PGN-DE REPETICION-Análisis que exige el medio de control según Consejo de Estado

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Por condena judicial en acción de reparación directa por lesión de impacto de arma de fuego de dotación oficial CADUCIDAD DE LA ACCION DE REPETICION-Término de dos años contados a partir del día siguiente del pago por la entidad según lo previsto en Art 11 de la Ley 678/11 PROCEDENCIA DE LA ACCION DE REPETICION-Presupuestos Los presupuestos para la procedibilidad de la acción son: i) la existencia de una condena en contra de la administración, ii) el pago de la misma por la entidad pública, y, iii) que la condena sea consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un agente del Estado. Este último presupuesto implica necesariamente que contra quien se repita haya tenido o tenga la calidad de servidor público al momento en que se produjo el daño que llevó a la afectación del erario por la condena en contra de la administración REQUISITO OBJETIVO PARA LA ACCION DE REPETICION-Valoración de la orden de pago que emite la entidad pública según Consejo de Estado REQUISITO SUBJETIVO PARA LA ACCION DE REPETICION-Acreditación idónea de la calidad de servidor público según Consejo de Estado/CALIDAD DE SERVIDOR PUBLICO-Acreditación de la calidad de agente activo de la PONAL en el caso sub examine JUICIOS DE REPETICION-Análisis que exige el medio de control según Consejo de Estado AGENTE DE POLICIA NACIONAL-Conducta descuidada e imprudente en la manipulación de su arma de dotación oficial según juez de reparación directa Es claro que el Ag. Ernesto Arias Torres manipuló y maniobró su fusil de dotación de tal manera que denotó y su proyectil hirió la pierna derecha del también Ag. Fredy Mauricio

Molina, lo cual, a juicio de esta Delegada, denota un manejo imprudente y falta de cuidado por parte del Agente Policial para con el arma de fuego que le fue entregada a fin de cumplir con el servicio Como consecuencia, en el sub judice se demostró el actuar gravemente culposo del demandado, a través del desconocimiento injustificado de las disposiciones consagradas en los numerales 30 y 36 literal b, del artículo 38 del Decreto 1798 de 2000 – régimen disciplinario y ético de la Policía Nacional vigente para la época de los hechos-, consistente en manipular imprudentemente armas de fuego e incurrir en negligencia o actuar con impericia en el manejo o control de los bienes y equipos de la Policia Nacional puestos bajo su responsabilidad, respectivamente, conductas que, valga la pena resaltar, la norma en comento calificó como faltas graves Primera Delegada Ante el Consejo de Estado Carrera 5ª No. 15-80 piso 20, Bogotá D.C l PBX: 5878750 Ext. 12056 l www.procuraduria.gov.co 2

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Medio de Control: Repetición Concepto: Ministerio Público PRINCIPIOS BASICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO-Instrucción al agente del decálogo establecido por la Fuerza Pública para el manejo de estos elementos DECLARATORIA DE REPETICION-Condena a la Nación por incumplimiento del deber de manipular con la debida prudencia arma de dotación oficial Se colige que las lesiones sufridas por el Agente… se produjeron por el actuar gravemente

culposo del también Agente…, y que la condena impuesta a la Nación-Ministerio de DefensaPolicía Nacional en sentencia de 30 de septiembre de 2011, proferida por el Juzgado Décimo Administrativo de Bucaramanga, que modificó parcialmente la sentencia emitida el 30 de noviembre de 2012 por el Tribunal Administrativo de Santander, en consecuencia, le es imputable al entonces agente del Estado, quien incumplió expresamente su deber de manipular con la debida prudencia el arma de dotación oficial Primera Delegada Ante el Consejo de Estado Carrera 5ª No. 15-80 piso 20, Bogotá D.C l PBX: 5878750 Ext. 12056 l www.procuraduria.gov.co 3

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PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 022 / 2021

Bogotá, D. C., 25 de marzo de 2021 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente Doctor MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

E. S. D.

Ref: Proceso: 68001-23-33-000-2014-00417-01 (65957)

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Demandante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional Demandado: Ernesto Arias Torres El ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de

la referencia.

Contenido: I. Antecedentes; II. Consideraciones; III. Conclusión.

I. ANTECEDENTES Contenido: 1.1. La demanda; 1.2. La contestación; 1.3. La sentencia de primera instancia y 1.4. El recurso de apelación. 1.1. La demanda.

1. La Policía Nacional presentó demanda contra el señor Ernesto Arias Torres, en su condición Agente (R), para que se le condene al pago de $423.752.379.98, suma que debió pagar la entidad en cumplimiento de la condena judicial que le impuso el Juzado Décimo Administrativo del Circuito de Bucaramanga y confirmó el Tribunal Administrarivo de Santander, dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado No 68001-33-31-010-2001-00076-00. El fundamento de las pretensiones se

basa en los siguientes hechos: Primera Delegada Ante el Consejo de Estado Carrera 5ª No. 15-80 piso 20, Bogotá D.C l PBX: 5878750 Ext. 12056 l www.procuraduria.gov.co 4

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2. El día 25 de enero de 1999 el Agente Fredy Mauricio Molina prestaba servicio de vigilancia en el Municipio de Suratá y fue herido por impacto de arma de fuego de dotación oficial que portaba el Agente Ernesto Torres Arias.

3. Producto de la lesión, el señor Molina tuvo una pérdida de la capacidad laboral alta y

un perjuicio fisiológico reflejado en la imposibilidad de realizar actividades vitales placenteras. 1.2. La contestación.

4. El señor Ernesto Torres Arias, mediante apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda aduciendo que, para la época de los hechos, Suratá como zona roja de orden público, no podía portarse el arma sin munición en la recamara y mucho menos descargada.

5. De igual manera, indicó que no están dados los requisitos para la configuración de la repetición, por cuanto no está demostrado el elemento subjetivo que establece la responsabilidad del servidor, pues, no hubo dolo o culpa grave del demandado ya que fue absuelto por la jurisdicción penal militar al estar amparado en un caso fortuito. 1.3. La sentencia de primera instancia.

6. El Tribunal Administrativo de Santander (fls. 234-239), mediante sentencia de 19 de septiembre de 2019, declaró la responsabilidad personal a título de culpa grave del señor ERNESTO ARIAS TORRES y, en consecuencia, lo condenó a pagar a favor de la demandante, la suma de $341.437.939,93; argumentando para el efecto, que: [...] En primer lugar, esta Sala considera que el análisis de culpabilidad realizado por la justicia penal militar al interior del proceso penal que allí se adelantó por los mismos hechos objeto de la presente demanda, es independiente y no puede ser asimilado al estudio que en este pronunciamiento se hace en tanto el medio de control de repetición es una acción civil de carácter patrimonial en la que se analiza si el agente incurrió en una conducta calificable con dolo o culpa grave en el ámbito civil, el cual es

independiente del que en materia penal se haga. [...] De tales medios de prueba se desprende que el señor ERNESTO ARIAS TORRES omitió la observancia de una norma básica de seguridad en el uso de armas de fuego referente a mantenerlo con el seguro activado, quien era consciente de la manipulación del arma de fuego Fusil Galil, respecto de la cual había recibido un adiestramiento previo para su manejo y que fue desatendido, incrementando así de manera injustificada el riesgo de causar un accidente o lesión a sus propios compañeros y a la población civil -como en efecto ocurrió- Primera Delegada Ante el Consejo de Estado Carrera 5ª No. 15-80 piso 20, Bogotá D.C l PBX: 5878750 Ext. 12056 l www.procuraduria.gov.co 5

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Medio de Control: Repetición Concepto: Ministerio Público El anterior razonamiento se refuerza teniendo en cuenta que el manejo de armas de fuego constituye una de las conductas que pueden calificarse como “actividades peligrosas”, por las cuales, dada su naturaleza, el ordenamiento jurídico exige un comportamiento sumamente cuidadoso, atento y diligente de quien hace uso de ellas y cuya omisión flagrante -en el caso del Agente Arias Torres, era inexcusable, pues dicho proceder le imponía el acatamiento obligatorio de las armas y protocolos de seguridad previamente, en fase de entrenamiento, recibió para el manejo de dichos artefactos peligrosos.

Ahora bien, esta Sala no desconoce que de acuerdo con la información suministrada por la Regional de Inteligencia Militar Nº 2 de las Fuerzas Militares se logra evidenciar que en los Municipios de Matanza, Surata, California y Tona delinquían: el Frente 20 Comuneros de la Unidad Centro -Bloque Magdalena Medio, Frente Claudia Isabel Escobar Jerez, del Frente Guerra Nororiental del ELN, por tal motivo probablemente se puede inferir que se trataba de zonas rojas, excluyendo a los Municipio (sic) de Charta y Vetas.” Pero, no se puede pasar por alto que el agente se le exigía un alto grado de diligencia en el manejo de su arma de dotación puesto que estaba i) en el ejercicio de una actividad peligrosa amparada por la prestación del servicio de seguridad a cargo de la Policía Nacional, y ii) tenía conocimiento e instrucción del manejo adecuado de las armas, de manera que lo que se reprocha es el hecho de asumir una actitud de diligencia frente a esa responsabilidad pues aún una persona negligente hubiese empleado el mínimo de diligencia para cumplir con las normas de seguridad y mantener activo el seguro de arma. De este modo, el resultado lesivo por el que fue condenado el Estado al interior del proceso de reparación directa identificado con el radicado Nº 2001-00076-00, es imputable al proceder ostensiblemente descuidado y negligente de uno de sus agentes, el señor ERNESTO ARIAS TORRES a título de culpa grave. [...] 1.4. El recurso de apelación. .

7. La parte demandada (fls. 244-250) sustenta su inconformidad con el fallo de primera

instancia, alegando que la demandante no cumplió con la carga de indicar los hechos que produjeron la falta grave, ya que solo se fundamentó en el fallo de reparación directa que condenó al Estado. Adicional a que, el a quo no analizó sistemáticamente las circunstancia y el contexto espacio-temporal que rodeó el hecho, o el estado mental o psicólogico del demandado dada la situación de orden público en el que se encontraba, a partir de ello, se liberaría de responsabilidad al no existir la culpa grave.

8. En ese orden, arguyó que la providencia adolece de un defecto sustantivo dada la indebida aplicación de la presunción contenida en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, “para concluir que existe la culpa grave con base a la mera condena que se surte en el proceso administrativo”

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9. De igual manera, explicó que se incurrió en un defecto fáctico por la valoración probatoria realizada por el juez de primera instancia, en relación con [...] la declaración de la presunción de culpa grave sin el desarrollo de los eximentes o atenuantes de responsabilidad que se le pudieran endilgar al accionado por las circunstancias atenuantes de la responsabilidad que se expusieron en el trámite de instancia y el amterial probatorio que se allegó en su momento”. Y más cuando por los mismos

hechos la jurisdicción Penal Militar absolvió de todos los cargos al demandado.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Contenido: 2.1. Problema jurídico; 2.2. Presupuestos procesales; 2.3. Requisitos de la acción de repetición; y 2.4. Caso concreto. 2.1. Problema jurídico.

10. Consiste en determinar, en primer lugar, si se cumplen los elementos estructurales del medio de control de repetición, para posteriormente evaluar la responsabilidad de los demandados, es decir, si su actuar fue doloso o gravemente culposo. 2.2. Presupuestos procesales. 2.2.1. Caducidad de la acción.

11. El término para formular el medio de control de repetición está previsto en el artículo 11 de la Ley 678 de 2011, con arreglo al cual el mismo es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública. Según lo probado, el pago se realizó el 19 de diciembre de 2013 (fl. 47) y la demanda se presentó el 23 de mayo de 2014 (fl. 71), por lo que, se evidencia que la acción se ejerció dentro del término previsto por la ley. 2.2.2. Legitimación en la causa.

12. La entidad pública reconocida en la parte activa, ciertamente tiene la capacidad para actuar en el proceso, en tanto cuenta con un interés legítimo en la causa, toda vez que las resultas del proceso le afectan de manera directa.

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13. Frente al demandado, se tiene que es sujeto legitimado para atender lo relacionado con los hechos que dan origen a esta acción y se encuentra debida y legalmente representado. 2.3. Requisitos de la acción de repetición.

14. Los supuestos exigidos para la viabilidad de la acción de repetición fueron referidos por el Consejo de Estado, entre otras, en sentencia del 11 de febrero de 2009, radicación: 25000232600020030058201, expediente: 29.926: Ahora bien, la prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente; ii) el pago de la indemnización por parte de la entidad pública; iii) la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado demandado o particular en ejercicio de funciones públicas; iv) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado; v) que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico.

En relación con lo anterior se debe precisar que la no acreditación de los dos primeros requisitos, esto es la imposición de una obligación a cargo de la entidad pública demandante y el pago real o efectivo de la indemnización respectiva por parte de esa entidad, tornan improcedente la acción y relevan al Juez por completo de realizar un análisis de la responsabilidad que se le imputa a los demandados”.

15. Conforme a tales lineamientos, los presupuestos para la procedibilidad de la acción son: i) la existencia de una condena en contra de la administración, ii) el pago de la misma por la entidad pública, y, iii) que la condena sea consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un agente del Estado. Este último presupuesto implica necesariamente que contra quien se repita haya tenido o tenga la calidad de servidor público al momento en que se produjo el daño que llevó a la afectación del erario por la condena en contra de la administración. 2.4. Caso Concreto – Hechos probados y análisis. 2.4.1. Condena impuesta.

16. Se allegó copia auténtica de la sentencia de primera instancia de 30 de septiembre de 2011, proferida por el Juzgado Décimo Administrativo de Bucaramanga, mediante la cual se declaró administrativamente responsable al Ministerio de Defensa-Policía Nacional por los daños antijurídicos causados y en consencuencia le condenó al pago de los mismos, dentro del proceso de reparación directa radicado bajo el número 200100076-00, acción promovida por Freddy Mauricio Molina y otros. (Fls. 6-25).

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17. De igual manera, se arrimó copias auténticas del fallo de segunda instancia de fecha 30 de noviembre de 2012, emitido por el Tribunal Administrativo de SantanderSubsección de Descongestión-, a través del cual modificó parcialmente la decisión del a quo, respecto al quantum indemnizatorio por lucro cesante consolidado y futuro. (Fls. 28-39). 2.4.2. Prueba del pago.

18. Para acreditar el pago la entidad demandante allegó las siguientes pruebas al proceso:  Copia de la Resolución N° 1762 del 17 de diciembre de 2013, que en su parte resolutiva, reconoce y ordena el pago a las víctimas en cumplimiento a las sentencias condenatorias de primera instancia Juzgado Décimo Administrativo de Bucaramanga y de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Santander. (Fls. 42-46).  Certificación de 20 de marzo de 2014, mediante la cual el Tesorero General de la Policía Nacional, hace constar que le fue consignado el día 19/12/2013 el valor neto al apoderado de las víctimas, correspondiente al pago de la sentencia según la Resolución No. 1762 del 17/12/2013. (Fl. 47).  Copia del Certificado de disponibilidad presupuestal No. 335885613 por valor de $429.991038,98 (Fl. 48).

19. A partir de lo anterior, es importante resaltar que en sentencia del 1º de septiembre de 2016, expediente No. 48.413, el H. Consejo de Estado precisó sobre la valoración de la orden de pago que emite la Entidad pública lo siguiente: Respecto de la tercera exigencia, esto es, el pago efectivo, la entidad demandante

allegó los siguientes medios probatorios: Copia autenticada de la Resolución 0097 del 14 de marzo de 2006 proferida por el Director Administrativo y Financiero de la Policía Nacional, donde se ordena dar cumplimiento a la condena impuesta a la entidad y cancelar la suma de $182’880.687,66 al señor José Excelino Salcedo y sus familiares. Se aportó también copia del comprobante de egresos 929 elaborado por la Dirección Administrativa y Financiera, en la cuantía antes señalada, suscrita por el Tesorero pero carece de firma de recibido, el cual es documento público y por ello será valorada por la Sala. Primera Delegada Ante el Consejo de Estado Carrera 5ª No. 15-80 piso 20, Bogotá D.C l PBX: 5878750 Ext. 12056 l www.procuraduria.gov.co 9

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Medio de Control: Repetición Concepto: Ministerio Público De esta manera, para la sala queda demostrado con las pruebas arrimadas al proceso, que la entidad demandante cumplió con la obligación a su cargo, consistente en el pago de la condena impuesta por la jurisdicción contenciosa. En consecuencia, aportada en el sub lite la prueba idónea que acredita que se realizó efectivamente el pago, se tiene por cumplido el tercero de los requisitos para la procedencia de la acción de repetición.

20. En la misma fecha, en sentencia proferida dentro del radicado 56.638, se consideró sobre la prueba del pago lo siguiente: “4.3.- Respecto de la tercera exigencia, esto es, el pago efectivo, la entidad

demandante allegó los siguientes medios probatorios: 4.3.1.- Resolución No. 2219 de 15 de diciembre de 2005 de la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional “por la cual se da cumplimiento a una sentencia a favor de Teofilde Montero Silva y otros” mediante la cual se resolvió, en su artículo primero, disponer el pago de Sesenta y Seis Millones Doscientos Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve Pesos con 53/100 ($66.200.469,53) a Teofilde Montero Silva y Otros a través de su apoderado Germán Enrique Vásquez Celis (fls 166-168, c1). 4.3.2.- Certificación de 18 de mayo de 2012 expedida por la Tesorera Principal del Ministerio de Defensa mediante con la que certifica: “Que la Resolución No. 2219 del 15 de diciembre de 2005, por valor de $66.300.469.53 se canceló (sic) al señor Germán Vásquez con Cédula de Ciudadanía No. (…) con el comprobante de Egreso No. 7953 del 29 de diciembre de 2005, mediante transferencia a la cuenta corriente No. (…) de Bancolombia el 29 de diciembre de 2005.” (fl 164, c1) 4.3.3.- Copia de un documento titulado “Secretaría General. Egresos” que data del 29 de diciembre de 2005 donde se lee como beneficiario a “Vásquez Celis Germán” un valor de $65.665.186,66 con un descuento de $635.282,87 para un crédito total de $66.300.469.53 y se lee “Bco Ganadero Fdo Comun Transfe” (fl 165, c1).

4.3.4.- De esta manera, para la Sala queda demostrado con las pruebas arrimadas al proceso, que la entidad demandante cumplió con la obligación a su cargo, consistente en el pago de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que fue realizado al apoderado judicial de los beneficiarios por consignación bancaria. En consecuencia, se tiene por cumplido el tercero de los requisitos.”

21. Para el Ministerio Público, de conformidad con las providencias referidas, los documentos aportados por la parte actora para probar el pago resultan suficientes, toda vez que, de su contenido es posible deducir el mismo en los términos que lo exige la jurisprudencia. 2.4.3. De la conducta dolosa o gravemente culposa del agente.

22. Previo a analizar el elemento subjetivo, se hace necesario estudiar la calidad de servidor público del demandado. Sobre la forma idónea para acreditar la calidad de

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Medio de Control: Repetición Concepto: Ministerio Público servidor público, el Consejo de Estado ha precisado1: “Pues bien, como la vinculación al servicio público requiere de nombramiento y la respectiva posesión (en caso de relación legal y reglamentaria) (…), entonces ellos constituyen la prueba documental válida para tales efectos, además de las certificaciones que sobre dichos aspectos expidan las autoridades competentes

teniendo en cuenta las pruebas que tengan y sean relevantes. Ahora bien, tal como lo mandan los arts. 7º a 9º de la Ley 50 de 1886, sólo en las circunstancias de ausencia insalvable de la prueba documental pertinente es posible recurrir a la PRUEBA TESTIMONIAL para buscar demostrar con ella lo que normalmente se hace con documentos públicos respecto de los servicios a las Entidades Públicas. La Ley, como aparece en la transcripción previa, es rigurosa para la admisibilidad de esta prueba y la somete a los requisitos generales además de unos especiales que ella contempla; de manera que no es de recibo cuando de cualquier manera se trata de reemplazar la prueba documental por la testimonial para estos efectos, pues deben darse las situaciones y exigencia de ley”. De manera más reciente, el Consejo de Estado ha sostenido la posibilidad de acreditar la calidad de servidor público por medio de cualquier prueba documental en la que la entidad a la que se encontraba vinculada la persona acusada de producir el daño cuya reparación tuvo que sufragar la primera, certifique o dé cuenta, por lo menos, de la forma de vinculación del agente, las funciones correspondientes a su cargo y el tiempo durante el cual prestó sus servicios a la entidad2.” (Resalto y subrayo)

23. En el caso sub examine, se tiene acreditado que el demandando para la época de 1 Sección Tercera, sentencia del 22 de enero de 2014. Expediente 39730 2 (pie de página de la cita) Al respecto, en la sentencia del 27 de febrero de 2013 se dijo que: “Si bien el Tribunal concluyó que efectivamente se encontraba acreditada la calidad del ex agente del Estado del demandado, derivado

de la mención hecha en la sentencia proferida por el Tribunal de Cundinamarca el 22 de septiembre de 2004, en sede de reparación directa, esta Subsección considera que dentro del proceso no obra ninguna prueba que así lo indique. En primer lugar, el oficio remitido por el Ejército Nacional de 22 de junio de 2011 simplemente indicó que el señor Fernández Quesada se encontraba retirado, pero no se observa la forma de vinculación, o las funciones que le correspondían, ni el tiempo en que estuvo prestando sus servicios al Ejército Nacional. Así mismo, la sentencia proferida el 22 de septiembre de 2004 que resolvió la acción de reparación directa impetrada por los familiares del soldado regular Víctor Rodríguez, en un aparte sostuvo que con fundamento en un certificado emanado por el Oficial de Sección Base de datos de Dirección de Personal del Ejército Nacional se puede deducir que efectivamente sí era miembro de tal institución.” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Exp: 43.189) Más adelante, en sentencia del 6 de marzo de 2013, Exp: 43460, se afirmó lo siguiente: “Por lo tanto, la calidad de agente o ex agente del Estado en este caso pudo haberse acreditado con una certificación de tiempo de servicio, o con la demostración del vínculo legal o reglamentario que impera para los empleados públicos. Contrario a ello, en el sub lite no obra ninguna prueba que acredite que efectivamente el señor Tarra Zipa era empleado público para la fecha de ocurrencia de los hechos descritos, no pudiendo imputarle responsabilidad”.

Finalmente, dentro en la sentencia identificada con el No. de expediente 42.920, se sostuvo que “(…) respecto del primer requisito, (calidad del agente) que obra en el material probatorio original de los extractos de la hoja de vida de los señores José Nevet López Giraldo y Jorge Alonso Puerta Duque suscritos por el Coordinador Grupo de Archivo General de la Policía Nacional, en donde se indica fecha de vinculación y retiro de los agentes mencionados (Fls. 102 y 103 C.1), Certificaciones originales del Codificador de Nómina Área de Talento Humano Meval de la Policía Nacional correspondiente a los señores Carlos M. Rodríguez González y Juan Oquendo, en donde se manifiesta la fecha de vinculación de los mencionados señores y que se encuentra vigente su vínculo con la entidad (Fls. 111 y 119 C.1) y Copia simple del acta de posesión del 22 enero de 1993 del señor Juan Manuel Oquendo Puerta, como agente profesional (Fl. 130 C. 1). Adicionalmente, de la prueba trasladada se puede corroborar la calidad de funcionario de los agentes de policía para la época de los hechos”. Primera Delegada Ante el Consejo de Estado Carrera 5ª No. 15-80 piso 20, Bogotá D.C l PBX: 5878750 Ext. 12056 l www.procuraduria.gov.co 11

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Medio de Control: Repetición Concepto: Ministerio Público los hechos, ostentaba la calidad de agente activo de la Policía Nacional, tal como consta en extracto de su historia laboral (Fl. 52).

24. En la demanda se pretende imputar responsabilidad al Agente (R) Ernesto Arias Torres por la condena impuesta a la Policía Nacional a través de sentencia del Tribunal Administrativo de Santander como consecuencia de una herida con arma de fuego que le ocasionó accidentalmente el Agente Arias Torres al también Agente Fredy Mauricio Molina, el día 25 de enero de 1999, cuando estaba manipulando y maniobrando su fusil de dotación oficial (Fusil Galil # 8-1954836).

25. Para dilucidar si se actuó con dolo o culpa grave, siguiendo la línea jurisprudencial del H. Consejo de Estado3, las normas sustanciales aplicables en este caso serán las vigentes al momento de la comisión de la conducta que originó el daño (25 de enero de 1999), esto es, el artículo 90 de la Constitución Política4, los artículos 77 y 78 del Decreto 01 de 19845 y el artículo 63 del Código Civil6.

26. En el caso bajo estudio está demostrado que el demandado, Ernesto Arias Torres, en su condición de Agente de la Policía Nacional lesionó al también Agente Fredy Mauricio Molina, a consecuencia de un proyectil disparado con su arma de dotación, según da cuenta la copia del acto administrativo de 2002 por el cual fue sancionado disciplinariamente, decisión del Comando del Departamento de Policía de Santander dentro del proceso n.° D-006-01 (f. 54-60). El análisis del material probatorio en el que se fundamentó la sanción disciplinaria deja ver el proceder imprudente del hoy 3 Auto de 22 de octubre de 1997, expediente número 13977; sentencia de 25 de julio de 1994, expediente número

8493; sentencia de 31 de julio de 1997, expediente número 9894. 4 “ARTICULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.” 5 “ARTICULO 77. DE LOS ACTOS Y HECHOS QUE DAN LUGAR A RESPONSABILIDAD. Sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a la Nación y a las entidades territoriales o descentralizadas, o a las privadas que cumplan funciones públicas, los funcionarios serán responsables de los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones.” “ARTICULO 78. JURISDICCION COMPETENTE PARA CONOCER DE LA RESPONSABILIDAD CONEXA. Los perjudicados podrán demandar, ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo según las reglas generales, a la entidad, al funcionario o a ambos. Si prospera la demanda contra la entidad o contra ambos y se considera que el funcionario debe responder, en todo o en parte, la sentencia dispondrá que satisfaga los perjuicios la entidad. En este caso la entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere.” 6 “ARTICULO 63. <CULPA Y DOLO>. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado

que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus