PGN-DE LA ACCIÓN PENAL-En tratándose de delitos contra

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Contra el artículo 1° (parcial) de la Ley 2081 de 2021, “Por la cual se declara imprescriptible la acción penal en caso de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito de incesto, cometidos en menores de 18 años – No más silencio”. IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCIÓN PENAL-En tratándose de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de los menores de edad/IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCIÓN PENAL-Declarar la exequibilidad del inciso tercero del artículo 83 del Código Penal Por consiguiente, en esta ocasión, se pedirá que, frente al asunto de la referencia, la Corte Constitucional disponga estarse a lo resuelto en la sentencia que ponga fin al proceso D-14169, en el cual, mediante el Concepto 6958, el Ministerio Público solicitó declarar la exequibilidad del inciso tercero del artículo 83 del Código Penal, por las razones que se reiteran in extenso enseguida. CLAUSULA GENERAL DE LIBERTAD-El alcance de la prohibición de imprescriptibilidad de la acción penal en el ordenamiento constitucional El artículo 28 de la Constitución Política consagra la “cláusula general de libertad”, en virtud de la cual se pretende: (i) “condicionar la actividad de las autoridades encargadas de ejecutar las decisiones a través de las cuales el Estado concreta la privación de la libertad a una persona” y (ii) proteger la libertad personal frente a dicha actuación material de la administración. Entre otras cosas, la norma prohíbe la imprescriptibilidad de las

penas y medidas de seguridad como una forma de limitar la potestad punitiva para investigar, juzgar y sancionar un delito en cualquier tiempo. Acorde con la jurisprudencia constitucional, dicha prohibición se hace extensiva a la punibilidad en abstracto (prescripción del delito o de la acción penal), de manera que la cesación de la facultad sancionadora del Estado se puede manifestar en la eliminación de la punibilidad de la conducta (razón sustancial) o en la extinción de la acción penal (razón procesal), como consecuencia del cumplimiento del plazo fijado en la ley antes de que se profiera sentencia condenatoria IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCIÓN PENAL-Jurisprudencia constitucional ha admitido la imprescriptibilidad de la acción penal en escenarios concretos/IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCIÓN PENAL-Excepciones Así las cosas, la Procuraduría advierte que la jurisprudencia ha evolucionado en el sentido de admitir excepciones a la prohibición de imprescriptibilidad de la acción penal, pasando de reconocer inicialmente la imprescriptibilidad en los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra sólo frente al juzgamiento de las conductas de competencia de la Corte Penal Internacional, hasta admitir en la actualidad su procedencia en el ordenamiento interno siempre que no se haya dado lugar a la individualización del presunto responsable y se haya procedido con su vinculación al proceso respectivo. PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS-Se configura en un mandato constitucional de especial connotación y de obligatorio cumplimiento para la sociedad y el Estado

Según la jurisprudencia constitucional, de dicho mandato superior se desprende lo siguiente: a) los derechos de los niños son fundamentales y prevalentes; b) su ámbito normativo de protección se amplía con las normas internacionales que, por disposición constitucional, ingresan al ordenamiento jurídico; c) los niños y adolescentes son sujetos de especial protección constitucional dado su estado de debilidad e indefensión, vulnerabilidad y dependencia, lo que se traduce en el deber imperativo de garantizar su bienestar; y d) los derechos contenidos en el artículo 44 Superior se refieren plenamente a toda persona menor de dieciocho años. Así pues, dado el carácter imperativo de este principio constitucional, es claro que la potestad configurativa del legislador se amplía para su protección, quedando entonces facultado para extender el término de prescripción de la acción penal e incluso para establecer su imprescriptibilidad, bajo estrictos parámetros de proporcionalidad y razonabilidad. En este sentido, en primer lugar, la Procuraduría toma nota de que la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes persigue un fin constitucionalmente legítimo y de imperiosa consecución, pues contribuye a materializar el principio de prevalencia de los derechos de los niños y a erradicar la impunidad. En segundo lugar, se pone de presente que la imprescriptibilidad de la acción penal frente a las referidas conductas contra menores de edad resulta adecuada para alcanzar el mencionado fin, porque garantiza que las víctimas de ese tipo de crímenes puedan acceder a la justicia en cualquier momento, lo que encuentra justificación en la gravedad

del delito y en el alto grado de vulnerabilidad de sus víctimas. En tercer lugar, a pesar de que la subsistencia en el tiempo de la acción penal genera restricciones al ejercicio del derecho al debido proceso por parte del imputado, esta limitación es: (i) Indispensable para alcanzar la plena protección de los derechos de los niños víctimas de delitos sexuales quiénes, por su alto estado de vulnerabilidad, pueden llegar a tardarse en decidir sobre denunciar o no los hechos delictivos ante las autoridades competentes; y (ii) Proporcional en sentido estricto, porque la medida permite proteger los derechos de los menores sin ignorar por completo la importancia de la cláusula de libertad, ya que, según se explicó líneas atrás, la consagración legal de imprescriptibilidad de la acción penal no se comprende como una figura absoluta, sino que la misma sólo se presupone operante hasta que el supuesto responsable de la conducta criminal es individualizado y vinculado al proceso correspondiente, momento en el que empieza a contabilizarse el término de extinción respectivo a fin de impedir que sea posible la imposición de medidas restrictivas atemporales. DECLARATORIA DE EXEQUIBILIDAD-Por existír una línea jurisprudencial sólida y reiterada que determina el alcance de la consagración legal de la imprescriptibilidad de la acción penal 2 Bogotá, D.C., 30 de junio de 2021 Honorables Magistrados Corte Constitucional Ciudad

Expediente: D-14208

Referencia: Acción pública de inconstitucionalidad interpuesta por Joan Alejandro Rueda contra el artículo 1° (parcial) de la Ley 2081 de 2021, “Por la cual se declara imprescriptible la acción penal en caso de delitos

contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito de incesto, cometidos en menores de 18 años – No más silencio”.

Magistrada Ponente: Paola Andrea Meneses Mosquera

Concepto No.: 6968

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278.5 de la Constitución Política1, rindo concepto en el asunto de la referencia.

I. Antecedentes El ciudadano Joan Alejandro Rueda interpuso demanda de inconstitucionalidad contra la expresión que se trascribe y subraya a continuación del artículo 1° de la Ley 2081 de 2021: “Artículo 1. Modifíquese el artículo 83 de la Ley 599 del 2000 "Por la cual se expide el Código Penal", el cual quedará así: Artículo 83. Término de prescripción de la acción penal. La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20), salvo lo dispuesto en los incisos siguientes de este artículo.

El término de prescripción para las conductas punibles de desaparición forzada, tortura, homicidio de miembro de una organización sindical, homicidio de defensor de Derechos Humanos, homicidio de periodista y desplazamiento forzado será de treinta (30) años. En las conductas punibles de ejecución permanente el término de prescripción comenzará a correr desde la perpetración del último acto. La acción penal para los delitos de genocidio, lesa humanidad, y crímenes de guerra será imprescriptible.

Cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito de incesto, cometidos en menores de 18 años, la acción penal será imprescriptible. 1 “Artículo 278. El Procurador General de la Nación ejercerá directamente las siguientes funciones: (…) 5. Rendir concepto en los procesos de control de constitucionalidad”. 3 En las conductas punibles que tengan señalada pena no privativa de la libertad, la acción penal prescribirá en cinco (5) años. Para este efecto se tendrán en cuenta las causales sustanciales modificadoras de la punibilidad. Al servidor público que en ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas realice una conducta punible o participe en ella, el término de prescripción se aumentará en la mitad. Lo anterior se aplicará también en relación con los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria y de quienes obren como agentes retenedores o recaudadores. También se aumentará el término de prescripción, en la mitad, cuando la conducta punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior. En todo caso, cuando se aumente el término de prescripción, no se excederá el límite máximo fijado”. El accionante solicita que la Corte Constitucional declare la inexequibilidad de la expresión demandada, porque la imprescriptibilidad de la acción penal en tratándose de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de los menores de edad desconoce: (i) La prohibición de imprescriptibilidad de las penas contenida en el artículo 28 de la Constitución, la cual jurisprudencialmente ha sido extendida a la acción penal2; y (ii) El derecho al debido proceso establecido en el artículo 29 superior, en

tanto impide que la situación jurídica del enjuiciado sea definida en un plazo razonable.

II. Concepto del Ministerio Público La Procuraduría General de la Nación resalta que los reproches formulados en la demanda de la referencia contra la norma que incorporó la imprescriptibilidad de la acción penal en tratándose de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de los menores de edad guardan relación con los presentados en el proceso D-14169, en el que también se solicitó declarar la inexequibilidad del inciso tercero del artículo 83 del Código Penal, modificado por el artículo 1° de la Ley 2081 de 2021.

Por consiguiente, en esta ocasión, se pedirá que, frente al asunto de la referencia, la Corte Constitucional disponga estarse a lo resuelto en la sentencia que ponga fin al proceso D-14169, en el cual, mediante el Concepto 6958, el Ministerio Público solicitó declarar la exequibilidad del inciso tercero del artículo 83 del Código Penal, por las razones que se reiteran in extenso enseguida. a) El alcance de la prohibición de imprescriptibilidad de la acción penal en el ordenamiento constitucional El artículo 28 de la Constitución Política consagra la “cláusula general de libertad”, en virtud de la cual se pretende: (i) “condicionar la actividad de las autoridades encargadas de ejecutar las decisiones a través de las cuales el Estado concreta la privación de la libertad a una persona”3; y (ii) proteger la libertad personal frente a 2 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-578 de 2002. 3 Corte Constitucional, sentencia C-580 de 2002.

4 dicha actuación material de la administración4. Entre otras cosas, la norma prohíbe la imprescriptibilidad de las penas y medidas de seguridad como una forma de limitar la potestad punitiva para investigar, juzgar y sancionar un delito en cualquier tiempo. Acorde con la jurisprudencia constitucional, dicha prohibición se hace extensiva a la punibilidad en abstracto (prescripción del delito o de la acción penal), de manera que la cesación de la facultad sancionadora del Estado se puede manifestar en la eliminación de la punibilidad de la conducta (razón sustancial) o en la extinción de la acción penal (razón procesal), como consecuencia del cumplimiento del plazo fijado en la ley antes de que se profiera sentencia condenatoria5. Aunque la prohibición de imprescriptibilidad se encuentra enmarcada en la “cláusula general de libertad”, la Corte Constitucional ha considerado que ésta, por sí sola, no puede concebirse como un mecanismo de protección de la libertad personal, pues la mera iniciación de una acción penal no comporta su afectación inminente, salvo que exista una sentencia condenatoria, una medida que ordene la detención preventiva o una captura. En esa medida, se ha precisado que esa garantía superior no es absoluta y que no obstruye la potestad de configuración legislativa para “proteger otros bienes jurídicos tutelados con la persecución de las conductas criminales, que tras la ponderación con la libertad individual, el debido proceso y la correcta administración de justicia, deban prevalecer”6. En consecuencia, en la jurisprudencia constitucional se ha admitido la

imprescriptibilidad de la acción penal en escenarios concretos, como: (i) en los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra en los términos del artículo 29 del Estatuto de Roma7; y (ii) en los delitos de desaparición forzada acorde con el artículo 7° de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas8, como se explica a continuación. En la sentencia C-578 de 2002, la Corte Constitucional reconoció el carácter imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad conocidos por la Corte Penal Internacional, en el sentido de que el artículo 93 superior, que admite un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con 4 Constitución Política, artículo 28: “Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”. 5 Corte Constitucional, sentencia C-345 de 1995. 6 Corte Constitucional, sentencia C-620 de 2011. 7 Estatuto de Roma, artículo 29: “Los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán”.

8 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, artículo 7: “La acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la pena que se imponga judicialmente al responsable de la misma no estarán sujetas a prescripción. Sin embargo, cuando existiera una norma de carácter fundamental que impidiera la aplicación de lo estipulado en el párrafo anterior, el período de prescripción deberá ser igual al del delito más grave en la legislación interna del respectivo Estado Parte”. 5 respecto a las garantías constitucionales9, se aplica no obstante haya operado la prescripción de la acción en el derecho interno. En concepto de la referida corporación, la antinomia que se configura entre la Constitución (art. 28) y el Estatuto de Roma (art. 29) se supera bajo el entendido de que: (i) la imprescriptibilidad sólo será aplicable por la Corte Penal Internacional cuando ejerza su atribución de juzgar los crímenes de su competencia, y (ii) que con su aplicación no se menoscabe el alcance de las garantías establecidas en la Carta Política respecto del ejercicio de las competencias propias de las autoridades nacionales10. De forma similar, en la sentencia C-580 de 2002, se consideró ajustada a la Constitución Política la consagración de la imprescriptibilidad de la acción penal por el crimen de desaparición forzada, en la medida en que el artículo 12 superior consagra un deber especial de protección que amplía la potestad configurativa del legislador en la extensión del término de prescripción de la acción penal11. No obstante, la Corte Constitucional aclaró que se entiende que una vez el presunto

responsable haya sido individualizado y vinculado al proceso, los términos de prescripción de la acción empezarán a correr, so pena de hacer nugatorio el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. En este mismo sentido, en sentencia SU-312 de 2020, la Corte Constitucional recordó que es compatible con el ordenamiento superior la imprescriptibilidad de la acción penal frente a ciertos delitos, siempre que una vez “existe un sujeto individualizado y formalmente vinculado a un proceso por dichas conductas, respecto a éste se comience a contabilizarse el término de extinción más amplio existente en el ordenamiento”. Sobre el particular, se toma nota de que dicha interpretación es seguida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha reconocido que: “La imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad consiste en que el Estado tiene (…) el deber de investigarlos sin límite en el tiempo. Sin embargo, no se trata de una prerrogativa absoluta, toda vez que la persona que ya ha sido vinculada a la investigación (…) no puede permanecer indefinidamente atada al proceso (…). En tales hipótesis, los términos de prescripción de la acción penal empiezan a correr desde el momento de la vinculación al proceso”12. 9 Constitución Política, artículo 93: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. El Estado Colombiano puede

reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución. La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él”. 10 Corte Constitucional, sentencia SU-312 de 2020. 11 Constitución Política, artículo 12: “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. 12 Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 30 de mayo de 2018 (Rad.: 45.110). En esta misma línea, puede consultarse la sentencia del 15 de julio de 2015 (Rad.: 45.795), en la que dicha 6 Así las cosas, la Procuraduría advierte que la jurisprudencia ha evolucionado en el sentido de admitir excepciones a la prohibición de imprescriptibilidad de la acción penal, pasando de reconocer inicialmente la imprescriptibilidad en los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra sólo frente al juzgamiento de las conductas de competencia de la Corte Penal Internacional, hasta admitir en la actualidad su procedencia en el ordenamiento interno siempre que no se haya dado lugar a la individualización del presunto responsable y se haya procedido con

su vinculación al proceso respectivo. b) La proporcionalidad de la norma acusada A continuación, el Ministerio Público analizará si la norma que reconoce la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual contra menores de edad, se ajusta a los parámetros jurisprudenciales en materia de proporcionalidad y racionalidad. Según dichos parámetros, el legislador puede establecer procedimientos y regímenes diferenciados para el juzgamiento y tratamiento penitenciario de delitos, siempre y cuando estos “(…) atiendan una valoración objetiva de elementos tales como, la mayor o menor gravedad de la conducta ilícita, la mayor o menor repercusión que la afectación del bien jurídico lesionado tenga en el interés general y en el orden social, así como el grado de culpabilidad, entre otros”13. En este orden de ideas, el Ministerio Público resalta que el principio de prevalencia de los derechos de los niños contenido en el artículo 44 de la Constitución Política14, se configura en un mandato constitucional de especial connotación y de obligatorio cumplimiento para la sociedad y el Estado, que exige su protección frente a diferentes formas de agresión, como el abandono, la violencia física o moral, el secuestro, la venta, el abuso sexual, la explotación laboral y económica, así como los trabajos riesgosos. Según la jurisprudencia constitucional, de dicho mandato superior se desprende lo siguiente: a) los derechos de los niños son fundamentales y prevalentes; b) su ámbito normativo de protección se amplía con las normas internacionales que, por

disposición constitucional, ingresan al ordenamiento jurídico; c) los niños y adolescentes son sujetos de especial protección constitucional dado su estado de corporación indicó que “no obstante el carácter imprescriptible de los delitos de lesa humanidad, distinto a lo argüido por el demandante, no significa que esa clase de infracciones sean por siempre no prescriptibles, pues, como se acaba de señalar, esa visión fue atemperada por la Corte Constitucional (…), en el sentido que, para salvaguardar los más caros intereses de verdad, justicia y reparación del conglomerado social, tal naturaleza se debe mantener mientras no se logre la individualización o identificación de los presuntos responsables y no se haya obtenido su vinculación formal a una investigación, ya que a partir de ese mismo acto procesal, empiezan a transcurrir normalmente los términos de fenecimiento de la acción penal”. 13 Corte Constitucional, sentencia C-1404 de 2000. 14 Constitución Política, artículo 44: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo

armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. 7 debilidad e indefensión, vulnerabilidad y dependencia, lo que se traduce en el deber imperativo de garantizar su bienestar; y d) los derechos contenidos en el artículo 44 Superior se refieren plenamente a toda persona menor de dieciocho años15. Así pues, dado el carácter imperativo de este principio constitucional, es claro que la potestad configurativa del legislador se amplía para su protección, quedando entonces facultado para extender el término de prescripción de la acción penal e incluso para establecer su imprescriptibilidad, bajo estrictos parámetros de proporcionalidad y razonabilidad. En este sentido, en primer lugar, la Procuraduría toma nota de que la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes persigue un fin constitucionalmente legítimo y de imperiosa consecución, pues contribuye a materializar el principio de prevalencia de los derechos de los niños y a erradicar la impunidad. En segundo lugar, se pone de presente que la imprescriptibilidad de la acción penal frente a las referidas conductas contra menores de edad resulta adecuada para alcanzar el mencionado fin, porque garantiza que las víctimas de ese tipo de crímenes puedan acceder a la justicia en cualquier momento, lo que encuentra justificación en la gravedad del delito y en el alto grado de vulnerabilidad de sus víctimas. En tercer lugar, a pesar de que la subsistencia en el tiempo de la acción penal

genera restricciones al ejercicio del derecho al debido proceso por parte del imputado, esta limitación es: (i) Indispensable para alcanzar la plena protección de los derechos de los niños víctimas de delitos sexuales quiénes, por su alto estado de vulnerabilidad, pueden llegar a tardarse en decidir sobre denunciar o no los hechos delictivos ante las autoridades competentes; y (ii) Proporcional en sentido estricto, porque la medida permite proteger los derechos de los menores sin ignorar por completo la importancia de la cláusula de libertad, ya que, según se explicó líneas atrás, la consagración legal de imprescriptibilidad de la acción penal no se comprende como una figura absoluta, sino que la misma sólo se presupone operante hasta que el supuesto responsable de la conducta criminal es individualizado y vinculado al proceso correspondiente, momento en el que empieza a contabilizarse el término de extinción respectivo a fin de impedir que sea posible la imposición de medidas restrictivas atemporales16. En atención a las anteriores consideraciones, la Procuraduría solicitará a la Corte Constitucional que declare la exequibilidad simple de las normas demandadas, pues las mismas son acordes con los mandatos superiores en la medida en que 15 Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencias T-415 de 1998, C-092 de 2002, C-157 de 2007, C-240 de 2009. 16 Ello, en razón a que si los presuntos responsables de la conducta delictiva han sido individualizados, “(…) no encuentra justificación en el ordenamiento superior que las personas queden indefinidamente sujetas a un proceso por la inoperancia de las autoridades, máxime cuando en el curso de la misma pueden ser privadas

de su libertad o de otras prerrogativas fundamentales” (Corte Constitucional, sentencia SU-312 de 2020). 8 existe una línea jurisprudencial sólida y reiterada que determina el alcance de la consagración legal de la imprescriptibilidad de la acción penal, la cual impide que dicha figura pueda entenderse de forma absoluta y resulte armónica con la cláusula de libertad17.

III. Solicitud Por las razones expuestas, el Ministerio Público le solicita a la Corte Constitucional que en relación con la demanda de la referencia disponga ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia que ponga fin al proceso D-14169, en el cual, mediante el Concepto 6958, se pidió declarar la EXEQUIBILIDAD del inciso tercero del artículo 83 del Código Penal, modificado por el artículo 1° (parcial) de la Ley 2081 de 2021.

Atentamente,

MARGARITA CABELLO BLANCO

Procuradora General de la Nación

Proyectó: Olga Lucía Abello Restrepo – Asesora Grado 19.

Aprobó: Juan Sebastián Vega Rodríguez – Procurador Auxiliar para Asuntos Constitucionales. 17 En efecto, como lo señaló, en la providencia del 21 de septiembre de 2009 (Rad.: 32.022), la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia: la imprescriptibilidad de la acción penal frente a graves delitos no es absoluta, porque: “es perfectamente factible que algunos delitos, particularmente los de lesa humanidad, gocen de la posibilidad de que su investigación sea imprescriptible. Empero, cuando respecto de

esos hechos ya existe una persona individualizada y formalmente vinculada al proceso (no basta con el cumplimiento de una sola condición, vale decir, se tienen que conjugar), respecto de ella no opera la imprescriptibilidad. Es factible, entonces, que un delito de lesa humanidad reporte como tal la condición de imprescriptibilidad en su investigación, pero acerca de personas determinadas -individualizadas y formalmente vinculadasexija el cumplimiento de los términos de investigación y juzgamiento”. 9