circunstancia, que coadyuvó, por lo demás en mínima medida, en la producción del resultado, por el cual se demanda. La conducta de los entes demandados no desencadeno los resultados por los cuales se demanda y mucho menos desde la óptica de la denominada causalidad adecuada, entendiendo por ésta la que se vale del criterio de la regularidad para apreciar cuando un hecho del hombre puede considerarse como causa jurídica de un resultado. En el presente asunto, la rotura del dique por sí sola, regular u ordinariamente, no trae aparejado el resultado del

que dan cuenta las pruebas practicadas en la instancia, pues probado quedó, que veinte mil metros cúbicos de agua, derramados paulatinamente por la avería del dique, en manera alguna y desde el punto de vista de la hidráulica, podrían ser la causa de una avalancha de las características de volumen y velocidad, de la presentada en el caso concreto…” 2.2.5. Responsabilidad del Estado por inundación de predios a causa de fenómenos naturales. Sobre la situación irresistible como constitutivo de la Fuerza Mayor, El Consejo de Estado5, sostuvo que aquellas inundaciones provenientes de un hecho mucho más fuerte de lo que normalmente se ha presentado y es así como en aquella oportunidad sostuvo: 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente No 28.668, fechada el 30 de Abril de 2014, con ponencia de Jaime Alberto Santofimio. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 11968 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 61.012 500012333000201000014 01 Jaime Castro Borrero “…La Sala no encuentra demostrada la falla del servicio que se endilga a la entidad demandada, relacionada con el manejo de las instalaciones hidráulicas correspondientes a la cuenca hidrográfica Fúquene - Cucunubá, o con la supuesta inactividad en la atención de las inundaciones ocurridas

en el año 1999 en la cuenca hidrográfica de que eran parte los predios de propiedad de los demandantes.(…). lo que tiene que ver con las causales eximentes de responsabilidad, la Sala debe precisar que bajo las circunstancias acreditadas en el plenario, no es posible imputar responsabilidad a la CAR, en la medida en que las condiciones en las que se produjeron las inundaciones, dan cuenta de una situación que era irresistible por la imprevisible e inusual magnitud de la ola invernal presentada en los meses finales del año 1999, cuyas consecuencias se vieron agravadas, además, por las condiciones topográficas y geográficas de la laguna de Fúquene, y por la situación de degradación ambiental que desde hace décadas viene padeciendo dicho cuerpo de agua, realidad ésta que tampoco puede ser endilgada a la parte demandada.(…). Considera la Sala que es un hecho indiscutible la existencia de una ola invernal más fuerte de lo normal, acrecentada además por la ocurrencia del fenómeno de “La Niña”, lo cual es un fenómeno natural que es imposible de prever, en la medida en que está relacionado con fenómenos climáticos que no tienen una periodicidad fija o determinada.(…). para la Sala es claro que la causa originaria de las inundaciones ocurridas en los predios de los demandantes en el año 1999 fue la fuerte temporada invernal ocurrida en ese año, sumada a unas condicio