PGN - DEBER DEL SERVIDOR PUBLICO Cumplir con diligencia, eficiencia el servicio que le sea

FALLO ABSOLUTORIO-A favor del rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia por extralimitación de sus funciones al autorizar capacitación en el exterior a unos funcionarios FALLO ABSOLUTORIO-Ausencia de presupuesto de certeza PROCESO DISCIPLINARIO–Finalidad CERTEZA DE LA FALTA DISCIPLINARIA-Fallo sancionatorio solo procede cuando obre prueba que conduzca a la certeza DEBER DEL SERVIDOR PUBLICO-Cumplir con diligencia, eficiencia el servicio que le sea encomendado ANTIJURICIDAD-La conducta debe afectar el deber funcional sin justificación alguna Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública 1

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Dependencia Delegada para la Economía y la Hacienda Pública Radicación IUS 2015-198387 IUC 2015-792-789827

Investigado GUSTAVO ORLANDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ y SANDRA ROCÍO

MONDRAGÓN ARÉVALO Entidad Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia –UptcQuejoso Anónimo Fecha Queja 1 de septiembre de 2014 Fecha hechos Vigencias 2013 -2014 Asunto Fallo de primera instancia AUTO DEHP No. 007 de 2018 Bogotá, D. C., 18 de enero de 2018

I. ASUNTO El Despacho procede a proferir fallo de primera instancia en la investigación adelantada contra GUSTAVO ORLANDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ y SANDRA ROCÍO MONDRAGÓN ARÉVALO, Rector y Jefe de Planeación, respectivamente, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – Uptc-, con sede en Tunja

(Boyacá), con fundamento en lo previsto en el artículo 170 de la ley 734 de 2002. II.- ANTECEDENTES Mediante queja anónima se denunció que en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia –Uptcde Tunja: (I) Se ha comisionado a la Directora Administrativa, al Decano de la Seccional Duitama, al Jefe de Planeación y al Jefe de Bienes y Suministros para asistir a eventos que no tienen nada que ver con las funciones que ejercen, pero la Directora Administrativa niega cualquier salida a prácticas estudiantiles; (II) En julio de 2012 se cayó el sistema de información financiera, se perdieron cerca de 5.000 registros, durante un viaje de la Directora, quien a su regreso ordenó recuperarlos explotando laboralmente a sus funcionarios.1 III.- ACTUACIÓN PROCESAL El 30 de septiembre de 2014, el Jefe de Control Interno de la Universidad Pedagógica inició indagación preliminar para averiguar los hechos denunciados en la queja anónima y para efectos dispuso la práctica de pruebas.2 Después de allegar documentos e informaciones relacionadas con la comisión de funcionarios de la administración para asistir a eventos en el exterior, particularmente en Chile, Estados Unidos y España, por auto de 26 de mayo de 2015 dispuso la remisión de la actuación a la Procuraduría Delegada para la Función Pública (sic), por considerar que las conductas denunciadas comprometen la presunta responsabilidad del Rector de la Universidad GUSTAVO ORLANDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ y de la Directora Administrativa y Financiera POLICARPA MUÑOZ FONSECA, funcionarios

respecto de los cuales no tiene competencia para investigar, atendiendo su nivel 1 Fl. 3. 2 Fl. 4. 2 jerárquico previsto en el Acuerdo 038 de 2001, que determina la Estructura Orgánica de la Universidad.3 La Procuraduría Primera Delegada Vigilancia Administrativa remitió a esta Delegada la actuación el 2 de octubre de 2015, por considerar que los hechos tienen que ver con la utilización de recursos del tesoro nacional, materia que corresponde examinar a este Despacho, de acuerdo con las normas de competencia fijadas por el Procurador General de le Nación, en la Resolución 017 de 2000.4 Por auto de 30 de octubre de 2015, el despacho dispuso la apertura de investigación contra GUSTAVO ORLANDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, POLICARPA MUÑOZ FONSECA y SANDRA ROCÍO MONDRAGÓN ARÉVALO, en su calidad de Rector, Directora Administrativa y Jefe de Planeación, respectivamente, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia –Uptc, con el objeto de establecer si incurrieron en falta disciplinaria por extralimitación o abuso de funciones, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias en que ocurrieron los hechos, la presunta responsabilidad por los desplazamientos de funcionarios de la planta administrativa de la Universidad para participar en procesos de capacitación en la ciudades de Valparaíso –Chile, Washington D-C.-Estados Unidos de América y a la Comunidad Autónoma de Asturias en España, en los años 2013 y 2014.5 En relación con la caída del sistema de

información financiera, en el mes de julio de 2012, se dispuso el archivo de la actuación por tratarse de fallas técnicas no imputables a los funcionarios operadores del sistema. Mediante auto de 23 de junio de 2016, se formuló pliego de cargos a GUSTAVO ORLANDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ y SANDRA ROCÍO MONDRAGÓN ARÉVALO, y se dispuso el archivo de la actuación seguida contra POLICARPA MUÑOZ FONSECA. El 22 de septiembre de 2016 se decretaron y negaron pruebas solicitadas en los descargos presentados por los apoderados de los investigados; el 31 de octubre de 2016 se remitió el proceso a la Sala Disciplinaria de la Procuraduría para que resolviera el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de MONDRAGÓN

ARÉVALO6.

La Sala Disciplinaria en providencia de 12 de enero de 2017, dispuso que se notificara nuevamente el auto que negó pruebas, para advertir a los sujetos procesales que contra la decisión procedían los recursos de reposición y apelación, a lo que se dio cumplimiento por auto de 29 de marzo de 2017, providencia contra la cual los sujetos procesales interpusieron los referidos recursos, que fueron resueltos mediante auto de 17 de mayo de 2017, en lo referente a la reposición y se concedió el de apelación para ante la Sala Disciplinaria.7 La Sala Disciplinaria en providencia de 5 de septiembre de 2017 ordenó tener como prueba el Acuerdo 03 de 2014, expedido por el Consejo Nacional de Educación – CESU-, que obra en el proceso y confirmó en lo demás el auto impugnado8.

3 Fl. 232. 4 Fl. 253. 5 Fl. 257 ss. 6 Fls. 606, 623 c. 3. 7 Fls. 623, 629, 713 c. 3. 8 Fl. 733 c. 3. Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública 3

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Mediante auto de 22 de septiembre de 2017, se corrió traslado para presentar alegatos de conclusión9. IV.- IDENTIFICACIÓN DE LOS INVESTIGADOS Los funcionarios aquí investigados son: GUSTAVO ORLANDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, identificado con CC. XXXXXXXXXX, Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a partir del 1º de enero de 201110, y SANDRA ROCÍO MONDRAGÓN AREVALO, identificada con CC. XXXXXXXXXXXX Jefe de la Oficina de Planeación a partir del 4 de mayo de 2009.11 V.- PRUEBAS En el curso de la actuación se allegaron las siguientes pruebas: 1.- Consolidado de compromisos y gastos de viáticos con corte a 31 de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2013 y 30 de septiembre de 2014.12 2.- Invitación, autorización, trámite presupuestal y diplomas de asistencia de personal de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia a la ciudad de Valparaíso – Chile, los días 27 y 28 de noviembre de 2013, a la realización de la tercera versión del Congresos de infraestructura para la Educación Superior CIES.13

3.- Invitación, autorización, trámite presupuestal y diplomas de asistencia de personal de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia a la ciudad de Washington D.C. –Estados Unidos de América, los días 6, 7, 8 y 9 de mayo de 2014, para participar en la Misión Internacional de Capacitación sobre Cooperación Técnico para el Desarrollo, Construcción de Alianzas Estratégicas y Recaudación de Fondos para Proyectos y Programas de Sostenibilidad.14 4.- Invitación, autorización, trámite presupuestal y diplomas de asistencia de personal de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia a la Comunidad Autónoma de Asturias –España, los días 1, 2, 3, 4 y 5 de septiembre de 2014, para participar en la Gira Internacional de Capacitación sobre Desarrollo Social Sostenible, Planeación y Gestión Eficiente.15 5.- Copia del Acuerdo 038 de 30 de julio de 2001, que determina la Estructura Orgánica de la Universidad Uptc.16 6.- Copia Acuerdo 022 de 26 de abril de 2001, sobre Control Interno, y 008 de 25 de enero de 2007, sobre nomenclatura y clasificación de empleos de la Universidad Uptc.17 7.- Copia del Acuerdo 027 de 29 de mayo de 208, sobre Estatuto de Personal de la Universidad.18 8.- Declaraciones rendidas ante la Procuraduría Judicial II Penal de Tunja por ADÁN DE

JESÚS BAUTISTA MORANTES19, HUGO ALFONSO ROJAS SARMIENTO20, MIGUEL

9 Fl. 750 c. 3. 10 Fls. 5 a 41 anexo 1. 11 Fl. 75 a 113 anexo 1. 12 Fls. 20 a 41 13 Fls. 48 a 92, carpeta anexo 4, carpeta anexo 5, carpeta anexo 9. 14 Fls. 93, 101 a, carpeta anexo 3, carpeta anexo 6, carpeta anexo 10. 15 Fls. 168, 172 a 222, carpeta anexo 2, carpeta anexo, carpeta anexo 11. 16 Fl. 234 ss. 17 Fl. 248 ss. 18 Fl. 289 a 310. 19 Fl. 335 ss. 20 Fl. 340 ss. 4 ANGEL GARCÍA ROJAS21, ANA OTILIA SUAREZ MORALES22, IBERH YOHANA NIÑO GIL23y GLORIA SUSANA BÁEZ ROA, personas que han desarrollado funciones en la Universidad. 9.-Documentos que acreditan la calidad y funciones de los investigados, al igual que explicaciones sobre las comisiones materia de investigación, remitidos por GLORIA SUSANA BÁEZ ROA, Coordinadora de Talento Humano.24 10.- Revistas sobre plan de desarrollo, plan maestro institucional y Diagnóstico y fase de participación y concurso de la Universidad Uptc.25 11.- Copia del Estatuto General de la Uptc, Acuerdo 066 de 2005.26 12.- Copia Resolución 1005 de 13 de febrero de 2013, que establece el programa de capacitación para la vigencia fiscal de 2013.27 13.- Copia Resolución 1004 de 13 de febrero de 2013, que adopta el programa de

bienestar e incentivos, vigencia 2013.28 14.- Copia Resolución 2258 de 5 de marzo de 2014, que establece el programa de capacitación para la vigencia fiscal de 2014.29 15.- Copia Resolución 2823 de 9 de mayo de 2014, que adopta el programa de bienestar e incentivos, vigencia 2014.30 16.- Copia de la Resolución 4693 de 23 de noviembre de 2012, que liquida el presupuesto de la Uptc, vigencia 2013.31 17.- Copia del Acuerdo 056 de 6 de noviembre de 2012, que aprueba el presupuesto, vigencia 2013.32 18.- Copia del Acuerdo 038 de 29 de octubre de 2013, que aprueba el presupuesto para la vigencia 2014.33 19.- Copia Resolución 4831 de 12 de noviembre de 2013, que liquida el presupuesto para la vigencia 2014.34 20.- Boletín de acuerdos de la Uptc.35 21.- Certificación sobre ordenación del gasto por parte del Rector, certificados de disponibilidad presupuestal, registro presupuestales, certificados de egresos para atender los gastos de inscripción de los servidores y ejecución de gastos de transporte de los comisionados.36

VI. PLIEGO DE CARGOS El pliego de cargos, proferido en auto del 23 de junio de 2016 dispuso: 4.1.- GUSTAVO ORLANDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ “…Extralimitarse en sus funciones al autorizar como Rector la asistencia a jornadas de capacitación en el exterior a los funcionarios: POLICARPA MUÑOZ FONSECA,

21 Fl. 343 ss. 22 Fl. 346 ss. 23 Fl. 348 ss. 24 Fls. 1 a 113, anexo 1. 25 Anexo 8. 26 Fl. 385 ss, c. 2. 27 Fl. 400 ss c. 2. 28 Fl. 408 ss c. 2. 29 Fl. 413, 463 ss c. 2. 30 Fl. 420 ss c. 2. 31 Fl. 425 ss c. 2. 32 Fl. 433 ss c. 2. 33 Fl. 438 ss c. 2. 34 Fl. 444 ss c. 2. 35 Fl. 459 ss c. 2. 36 Fl. 139 ss c. 1; 477 c. 2. Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública 5

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SANDRA ROCÍO MONDRAGÓN ARÉVALO, FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO TORRES y ADAN DE JESUS BAUTISTA MORANTES, realizadas en la ciudades de Valparaíso –Chile ( 27 y 28 de noviembre/13), Washington D,C –EU, ( 6,7,8 y 9 de mayo /14), y comunidad autónoma de Asturias – España (01 al 05 de septiembre/14), que causaron erogación de recursos presupuestales para pago de inscripción, viáticos y pasajes, con el fin de que recibieran capacitación en materias no previstas y ajenas a los propósitos contemplados en las resoluciones 1005 de 13 de febrero de 2013 y 2258 de 5 de marzo de 2014, que adoptaron los programas de capacitación para esas

vigencias.” SANDRA ROCÍO MONDRAGÓN ARÉVALO “…No obrar con la adecuada diligencia y eficiencia, como Jefe de Planeación de la Uptc, al solicitar al Rector GUSTAVO ALVAREZ que autorizara la asistencia de funcionarios de la Universidad a capacitaciones realizadas en la ciudades de Valparaíso –Chile (27 y 28 de noviembre/13), Washington D,C –EU, ( 6,7,8 y 9 de mayo /14), y comunidad autónoma de Asturias – España (01 al 05 de septiembre/14), a las que asistió junto con POLICARPA MUÑOZ FONSECA, FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO TORRES y ADAN DE JESUS BAUTISTA MORANTES, actividades que no estaban previstas y eran ajenas a los propósitos contemplados en las resoluciones 1005 de 13 de febrero de 2013 y 2258 de 5 de marzo de 2014, que adoptaron los programas de capacitación para esas vigencias.” VII.- DESCARGOS Y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN El investigado GUSTAVO ORLANDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ por conducto de apoderado, alegó lo siguiente: -La tipicidad tiene, desde el punto de vista técnico, su fuente en el artículo 50 de la ley 734 de 2002, norma que señala los comportamientos que constituyen falta disciplinaria, incluida la prohibición prevista en el artículo 35 numeral 1 ibídem. Para el caso examinado, el investigado no incurrió en extralimitación de funciones porque el artículo 22 del Acuerdo 006 de 2005, Manual de Funciones, en el literal n) lo autoriza

para asignar y conceder comisiones, en concordancia con los artículos 81 y 82 del Acuerdo 027 de 2008, que autorizó a la Universidad para adoptar anualmente el programa de capacitaciones, como en efecto se hizo mediante las resoluciones 1005 de 2013 y 2258 de 2014, en virtud de lo cual el accionar del investigado se encuentra desprovisto de tipicidad. La política pública de educación ha considerado de vital importancia la internacionalización de la educación superior y en ese orden, la Uptc debe hacer esfuerzos para el mejoramiento cualitativo de la educación, siguiendo lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación, el Consejo Nacional de Educación Superior y el Ministerio de Educación que evalúa el tema con la herramienta de “indicadores de Desempeño”; en el caso de la Universidad, este lineamiento fue incluido en el numeral 4 de plan de desarrollo para el periodo 2015-2018; por tanto, aunque no estuviere previsto en la resoluciones la asistencia de funcionarios a capacitarse en el exterior, esos actos deben ser leídos en forma integral, pues la resolución 1005 de 2013 establece claramente que la Universidad buscaba obtener reconocimiento nacional e internacional y la asistencia a los eventos era necesaria para cumplir el objetivo. No era posible planear en forma detallada los eventos internacionales, porque ningún funcionario sabe los que se celebren en el futuro en temas que resulten de 6 importancia estratégica para la Universidad y además está sujeto a la invitación que haga el organizador; sin embargo, la necesidad y utilidad de estos eventos son innegables, como herramienta indispensable en el proceso de mejoramiento de los servicios ofrecidos la comunidad académica, de manera que de acuerdo con la

facultad otorgada al Rector por el artículo 72, numeral 7 del Acuerdo 027 de 2008, para conceder comisiones a los funcionarios, se puede afirmar que las personas a las que autorizó los viajes se encontraban en comisión. La Resolución 1005 de 2013 estableció que la Universidad buscaba obtener reconocimiento nacional e internacional y uno de los programas de capacitación tenían que ver con que la entidad fuera más competitiva en esos ámbitos. En las comunicaciones de 2 de octubre de 2013 y 22 de marzo de 2014, dirigidas a la señora MONDRAGÓN ARÉVALO, el Rector expresó que la razón para aceptar las invitaciones y expedir las autorizaciones de asistencia a los eventos era que los temas propuestos coincidían con los temas propuestos en el Plan de Desarrollo de la Universidad (2011-2014), amparado en el Plan Maestro de Desarrollo Institucional 2007 – 2019, que contemplaba como lineamiento 5, la modernización de la gestión administrativa y financiera, el programa de infraestructura y dotación física. El comportamiento del Rector, ÁLVAREZ ÁLVAREZ, no puede catalogarse como propio de la culpa grave, que se refiere al actuar negligente y descuidado, pues las autorizaciones que otorgó, interpretadas a la luz de sus funciones, muestran que por el contrario estaba interesado en la ejecución del Plan de Desarrollo de la Universidad. La ilicitud sustancial prevista en el artículo 5 del Código Disciplinario Único (ley 734 de 2002-CDU), exige la exteriorización de un comportamiento que afecte el deber funcional y se deslinde de los principios de la función pública, como lo han señalado la

Corte Constitucional y el Consejo de Estado, según citas que transcribe, y que en el mismo sentido la doctrina exige: 1.- que el comportamiento del servidor se aparte de la realización efectiva de los derechos fundamentales de la administración, 2.- que se estudie qué principios del artículo 209 de la Constitución fueron soslayados, para extraer su sentido de servicio y compromiso con las tareas que funcionalmente le corresponden, 3.- analizar el impacto que en la sociedad generó la conducta reprochada, 4.- que la ilicitud se estudie en cada caso según el principio de justicia, la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, la necesidad, la adecuación y la proporcionalidad. En el derecho disciplinario no existen faltas “típicamente antijurídicas”, porque debe existir evidencia de resultados reales, cuantificables y objetivos que influyan en la afectación del deber funcional, para el caso examinado, el artículo 35, numeral 40 del CDU fija el deber de “capacitarse y actualizarse en el área en donde desempeñe sus funciones”, por tanto, no se puede reprochar al investigado el haber propiciado la capacitación y actualización del personal del Universidad, por el contrario, la conducta desplegada está desprovista de ilicitud sustancial y por ello debe proferirse fallo absolutorio.37 SANDRA ROCÍO MONDRAGÓN ARÉVALO, expuso por conducto de apoderado lo siguiente: 37 Fl. 510 c., 771 ss c. 4. Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública 7

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La construcción de los ilícitos disciplinarios, mediante la teoría de los tipos en blanco requiere para estructurar la tipicidad de normas que contengan en concreto los deberes atribuidos al servidor, que cumplan la exigencia formal de su consagración escrita y previa al acto calificado como falta disciplinaria, como lo establece el artículo 4º del CDU, al referirse a “comportamientos descritos como falta”, pero no existe ninguna norma que limite el otorgamiento de comisiones al exterior a los casos en que estén en consonancia con los programas de capacitación de la entidad; el pliego de cargos confundió las comisiones con las capacitaciones, creando la categoría “comisiones de capacitaciones en el exterior”. El artículo 72 del Acuerdo 027 de 2008, en concordancia con el artículo 22, literal n) autorizan al Rector para conceder comisiones, tema regulado en los artículos 22 del Decreto 2400 de 1968 y el artículo 75 del Decreto 1950 de 1973, para asistir a conferencias, reuniones, seminarios, invitaciones de gobiernos y organismos internacionales o instituciones privadas; ninguna de estas normas restringe las comisiones para casos en que se desarrolle programas de bienestar y capacitación de la entidad; las comisiones aunque sean para capacitación siguen manteniendo autonomía, no se convierten en capacitaciones a pesar de que se otorguen con ese propósito, de hecho en el cuaderno 1 del expediente obran los reportes de pago de viáticos por comisiones a Bogotá y otros lugares, sin que conste que tengan relación con programas de capacitación. Los testimonios que rindieron ADÁN DE JESUS BAUTISTA, HUGO ALFONSO ROJAS,

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA y POLICARPA MUÑOZ FONSECA señalaron que las comisiones de carácter administrativo no surten el procedimiento de las comisiones académicas, no era necesario emitir concepto y no existe reglamentación específica, porque es potestad discrecional del Rector conceder comisiones; en similar sentido se pronunciaron los Coordinadores del Grupo de Gestión Humana, ANA OTILIA SUÁREZ y GLORIA SUSANA BÁEZ. Los programas de capacitación tienen manejo diferente, previsto en los artículos 79, 81 y 82 del Acuerdo 027 de 2008. La investigada no solicitó autorización al Rector para asistir a los eventos de capacitación, como se reprochó en el pliego de cargos, sino que puso a consideración del nominador una situación para que tomara una decisión, que implica desvincularse del sentido de la decisión, contrario a la solicitud que sí busca que una acción se realice, tal confusión llevó a que en el pliego de cargos se ubicara a la investigada en el rol de buscar la comisión cuando lo que realmente estaba trasmitiendo era un mensaje sobre invitaciones recibidas en su oficina; al trasmitir el mensaje no estaba obligada a advertir al Rector u orientarlo en el sentido de que el reglamento de la Universidad no contemplaba la asistencia de funcionarios a capacitaciones en el exterior, como se planteó en el pliego de cargos, porque ese deber no existe y no estaba contemplado en el Manual de Funciones que se citó, su ámbito de competencia está en el Acuerdo 030 de 2001 y en la Resolución 2778 de 2008, que fija las funciones de la Oficina de

Planeación en el sentido de asistir a las directivas en la aplicación de las normas y procedimientos propios del ámbito de su competencia y no hace parte de ellas el trámite de comisiones o la verificación de su inclusión en los planea de capacitación, menos orientar al Rector en dicho sentido.38 Finalmente, el apoderado solicitó proferir fallo absolutorio en favor de la investigada. 38 Fl. 532 c. 3, 757 ss c. 4. 8 VIII.-CONSIDERACIONES Agotada la etapa probatoria del juicio disciplinario y surtido el trámite de traslado para alegatos de conclusión, es precedente proferir el fallo de instancia de acuerdo con los dispuesto en los artículos 169 (modificado por el artículo 55 de la ley 1474 de 2011) y 170 del CDU. La ley disciplinaria establece que para proferir fallo sancionatorio se requiere que obre en el proceso prueba “que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado”39. Procede el Despacho a examinar el acervo probatorio con el objeto de establecer si están reunidos los requisitos legales para proferir fallo sancionatorio o, por el contrario, es procedente absolver de responsabilidad a los investigados, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente: El artículo 23 de la ley 734 de 2002, establece que constituye falta disciplinaria la extralimitación de funciones y en ese sentido se solicitó explicación a GUSTAVO ORLANDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, por la posible violación del artículo 35, numeral 1 ibídem, en cuanto prohíbe al servidor público: “1[…] extralimitar las funciones

contenidas […] en los estatutos de la entidad, los reglamentos…”, al asumir el siguiente comportamiento: “…Extralimitarse en sus funciones al autorizar como Rector la asistencia a jornadas de capacitación en el exterior a los funcionarios: POLICARPA MUÑOZ FONSECA, SANDRA ROCIO MONDRAGÓN ARÉVALO, FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO TORRES y ADÁN DE JESÚS BAUTISTA MORANTES, realizadas en la ciudades de Valparaíso –Chile ( 27 y 28 de noviembre/13), Washington D,C –EU, ( 6,7,8 y 9 de mayo /14), y comunidad autónoma de Asturias – España (01 al 05 de septiembre/14), que causaron erogación de recursos presupuestales para pago de inscripción, viáticos y pasajes, con el fin de que recibieran capacitación en materias no previstas y ajenas a los propósitos contemplados en las resoluciones 1005 de 13 de febrero de 2013 y 2258 de 5 de marzo de 2014, que adoptaron los programas de capacitación para esas vigencias.” De igual manera se solicitó explicación a SANDRA ROCÍO MONDRAGÓN ARÉVALO, por la posible infracción del artículo 34, numeral 2 de la ley 734 de 2002, en cuanto establece: “Son deberes de todo servidor público: 2. Cumplir con diligencia, eficiencia […] el servicio que le sea encomendado…”, en concordancia con lo previsto en el numeral 8 del Manual de Funciones (Resolución 2778 de 2008), al asumir el siguiente comportamiento: “…No obrar con la adecuada diligencia y eficiencia, como Jefe de Planeación de la

Uptc, al solicitar al Rector GUSTAVO ÁLVAREZ que autorizara la asistencia de funcionarios de la Universidad a capacitaciones realizadas en la ciudades de Valparaíso –Chile (27 y 28 de noviembre/13), Washington D,C –EU, ( 6,7,8 y 9 de mayo /14), y comunidad autónoma de Asturias – España (01 al 05 de septiembre/14), a las que asistió junto con POLICARPA MUÑOZ FONSECA, FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO TORRES y ADÁN DE JESÚS BAUTISTA MORANTES, actividades 39 Art. 142 CDU. Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública 9 IUS -2015-198387-IUC-2015-792-789827 que no estaban previstas y eran ajenas a los propósitos contemplados en las resoluciones 1005 de 13 de febrero de 2013 y 2258 de 5 de marzo de 2014, que adoptaron los programas de capacitación para esas vigencias.” Las Resoluciones 1004 y 1005 de 13 de febrero de 2013, que adoptaron el programa de bienestar e incentivos para la vigencia 2013, no contemplan la asistencia de funcionarios a capacitaciones en el exterior y menos que correspondan con los propósitos establecidos en las convocatoria al evento realizado en Valparaíso–Chile, relacionado con la inversión y desarrollo de redes y nuevas tecnologías de ahorro de energía.40 Para la vigencia 2014, el Rector expidió la Resolución 2258 de 5 de marzo de 2014, que adoptó el programa de capacitación para servidores en la vigencia 2014 y no

contempla la asistencia de funcionarios a capacitaciones en el exterior, con los propósitos establecidos en las convocatoria a los eventos realizados en Washington D.

C. –EE.UU.,41 y comunidad autónoma de Asturias – España, relacionadas con gestión de recursos de cooperación internacional y entes territoriales para financiar proyectos en pro del fortalecimiento académico y mejoramiento institucional; posibilidad de crear nuevas líneas para ejecución de proyectos de investigación y movilidad de estudiantes e investigadores para aprovechar el modelo de misiones científico pedagógicas, experiencia exitosas y articulación del modelo empresa-Universidad–Estado; apoyo técnico, tecnológico, de investigación y expansión de alianzas con organismos nacionales e internacionales interesados en el tema; participación de estudiantes próximos a graduarse que puedan desarrollar nuevas alternativas de trabajo de grado y mejora de sus capacidades profesionales; implementar nuevas formas de prevención y aprovechamiento sostenible; resolver, mitigar y prevenir problemas de carácter ambiental apoyado con profesionales de todas la áreas; adquirir herramientas que optimicen el uso del suelo, ocupación de espacios, distribución, integración y funcionalidad; consecución de aportes de cooperación internacional y territorial para proyectos de fortalecimiento de la academia y del mejoramiento institucional de la Universidad; fortalecer líneas de investigación aprovechando el turismo sostenible en que trabaja la Seccional Duitama y el tema de educación y salud integrada; generar estrategias para lograr alianzas que proporcionen líneas de prácticas sociales y empresariales vinculadas a programas académicos, canalizando la participación de estudiantes próximos a graduarse.42

Los investigados a través de sus apoderados aceptan que las convocatorias a los eventos en el exterior no estaban contempladas en las resoluciones que adoptaron el programa de capacitación para la vigencias 2013 y 2014, pero señalan que no era necesario, de una parte porque ningún funcionario sabía con antelación los eventos que se programaran en el futuro y resultaran de interés para la Universidad, y porque en cualquier caso el Rector tenía plena competencia para otorgar comisión a los funcionarios de la Universidad con el fin de que asistieran a esos eventos, según lo previsto en los artículos 22, literal n) del Acuerdo 066 de 2005 y 72 del Acuerdo 027 de 2008, en concordancia con los artículos 22 del Decreto 2400 de 1968 y el artículo 75 del Decreto 1950 de 1973. El Acuerdo 027 de 29 de mayo de 2008, expedido por el Consejo Directivo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, adoptó el Estatuto de Personal Administrativo; en relación con las situaciones administrativas de los funcionarios 40 Fl. 400, 408 ss. c. 2. 41 Fl. 413 ss. c. 2. 42 Fl. 172 c.p.; 5 a 7 anexo 2, 9 anexo 3. 10 estableció la comisión deservicio, al señalar que: “El Rector, podrá conceder comisión de servicios a los funcionarios inscritos en carrera administrativa, para ejercer temporalmente funciones inherentes a su cargo, en lugar diferente a la sede habitual de su trabajo, cumplir misiones especiales, realizar visitas de observación, pasantías o atender invitaciones de gobiernos, entidades gubernamentales o no gubernamentales, que interesen a la Universidad, hasta por dos (2) años no

prorrogables.”43 De igual manera, el artículo 22, literal n) del Acuerdo 066 de 2005, le atribuye al Rector la función de “Asignar y conceder las comisiones que sean de su competencia, conforme con los Estatutos.”44 Sin embargo, el Rector no expidió ningún acto o comunicación en la que manifestara su decisión de comisionar a funcionarios de la Universidad para asistir a los eventos en el exterior, como lo sostienen los apoderados de los investigados; por el contrario, como se puede apreciar en la lectura de las comunicaciones que envió a MONDRAGÓN ARÉVALO, Jefe de Planeación, simplemente autorizó el viaje a Valparaíso –Chile, el 2 de octubre de 201345y la participación en el plan de capacitación ofertado por ONWARD internacional en Washington D.C.- EE.UU., el 22 de marzo de 201446, y el viaje a la comunidad autónoma de Asturias-España, el 26 de junio de 2014.47