PGN-DE LA ACCIÓN-Puede decretarse aún de oficio en caso de que el

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCION DE REPARACION DIRECTA-Por daño antijurídico consecuencia de sentencia judicial que ordenó pagar salarios e indemnización por fuero sindical como exfuncionario de telecom ERROR JUDICIAL-A través de las decisiones adoptadas por el Juzgado dentro del proceso de tutela radicado 00239, que tuvo como consecuencia la pérdida de dineros del PAR TELECOM. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Puede decretarse aún de oficio en caso de que el órgano de decisión la encuentre probada/CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-En la acción de reparación directa Pues bien, la caducidad de la acción en este asunto se encuentra regulada por el numeral 8 del artículo 136 del CCA, norma que establece que la acción de reparación directa “… caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa…” En el presente caso, tenemos que presuntamente se profirieron sentencias constitutivas de error judicial, que dieron lugar a la presunta pérdida de $833’100.335,oo propiedad del PAR TELECOM. Estas providencias serían el Fallo del 1 de octubre de 2009, proferido en primera instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero (prueba 2.2.1. del presente escrito), dentro del proceso de tutela radicado 2009-00239, y el Fallo del 21 de octubre de 2009, proferido en segunda instancia por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica – Córdoba (prueba 2.2.2. del presente escrito). así, estima el ministerio público que los demandantes sólo tuvieron certeza del daño a

partir del momento en que se notificó la sentencia su 377 del 12 de junio de 2014, proferida por la corte constitucional de colombia, dentro del proceso que fue conocido en los juzgados de cereté bajo el radicado 2009-00239. esta decisión fue la que dio fin definitivo a todo el trámite procesal, y confirmó, sin lugar a dudas, que la sentencia de primera instancia pudo haber facilitado un detrimento patrimonial a los demandantes. pues bien, tenemos que la sentencia su-377/14 es del 12 de junio de 2014. por lo tanto, los demandantes tenían por lo menos hasta el 12 de junio de 2016 para radicar la presente acción de reparación directa. se aprecia en el folio 1 del cuaderno principal del expediente que la demanda de reparación directa objeto del presente proceso fue radicada el 18 de diciembre de 2015. así, la demanda fue instaurada dentro del término oportuno. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Una vez aclarado que en el presente caso no operó el fenómeno de la caducidad El problema central se encuentra relacionado con una controversia por daños que la entidad demandante le atribuye a un error judicial configurado en providencias proferidas por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero y del Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, dentro del proceso de tutela radicado 2009-00239. Para referirnos al régimen de responsabilidad que se aplica en un caso de estas características, cabe rememorar que la responsabilidad extracontractual del Estado Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (67752) 23001-23-33-000-2016-00022-01 encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política, cláusula general de la responsabilidad, que señala que el Estado será responsable por los daños antijurídicos que le sean imputables por la acción o la omisión de las autoridades públicas. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-El art. 86 del CCA consagró la que rige el presente asunto IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD-Ahora bien, el art. 90 de la Constitución permite la aplicación de diversos sistemas de dentro de los cuales se encuentran tanto falla del servicio, como el daño especial y el riesgo excepcional IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD-Falla del servicio, como el daño especial y el riesgo excepcional Teniendo en cuenta lo anterior, el régimen de imputación de responsabilidad del Estado no es uniforme, sino que debe aplicarse aquel que resulte más adecuado de acuerdo con las peculiaridades del caso concreto RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por la acción u omisión de sus agentes judiciales. Ahora bien, en desarrollo del art. 90 de la Constitución, la Ley 270 de 1996, en sus arts. 65 a 74, contempló diferentes supuestos bajo los cuales el Estado debe responder por la acción u omisión del sistema judicial, entre los cuales se encuentran el error judicial, la privación injusta de la libertad y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Al respecto, el art. 65 de la Ley 270 de 1996, establece. En relación con el error

judicial, se caracteriza como aquel error de hecho o de derecho, que se materializa a través de una providencia judicial en firme, con efectos jurídicos definitivos para la parte que resulta afectada con la decisión. Es preciso advertir que dicho error debe cumplir con varios presupuestos. Estos presupuestos consisten en que se hubieren interpuesto los recursos ordinarios en contra de la providencia, y en que dicha providencia esté en firme ERROR JUDICIAL-Arts. 66 y 67 de la Ley 270 de 1996, aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley/ERROR JUDICIAL-Presupuestos Ahora bien, es importante señalar que el error judicial no se configura por una diferencia en la interpretación del derecho, porque el proceso de reparación directa no es una instancia judicial más. Por otra parte, tampoco puede asimilarse el error judicial a una vía de hecho, porque la justicia puede incurrir en error, aun cuando dicha equivocación no sea una violación 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (67752) 23001-23-33-000-2016-00022-01 grave, ostensible y arbitraria, que se sale de todos los parámetros del ordenamiento jurídico. Visto lo anterior, es importante precisar la noción de error judicial, señalando que se

configura cuando el juez profiere una providencia en la que omitió considerar un elemento decisivo en el proceso, que conlleva a aplicar indebidamente la normatividad Ahora bien, un parámetro adicional importante a tener en cuenta, es el margen de discrecionalidad de que goza el juez a la hora de adoptar la decisión en desarrollo de la independencia judicial, toda vez que las normas jurídicas y las situaciones que plantean los casos concretos bien pueden admitir varias interpretaciones y soluciones jurídicas. Por lo tanto, no se configura error judicial cuando el juez aplica en diverso sentido la normatividad, pero explica su posición con solidez y coherencia argumentativa. RÉGIMEN DE IMPUTACIÓN-En los casos de error judicial Es preciso tener en cuenta que en los casos de error judicial el régimen de imputación aplicable será por regla general el régimen subjetivo – título falla del servicio. Ello teniendo en cuenta que son casos donde se le atribuye responsabilidad a las autoridades judiciales por presunto error en sus providencias, de lo que se deduce que la imputación parte de un juicio de reproche frente a la actividad estatal. Ahora bien, a la hora de analizar este caso en particular, se debe tener en cuenta que en el régimen subjetivo de imputación a título de falla del servicio, para que sea procedente declarar la responsabilidad del Estado, es necesario acreditar tres elementos: el daño, la falla del servicio entendida como una falta a los deberes por parte de la entidad estatal y el nexo de causalidad entre estos dos elementos (daño y falla) DAÑO-El detrimento o menoscabo antijurídico causado en los bienes, derechos o

intereses legítimos de una persona, sea natural o jurídica, que sea directo, personal y cierto Realizado el recuento de los hechos acreditados en el proceso, se infiere que el PAR TELECOM sufrió un daño. Este daño consiste en el menoscabo que sufrió en su patrimonio el PAR TELECOM por el embargo de cuantiosas sumas de dinero de su propiedad. Además, dichos dineros se perdieron, al ser entregados por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero a un beneficiario que claramente no tenía derecho, de acuerdo con lo que puede apreciarse en Oficio del 19 de marzo de 2020, suscrito por la Gerencia de Servicio al Cliente del Banco Agrario de Colombia (prueba 2.2.7. del presente escrito). Por lo tanto, en el presente caso se encuentra acreditado el elemento del daño .. FALLA DEL SERVICIO-Una falta a los deberes por parte de la entidad estatal. Error judicial NEXO CAUSAL-Entre el daño y la falla del servicio 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE

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Por último, el Ministerio Público considera que se presentó un nexo de causalidad entre el error judicial anotado y la millonaria pérdida de dineros de propiedad del PAR TELECOM.

Aunque las providencias judiciales que condenaron al PAR TELECOM, y que decretaron el embargo y entrega de los dineros fueron suspendidas y luego anuladas por la Corte Constitucional a través de Auto A105 de 2011 y de Sentencia SU-377 de 2014 respectivamente, en el momento en que se profirieron estas decisiones el daño ya se encontraba consumado. El Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero hizo entrega de las sumas de dinero a los accionantes con base en sus decisiones de primera instancia el 18 de diciembre de 2009 (véase prueba 2.2.7). No debe olvidarse que de conformidad con el numeral 5 del artículo 29 y el art. 31 del Decreto 2591 de 1991, los fallos de tutela de primera instancia deben ser cumplidos dentro de las 48 horas siguientes a su notificación, independientemente de que sean impugnados. Amparado en esta regulación, el juzgado de primera instancia hizo la entrega de los dineros, teniendo como soporte sus irregulares decisiones. Por lo tanto, fueron las decisiones del Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero y del Juzgado Promiscuo de Familia (que confirmó los evidentes errores del A-Quo) las que generaron el daño alegado. Significaron decisiones irregulares, se hizo la entrega de los dineros a un particular sin derecho, que a la postre se apropió de millonarias sumas que son de propiedad de la PAR TELECOM. RECONOCIMIENTO DE INTERESES-No procede el reconocimiento de sumas adicionales a las establecidas en los arts. 187, 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011 En el recurso de apelación interpuesto por el PAR TELECOM, el apelante manifiesta su

inconformidad porque no se reconocieron intereses corrientes y moratorios sobre las sumas objeto de indemnización, con el argumento que los intereses son incompatibles con la indexación. Al respecto, debe tenerse en cuenta que en la demanda se solicitó intereses bancarios corrientes calculados sobre la suma de $833’100.333 actualizados desde el 1 de octubre de 2009 hasta la fecha de pago definitivo. En la demanda se plantea que el correcto manejo de los $833’100.333, “significa que ellos deben generar alguna ganancia mientras no se ejecuten, pues de lo contrario se estaría en detrimento del patrimonio público”. El Consejo de Estado ha considerado en la Sentencia del 23 de junio de 2010, radicación 70001233100019960571401 y en la Sentencia del 18 de mayo de 2017, radicación 25000232600020070037601 que los intereses moratorios son compatibles con la indexación de las sumas adeudadas. En particular, el caso resuelto en la Sentencia del 18 de mayo de 2017 es similar al propuesto en el presente expediente. Así, en estos casos se concedió el pago de intereses moratorios simultáneamente con las fechas en que se causó la indexación. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE

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CONCEPTO No. 113 / 2021

Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2021

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

CONSEJERA PONENTE

MARIA ADRIANA MARIN

E. S. D.

EXPEDIENTE: 23001-23-33-000-2016-00022-01 (67752)

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE

TELECÓM (PAR TELECOM) DEMANDADO: LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL Sentido del concepto: Se solicita CONFIRMAR la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda // Se probó que las providencias judiciales constituyeron un error judicial determinante en la pérdida patrimonial del PAR TELECOM // A través de fallos de tutela se ordenó irregularmente el reconocimiento, embargo de dineros y desembolso efectivo de presuntas acreencias laborales, sin que luego pudieran ser recuperadas // Caso de reclamación de perjuicios por error judicial en providencias proferidas en trámite de tutela que reconocieron, embargaron y ordenaron el pago de manera irregular dineros argumentando la existencia de acreencias laborales // Temas: Régimen subjetivo de responsabilidad - falla del servicio // Responsabilidad del Estado por error judicial configurado en proceso de tutela donde se profirieron providencias que ordenaron pagar irregularmente prestaciones laborales. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público y de los derechos y

las garantías fundamentales. Para lo anterior presenta los siguientes elementos:

I. ANTECEDENTES 1.1. Objeto del litigio

5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE

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El PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM – PAR (en adelante “PAR TELECOM”), radicó medio de control de reparación directa ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en contra de LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL, por el daño antijurídico presuntamente ocasionado por error judicial ocurrido en providencias proferidas dentro del proceso de tutela radicado 2009-00239, que cursó en primera instancia en el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero – Córdoba y en segunda instancia en el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica-Córdoba. Según señala el PAR TELECOM, el señor RAFAEL DE JESÚS VILLAR GOMEZ fue trabajador sindicalizado de TELECOM. Este señor reclamó a través de acción de tutela (a la que se le asignó el radicado 2009-00239) los salarios dejados de percibir a partir del 31 de enero de 2006, aduciendo tener fuero sindical y haber sido despedidos sin el debido procedimiento. Precisa que, en la fecha del 31 de enero de 2006, se dio por terminada la

relación laboral porque en ese momento “TELECOM en liquidación” dejó de existir. Además, al señor RAFAEL DE JESÚS VILLAR GÓMEZ se le levantó el fuero sindical mediante Providencia del 20 de agosto de 2008, proferida por el Tribunal Superior de Santa Marta. Ese proceso de tutela correspondió en primera instancia al Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero – Córdoba. Este despacho, a través de Fallo del 1 de octubre de 2009, accedió a conceder el amparo y condenó al PAR – TELECOM al pago de los salarios y prestaciones laborales dejadas de percibir desde el 31 de enero de 2006 hasta el 20 de agosto de 2008, esto es, desde la fecha de despido hasta la fecha de levantamiento del fuero sindical. Además de lo anterior, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero – Córdoba ordenó el embargo de las cuentas del PAR – TELECOM por una suma de $1.233’100.335. Estas decisiones fueron confirmadas mediante Fallo del 21 de octubre de 2009, proferido por Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica – Córdoba. Señala la demanda que, en razón a lo anterior, al actor se le entregaron títulos judiciales por un valor de $833’100.333,oo a partir de las cuentas embargadas al PAR-TELECOM. Luego, señala la demanda que estas sumas fueron indebidamente apropiadas por parte de los particulares, ya que en la Sentencia SU-377 de 2014 la Corte Constitucional señaló que el reconocimiento y entrega de dichas sumas era abiertamente improcedente. Así, en sentir de la parte demandante, las decisiones judiciales objeto de este medio de control

6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (67752) 23001-23-33-000-2016-00022-01 generaron una apropiación ilegal de recursos pertenecientes al PAR-Telecom. Con base en lo anterior, el PAR – TELECOM pretende que la RAMA JUDICIAL sea declarada responsable de la pérdida de recursos y sea condenada a indemnizar los perjuicios percibidos con ocasión de las actuaciones del Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero – Córdoba y del Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de LoricaCórdoba. En este orden de ideas, reclama la suma de $833’100.333,oo y los intereses bancarios sobre dichas sumas causados desde el embargo hasta el pago definitivo de la condena. En respuesta a la demanda, la RAMA JUDICIAL solicitó denegar las pretensiones en su totalidad. Manifestó que no hubo falla en el servicio y que la actuación de los jueces de tutela estaba amparada en normas legales. Interpuso como excepciones las que llamó “falta de causa para demandar” y “la innominada”. Como fundamento de defensa, señaló que el trámite de tutela exige el cumplimiento inmediato de la decisión tomada en el fallo, independientemente de su revocatoria posterior, lo que significó la entrega legal inmediata de los dineros. Que, en este evento,

la entidad que resultó afectada con la medida tiene la facultad de repetir contra las personas que en principio se vieron beneficiadas a fin de recuperar lo pagado. 1.2. Concepto del Ministerio Público en primera instancia. El Ministerio Público intervino en primera instancia a través de la Procuraduría 124 Judicial II Administrativa. En su concepto del 19 de mayo de 2017, señaló que en este caso debía accederse a las pretensiones del medio de control de reparación directa interpuesto por el PAR TELECOM. Para sustentar que hubo responsabilidad, argumenta en primer lugar, que está acreditado el daño antijurídico. Este daño antijurídico lo encuentra acreditado con base en que el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero ordenó el pago de múltiples depósitos judiciales a favor de Rafael Jesús Villar Gómez. Por otra parte, considera que este daño es imputable a la RAMA JUDICIAL. Señala que 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (67752) 23001-23-33-000-2016-00022-01 hubo por parte del Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero un desconocimiento del carácter residual de la tutela. Se habría desconocido este carácter residual porque habían transcurrido más de 3 años contados a partir del momento del despido y el momento en que se instauró la acción de tutela; porque no procedía el amparo transitorio debido a que

significaría revivir términos vencidos; y porque la providencia enjuiciada no argumentó por qué los medios ordinarios no eran idóneos para el caso. También señala que el daño es imputable a la RAMA JUDICIAL porque se decretó un embargo notoriamente improcedente. Al respecto, primero señala que hubo error en la providencia judicial porque era una sentencia, y no es procedente decretar un embargo en una sentencia, ya que la sentencia fue favorable al actor. Así, no procedía el embargo, sino que el demandante reclamara el cumplimiento del fallo. Así mismo, consideró el Ministerio Público en primera instancia que la cuantía del embargo era desproporcionada. El juez se basó en una liquidación privada del accionante en la tutela sin justificar siquiera dicho proceder. Además, en el concepto se argumenta que se cumple con todos los presupuestos del error judicial. En primer lugar, señala que la parte accionante presentó todos los recursos de ley en el proceso judicial en que se habría cometido el error. En segundo lugar, la providencia contentiva del error judicial quedó ejecutoriada y fue ejecutada antes de que la Corte Constitucional hiciera la revisión del caso. Al respecto recalca que la providencia de tutela es de cumplimiento inmediato, así que sus errores se materializarían aun cuando la decisión luego fuere revisada y revocada por la Corte Constitucional. 1.3. Sentencia de primera instancia A través de Sentencia del 27 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo de Córdoba profirió decisión de primera instancia accediendo a las pretensiones de la demanda. En sentir del tribunal de primera instancia, las decisiones judiciales proferidas en primera

y segunda instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Lorica, constituyeron responsabilidad de la RAMA JUDICIAL por error judicial. Como fundamentos de la decisión, señaló: 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (67752) 23001-23-33-000-2016-00022-01 “Comparando lo actuado en sede de tutela por parte de los juzgados del departamento de Córdoba (San Antero y Lorica) y las disposiciones que regulan la improcedencia de la acción de tutela, se advierte que la sentencia de amparo de fecha 21 de octubre del año 2009, proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica, Córdoba, mediante la cual se resolvió en segunda instancia la impugnación contra del fallo de tutela de fecha 01 de octubre del año 2009, pronunciado por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero, resulta contraria al ordenamiento, específicamente lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, sobre la subsidiariedad de la tutela. De tal manera que, la providencia descrita produjo un daño antijurídico indemnizable al demandante en reparación directa, debido a que ordenó al Patrimonio Autónomo de Remanentes (TELECOM) dentro de 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, realizara los trámites respectivos para

reconocer y pagar los salarios y prestaciones dejadas de cancelar desde el 31 de enero de 2006 (fecha en que se ocasionó el despido) hasta el 20 de agosto de 2009 (fecha en que se levantó el fuero sindical), además de reparar integralmente al actor incluyendo el pago de los reajustes establecidos por la ley y cualquier otro emolumento dejado de percibir, esto a título de indemnización; en consecuencia se procedió al embargo de cuentas corrientes nacionales que posea el PAR en los bancos de esta ciudad hasta por la suma de $1.233’100.335. Lo ordenado por los jueces de San Antero y Santa Cruz de Lorica estuvo fundamentado en argumentos inadmisibles para un Juez en sede de tutela, conforme lo consideró la Corte Constitucional en sede de revisión a través de la Sentencia de Unificación número 377 del año 2014”. Una vez declarada la responsabilidad, estimó que debía concederse la suma de $833’100.333, más la actualización de este valor, a título de daño emergente por el detrimento patrimonial sufrido, operación a partir de la cual estableció la condena total por un valor de $1.254’451.893,04. En la sentencia de primera instancia no se concedió los intereses comerciales solicitados. El Tribunal argumentó que los intereses comerciales solicitados eran incompatibles con la indexación de las sumas adeudadas. 1.4. Recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Inconforme con la decisión, LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. El fundamento de la apelación reside

en que la RAMA JUDICIAL considera que las decisiones del Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero – Córdoba y del Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica-Córdoba son “… una cadena de actuaciones legítimas ejercidas por el funcionario judicial en cumplimiento de la normatividad aplicable al caso objeto de tutela…”. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE

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Al respecto, señala que “el demandante aún a sabiendas de que debe obtener la restitución de los dineros en demandas a los beneficiarios guarda silencio y prefiere solicitar a la Rama Judicial la indemnización de un perjuicio que supuestamente le fue causado en virtud de la aplicación de las normas usadas en legítimo ejercicio y correcta aplicación de la facultad jurisdiccional”. Además, la parte apelante señala que la parte demandante no demostró el perjuicio patrimonial causado. 1.5. Recurso de apelación interpuesto por la parte demandante La parte demandante, esto es, el PAR TELECOM, también interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. La inconformidad de la parte demandante reside en que no está de acuerdo con la negativa a reconocer intereses corrientes y de mora sobre las sumas objeto de indemnización. Esta decisión se fundamentó en primera

instancia en que existe incompatibilidad entre los intereses y la actualización de sumas (indexación). La parte demandante argumenta que la tesis del Tribunal de primera instancia es incompatible con Sentencia del 23 de junio de 2010, radicación 70001233100019960571401, del Consejo de Estado. Según el apelante, en esta sentencia se considera que los intereses moratorios son compatibles con la indexación. Así mismo, considera que la decisión desconoce lo señalado en Sentencia del 18 de mayo de 2017, radicación 25000232600020070037601, caso en el que el Consejo de Estado habría resuelto un asunto muy similar al que es objeto de estudio en el presente proceso. Agrega el apelante que los intereses moratorios no tienen que probarse, sino que basta el hecho del retardo para que se generen dichos intereses. Para sustentar este argumento cita el contenido del artículo 1617 del Código Civil. La parte demandante argumenta que la falta de disponibilidad del dinero es un perjuicio que no se remedia con la simple restitución del dinero pagado incumplidamente. Igualmente, indica que en la demanda se solicitó expresamente en las pretensiones el reconocimiento de intereses sobre las sumas adeudadas. Por último, argumenta que no reconocer los intereses significa vulnerar el principio de reparación integral. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE

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II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos De acuerdo con el trámite surtido y conforme los reparos manifestados en los recursos, el Ministerio Público considera que los problemas jurídicos a abordar son los siguientes: 2.1.1. ¿Se encuentra acreditada la responsabilidad extracontractual de la RAMA JUDICIAL por el presunto detrimento patrimonial que causó al PAR TELECOM, al haber proferido providencias constitutivas de error judicial dentro del proceso de tutela radicado 2009-00239, que cursó en primera instancia en el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero – Córdoba y en segunda instancia en el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica-Córdoba, y que ocasionarían que a particulares sin derecho se le entregaran cuantiosas sumas de propiedad de dicho Patrimonio, que luego no fue posible recuperar? 2.1.2. En caso de que se declare la responsabilidad patrimonial de la RAMA JUDICIAL ¿es procedente en el presente caso el reconocimiento de intereses moratorios sobre las sumas que correspondería indemnizar? 2.2. Análisis fáctico y probatorio Es preciso señalar que en el expediente existe abundante material probatorio que correspondió sopesar al Ministerio Público. Una vez verificado lo anterior, la Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado destaca las siguientes pruebas relevantes para emitir concepto de fondo: 2.2.1. Copia de Fallo del 1 de octubre de 2009, proferido por el Juzgado Promiscuo

Municipal de San Antero – Córdoba, dentro del proceso radicado 23672-40-89-001-29900239-00, juez Oscar Paez Castro (Folios 258 a 270 del cuaderno de pruebas del expediente). A través de este fallo de tutela se concedieron unos derechos laborales a favor del señor Rafael de Jesús Villar Gómez, ordenando el embargo de la suma de $1.233’100.335 en 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (67752) 23001-23-33-000-2016-00022-01 contra del PAR-TELECOM y la cancelación de los valores al beneficiario. Todo ello a pesar de que la tutela era abiertamente improcedente, de que no procedía el embargo de las cuentas a través de esta acción subsidiaria, y que el PAR – TELECOM había advertido al juzgado sobre estas irregularidades a lo largo de las diferentes etapas del respectivo pro