PGN - DEBER DEL SERVIDOR PUBLICO Cumplir las normas legales en el desempeño de funciones a

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D. C., veintiseis (26) de noviembre de dos mil cuatro (2004). Aprobado en acta de Sala No. 58 Radicación 161-02370(165-077705/02) No

Disciplinado MANUEL SANMIGUEL BUENAVENTURA y

AUGUSTO PRADILLA GIRALDO

Cargo y Rectores Universidad Militar “Nueva Entidad Granada” Quejoso Oficio Fecha queja 17 de octubre del 2002 Fecha 8 de septiembre de 1999; 17 de enero del hechos 2000 y 2 de enero del 2001 Asunto Fallo segunda instancia

P. D. Ponente: Dra. DORA ANAÍS CIFUENTES RAMÍREZ Mediante recurso de apelación interpuesto y sustentado en legal forma por los disciplinados MANUEL SANMIGUEL BUENAVENTURA y AUGUSTO PRADILLA GIRALDO en sus calidades de Rectores de la Universidad Militar “Nueva Granada”, revisa la Sala Disciplinaria la providencia calendada el 7 de julio del 2004, por medio de la cual la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, los sancionó con multa equivalente a treinta (30) y noventa (90) días, respectivamente, del salario devengado para la época de los hechos.

ANTECEDENTES PROCESALES Esta investigación fue iniciada por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, con fundamento en la información que enviara la Contraloría General de la Nación, Contralor Delegado para el Sector Social sobre presuntas irregularidades en la suscripción de un contrato de interventoría un mes antes de

suscribir el contrato de obra y la firma de los certificados de disponibilidad presupuestal con posterioridad a la suscripción de órdenes de servicio. Con base en la comunicación presentada por la Contraloría General de la Nación, Contralor Delegado para el Sector Social (fls. 2 y 3 C. O. 1)), el Procurador Segundo Delegado para la Contratación Estatal, en auto del 11 de marzo del 2003, abrió investigación disciplinaria contra AUGUSTO PRADILLA GIRALDO y MANUEL SANMIGUEL BUENAVENTURA por las presuntas irregularidades en la suscripción del contrato de interventoría No. 153 del 8 de septiembre de 1999 y de algunas órdenes de prestación de servicios sin el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal (fls. 4 a 8 C. O. 1) Mediante providencia del 22 de agosto del 2003 (fls. 153 a 170 C. O. 1), el investigador formuló auto de cargos a AUGUSTO PRADILLA GIRALDO y MANUEL Expediente No. 161-02370 SANMIGUEL BUENAVENTURA, decisión que fue notificada personalmente a los disciplinados, quienes presentaron los respectivos descargos. El 24 de octubre del 2003, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó la práctica de las pruebas solicitadas en descargos (fl. 200 C. O. 1). El 7 de julio del 2004, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal dictó el fallo de primera instancia, mediante el cual sancionó con multa de

noventa (90) noventa días de salario a AUGUSTO PRADILLA GIRALDO, en su condición de Rector Encargado y de treinta (30) días de salario a MANUEL SANMIGUEL BUENAVENTURA, en su calidad de Rector de la Universidad Militar “Nueva Granada” (fls. 334 a 346 C. O. 1). Notificada la providencia, contra ella interpusieron recurso de apelación los disciplinados PRADILLA GIRALDO, personalmente, (fls. 370 a 372 C. O 1) y SANMIGUEL BUENAVENTURA, mediante apoderado (fls. 355 a 363 C. O. 1). DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA El 19 de abril del 2004, el Segundo Delegado para la Contratación Estatal dictó el auto ordenando correr traslado para alegar de conclusión (fl. 314 C. O. 1), que fue presentado por el apoderado del investigado MANUEL SANMIGUEL BUENAVENTURA (fls. 320 y 327 C. O. 1) y el 7 de julio del 2004, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal dictó el fallo de primera instancia, mediante el cual sancionó con multa de noventa (90) noventa días de salario a AUGUSTO PRADILLA GIRALDO, en su condición de Rector Encargado y de treinta (30) días de salario a MANUEL SANMIGUEL BUENAVENTURA, en su calidad de Rector de la Universidad Militar “Nueva Granada” (fls. 334 a 346 C. O. 1), con base en los siguientes argumentos: En relación con el disciplinado AUGUSTO PRADILLA GIRALDO y al analizar el

primer cargo, se estableció que el contrato de interventoría se suscribió por $27’840.000.oo, valor superior al propuesto por el contratista que era de $24’000.000.oo, precio en el que, de acuerdo con el análisis de las propuestas, incluía el valor de los impuestos. De acuerdo con la explicación del implicado, la variación en el precio del contrato tuvo fundamento en que el contratista al tener que cambiar de régimen impositivo, debía cobrar el IVA, explicación que no fue aceptada por el investigador al considerar que la Universidad no debía asumir el pago de dicho impuesto en detrimento del erario público, teniendo en cuenta que el valor propuesto incluía el pago de impuestos. Otra de las circunstancias para encontrar culpable al investigado radicó en que el contrato de interventoría fue suscrito con un mes de antelación a la fecha de iniciación del contrato de obra, cuando por su naturaleza debe ser concomitante con el contrato que se va a vigilar y al suscribirlo con antelación la interventoría recaía sobre un objeto incierto, no teniendo conocimiento de la extensión, dimensión, términos, objeto y plazo de la obra a realizar. El segundo cargo endilgado, consistente en suscribir órdenes de prestación de servicios sin existir el certificado de disponibilidad presupuestal, fue probado fehacientemente por cuanto al suscribir las órdenes de servicio Nos. 087 y 107 del 17 de enero, 036 del 11 de enero y 227 del 10 de mayo del 2000, se desconocieron los 2 Expediente No. 161-02370 mandatos establecidos en el artículo 25 numeral 6 de la Ley 80 de 12993 que

establece que sólo puede iniciar procesos contractuales cuando existan las disponibilidades presupuestales y el establecido en el artículo 71 de la Ley 111 de 1996 que establece la obligatoriedad de contar con los certificados de disponibilidad presupuestal de manera previa a la expedición de los actos administrativos que afecten apropiaciones presupuestales, obligación que desconoció el inculpado al suscribir las órdenes de prestación de servicios investigadas, por cuanto las suscribió sin contar con dichos certificados, los que fueron expedidos en fechas posteriores a la suscripción de las mismas. Al disciplinado MANUEL SANMIGUEL BUENAVENTURA, se le sancionó porque se probó al suscribir la orden de servicios No. 018 del 2 de enero del 2001 sin tener el certificado de disponibilidad presupuestal, por la cual se le investiga, desconoció todas las normas que regulan la materia, normas que suponía debía conocer al tomar posesión del cargo y que eran inherentes a las funciones que le correspondían. En cuanto a la adecuación normativa del cargo, consideró el a quo que el disciplinado violó lo establecido en el artículo 25 numerales 6 y 13 de la Ley 80 de 1993, al realizar un proceso contractual sin que existiera, previamente, el certificado de disponibilidad presupuestal, como también lo ordenado en al inciso 1º del artículo 71 del decreto 111 de 1996, por lo que su conducta estuvo lejos de buscar el cumplimiento de los fines de la contratación y de proteger los derechos de la entidad, lo que condujo a que violara los mandatos de los artículos 23, 26,1 y 26.5 de la ley 80 de 1993, lo que llevó a que incumpliera el deber de respetar las leyes

consagrado en el artículo 40 numeral 1º de la Ley 200 de 1995. RECURSO DE APELACIÓN Notificados de la decisión de primera instancia, los disciplinado MANUEL SANMIGUEL BUENAVENTURA, por intermedio de apoderado y AUGUSTO PRADILLA GIRALDO interpusieron en tiempo el recurso de apelación (fls. 355 a 363 y 370 a 372 C. O. 1), exponiendo las siguientes razones: AUGUSTO PRADILLA GIRALDO Solicita se le absuelva de toda responsabilidad disciplinaria o, subsidiariamente, se le releve de la culpabilidad dolosa, con base en las siguientes razones: Afirma en su memorial que, en relación con primer cargo formulado, el contrato de interventoría fue acordado por un mayor precio al propuesto por el contratista porque, como lo expresó en el memorial de descargos, era necesario pagar el IVA del 16% en razón a que la firma contratista había quedado inscrita en el régimen tributario común y no en el simplificado, como lo estaba con antelación; además, era una obligación de la Universidad pactar el mencionado impuesto. El contrato de interventoría lo suscribió con antelación a la iniciación de la obra en la que debía realizarse dicho contrato, porque consideró que podía aprovechar la experiencia del contratista en el manejo de contratos para tener un mayor acierto y eficacia en el proceso contractual. 3 Expediente No. 161-02370 En cuanto al segundo cargo endilgado, manifiesta que las órdenes de servicios fueron expedidas para que la Universidad pudiera funcionar correctamente al comienzo del año académico y, que el proceso de obtener el certificado de

disponibilidad presupuestal no corresponde al Rector sino a la oficina de manejo presupuestal. Sostiene que la actuación del Rector en el proceso contractual es determinante pero que los detalles formales del trámite respectivo le corresponden a las diferentes dependencias administrativas. En cuanto al dolo, considera que el investigador impuso un criterio objetivo de culpabilidad si se tiene en cuenta que obró buscando mayores beneficios para la Universidad y no con la intención de vulnerar las disposiciones legales aplicables a los procesos de contratación adelantados. Manifiesta que el dolo no puede presumirse de la omisión del cumplimiento del deber legal sino que se deben examinar los actos y los resultados para poder establecer la intención de quien los ejecutó. MANUEL SANMIGUEL BUENAVENTURA El apoderado solicita se revoque la providencia de primera instancia y en su lugar se ordene la terminación del proceso y el archivo definitivo como consecuencia de reconocer que actuó con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria, con fundamento en las siguientes argumentaciones: En el ejercicio de sus funciones confiaba plenamente en la labor de sus subalternos quienes eran los encargados de realizar los trámites relacionados con la contratación de personal, confianza que emanaba del principio de la buena fe del que no puede estar despojado un servidor público. No puede afirmarse que su representado hubiera obrado con conocimiento de causa, queriendo libremente la realización de la conducta investigada, sino que todo se debió a una situación fortuita, en razón al gran volumen de documentos que se manejaban en el cargo desempeñado. Considera que el patrimonio de la Universidad no sufrió menoscabo por cuanto el

objeto del contrato fue ejecutado en su totalidad, beneficiándose con ello la entidad. Manifiesta que debe tenerse en cuenta que el presupuesto de la Universidad se sustenta, en gran medida, con recursos propios y que los dineros provenientes del Estado, un 20% aproximadamente, se destinan al pago de la nómina del personal administrativo y, los recursos propios se destinan al pago de la diferentes órdenes de servicio, situación que fue corroborada con el testimonio del Coronel ® Valencia Aristizabal, testimonio que fue no considerado por el investigador. Afirma que con la orden de prestación de servicios por la cual se investiga, su defendido cumplió con la mayoría de los postulados esenciales establecidos en los artículos 2º de la Constitución Política y en el 3º de la Ley 80 de 1993, entre ellos el de servir a la comunidad sin menoscabo del patrimonio de la Universidad. 4 Expediente No. 161-02370 Estima que la conducta endilgada a su defendido podría, eventualmente, reunir los requisitos de la tipicidad y de ilicitud sustancial consagrados en los artículos 4 y 5 de la Ley 734 de 2002, pero no reúne el componente subjetivo de la culpabilidad porque en el proceso no existe prueba de que hubiera obrado intencionalmente. CONSIDERACIONES DE LA SALA De acuerdo con la naturaleza del asunto, la calidad y jerarquía de los funcionarios investigados, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal falló en primera instancia el presente proceso disciplinario, en consecuencia, corresponde a la Sala Disciplinaria revisar, por vía de apelación, los recursos interpuestos por

AUGUSTO PRADILLA GIRALDO y MANUEL SANMIGUEL BUENAVENTURA, contra la providencia del 7 de julio del 2004, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 22 del Decreto 262 del 2000. ANÁLISIS DE LOS CARGOS AGUSTO PRADILLA GIRALDO “PRIMER CARGO: Haber acordado en el contrato de interventoría número 153 de 08 de septiembre de 1999, que como rector encargado de la Universidad Militar Nueva Granada, celebró con la sociedad PROYECTOS AZ LTDA., un precio mayor al propuesto en su oferta por este contratista y sin haberse celebrado el negocio sobre el cual el contratista debía realizar la labor de interventoría que así se contrataba.” Consideró el investigador que el disciplinado, con su actuación, faltó a lo establecido en los artículos 14, 23, 25.4, 25.7, 25.12, 26.1, 26.3, 26.5 y segundo inciso del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, violando lo establecido en el numeral 1º del artículo 40 de la Ley 200 de 1995. Del estudio de los documentos existentes en el expediente, en relación con este cargo, se observa que el contrato de interventoría No. 153/99 (fls. 4 a 7 Anexo 1) celebrado entre la Universidad Militar Nueva Granada y la firma Proyectos AZ Ltda., y por el cual se le abrió investigación al disciplinado PRADILLA GIRALDO, fue suscrito el 18 de septiembre de 1999, es decir, que a la fecha han transcurrido cinco (5) años y dos (2) meses, tiempo mas que suficiente para decretar la prescripción de

la acción disciplinaria como lo establecía el artículo 34 de la Ley 200 de 1993, decisión que fue recogida en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 y, por consiguiente, en cumplimiento de lo mandado en los citados artículos, debe la Sala Disciplinaria declarar extinguida la acción disciplinaria que se iniciara al investigado AUGUSTO PRADILLA GIRALDO por los hechos descritos en el primer cargo endilgado. Como el segundo cargo endilgado a al disciplinado PRADILLA GIRALDO y el único formulado a SANMIGUEL BUENAVENTURA, se refieren a la omisión de obtener los certificados de disponibilidad presupuestal para la suscripción de órdenes de servicio, los dos cargos se analizarán en conjunto: “SEGUNDO CARGO: “Haber celebrado las Órdenes de Prestación de Servicios números 087 de 17 de enero de 2000 con Ana Patricia Rave Alvarado (fl. 22, Anexo 3), 036 de 11 de enero de 2000 con Lina María Bedoya Naranjo (fl. 19, Anexo 3), 107 de 17 de enero de 2000 con maría Ximena González Sánchez (fl. 16, Anexo 3) y 227 de 10 de mayo de 2001 con Jazmín Adriana Torres Romero (fl. 10, Anexo 3), sin que 5 Expediente No. 161-02370 previamente hubiera obtenido los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP), siendo que estaba obligado a obtenerlos antes de convenir, en aplicación de los principios de economía y responsabilidad.” MANUEL SANMIGUEL BUENAVENTURA “ÚNICO CARGO: Haber celebrado la Orden de Prestación de Servicios número 018

de 02 de enero de 2001 con Sandra Milena Betancourt Guevara (fl. 13, Anexo 3), sin que previamente hubiera obtenido los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP), siendo que estaba obligado a obtenerlos antes de convenir, en aplicación de los principios de economía y responsabilidad”. El a quo consideró que con su actuación los investigados habían violado los artículos 23, 25.6, 25.13, 26.1 y 26.5 de la Ley 80 de 1993; 71.1 del Decreto 111 de 1996, 20 del Decreto 568 de 1996, 123.2 y 209 de la Constitución Política y 40.1 de la Ley 200 de 1995. En el estudio de los cargos debe tenerse en cuenta que el cumplimiento de las normas legales es un deber que todo servidor público debe acatar en el cumplimiento de las funciones que se le asignen, bien sea por medio del Manual de Funciones que debe regir en la entidad o bien cuando le sean asignadas esporádicamente, casos en los cuales deben cumplirse todos los mandatos legales que rijan los temas a tratar. En el caso en estudio se ha establecido que le correspondía a los implicados, en sus condiciones de Rectores de la Universidad Militar Nueva Granada, entre otras, la función de suscribir las órdenes de prestación de servicios necesarias para el correcto funcionamiento del ente universitario y que como representantes legales que fueron, tenían el deber de dirigir los procesos contractuales que se llevaran a cabo en la entidad, bien fuera por medio de licitación pública o a través del proceso excepcional de la contratación directa, como en los casos en estudio, firma de órdenes de prestación de servicios. De acuerdo con las normas legales y especialmente con lo prescrito en los artículos

25.6 de la Ley 80 de 1993 y 71 del Decreto 111 de 1996, los representantes legales de las entidades suscriben las órdenes de servicios previa la existencia de una certificación de disponibilidad presupuestal, certificación que debe ser expedida por el Jefe de Presupuesto de cada entidad o por quien haga sus veces, como lo establece el artículo 20 del Decreto 568 de 1996, el cual debía ser solicitado por la División de Personal como lo manifiesta en su declaración Ramiro Valencia Aristizábal, quien se desempeñó como Director Administrativo de la universidad para la época de los hechos (fls.305 a 308 C. O. 1), certificación que debe obrar en la documentación de soporte de las órdenes de servicios al momento en que el ordenador del gasto las suscriba. En el caso en estudio, en la formulación de cargos y en fallo se hace referencia a la evidencia documental que obra al proceso, de la cual se concluye que aparece demostrado que el señor AUGUSTO PRADILLA GIRALDO en su calidad de Rector de la Universidad Militar Nueva Granada, suscribió las órdenes de Prestación de Servicios números 087 de 17 de enero de 2000 con Ana Patricia Rave Alvarado (fl. 22, Anexo 3), 036 de 11 de enero de 2000 con Lina María Bedoya Naranjo (fl. 19, Anexo 3), 107 de 17 de enero de 2000 con María Ximena González Sánchez (fl. 16, Anexo 3) y 227 de 10 de mayo de 2001 con Jazmín Adriana Torres Romero (fl. 10,

6 Expediente No. 161-02370 Anexo 3), pues en la documentación aportada al proceso, figuran tales certificados como expedidos en fechas posteriores, así: CDP 236 del 3 de Febrero de 2000, CDP 220 del 3 de febrero de 2000, CDP 308 del 4 de febrero de 2000, y CDP 5712 del 18 de mayo de 2000, respectivamente. Ahora bien, lo antes mencionado hace referencia a la demostración objetiva de la existencia de las faltas, como requisito válido para proceder a realizar la imputación fáctica de la conducta reprochada, la cual es consonante con las normas infringidas y la adecuación típica que se le formuló como imputación jurídica, pero también para que proceda la sanción disciplinaria, es preciso demostrar la existencia de responsabilidad del disciplinado, esto es, que la conducta se realizó de manera dolosa o culposa, y para ello es fundamental revisar las pruebas que la demuestran. En este sentido, examinado el material probatorio nos encontramos con que el Rector de la Universidad Militar Nueva Granada, en cumplimiento entre otras de las funciones asignadas, debía suscribir numerosos y variados documentos, entre ellos, las órdenes de prestación de servicios necesarias para el buen funcionamiento del claustro universitario, regularmente en los meses de enero y febrero, como quiera que las actividades académicas se inician el 2 de enero de cada año, como consta en las relaciones de órdenes de pago del año 2000 que obran en el expediente, donde aparece que en ese año se suscribieron alrededor trescientas cuarenta (340)

órdenes (fls. 256 a 265 C. O. 1), lo que significa que las omisiones en las que incurrió el disciplinado equivalen al 1.17 % de las órdenes de servicio suscritas al año, de las cuales mas de la mitad correspondieron al primer semestre, siendo también necesario tener en cuenta que las órdenes de servicios reprochadas fueron suscritas tres en el mes de enero y una en mayo, época para la cual figuran la mayoría de órdenes de pago relacionadas. Como es elemental, la preparación de las numerosas órdenes de servicios corre por cuenta de las diferentes oficinas administrativas de la Institución, lo cual es consecuente con el sello de su trámite que figura a folio 145 del expediente, donde aparece que la orden de Ana Patricia Rave Alvarado transitó por la Vicerrectoría Académica, la Dirección Administrativa, la División de Personal, la División Financiera, la interesada y dos oficinas que no tiene su denominación, pero sí firmas, indicando el trámite que debían surtir cada una de las órdenes de prestación de servicios antes de suscripción por parte del rector, de lo cual se concluye que su paso por la Dirección Financiera lo era para que se expidiera el respectivo CDP, sello que indica entonces, para quien al momento de la suscripción de la orden, revisa la documentación, que ya se han superado todas las exigencias legales por los funcionarios administrados involucrados en el proceso administrativo, y para el caso en concreto que ya cada orden cuenta con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal.

Todo lo anterior es confirmado por el señor el señor Ramiro Valencia Aristizábal, Director Administrativo de la universidad para la época de los hechos (fls.305 a 308

C. O. 1), pues refiere como en cada semestre se suscribían mas de 150 órdenes de servicios para suministrar el debido soporte a la iniciación del semestre académico, consultando siempre la viabilidad presupuestal, los requisitos administrativos y legales, bajo cuyos lineamientos las órdenes de servicios se preparaban por la División de Personal, se presentaban a la División Financiera para el certificado de disponibilidad presupuestal, regresaban a la División de Personal, para que a su turno fueran presentadas para la firma del Rector, por lo cual lo sucedido en el

7 Expediente No. 161-02370 asunto materia de investigación pudo ocurrir por un caso fortuito, ante una pregunta de la investigadora sobre la ausencia del CDP antes de la suscripción de la respectiva orden, omitiendo la investigadora preguntar la razón por la cual estos certificados se expidieron con posterioridad, con lo cual no se despejó, si en razón del cumplimiento de la obligación de aportar la certificación CDP como soporte previo a la suscripción de las órdenes de servicios, que explicó siempre se cumplía, porqué en concreto en las órdenes cuestionadas el certificado fue expedido con posterioridad por la Oficina Financiera, ni tampoco se indagó sobre esta circunstancia con otros medios de prueba, lo cual deriva en ausencia de actividad probatoria orientada a demostrar la responsabilidad del disciplinado señor

AUGUSTO PRADILLA GIRALDO.

Lo antes analizado también, tiene especial incidencia frente a la investigación

adelantada en relación con el señor MANUEL SANMIGUEL BUENAVENTURA, pues en el pliego de cargos y en el fallo, se relacionó que en la documentación obrante a folios 151 y 152 del expediente, aparece que éste su calidad de Rector de la Universidad Militar Nueva Granada, suscribió la Orden de Prestación de Servicios número 018 de 02 de enero de 2001 con Sandra Milena Betancourt Guevara, sin que previamente se hubiese obtenido los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal (CDP), pues el CDP 5712 fue expedido hasta el 18 de mayo de 2001, después de la suscripción de la orden, referencia a la que igualmente se hace en el acta de visita practicada en la institución universitaria, donde se revisaron los documentos y se aportaron en copias como prueba. Sin embargo es evidente que, revisados los documentos probatorios mencionados tanto en el pliego de cargos como en el fallo de primera instancia, con base en los cuales se le sancionó, la Sala encuentra a folio 151, la orden de prestación de servicios No. 018 del 2 de enero de 2001 por $3.550.167 con SANDRA MILENA BETANCOURT GUEVARA, mientras que a folio 152, aparece el certificado de disponibilidad presupuestal 5712 por $4.284.000 del 18 de mayo de 2001, expedido a nombre de JAZMÍN ADRIANA TORRES ROMERO, evidenciando el error en que se incurrió en la investigación disciplinaria, el pliego de cargos y el fallo sancionatorio que se revisa, pues el fallador de instancia, al encontrar la orden de servicios de

Sandra Milena Betancourt Guevara dedujo que el siguiente documento correspondiente a CDP 5712 del 18 de mayo de 2001, correspondía a la misma orden de prestación, sin verificar que éste no tenía relación alguna con el documento, cuya omisión se reprochó, ni en cuanto al valor y menos al nombre de la contratista, lo que indica la ausencia toral de prueba de la existencia de la falta y de la responsabilidad del disciplinado. En cuanto hace relación a la calificación de las faltas cometidas, el a quo estimó que debían determinarse como graves por cuanto los investigados actuaron “con ausencia de consideración en el cumplimiento de sus funciones, (...) ser la principal cabeza dentro de la organización, la naturaleza de esa falta y los efectos que la misma causó en el desenvolvimiento del manejo presupuestal de la entidad”, pero si bien es cierto se encuentra plenamente probado que los implicados en su momento se desempeñaron como la cabeza visible de la Universidad, también lo es que en el proceso no se probó la falta de consideración en el cumplimiento de las funciones asumidas por ellos, por cuanto, como se estableció con anterioridad, la omisión en la obtención previa de las certificaciones de disponibilidad presupuestal corresponden al 1.17 % de las órdenes de prestación de servicios suscritas, ni tampoco se probó la afectación sin justificación en el manejo del presupuesto de la organización, según se 8 Expediente No. 161-02370 considera en el acápite de “La Falta y la Culpabilidad” del fallo objeto de alzada, pues existía el presupuesto para poder asumir la obligación de pagar los servicios contratados, y los servicios fueron efectivamente prestados con beneficio, tanto para

la Universidad como para los usuarios de sus servicios. En relación con la culpabilidad, el fallador de instancia consideró las conductas investigadas como dolosas, pues “(...) el servidor público está en la obligación de conocer la normatividad que regula sus distintas actividades, entre ellas las relativas a las obligaciones y deberes que debe cumplir quien dentro de la actividad contractual cumple funciones de celebrar contratos, y que el implicado, actuando con conocimiento de causa, inobservó dichas obligaciones y deberes, (...)”, olvidando que el dolo se manifiesta en el conocimiento que se tiene de la falta disciplinaria y en la motivación de querer su realización, de las cuales no se probó que el disciplinado el señor AUGUSTO PRADILLA GIRALDO hubiera tenido la intención de incurrir en falta disciplinaria al suscribir las órdenes de prestación de servicios que dieron origen a la presente investigación que, como se advirtió anteriormente, no eran el 1.17% de las por firmar en el transcurso del año. En efecto, el a quo se limitó a calificar su conducta como dolosa por el sólo hecho del conocimiento de la norma, pues el disciplinado, señor AUGUSTO PRADILLA GIRALDO, actuando con ese conocimiento, inobservó sus obligaciones y deberes, sin establecer la intención de violar las normas contractuales, es decir, en la calificación se presumió el dolo en sus actuaciones, pero no se demostró, mas aún cuando aparece evidente el gran número de órdenes de pago que debió suscribir por la época, dentro de las cuales se hallaron las cuatro que le fueron reprochadas,

como tampoco se estableció el trámite que se cumplía previo a su firma, pues no resulta explicable, como de 340 órdenes de pago del año 2000, sólo cuatro no tenían el soporte de la disponibilidad previa, de lo cual es posible deducir que el disciplinado hubiera incurrido en un error invencible dada la cantidad de órdenes de servicios sujetas a su revisión y suscripción, tal como le ocurrió al fallador de instancia, en el cargo propuesto al disciplinado señor MANUEL SANMIGUEL BUENAVENTURA, pues al examinar solo una orden de prestación de servicios, le bastó observar que después de la orden de prestación de servicios aparecía un CDP con fecha posterior a la suscripción de la orden, para deducir que no se obtuvo el CDP previamente y por consiguiente la omisión disciplinaria, sin verificar que el nombre y el valor de los dos documentos correspondían a personas diferentes. De lo anterior se deriva, que ante la ausencia de prueba acerca de las circunstancias de tiempo modo y lugar que rodearon las conductas, así como los motivos determinantes y la responsabilidad disciplinaria del disciplinado señor AUGUSTO PRADILLA GIRALDO, se impone su absolución. Asimismo, en relación con el disciplinado señor MANUEL SANMIGUEL BUENAVENTURA, se tiene que en la formulación del cargo y el fallo, la imputación fáctica no es verdadera, por cuanto el documento CDP con el que se asegura se demuestra la existencia de la falta y su responsabilidad no corresponde a la orden de servicios por la cual se le investigó, y sumado a lo anterior, no aparece prueba alguna que se haya ordenado o practicado prueba para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se suscribió tal orden de servicios, el trámite previo

que debió cumplir, la cantidad de órdenes de servicios que suscribió para esa época, todo lo cual lleva a concluir en la ausencia de prueba que demuestre la existencia de 9 Expediente No. 161-02370 la falta y de la responsabilidad del disciplinado, que impone la absolución por el cargo formulado. En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en uso de sus facultades legales, RESUELVE PRIMERO: REVOCAR el fallo objeto de alzada, por medio de la cual la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal declaró responsables discipli