PGN - DAÑO Se consolidó a partir de la fecha en que las facturas fueron auditadas

EXPEDIENTE No 29.823 (2003-01959) ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por enriquecimiento ilícito CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Al vencimiento del plazo de dos años/CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Jurisprudencia del Consejo de Estado El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el 44 de la ley 446 de 1998, en su numeral 8, determinó el término de caducidad de la acción de reparación directa, en dos años contados a partir del “día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa (…)”. DAÑO-Se consolidó a partir de la fecha en que las facturas fueron auditadas En concepto del Ministerio Público procede tomar como referente para contabilizar el término de caducidad la fecha en que las facturas fueron auditadas por la Oficina de Auditoria de Cuentas Médicas de la Secretaría de Salud del Departamento de Cundinamarca, pues a partir de ese momento se consolidó el daño alegado por la actora en tanto la hoy demandada en ese momento tiene certeza, sin salvedad alguna, de la prestación cierta de los servicios médicos y su valor. CONCILIACIÓN-Reconocimiento de compensación a favor del demandante Consecuente con lo anterior, el Ministerio Público es del criterio que NO es viable un acuerdo conciliatorio, en el que se reconozca compensación alguna a favor de la parte actora, atendiendo las razones expuestas en el presente concepto.

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EXPEDIENTE No 29.823 (2003-01959)

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No 030 / 2013

Bogotá, D.C., 6 de febrero 2013 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente Dr. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

E. S. D.

Ref: Proceso No 29.823 (25000232600020030195901) Acción de reparación directa

Actor: MEDICOS ASOCIADOS S.A.

Demandado: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1 Demanda.- La SOCIEDAD MEDICOS ASOCIADOS S.A, en ejercicio de la acción de reparación directa, instauró demanda1 contra el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, para que se le declare administrativamente responsable por el enriquecimiento injusto a expensas del correlativo empobrecimiento de la demandante, derivado del no pago de los servicios de salud prestados a sus afiliados y beneficiarios del servicio médico, cuyo valor corresponde al relacionado en las cuentas de cobro y/o facturas por servicios No 184136 por un 1 10 de septiembre de 2003 (fl 18 c. ppal)

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3 EXPEDIENTE No 29.823 (2003-01959) valor de $3.490.422 y con fecha de radicado 3 de diciembre de 2002; No 93850 por un valor de $6.418.492 con fecha de radicado 10 de junio de 1999; Nos 88407 y 88411 por valor de $12.548.714 con fecha de radicado 24 de marzo de 1999 y la No 006599 por un valor de $60.415.765.oo con fecha de radicado 18 de julio de 1997. Solicitó se condene a la entidad demandada al pago de $82.873.393, monto que corresponde a la sumatoria de las facturas relacionadas en precedencia o en su defecto una suma equivalente, debidamente actualizada o indexada desde la fecha en que se formuló la respectiva cuenta y 30 días calendario más hasta el momento en que se haga el rembolso o pago efectivo a la demandante, más los intereses legales moratorios. Mediante escrito de 5 de febrero de 2004 desistió del rembolso o compensación de la factura No 18436, por valor de $3.490.422, en tanto advierte que dicho valor fue objeto de conciliación ante la Procuraduría 50 Judicial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fls 50 c. ppal). El Tribunal aceptó el desistimiento (fls 52 a 53 c. ppal) 1.2 Contestación de la demanda.- El Departamento de Cundinamarca (fls 29 a 36 c. ppal) se opuso a las pretensiones y propuso las siguientes excepciones: - Falta de los presupuestos de responsabilidad.- Pues advierte ausencia de

responsabilidad del Departamento en tanto operó la culpa exclusiva de la víctima. - Caducidad de la acción.- Pues el artículo 136 del C.C.A. establece que la acción de reparación directa caduca al vencimiento del plazo de dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho. Que en el caso concreto, las facturas de cobro fueron presentadas el 10 de junio de 1999, 24 de marzo de

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria1.gov.co 4 EXPEDIENTE No 29.823 (2003-01959) 1999 y 17 de junio de 1997, por tanto para la fecha de la demanda el término legal de los dos años ya se encontraba superado. Este planteamiento fue replicado por la demandante argumentando que: “2.3 En el evento que se rechace su pago la “caducidad de la Acción” empieza a contarse a partir del momento del rechazo de pago. Pero si la cuenta o la factura ha sido aceptada y se está tramitando por el prestador del servicio, la “Caducidad de la Acción” solo podrá empezar a contarse, a partir del momento en que se le notificó o comunicó que el respectivo pago o la cancelación no se va a realizar. Esta interpretación es la correcta y adecuada, observando los principios de buena fé entre los contratantes, consagrados en la Ley 80 de 1993 y el artículo 83 de la Constitución Nacional Colombiana. 2.4 En este evento MEDICOS ASOCIADOS S.A sólo fue informada a mediados

del mes de 2003 de que no le serían canceladas las cuentas presentadas, objeto de recaudo o compensación mediante el ejercicio de esta acción razón por la cual mediante oficio DCCA-M.A 656 del 31 de marzo de 2003, solicitó su devolución para iniciar las acciones legales respectivas, por medio de la acción un rem verso, pues como lo dice en la propia contestación de la demanda y proposición de excepciones el demandado Departamento de Cundinamarca, no se había suscrito contrato alguno, ni había disponibilidad ni registro presupuestal. De donde se acredita con plena prueba que solo en el mes de marzo de 2003, aunque verbalmente, el Departamento de Cundinamarca notificó o comunicó a MEDICOS ASOCIADOS S.A que no le cancelaría las cuentas presentadas con sus respectivos soportes y que habían sido todas revisadas y auditadas” - Prescripción.- Toda vez que un título valor prescribe a los 3 años, por ende el no haberse ejercitado acción alguna para el cobró de las facturas dentro del término anotado hace imposible reclamar su pago. 1.3 Sentencia de primera instancia.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca2, estimó no probada la excepción de caducidad de la acción, pues advierte que “la demanda fue presentada el 10 de septiembre de 2003, mientras que la devolución de las facturas sin explicación alguna por el no pago se produjo el día 8 de mayo de 2003, tal y como lo informa el mismo demandante 2 En sentencia de 17 de noviembre de 2004 (fls 76 a 98 c. Consejo de Estado)

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria1.gov.co 5 EXPEDIENTE No 29.823 (2003-01959) en el hecho 6 de la demanda, luego, la demanda fue presentada dentro del término de caducidad de la acción de reparación directa” y declaró administrativamente responsable a la Secretaría de Salud-Departamento de Cundinamarca de los perjuicios causados a la sociedad demandante y condenó a la entidad demandada a pagar la suma de $84.622.949.26 Considera el a-quo que el Departamento de Cundinamarca en la contestación de la demanda reconoce de manera tácita que adeuda a la sociedad demandante una suma de dinero por el no pago de facturas por servicios prestados3. Que “efectivamente se presentó la prestación de servicios que debía ser compensada con sendas sumas de dinero que no le fueron canceladas y que efectivamente está ocasionando una pérdida a cargo de la Asociación Médicos Asociados S.A, razón suficiente para configurar un enriquecimiento si causa por parte de la Administración, pues ésta no ha cancelado el valor de una obligación contraída con el demandante y tampoco arraiga en una causa jurídica para sustraerse a su cumplimiento” 1.4 Apelación.- El Departamento de Cundinamarca (fls 113 a 116 c. Consejo de Estado) alega que la actora incurrió en ineptitud sustantiva de la demanda, pues la vía procesal idónea para el pago y cumplimiento de las obligaciones contenidas en las facturas era la acción ejecutiva. Que no se dan los presupuestos del enriquecimiento sin causa aunque no se

haya probado la existencia de un contrato administrativo, pues se probó la existencia de títulos valores con fundamento en los cuales procede demandar por vía ejecutiva para obtener su pago. 3 Inferencia que, en concepto del Ministerio Público es contra legem, pues a las entidades públicas les está prohibido confesar, como expresamente lo dispone el art 199 del C.de P.C: “DECLARACIONES E INFORMES DE REPRESENTANTES DE LA NACION Y OTRAS ENTIDADES PUBLICAS.- No vale la confesión espontánea de los representantes judiciales de la Nación, los departamentos, las intendencias, las comisarias, los distritos especiales, los municipios y los establecimientos públicos (…)”

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria1.gov.co 6 EXPEDIENTE No 29.823 (2003-01959) Insiste en que operó la caducidad de la acción de reparación directa, pues el término de dos años debe contabilizarse desde la fecha en que las facturas fueron aceptadas y certificadas por la Oficina de Auditoria de Cuentas Médicas de la Secretaría de Salud en los años 1997 y 1999, por tanto para la fecha en se instauró la demanda (2003) ya había operado la caducidad. 1.5 Conciliación.- Por auto de 26 de noviembre de 2012 el Consejero Ponente dispuso citar a las partes para el 7 de febrero de 2013 a las 3:45 p.m. llevar a cabo audiencia de conciliación. Lo anterior de conformidad con la facultad

oficiosa otorgada mediante el artículo 43 de la Ley 640 de 20014 II CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1 Problema jurídico: La responsabilidad patrimonial que se reclama deviene, según la demanda, de un enriquecimiento sin justa causa del Departamento de Cundinamarca en detrimento de los intereses patrimoniales de la Sociedad Médicos Asociados S.A., pues esta última prestó los servicios médicos a afiliados del ente territorial sin que se le haya pagado por la prestación de dicho servicio. Alega que el valor de los servicios corresponde al relacionado en las facturas allegadas junto con la demanda. Para resolver sobre la litis, corresponde abordar en su orden los siguientes temas (i) Vía procesal idónea para ejercer la acción de enriquecimiento sin causa, (ii) En cuales eventos resulta procedente la actio de in rem verso, (iii) Si en el caso 4 Folio 144 c. Consejo de Estado

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria1.gov.co 7 EXPEDIENTE No 29.823 (2003-01959) concreto operó la caducidad de la acción, y solo en caso negativo (iv) resolver sobre las pretensiones de la actora. 2.2 Precedente, unificación jurisprudencial. 2.2.1 El Pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado en reciente providencia de unificación jurisprudencial en materia de enriquecimiento sin causa y de actio de in rem verso5, precisó:

“(…) la Sala empieza por precisar que, por regla general, el enriquecimiento sin causa, y en consecuencia la actio de in rem verso , que en nuestro derecho es un principio general, tal como lo dedujo la Corte Suprema de Justicia6 a partir del artículo 8º de la ley 153 de 1887, y ahora consagrado de manera expresa en el artículo 8317 del Código de Comercio, no pueden ser invocados para reclamar el pago de obras, entrega de bienes o servicios ejecutados sin la previa celebración de un contrato estatal que los justifique por la elemental pero suficiente razón consistente en que la actio de in rem verso requiere para su procedencia, entre otros requisitos, que con ella no se pretenda desconocer o contrariar una norma imperativa o cogente. Pues bien, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993 los contratos estatales son solemnes puesto que su perfeccionamiento exige la solemnidad del escrito, excepción hecha de ciertos eventos de urgencia manifiesta en que el contrato se torna consensual ante la imposibilidad de cumplir con la exigencia de la solemnidad del escrito (Ley 80 de 1993 artículo 41 inciso 4º). En los demás casos de urgencia manifiesta, que no queden comprendidos en ésta hipótesis, la solemnidad del escrito se sujeta a la regla general expuesta. No se olvide que las normas que exigen solemnidades constitutivas son de orden público e imperativas y por lo tanto inmodificables e inderogables por el querer de sus destinatarios. 5 Sentencia de 19 de noviembre de 2012. Exp 24.897

6 (pie de página de la cita) Sentencia de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, de 12 de mayo de 1955. G.J. LXXX, 322. 7 (pie de página de la cita ) Artículo 831: Nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas de otro.

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria1.gov.co 8 EXPEDIENTE No 29.823 (2003-01959) En consecuencia, sus destinatarios, es decir todos los que pretendan intervenir en la celebración de un contrato estatal, tienen el deber de acatar la exigencia legal del escrito para perfeccionar un negocio jurídico de esa estirpe sin que sea admisible la ignorancia del precepto como excusa para su inobservancia. Y si se invoca la buena fe para justificar la procedencia de la actio de in rem verso en los casos en que se han ejecutado obras o prestado servicios al márgen de una relación contractual, como lo hace la tesis intermedia, tal justificación se derrumba con sólo percatarse de que la buena fe que debe guiar y que debe campear en todo el iter contractual, es decir antes, durante y después del contrato, es la buena fe objetiva y no la subjetiva. En efecto, la buena fe subjetiva es un estado de convencimiento o creencia de estar actuando conforme a derecho, que es propia de las situaciones posesorias, y que resulta impropia en materia de las distintas fases negociales pues en estas lo relevante no es la creencia o el convencimiento del sujeto sino su efectivo y

real comportamiento ajustado al ordenamiento y a los postulados de la lealtad y la corrección, en lo que se conoce como buena fe objetiva. Y es que esta buena fe objetiva que debe imperar en el contrato tiene sus fundamentos en un régimen jurídico que no es estrictamente positivo, sino que se funda también en los principios y valores que se derivan del ordenamiento jurídico superior ya que persiguen preservar el interés general, los recursos públicos, el sistema democrático y participativo, la libertad de empresa y la iniciativa privada mediante la observancia de los principios de planeación, transparencia y selección objetiva, entre otros, de tal manera que todo se traduzca en seguridad jurídica para los asociados. Así que entonces, la buena fe objetiva “que consiste fundamentalmente en respetar en su esencia lo pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, en perseverar en la ejecución de lo convenido, en observar cabalmente el deber de informar a la otra parte8, y, en fin, en desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia”, es la fundamental y relevante en materia negocial y “por lo tanto, en sede contractual 8 (pie de página de la ciat) En este sentido cfr. M.L. NEME VILLARREAL. Buena fe subjetiva y buena fe objetiva. En Revista de Derecho Privado. No. 17. Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2009, p. 73.

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria1.gov.co 9 EXPEDIENTE No 29.823 (2003-01959) no interesa la convicción o creencia de las partes de estar actuando conforme a derecho, esto es la buena fe subjetiva, sino, se repite, el comportamiento que propende por la pronta y plena ejecución del acuerdo contractual”,9 cuestión esta que desde luego también depende del cumplimiento de las solemnidades que la ley exige para la formación del negocio. Y esto que se viene sosteniendo encuentra un mayor reforzamiento si se tiene en cuenta además que esa buena fe objetiva, que es inherente a todas las fases negociales, supone la integración en cada una de ellas de las normas imperativas correspondientes, tal como claramente se desprende de lo preceptuado en el artículo 871 del Código de Comercio, con redacción similar al artículo 1603 del Código Civil, que prevé que los contratos deben “celebrarse y ejecutarse de buena fe, y en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural.” Por consiguiente la creencia o convicción de estar actuando conforme lo dispone el ordenamiento jurídico en manera alguna enerva los mandatos imperativos de la ley para edificar una justificación para su elusión y mucho menos cuando la misma ley dispone que un error en materia de derecho ”constituye una presunción de mala fe que, no admite prueba en contrario.”10 Pero por supuesto en manera alguna se está afirmando que el enriquecimiento sin causa no proceda en otros eventos diferentes al aquí

contemplado, lo que ahora se está sosteniendo es que la actio de in rem verso no puede ser utilizada para reclamar el pago de obras o servicios que se hayan ejecutado en favor de la administración sin contrato alguno o al margen de este, eludiendo así el mandato imperativo de la ley que prevé que el contrato estatal es solemne porque debe celebrarse por escrito, y por supuesto agotando previamente los procedimientos señalados por el legislador. 12.2. Con otras palabras, la Sala admite hipótesis en las que resultaría procedente la actio de in rem verso sin que medie contrato alguno pero, se insiste, estas posibilidades son de carácter excepcional y por consiguiente de interpretación y aplicación restrictiva, y de ninguna manera con la 9 (pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de junio de 2011, expediente 18836. 10 (pie de página de la cita) Inciso final del artículo 768 del Código Civil.

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria1.gov.co 10 EXPEDIENTE No 29.823 (2003-01959) pretensión de encuadrar dentro de estos casos excepcionales, o al amparo de ellos, eventos que necesariamente quedan comprendidos dentro de la regla general que antes se mencionó. Esos casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o general, resultaría procedente la actio de in rem verso a juicio de la Sala, serían

entre otros los siguientes: a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo. b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos, circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha señalado en el numeral 12.1 de la presente providencia, es decir, verificando en todo caso que la decisión de la administración frente a estas circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación. c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin

contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993. 12.3. El reconocimiento judicial del enriquecimiento sin causa y de la actio de in rem verso, en estos casos excepcionales deberá ir acompañada de la regla según la cual, el enriquecimiento sin causa es esencialmente compensatorio y por consiguiente el demandante, de prosperarle sus pretensiones, sólo tendrá derecho al monto del enriquecimiento. Ahora, de advertirse la comisión de algún ilícito, falta disciplinaria o fiscal, el juzgador, en la misma providencia que

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria1.gov.co 11 EXPEDIENTE No 29.823 (2003-01959) resuelva el asunto, deberá cumplir con la obligación de compulsar copias para las respectivas investigaciones penales, disciplinarias y/o fiscales.

13. Ahora, en los casos en que resultaría admisible se cuestiona en sede de lo contencioso administrativo si la acción pertinente sería la de reparación directa.

Se recuerda que, de un lado, se prohija la tesis que niega la pertinencia de la vía de la reparación directa con fundamento en que se trata de una acción autónoma que es de carácter compensatoria y no indemnizatoria, aspecto este último que constituye la esencia la acción de reparación directa, y, de otro lado, se aduce que el camino procesal en lo contencioso administrativo es

precisamente la de la reparación directa porque mediante esta se puede pedir la reparación de un daño cuando la causa sea, entre otras, un hecho de la administración. Pues bien, si se tiene en cuenta que el enriquecimiento sin causa constituye básicamente una pretensión y que la autonomía de la actio de in rem verso se relaciona con la causa del enriquecimiento y no con la vía procesal adecuada para enrutarla, fácilmente se concluye que en materia de lo contencioso administrativo a la pretensión de enriquecimiento sin causa le corresponde la vía de la acción de reparación directa. En efecto, recuérdese que en el derecho romano el enriquecimiento estaba vinculado a determinadas materias (donaciones entre cónyuges, petición de herencia frente al poseedor de buena fe, negocios celebrados por el pupilo sin la autorización del tutor, el provecho que una persona recibía por los delitos o por los actos de otro, etc.) y por consiguiente la restitución se perseguía mediante la condictio perteneciente a la respectiva materia, materia esta que entonces se constituía en la causa del enriquecimiento. Ulteriormente, a partir de la construcción de la escolástica cristiana y de la escuela del derecho natural racionalista, se entendió que la prohibición de enriquecerse a expensas de otro era una regla general que derivaba del principio de la equidad y que por lo tanto resultaba aplicable también para todas aquellas otras hipótesis en que alguien se hubiera enriquecido en detrimento de otro, aunque tales casos no estuvieran previstos en la ley. Este proceso culminó cuando Aubry y Rau entendieron y expresaron que la actio

de in rem verso debía admitirse de manera general para todos aquellos casos

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria1.gov.co 12 EXPEDIENTE No 29.823 (2003-01959) en que el patrimonio de una persona, sin causa legítima, se enriquecía en detrimento del de otra y siempre y cuando el empobrecido no contara con ninguna otra acción derivada de un contrato, un cuasicontrato, un delito o un cuasidelito para poder obtener la restitución. Así que entonces la autonomía de la actio de in rem verso se centra en que el enriquecimiento se produce sin una causa que lo justifique y que como quiera que no hay causa justificante se carece de la correspondiente acción que daría la justa causa si esta existiere. Esta la razón por la que se exige que no haya contrato, cuasicontrato, delito o cuasidelito al amparo del cual pueda pretenderse la restitución. Emerge por consiguiente que la actio de in rem verso, más que una propia y verdadera acción, es una pretensión restitutoria de un enriquecimiento incausado, enriquecimiento éste que a no dudarlo constituye un daño para el empobrecido y que por lo tanto es equitativo que aunque no exista causa al amparo de la cual pueda exigirse la restitución esta se conceda en aplicación de la regla que prohibe enriquecerse a expensas de otro. Luego es en ese ámbito y de esta manera como debe entenderse la autonomía de la actio de in rem verso, lo que en otras palabras significa que su autonomía

es más de carácter sustancial que procedimental. Así el asunto resulta claro que mediante la llamada acción de reparación directa que consagra el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo puede pretenderse el reconocimiento del enriquecimiento sin causa y la consiguiente restitución en todos aquellos casos en que resultaría procedente, puesto que esta acción está prevista precisamente para poder demandar directamente la reparación del daño cuando provenga, entre otros eventos, de un hecho de la administración. Y el argumento para negar la viabilidad de la reparación directa para las pretensiones de enriquecimiento sin causa, sosteniendo que aquella es indemnizatoria y esta compensatoria, también se derrumba con sólo considerar que quien se ve empobrecido sin una causa que lo justifique está padeciendo un daño y por ende puede pedir su reparación, pero como de la esencia de una pretensión edificada sobre un enriquecimiento incausado es que la restitución

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria1.gov.co 13 EXPEDIENTE No 29.823 (2003-01959) sólo va hasta el monto del enriquecimiento, es esto lo que en ese caso puede pedir y nada más. Puestas así las cosas aparece obvio que la vía procesal en lo contencioso administrativo para recabar un enriquecimiento incausado es la de la reparación directa porque mediante ésta se puede demandar la reparación del daño y esto es precisamente lo que padece quien se ve empobrecido si quien correlativamente se enriquece sin una causa que lo justifique.

Pero, se reitera, lo único que podrá pedir mediante esa acción es el monto del enriquecimiento y nada más y esta circunstancia en manera alguna desfigura o enerva la acción de reparación directa puesto que lo sustantivo prevalece sobre lo adjetivo o procedimental.

14. Corolario de lo anterior es que todo lo atinente a la competencia y a los términos de caducidad en los casos de enriquecimiento sin causa se rigen por los de la reparación directa porque esa pretensión se hace valer mediante esta acción.

(…)” (resalto y subrayo) 2.2.2 El precedente jurisprudencia implica las siguientes conclusiones:

1. La acción de reparación directa es la vía procesal idónea para reclamar el reconocimiento del enriquecimiento sin causa. ii. Por regla general la actio de in rem verso no puede ser utilizada para reclamar el pago de obras o servicios que se hayan ejecutado en favor de la administración sin contrato alguno o al margen de éste. Ello solo resulta procedente por excepción y por razones de interés público o general. iii. El reconocimiento judicial del enriquecimiento sin causa solo puede ser de contenido compensatorio, es decir, que la restitución debe limitarse hasta el monto del enriquecimiento.

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria1.gov.co 14 EXPEDIENTE No 29.823 (2003-01959) 2.3 Caso concreto Caducidad de la acción. Bajo el entendido que el término de caducidad en los casos de enriquecimiento sin causa resulta aplicable el establecido para la acción de reparación directa,

corresponde precisar lo regulado en esa materia El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el 44 de la ley 446 de 1998, en su numeral 8, determinó el término de caducidad de la acción de reparación directa, en dos años contados a partir del “día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa (…)”. En concepto del Ministerio Público procede tomar como referente para contabilizar el término de caducidad la fecha en que las facturas fueron auditadas por la Oficina de Auditoria de Cuentas Médicas de la Secretaría de Salud del Departamento de Cundinamarca, pues a partir de ese momento se consolidó el daño alegado por la actora en tanto la hoy demandada en ese momento tiene certeza, sin salvedad alguna, de la prestación cierta de los servicios médicos y su valor. Por solicitud de la parte actora (fls 13 c. ppal)