PGN - DEBER DE OBRAR Indebido cumplimiento

Dependencia: Viceprocuraduría General de la Nación

Radicación: 002-76873-02

Investigados: General Gabriel Eduardo Contreras Ochoa y otros.

Cargo y Entidad: Comandante de la Primera División. Ejército Nacional.

Quejoso: De Oficio. Compulsa de copias Fiscalía General de la

Nación.

Fecha informe: 14 de febrero de 2002.

Fecha hechos: 24 a 30 de septiembre de 2002.

Asunto: Presuntas irregularidades en operación de rescate de la ex Ministra Consuelo Araujo Noguera y otras personas.

Bogotá, Distrito Capital, 18 de septiembre de 2003.

I. ASUNTO POR DECIDIR: Evalúa el Despacho el mérito de la investigación disciplinaria seguida contra el

General del Ejército Nacional GABRIEL EDUARDO CONTRERAS OCHOA, los

Coroneles JOSÉ ELÍAS MAHECHA CÁRDENAS y LUIS MARÍA ACOSTA

OYUELA, el Teniente Coronel EDUARDO SANMIGUEL PEÑA, y los Capitanes ARMANDO JOSÉ OÑORO LAMBY y CARLOS HERNANDO LAMPREA CHAVARRO, por la presunta incursión en falta disciplinaria.

II. ASPECTOS PREVIOS:

a. Situación fáctica. A las cuatro de la tarde del 24 de septiembre de 2001, a la altura de la locación de "La Vega", en la vía que del corregimiento de "Patillal" conduce a la ciudad de Valledupar, jurisdicción del Departamento de Cesar, cerca de dieciocho individuos armados vestidos con prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares,

pertenecientes a la cuadrilla 59 del grupo subversivo autodenominado "Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)", quienes desde las 12:30 meridiano aproximadamente habían instalado en ese sector un retén ilegal, interceptaron la camioneta Toyota de placas OHK-786, que se desplazaba por la citada ruta con destino a la urbe mencionada, y procedieron a plagiar a sus ocupantes, entre quienes se encontraban la ex Ministra de cultura CONSUELO ARAUJO NOGUERA, la señora CECILIA MONSALVO RIVEIRA, las señoritas LUZ STELLA MOLINA MEJÍA y MARÍA PAOLA MOLINA ROJAS, y los escoltas ONÉSIMO QUINTERO SALCEDO, DARÍO PARRA y RICARDO MIGUEL MÁRQUEZ GÓMEZ, los cuales acababan de asistir a la celebración religiosa de la "Virgen de las Mercedes", que tuvo ocurrencia en la localidad de Patillal y desde la cual se trasladaban a Valledupar . Dicho secuestro hizo parte de la retención arbitraria y masiva de más de cien ciudadanos que desde las primeras horas de la tarde habían sido privados ilegalmente de su libertad de locomoción en el mismo sector, en el que no había en ese momento presencia de la Fuerza Pública, actividad delictiva cuya operación en la carretera culminó ante la importancia de la persona que acababan de subyugar, pues desde el instante en que verificaron la aprehensión irregular de la ex Ministra, iniciaron en el mismo automotor en el que aquélla se movilizaba y en otros vehículos de los demás plagiados en el destacamento ilegítimo, un

desplazamiento que los habría de llevar hasta las poblaciones de la Mina, Atanquez y Guatapurí (Cesar), en las cuales luego de liberar a la mayoría de secuestrados entregando algunos de los vehículos, seleccionaron con la ayuda de un subversivo que tenía el rostro cubierto, al preciso grupo que seguiría en su poder, entre ellos, además de las referidas personas que acompañaban a la señora ARAUJO NOGUERA, al abogado HERNANDO JOSÉ DAZA ÁRIAS, y los señores ISMEL HINOJOSA, CÉSAR HINOJOSA y ROBERTO ÁRIAS, últimas dos personas que posteriormente también fueron separadas del conjunto elegido. Avisadas de la situación de emergencia, las autoridades militares con sede en el Batallón de Artillería No. 2 "La Popa" de Valledupar, iniciaron sobre las seis de la tarde desplazamiento hacia la zona en donde se produjo el retén, distante en automotor a unos veinte minutos de la unidad militar, e igualmente se dispuso el alistamiento de varias Compañías de Contraguerrilla para poder iniciar la operación de rescate. En esta aproximación, efectuada hasta el corregimiento de Guatapurí, intervinieron el Coronel LUIS MARÍA ACOSTA OYUELA, Comandante del Comando Operativo No. 7, y el Teniente Coronel EDUARDO SANMIGUEL PEÑA, Comandante del Batallón de Artillería No. 2 "La Popa". A las 6:00 A.M. del 25 de septiembre, los subversivos prosiguieron la huida junto con el grupo de secuestrados valiéndose de los vehículos que aún conservaban

hasta donde las condiciones geográficas se lo permitieron, y posteriormente se internaron en la zona circundante de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sólo hasta las 8:00 A.M. de la referida calenda, un helicóptero de la Fuerza Aérea entró en contacto con los actores delictivos, lo mismo que las primeras unidades de contraguerrillas del Ejército, las cuales tuvieron un enfrentamiento con aquellos, en el cual fue ultimado el soldado profesional HUMBERTO ROJAS REATIGA y se logró la liberación de la señora CECILIA MONSALVO RIVEIRA y de ONÉSIMO QUINTERO SALCEDO, escolta de la ex Ministra. A partir de ese instante y por más de cuatro días, unidades de los Batallones de Contraguerrillas Nos. 40 "Héroes del Santuario" y 2 "Guajiros", continuaron la persecución al reducto delictivo sin lograr ubicarlo, hasta que el día 29 de septiembre de 2001, la Compañía que estaba más adelantada, esto es, la Cobra del Batallón de Contraguerrillas No. 40, que constaba de tres pelotones de contraguerrilla, al mando del Capitán ARMANDO JOSÉ OÑORO LAMBY, atendiendo las indicaciones de un indígena habitante de la Sierra Nevada y la información brindada por el avión Plataforma del Ejército sobre la posible ubicación del grupo terrorista, inició el descenso desde un pico de 4425 metros de altura, hasta el que no obstante carecer de dotación adecuada habían tenido que subir en curso de la persecución, para acercarse a un caserío indígena asentado

en la zona de "La Nevadita" y compuesto por varias chozas, en el que las ayudas visuales de la aeronave habían permitido avistar varias siluetas humanas, procedimiento de aproximación que no fue cuestionado por el Comando de la operación. Encontrándose a poco más de trescientos metros de los bohíos indígenas, que pudieron ser observados con la ayuda de los dispositivos optrónicos de visión nocturna, el Capitán OÑORO LAMBY hizo un alto e impartió instrucciones a sus unidades sobre el procedimiento táctico de registro de la zona circundante a las viviendas que se desplegaría para lograr el rescate, y reportó sobre las 9:00 P.M. su ubicación al puesto de mando establecido en el Batallón la Popa en Valledupar, el cual estaba compuesto por el General GABRIEL EDUARDO CONTRERAS OCHOA, Comandante de la Primera División del Ejército Nacional y el Coronel JOSÉ ELÍAS MAHECHA CÁRDENAS, Comandante encargado de la Segunda Brigada, quienes le reiteraron al Oficial Subalterno las órdenes genéricas que se habían dado desde el principio de la operación, en cuanto a evitar colocar en riesgo la vida de los secuestrados, dirigiendo el accionar de su armamento de fuego hacia zonas altas. Inmediatamente la presencia de la tropa fue advertida por los captores ilícitos, los que iniciaron un hostigamiento armado y separaron del grupo a la señora ARAUJO NOGUERA, quien fue transportada por los rebeldes a un sitio distante unos 800 metros del caserío, en donde optaron por ejecutarla, propinando sobre su

humanidad, según la evidencia forense, seis impactos de proyectiles de arma de fuego, en su mayoría percutidos por la espalda y a una distancia inferior a sesenta centímetros, de los cuales cuatro comprometieron regiones vitales en tórax y cabeza, que ocasionaron su deceso. Como consecuencia de la operación militar esa noche se logró el rescate de las señoritas LUZ STELLA MOLINA MEJÍA y MARÍA PAOLA MOLINA ROJAS, los escoltas RICARDO MIGUEL MÁRQUEZ GÓMEZ y DARÍO PARRA GÁLVIS, y el abogado HERNANDO JOSÉ DAZA ÁRIAS, sin que se pudiera establecer el paradero de ISMEL HINOJOSA. El cadáver de la ex Ministra fue encontrado sobre las doce de la noche del 29 de septiembre de 2001, momento en el que no se continuó con la persecución de los rebeldes por orden del puesto de mando ubicado en Valledupar, sino hasta la tarde del día siguiente, después de que los servidores de la Fiscalía pudieron tener acceso al lugar y realizaron las diligencias de inspección de rigor. Los finales registros en el área en búsqueda de los subversivos se prolongaron por varios días más sin resultados favorables. b. Devenir procesal. Con fundamento en la compulsación de copias dispuesta por la Fiscalía General de la Nación -Unidad de Derechos Humanosdentro del sumario 1087 seguido por SECUESTRO EXTORSIVO y HOMICIDIO AGRAVADO contra la cúpula de las FARC, a través de proveído del 3 de abril de 2002, la Procuraduría Delegada para

las Fuerzas Militares ordenó adelantar indagación preliminar para esclarecer no sólo la carencia de seguridad en la vía Patillal-Valledupar y la tardanza en la llegada de las unidades militares al lugar de los hechos, sino todas las circunstancias que rodearon las operaciones militares iniciadas que culminaron con el lamentable deceso de la ex Ministra de Cultura a manos de la subversión (folio 74 c.o.1.). Posteriormente este Despacho mediante auto del 3 de octubre de 2002, previa declaratoria de impedimento del señor Procurador General de la Nación, ordenó la apertura formal de investigación disciplinaria contra General del Ejército Nacional

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS OCHOA, los Coroneles JOSÉ ELÍAS

MAHECHA CÁRDENAS y LUIS MARÍA ACOSTA OYUELA, el Teniente Coronel EDUARDO SANMIGUEL PEÑA, y los Capitanes ARMANDO JOSÉ OÑORO LAMBY y CARLOS HERNANDO LAMPREA CHAVARRO, por la presunta incursión en falta disciplinaria, respecto de la situación fáctica descrita, al tenor de lo establecido en el Régimen de Reglamento Disciplinario para las Fuerzas Militares (folios 930 a 942 c.o.5.). En curso de la actuación se tomaron las declaraciones de CECILIA MONSALVO RIVEIRA (folios 118 a 125 c.o.1.), MARÍA PAOLA MOLINA ROJAS (folios 126 a 132 c.o.1.), RICARDO MIGUEL MÁRQUEZ GÓMEZ (folios 133 a 142 c.o.1.), ONÉSIMO QUINTERO SALCEDO (folios 143 a 153 c.o.1.), HERNANDO JOSÉ

DAZA ÁRIAS (folios 154 a 163 c.o.1.), RODOLFO AUGUSTO MOLINA ARAUJO

(folios 164 a 170 c.o.1. y 835 a 836 c.o.4.), LUZ STELLA MOLINA MEJÍA (folios 171 a 177 c.o.1.), HERNÁN HENRIQUE MAYA DAZA (folios 308 a 314 c.o.2.), JOSÉ MARÍA OCHOA DAZA (folios 615 a 617 c.o. 3.), VICTOR JOAQUÍN OCHOA DAZA (folios 618 a 620 c.o.3.), ELVIRA PAULINA DAZA GUTIERREZ (folios 621 a 623 c.o.3.), CARMEN CECILIA MAESTRE (folios 626 a 628 c.o.3.), LAUREN DALEGZZA RINCÓN GUERRERO (folios 629 a 631 c.o.3.), y JUAN DARÍO PARRA GÁLVIS (folios 776 a 777 c.o.4.). También se recibieron los testimonios de los militares SLV. RAFAEL MARÍA PUERTA VANEGAS (folios 465 a 472 c.o.3.), SLP. JHON JAIRO DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ (folios 473 a 481 c.o.3.), SLV. ERICK SEGUNDO ANAYA MARTÍNEZ (folios 482 a 489 c.o.3.), SLV. JAIME EDUARDO CAMARGO BELEÑO (folios 490 a 496 c.o.3.), SLV. OSCAR LUIS CASTRO ÁLVAREZ (folios 497 a 498 c.o.3), SLV. JOSEFITO DELGADO CALA (folios 499 a 500 c.o.3.), SLV. ALIDES GARCÍA

CONTRERAS (folios 501 a 502 c.o.3.), SLV. JOSÉ MARÍA BENJUMÉA GIL (folios 503 a 510 c.o.3.), SLV. ANDRÉS MANUEL MARTÍNEZ CAUSADO (folios 511 a 516 c.o.3.), SLV. OSCAR DIONISIO MAZA VARGAS (folios 517 a 524 c.o.3.), SLV. WILSON CASTRO CASTILLO (folios 525 a 530 c.o.3.), SLV. TEÓFILO ENRIQUE MESTRE MORALES (folios 531 a 536 c.o.3.), CP. JAIME GREGORIO MUÑOZ BACA (folios 537 a 543 c.o.3.), SS. APOLINAR GUERRERO (folios 544 a 551 c.o.3.), SLP. MÁXIMO SEGUNDO PEÑA SALINAS (folios 603 a 609 c.o.3.), SLV. ELGAR ANSELMO GUTIERREZ CHAMORRO (folios 632 a 640 c.o.3.), SLV. JOSÉ MEDINA PÉREZ (folios 641 a 643 c.o.3.), SLV. BIENVENIDO MEDINA SOSA (folios 665 a 671 c.o.4), SLV. EVELIO SUÁREZ BALLESTEROS (folios 672 a 676 c.o.4.), SLV. JUAN LUIS CASTILLA MENDOZA (folios 677 a 678 c.o.4.), SLP. ALFONSO ENRIQUE LATTA PINTO (folios 679 a 686 c.o.4.), SS. EULISES ROMERO SANJUÁN, Comandante del pelotón Cobra 4 del Batallón de Contraguerrillas No. 40 (folios 687 a 701 c.o.4.), ST. GILDARDO ANTONIO

BERNAL VARGAS, Comandante de la Cobra 1 (folios 702 a 717 c.o.4.), SS. ARMANDO ARGEMIRO MAYA BURBANO, Comandante de la Cobra 2 (folios 778 a 790 c.o.4.), SLP. ARMANDO HERNÁNDEZ PABÓN (folios 795 a 802 c.o.4.), SLV. JHON JAIRO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ (folios 837 a 842 c.o.4.), SLV. RIGOBERTO OCAMPO MOLINA (folios 909 a 922 c.o.5.), SLV. JOSÉ ANTONIO GAITÁN ARBOLEDA (folios 1141 a 1150 c.o.6.), SLV. VICTORIANO VALENCIA CÓRDOBA (folios 1151 a 1158 c.o.6.), y Mayor JOSÉ ANTONIO ESPINOSA GRANADOS, Comandante para ese entonces del Batallón de Contraguerrillas No. 40 "Héroes del Santuario" (folios 1349 a 1353 c.o7.). Adicionalmente, se recibieron las declaraciones del SLP. FÉLIX CLARET BASSA ZAPATA, adscrito al Batallón de Contraguerrillas No. 2 Guajiros (folios 843 a 845 c.o.4.), SLV. RAFAEL ENRIQUE CANDANOSA HERNÁNDEZ (folios 846 a 848 c.o.4.), SS. GERARDO ARIZA HERRERA (folios 849 a 853 vuelto c.o.4.), ST.

BERNARDO PITA REY (folios 854 a 858 c.o.4.), C.P. VORMAR ALIRIO MARTÍNEZ DUQUE (folios 859 a 850 vuelto), SLV. ERMES AMANCIO

BEJARANO GONZÁLEZ (folios 861 a 863 c.o.4.), SLP ALVARO ELIECER AGUILAR FLÓREZ (folios 864 a 866 c.o.4.), Suboficial HERNÁN DE JESÚS AGUINAGA ZAPATA (folios 867 a 870 c.o.4.), SLV. ARAMIS RAFAEL ACOSTA PEÑALOZA (folios 871 a 873 c.o.4.), SLV. LUCIANO CASTRO GÓMEZ (folios 874 y 874 vuelto c.o.4.), Oficial GUILLERMO RUIZ DE LA OSSA (folios 875 a 880 c.o.4.), SS. RICHARD JOSÉ HERNÁNDEZ RAMÍREZ (folios 881 a 883 c.o.4.), SLP. IVAN ORLANDO CUELLAR VARELA (folios 884 a 887 c.o.4.), y Mayor JORGE EDUARDO VERGARA MONROY, Comandante del Batallón Guajiros para la época de los hechos (folios 1323 a 1336 c.o.7.). Rindieron declaración bajo la modalidad de certificación jurada los Generales JORGE ENRIQUE MORA RANGEL, Comandante General de las Fuerzas Militares (folios 1008 a 10013 c.o.5.), FERNANDO TAPIAS STAHELIN, ex Comandante de las reseñadas Fuerzas (folios 1299 a 1303 c.o.6.), y el General HECTOR FABIO VELASCO CHÁVEZ, Comandante saliente de la Fuerza Aérea Colombiana (folios 1361 a 1362 c.o.7.). Además se recibieron los testimonios de la Tripulación del avión plataforma del Ejército, compuesta por el Mayor RAFAEL EDUARDO GUTIERREZ HORTÚA

(folios 1015 a 1020 c.o.5.), Mayor DANIEL VERGARA BUENO (folios 1021 a 1024 c.o.5.), Capitán ANDRÉS RAMÍREZ VILLALOBOS (folios 1040 a 1043 c.o.5.), y el SS. JORGE HERNÁN HIGUITA RESTREPO (folios 1044 a 1047 c.o.5.), Se escuchó en diligencia de exposición libre al Coronel del Ejército Nacional JOSÉ ELÍAS MAHECHA CÁRDENAS (folios 552 a 563 c.o.3.), al Capitán CARLOS HERNANDO LAMPREA CHAVARRO (folios 610 a 614 c.o.3.), al Capitán ARMANDO JOSÉ OÑORO LAMBY (folios 648 a 664 c.o.4.), y al Teniente Coronel EDUARDO SANMIGUEL PEÑA (folios 888 a 901 c.o.5). Se recepcionaron las versiones libres del General del Ejército Nacional GABRIEL EDUARDO CONTRERAS OCHOA (folios 1048 a 1067 c.o.5.), y el Coronel LUIS MARÍA ACOSTA OYUELA (folios 1182 a 1228 c.o.6.). Se realizaron visitas especiales en los siguientes lugares: (1) Batallón de Artillería No. 2 "la Popa", con sede en Valledupar (Cesar) -en la cual se tomó la declaración del Mayor EVER HERNÁN GÓMEZ NARANJO y se incorporaron los Informes de Situación de Tropas (INSITOPS) para la fecha de los hechos y las respectivas órdenes de operaciones alusivas a ellos (folios 178 a 203 c.o.1., 432 c.o.2. y 745 a

765 c.o.4)-; (2) Comando Operativo No. 7 -en la que se escuchó en testimonio al Coronel LUIS MIGUEL GONZÁLEZ MONROY (folios 204 a 219, 315, 369 y 434 c.o.2.)- y se incorporaron copias de la parte pertinente del reglamento de técnicas de combate irregular (folios 589 a 602 c.o.3.); (3) Grupo GAULA CESAR del Ejército -en la que se recibió la declaración de ALFONSO ZAPATA JARAVA (folios 220 a 224 y 433 c.o.2.)-; (4) Batallón de Contraguerrillas No. 2 Guajiros (folios 225 a 226 c.o.2.); (5) Gobernación del Cesar (folios 227 a 228 c.o.2.); (6) GAULA AVANZADA CESAR de la Policía Nacional, en la que se incorporaron copias de las labores de inteligencia realizadas por la Policía frente a estos hechos y se recibió el testimonio de GERMÁN GARCÍA CABARCAS (folios 229 a 291 c.o.2.); (7) Alcaldía de Valledupar, en la cual se escuchó en declaración al Alcalde de Valledupar, ELÍAS GUILLERMO OCHOA DAZA (folios 292 a 305 c.o.2.); (8) Comando del Departamento de Policía Cesar (folios 306 a 307 c.o.2.); (9) Segunda Brigada del Ejército Nacional, con sede en Barranquilla (Atlántico) (folios 375 a 378 c.o.1.); y (10) Juzgado Penal Militar No. 21 de Valledupar (Cesar), en la

que se anexaron copias de la investigación penal militar iniciada por estos hechos (folios 381 a 431 c.o.2.). Igualmente se practicó visita especial en: (11) Fiscalía General de la Nación, Unidad de Derechos Humanos, (folios 76 a 77 c.o.1. y 1357 c.o.7), en la que se incorporó copia completa de las diligencias penales iniciadas con ocasión del insuceso (ver cuadernos anexos); (12) Sección Jurídica de personal y Oficina Jurídica del Comando del Ejército Nacional (folios 324 a 326 c.o.2.); (13) Jefatura de Soldados Profesionales (folios 446 a 448 c.o.3.); (14) Brigada Móvil No. 4 y Batallón de Contraguerrillas No. 40 con sede en Granada, Meta, en la cual se incorporaron copias de las planillas de asignación y repartición de armamento del citado Batallón (folios 565 a 573 c.o.3.); (15) Sección Tercera de Operaciones del Batallón de Artillería No. 2 "La Popa", en la que se allegó la orden de operaciones Pacora para el evento de toma de parques efectuado el día anterior a los hechos en Patillal (Cesar) (folios 644 a 647 c.o.3.); y (16) Fiscalía 5ª Especializada de Valledupar, en la que se incorporó copia del breve sumario iniciado por los homicidios del soldado HUMBERTO ROJAS y de un subversivo en la operación de rescate (folios 814 a 833 c.o.4.). No puede dejarse de indicar finalmente que se allegó evidencia documental

relacionada con el personal militar que participó en el operativo de rescate, así como con el Sumario de Órdenes Permanentes (SOP) para el año 2001 (folios 350 a 368 c.o. 2), y se incorporaron las hojas de vida de los militares investigados (folios 1105 a 1135 vuelto c.o.6.). Habiéndose desestimado por improcedente la invitación a declararse impedido formulada frente al titular de este Despacho por el Coronel LUIS MARÍA ACOSTA OYUELA (folios 1237 a 1240 y 1263 a 1265 c.o.6.), y encontrándose perfeccionada y cerrada la investigación, se procede a emitir el pronunciamiento al que se refiere el artículo 182 de la Ley 836 de 2003, nuevo Reglamento de Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares, para cuyo efecto deberán tenerse en cuenta previamente las alegaciones de los sujetos procesales. c. Alegaciones de los sujetos procesales. c.1. La defensora del Mayor General GABRIEL EDUARDO CONTRERAS OCHOA, y los Coroneles JOSÉ ELÍAS MAHECHA CÁRDENAS y EDUARDO SANMIGUEL PEÑA, solicitó el archivo definitivo de la investigación, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 73 y 164 de la Ley 734 de 2002. Expresó que el Teniente Coronel EDUARDO SANMIGUEL PEÑA no fue omisivo en ejercicio de su cargo, pues una vez fue informado de la situación que ocurría en la vía a eso de las 5 de la tarde, de inmediato ordenó el alistamiento de las

tropas disponibles y puso al tanto de la emergencia al Comandante del Comando Operativo No. 7, Coronel LUIS MARÍA ACOSTA OYUELA. Acotó que el Oficial SANMIGUEL PEÑA dispuso el traslado de estas unidades, pese a que las contraguerrillas del Batallón "La Popa", estaban comprometidas prestando la seguridad a un grupo de ingenieros que reconstruía las torres de energía dinamitadas por la guerrilla en varios municipios de la Guajira y del Cesar. Respecto del coronel JOSÉ ELÍAS MAHECHA CÁRDENAS, Comandante de la Segunda Brigada, recordó que el 25 de septiembre de 2001, por orden del Comandante de la División, se trasladó a Valledupar para supervigilar el desarrollo de la operación que desde el día 24 había iniciado el Comando Operativo No. 7. Expresó que el Oficial en cumplimiento de esa misión, permaneció en el centro de operaciones recibiendo información de inteligencia militar para hacer recomendaciones, tomar decisiones de común acuerdo y dar órdenes tendientes a obtener éxitos operacionales. En lo que atañe al General GABRIEL EDUARDO CONTRERAS OCHOA, manifestó que luego de ser informado del secuestro masivo en la vía PatillalValledupar, se desplazó a esta última ciudad y desde el centro de operaciones siguió paso a paso el desarrollo de la Operación Libertad, orientando y emitiendo las órdenes requeridas de acuerdo a las informaciones que se recibían de quienes se encontraban en el área en persecución del grupo subversivo. Para la defensora de los referidos militares, no existe razón para decir que el

planeamiento de la operación no fue el adecuado, pues la misión estuvo a cargo de hombres preparados y con experiencia en el manejo táctico y operacional, quienes desde el centro de operaciones brindaron las instrucciones y mandatos respectivos, siempre orientados a que las tropas actuaran con precaución, sigilo y astucia. Al analizar las evidencias, concluyó que la noche de los hechos, la decisión del Comandante de la División fue la de parar, esperar, escuchar y observar, acotando que todas esas órdenes eran transmitidas desde el centro de operaciones a los hombres que se encontraban en el área. Luego de aludir a la certificación jurada del General JORGE ENRIQUE MORA RANGEL, Comandante del Ejército para la fecha de los hechos, insistió en que la operación militar cuestionada se planeó y ejecutó con la observancia de las normas y reglamentos que rigen la materia, y con el celo y cuidado exigidos por las circunstancias y gravedad de los hechos, tanto que se manejó al más alto nivel operacional. Advirtió que no es cierto que se hubiera presentado desorden e indisciplina en el terreno de las operaciones, como lo manifestó el soldado JHON JAIRO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, cuyo testimonio fue desvirtuado por los militares que citó como testigos. Finalmente precisó que las unidades militares continuaron en la persecución de los subversivos por diez días consecutivos, con apoyo aéreo, sin lograr entrar en contacto con el grupo, reiterando su solicitud de archivo de la investigación. c.2. El defensor de los Capitanes ARMANDO JOSÉ OÑORO LAMBY y CARLOS

HERNANDO LAMPREA CHAVARRO, también imprecó el archivo de las diligencias. Después de referirse a las principales evidencias incorporadas a la actuación, señaló que los Oficiales que Comandaron y ejecutaron la operación, cumplieron con su deber, sin que en ningún momento se presentaran conductas que dieran lugar a la imposición de sanción disciplinaria. Específicamente encontró como inexplicable la actitud tomada por el soldado JHON JAIRO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, cuando pretendió tergiversar los hechos que rodearon el infortunado secuestro y lamentable muerte de la ex Ministra CONSUELO ARAUJO NOGUERA, dado que el dicho de aquél en cuanto que hubo confusión y desorden en la operación fue desmentido por los soldados que citó como testigos y por todos los que participaron en la actividad militar. Al referirse a la versión libre del Capitán ARMANDO JOSÉ OÑORO LAMBY, señaló que el registro que se pretendió intentar sobre las viviendas en las que estaban los secuestrados no fue posible debido al hostigamiento de los insurgentes, aclarando que la tropa disparaba a partes altas. Frente al Capitán CARLOS HERNANDO LAMPREA CHAVARRO señaló que a través de su versión fue desmentida la afirmación del doctor ELÍAS OCHOA DAZA en el sentido de que se le había solicitado protección para el 24 de septiembre de 2001, acotando que no hubo requerimiento ni verbal ni escrito a este respecto para que se tomara una decisión que no era competencia del citado Oficial Subalterno sino de sus superiores. c.3. El Defensor del Coronel LUIS MARÍA ACOSTA OYUELA, aseveró que, con

las pruebas allegadas al proceso, no es posible sostener que hubo negligencia o deficiencia en la planeación del operativo, o que el Coronel ACOSTA, en la parte que a él competía, descuidó tomar medidas más eficientes para rescatar a los secuestrados. Precisó que no puede tildarse de inadecuada o ineficiente la acción del Ejército, cuando a pesar de las condiciones de desventaja cronológica y operativa en las que le correspondió actuar, el contingente militar se esforzó hasta el agotamiento, y no sólo logró localizar en un término relativamente corto al grupo criminal, sino que se ubicaron en situación de entrar en inmediato contacto armado, lo cual se abstuvieron de hacer en procura de un momento más oportuno y con miras a no aumentar en riesgo que ya gravitaba sobre los secuestrados. Para la defensa no resulta jurídico que la Procuraduría o cualquier órgano del poder judicial, pueda válidamente cuestionar la estrategia en sí de una operación militar, pues la técnica de ésta es algo que compete al juicio estrictamente militar o político. Aspectos tales como en cuántas unidades o grupos, bajo qué estrategia, si en operación envolvente o en línea frontal debía perseguirse a los malhechores, si el comandante debe ir adelante, atrás, al lado derecho o al izquierdo, en el centro o acompañado de tales o tantas unidades, constituyen situaciones que escapan a la Procuraduría, la cual sólo debe limitarse a examinar si hubo omisión en el cumplimiento del deber, extralimitación en el mismo, o si medió negligencia, descuido o imprudencia en la ejecución de las obligaciones, pues la estrategia

ante la guerra de guerrillas o la reacción frente a ésta, es algo que por sí mismo está fuera de todo juicio disciplinario. Después de describir paso a paso los sucesos que acompañaron el operativo, advirtió que resultaría absurdo, descabellado y hasta antipatriótico, concluir que la misión no fue eficaz, valiente y exitosa y ajustada a derecho. Afirmó que es apreciable objetivamente que las unidades militares hicieron lo que tenían que hacer, logrando en el primer encuentro con los subversivos el rescate de 14 personas, y varios vehículos, resultado positivo que no permite plantear que hubo negligencia, descuido o incumplimiento del deber, cuando los hechos dejan ver, no sólo el arrojo sino el sacrificio de los militares, que costó la vida al soldado ROJAS. Anotó que las tropas oficiales enfrentaban en la misión, no a delincuentes comunes, sino a la guerrilla más experimentada y sanguinaria del planeta, siendo de lógica jurídica que los Oficiales no tienen por qué responder por las reacciones criminales de los subversivos, pues ello equivaldría a que el Estado se rindiera de antemano y que ante el temor de cómo reaccionará el delincuente, tuviera que permanecer inactivo. En criterio del defensor del Coronel ACOSTA, la responsabilidad penal o disciplinaria es en el entorno del sistema constitucional y legal por acto propio, ya sea por acción u omisión, en el cumplimiento de las funciones, o por extralimitación en las mismas, pero no puede atribuirse responsabilidad alguna por la retaliación criminal, que ante la acción legítima del Estado resuelve vengarse y

cometer un crimen como el ejecutado vilmente en la indefensa ex funcionaria. Si se repasan los fundamentos jurídicos de la imputación, se advierte que los Oficiales investigados no crearon el riesgo antijurídico para la vida e integridad de los secuestrados, como tampoco lo incrementaron ilícitamente, con lo que en cumplimiento del deber reaccionaron legítimamente ante el injusto punible, lo cual impide formularles reproche disciplinario alguno. Al referirse a la pérdida de comunicación radial del Coronel ACOSTA con el mando, generada por la topografía del terreno, que implicó que el Capitán OÑORO fuera dirigido por el General CONTRERAS y el Coronel MAHECHA hasta el desenlace final, indicó que las limitaciones de los equipos y demás implementos con que el Estado y el Gobierno Nacional dotan a la Fuerza Pública, por razones presupuestales, no puede ser un hecho imputable a la responsabilidad de los servidores del Ejército Nacional, como tampoco las deficiencias de los equipos utilizados. Expuso que la no presencia de su procurado, Coronel ACOSTA, la noche del 29 de septiembre en el frente principal, no se motivó en la falta de voluntad, negligencia o descuido, sino que fue consecuencia de la división de funciones en el campo de la operación. No se puede imputar al cargos al Coronel ACOSTA, quien no incurrió en omisión de funciones, extralimitación de éstas, ni en negligencia o temeridad típica. Por último, manifestó que no es cierto que después del asesinato de la ex Ministra ARAUJO NOGUERA, no se hubiera continuado con la persecución del grupo

insurgente. Para desvirtuar esta inferencia citó las declaraciones certificadas del General JORGE ENRIQUE MORA RANGEL y el General HECTOR FABIO VELASCO CHÁVEZ, Comandantes del Ejército y Fuerza Aérea para la época de los hechos, quienes señalaron que la búsqueda del grupo subversivo prosiguió por diez días consecutivos, con apoyo aéreo. De esta manera recabó su petición de archivo de la investigación.

III. CONSIDERACIONES: Puntualización previa.- El art. 184 de la Ley 836 de 2003 -nuevo Reglamento de Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares-, establece que el funcionario de conocimiento formulará cargos cuando esté demostrada objetivamente la falta y exista confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documentos, peritación o cualquier otro medio probatorio que comprometa la responsabilidad del investigado. El incumplimiento de las exigencias legales en mención al culminar la etapa de investigación, conduce al archivo de las diligencias, acorde con lo indicado en la norma 183 ídem.

Bajo estos parámetros se estudiará seguidamente la conducta de los implicados, a efecto de establecer si se agotan los requisitos reseñados:

1. DEMOSTRACIÓN OBJETIVA DE LA FALTA.

La demostración objetiva de la falta constituye el aspecto objetivo en que se funda la potestad de disciplina y se refiere a la adecuación de la conducta del implicado y/o implicados a la descripción legal de la irregularidad que se imputa -legalidad-, lo