PGN - DEBER FUNCIONAL Desavenencia de orden jurídico no comporta quebrantamiento de este

INDAGACIÓN PRELIMINAR-Por presunta irregularidad en la que habrían incurrido funcionarios por no cumplir sentencia emitida en radicado PRUEBAS OBRANTES-Permiten vislumbrar diferencia interpretativa entre apoderado de sociedad y postura de entidad/DEBER FUNCIONALDesavenencia de orden jurídico no comporta quebrantamiento de este En este contexto y teniendo en cuenta el material probatorio que obra en el expediente, se observa que en el caso de marras se está presentado una diferencia interpretativa entre el apoderado de la sociedad XXXX, quien señala que la sentencia emitida por la XXXXX debe ser cumplía en los términos consignados en la providencia judicial (termino de 5 días y sin ningún trámite adicional) y la postura de XXXX , entidad que no se opone al cumplimiento del fallo judicial, empero solicitó el cumplimiento del procedimiento previsto en el Decreto 2555 de 2010. Esta desavenencia de orden jurídico, no comporta quebrantamiento de deber funcional alguno por parte de los funcionarios de XXXX, pues, la interpretación que han realizado los empleados de la empresa en liquidación es plausible, tanto, que el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá– Sala de Decisión Civil -, ya la plasmo en la providencia que fue citada en el oficio del 13 de septiembre de

2021. En ese mismo sentido, debe quedar claro que esta instancia tampoco tiene competencia para resolver el conflicto jurídico que se suscitó a partir de los dos tesis jurídicas en controversia.

APLICACIÓN NORMATIVA-Frente a regulación pago de sentencias en contra de empresas en liquidación cuando proceso se inició antes del proceso de

liquidación CONDUCTA-Expuesta en sub examine no comporta falta disciplinaria/ARCHIVO DEFINITIVO-Están dadas las condiciones para dar por terminada actuación y decretarse este En ese orden de ideas, se itera, XXXX no ha negado la obligación y tampoco ha desconocido el deber de pagar el crédito, solo ha requerido al deudor para que presente la reclamación conforme a las normas que regulan el proceso concursal. Corolario de lo anterior resulta, que el comportamiento indagado no comporta falta disciplinaria y por tanto, están cumplidas las condiciones para ordenar la terminación de la actuación a favor de funcionarios por determinar de XXXX , conforme a lo previsto en la Ley 734 de 2002.

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA

Y JUDICIAL

Radicación IUS E–2021–505181 - IUC D–2021–2070128 Investigados Por determinar Cargo y entidad XXXXX Quejoso XXXXX Fecha de la queja 13 de septiembre de 2021 Fecha hechos Por determinar Decisión Terminación de la actuación y archivo definitivo del expediente Bogotá D.C., noviembre doce (12) de dos mil veintiuno (2021)

I. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO Se evalúa la indagación preliminar de radicado IUS E – 2021 – 505181 / IUC – D – 2070128, adelantada contra funcionarios por determinar de XXXX.

II. COMPETENCIA Esta instancia es competente para conocer el presente asunto, en virtud a lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto Ley 262 de 2000 y lo consignado en las Resoluciones 207 y 217 de 2021, expedidas por la señora Procuradora General

de la Nación.

III. ANTECEDENTES XXXX, obrando en calidad de apoderado de la XXXX, presentó queja por cuanto al parecer XXXX no ha cumplido con la decisión emitida por la XXXX emitida en el radicado S2020-00523 del 27 de marzo de 2020, por medio del cual se ordenó1: TERCERO ORDENAR a XXXX EPS pagar a la sociedad XXXX la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS TERINTA Y SEIS MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE ($2.336.104) con las correspondientes actualizaciones monetarias; dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

El documento fue remitido a este despacho, a través de oficio 4550 suscrito por la Procuradora Delgada para la Salud la Protección social y el Trabajo Decente.

IV. ACTUACIÓN PROCESAL Este despacho, a través de auto calendado 13 de octubre de 2021 inició indagación preliminar contra funcionarios por determinar de XXXX.2

Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial , Carrera 5 No. 15 - 80 Bogotá D.C., Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750, www.procuraduria.gov.co, NIT. odiláV( =gNP xBRg 639J Lq2u PSVp +iP1 86OI rodacifitnedI LRU 1 FL 1 - 21 2 FL 24

V. CONSIDERACIONES Se evalúa el mérito de la indagación preliminar determinando si se encuentra

cumplidos los requisitos previstos en el artículo 152 de la Ley 734 de 2002, para disponer la apertura de investigación disciplinaria contra los funcionarios que fueron identificados e individualizados, o por el contrario están reunidas las condiciones para disponer la terminación de la actuación y el archivo definitivo del proceso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 73 del CDU. La presente actuación se inició por la presunta irregularidad en la que habrían incurrido funcionarios de XXXXX por no cumplir la sentencia proferida por la XXXX emitida en el radicado S2020-00523 del 27 de marzo de XXXX. El material probatorio que obra en el expediente, acreditó que XXXX, en calidad de apoderado de la sociedad XXXXX, presentó demanda contra XXXX, con el fin de lograr el pago de una incapacidad médica otorgada por la mencionada entidad al XXX. De igual forma se probó que, la XXXX profirió sentencia de radicado S202000523 el 27 de marzo de XXXX y ordenó a XXXX lo siguiente: TERCERO: ORDENAR a XXX pagar a la sociedad XXXX la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS TERINTA Y SEIS MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE ($2.336.104.oo), con las correspondientes actualizaciones monetarias; dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. Asimismo, se corroboró, que XXXX impugnó el fallo proferido por la XXXXX , ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Decisión Laboral -, autoridad que confirmó el fallo de primera instancia, el 31 de agosto

de XXXX. Ahora en la decisión del tribunal, entre otros argumentos, se leen los siguientes: Vinculación de la parte actora al proceso de liquidación de XXXXX En aras de resolver el recurso de apelación formulado, lo primero que debe anotar la Sala es que no fue objeto de reproche por las partes que el trabajador respecto de quien se pretende el pago de las incapacidades laborales sostuvo un vínculo laboral con la XXXXX , ni que el empleador procedió al pago de las citadas prestaciones económicas y realizó el trámite administrativo para su reembolso ante la XXX accionada; tampoco que la convocada a juicio debe reembolsar a la citada empresa la suma determinada por el a quo por dicho concepto. En esa medida esta XXXX centrará su atención en el reparo que se hace al fallo de primera instancia, el cual va orientado a que esta Sala ordene a la parte convocante hacerse parte del proceso liquidatorio, para efectos de que sea tenida en cuenta su acreencia dentro de este. En tal virtud, se tiene que Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial , Carrera 5 No. 15 - 80 Bogotá D.C., Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750, www.procuraduria.gov.co, NIT. odiláV( =gNP xBRg 639J Lq2u PSVp +iP1 86OI rodacifitnedI LRU mediante Resolución 007172 de XXXX se ordenó por parte de la XXXX, la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar a XXXX.P Página 2 de 9

Respecto del régimen jurídico aplicable al proceso liquidatorio se encuentra contenido en e l Estatuto Orgánico de l Sistema Financiero y e l Decreto 2555 de 2010 , y demás normas que las reglamenten, modifiquen , adicionen o sustituyan. En esa medida el artículo 9.1.3.2.1 del Decreto 2255 de 2010, establece que dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que se disponga la liquidación de la institución, se emplazará a quienes tengan reclamaciones de cualquier índole contra la intervenida, para los fines de su cancelación, cuyo aviso debe contener, entre otras cosas, la citación de todas las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado que se consideren con derecho a formular reclamaciones de cualquier índole, arrimando prueba siquiera sumaria de sus créditos en el lugar que para el efecto se señale. Así mismo, el citado emplazamiento deberá contener el término para presentar las reclamaciones oportunamente, con la advertencia de que una vez vencido este, el liquidador no tendrá facultad para aceptar ninguna reclamación, y que las obligaciones no reclamadas y las reclamaciones presentadas en forma extemporánea, que aparezcan debidamente comprobadas en los libros de contabilidad oficiales de la intervenida, serán calificadas como pasivo cierto no reclamado. Estableciendo por su parte el artículo 9.1.3.5.10 del Decreto 2255 de 2010, el procedimiento para el cobro de sentencias contra la entidad, cuando las mismas se encuentren en firme. De lo anterior , entiende la Sala que quien se considere con derecho a

reclamar ante la entidad en liquidación, puede hacerse parte del proceso, dentro del término definido por la liquidación, el cual será considerado como pasivo cierto no reclamado , s i no se allega oportunamente , o en caso de no reclamarse , siempre que se encuentre debidamente comprobado en los libros de contabilidad oficiales de la intervenida. Además, las sentencias proferidas en procesos iniciados con anterioridad a la toma de posesión de la entidad, que versen sobre reclamaciones que no fueron presentadas oportunamente, también serán pagadas como pasivo cierto no reclamado . Bajo ese entendimiento, la Sala considera que la reclamación sobre el crédito adeudado por la intervenida se constituye en una facultad de su titular, quien en últimas es el llamado a decidir si hace efectivo o no su derecho en el proceso de liquidación. En el presente asunto no se allegó medio de convicción que dé cuenta que la sociedad haya elevado reclamación del reembolso de las prestaciones económicas dentro del proceso liquidatorio, ya fuera de manera oportuna, esto es, durante el periodo comprendido entre el 29 de agosto al 30 de septiembre de 2019, como se señala en el recurso de apelación, o por fuera de dicho término; no obstante, se considera que no es esta Colegiatura la llamada a ordenar a la parte convocante a hacerse parte del citado proceso liquidatorio mediante la reclamación de las prestaciones pedidas en el diligenciamiento, en la medida que dicha facultad radica en cabeza de aquella, quien en últimas decide si hace efectivo su crédito o no. Además, debe tenerse en cuenta que el proceso que ocupa la atención de la

Sala inició con anterioridad a la toma de posesión y la intervención forzosa administrativa de XXXXX ., pues nótese que la demanda fue radicada el 30 de octubre de XXX (fol. 1), por manera que la sentencia proferida por el a quo, en Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial , Carrera 5 No. 15 - 80 Bogotá D.C., Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750, www.procuraduria.gov.co, NIT. odiláV( =gNP xBRg 639J Lq2u PSVp +iP1 86OI rodacifitnedI LRU el sentido de reconocer el reembolso de las incapacidades deprecadas, en todo caso deberá ser tenida en cuenta por la liquidación como pasivo cierto no reclamado, si la demandante hace su reclamación e incluso en caso de que no la formule, ya que el expediente debe ser tenido en cuenta por el liquidador, en tanto el mismo fue notificado de su existencia, como así lo dispone el literal d) del artículo 3º de la Resolución 007172 de XXXX. Conforme a lo expuesto por el tribunal, se comprende que (i) XXXX no desconoció la existencia de la obligación con la sociedad XXXX; (ii) que el régimen jurídico aplicable al proceso liquidatorio de XXXX, es el previsto en el Decreto 2555 de XXX y demás normas que las reglamenten o modifiquen. Página 3 de 9 En ese orden de ideas, la norma que regula el pago de sentencias en contra de las empresas en liquidación cuando el proceso judicial inició con

anterioridad al proceso de liquidación es el artículo 9.1.5.5.10 del Decreto 2555 de 2010, norma que a su texto reza: Reglas para el pago de obligaciones por procesos en curso. Cuando durante el proceso liquidatorio se produzcan sentencias judiciales en contra de la intervenida y las mismas estén en firme, se les dará el siguiente tratamiento para su pago: a) Procesos iniciados antes de la toma de posesión: El liquidador deberá constituir una reserva razonable con las sumas de dinero o bienes que proporcionalmente corresponderían respecto de obligaciones condicionales o litigiosas cuya reclamación se presentó oportunamente pero fueron rechazadas total o parcialmente, teniendo en cuenta los siguientes criterios: La prelación que le correspondería a la respectiva acreencia, en caso de ser fallada en contra de la liquidación y la evaluación sobre la posibilidad de un fallo favorable o adverso. En caso de un fallo favorable para el demandante, este deberá proceder a solicitar la revocatoria de la resolución a que se refiere el artículo 9.1.3.2.4 de este decreto, en la parte correspondiente a su reclamación y en la cuantía en la cual fue rechazada, para proceder a su inclusión entre las aceptadas y a su pago en igualdad de condiciones a los demás reclamantes de la misma naturaleza y condición, sin que en ningún caso se afecten los pagos realizados con anterioridad. Las condenas que correspondan a reclamaciones que no fueron presentadas oportunamente serán pagadas como pasivo cierto no reclamado; En este sentido, vale la pena reiterar que la sala laboral del tribunal en el fallo de segunda instancia de agosto de 2021, consignó:

De lo anterior, entiende la Sala que quien se considere con derecho a reclamar ante la entidad en liquidación, puede hacerse parte del proceso, dentro del término definido por la liquidación, el cual será considerado como pasivo cierto no reclamado, si no se allega oportunamente, o en caso de no reclamarse, siempre que se encuentre debidamente comprobado en los libros de contabilidad oficiales de la intervenida. Además , las sentencias proferidas en procesos iniciados con anterioridad a la toma de posesión de la entidad, que versen sobre reclamaciones que no fueron presentadas oportunamente, también serán pagadas como pasivo cierto no reclamado . Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial , Carrera 5 No. 15 - 80 Bogotá D.C., Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750, www.procuraduria.gov.co, NIT. odiláV( =gNP xBRg 639J Lq2u PSVp +iP1 86OI rodacifitnedI LRU Ahora, conforme al inciso 4° del artículo 2.4.2.15 del Decreto 2555 de 20103, el pago de las sentencias proferidas en procesos iniciados con anterioridad a la toma de posesión de la entidad que tengan relación con reclamaciones no presentadas que son pagadas como pasivo cierto no reclamado, debe surtir el procedimiento previsto en el numeral 7° del artículo 2.4.2.3.4 de la misma norma, precepto que a su texto reza:

7. Pasivo cierto no reclamado. El Liquidador determinará el pasivo cierto no

reclamado mediante resolución motivada, para lo cual tendrá en cuenta las acreencias de cuyos titulares no se hubieren presentado a recibir el pago oportunamente pero que · aparezcan debidamente justificados en los libros y comprobantes de la intervenida. Dentro de dicho pasivo no se incluirán las obligaciones respecto de las cuales se hayan cumplido los términos de prescripción o caducidad. El pago del pasivo cierto no reclamado procederá únicamente en los casos en los que existan remanentes y dependerá de las disponibilidades de la entidad intervenida. Para su pago se señalará un período que no excederá de tres (3) meses, vencido el cual se entregarán al Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, Fogacoop, las sumas no reclamadas con destino a la reserva correspondiente. La resolución que establezca el pasivo cierto no reclamado se notificará en la forma prevista en los artículos 67 a 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo“(…) En caso que se ordene la liquidación de la entidad, las reclamaciones no presentadas o presentadas después del vencimiento del término previsto, pasarán a ser parte del pasivo cierto no reclamado, y su pago se sujetará a lo previsto en el numeral 7 del artículo del presente Decreto. Contencioso Administrativo y se publicará en un lugar visible al público en las oficinas de la intervenida. También en hace parte del material probatorio el correo electrónico calendado 15 de septiembre de 2021, que remitió XXXXX, por medio del cual solicitó a XXXX el pago de la acreencia reconocida en la sentencia emitida por la XXX , el correo es el siguiente: Apreciado doctor Felipe Negret,

En mi condición de apoderado de la parte actora dentro del proceso de la referencia, y según lo dispuesto en el fallo de radicado S2020-00523 del 27 de marzo de 2020, según el cual, el juez de la salud dispuso, a saber: Comedidamente solicito a su despacho se cumpla, dentro de los cinco (05) días siguientes y, en consecuencia, se reconozca la suma de $2.639.883, más los intereses moratorios que se causen hasta la fecha efectiva de su abono en cuenta. Es menester recordar que el liquidador no puede resistirse al pago de la suma deprecada, pues al tratarse de un proceso judicial promovido antes del proceso liquidatario, esta suma de dinero causaría intereses moratorios siendo lesivo a XXXXX; además de configura run fraude a resolución judicial. Finalmente es relevante señalar que la acreencia hace parte del inventario de procesos registrado por el liquidador de la entidad, según se desprende de un documento recientemente publicado por su despacho (…) XXXXX, coordinador jurídico de XXXXX, contestó el correo electrónico a través de oficio calendado 13 de septiembre de XXXX, en los siguientes términos: En atención a la comunicación recibida en la entidad el día 10 de septiembre Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial , Carrera 5 No. 15 - 80 Bogotá D.C., Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750, www.procuraduria.gov.co, NIT. odiláV( =gNP xBRg 639J Lq2u PSVp +iP1 86OI rodacifitnedI

LRU de XXX, mediante el cual solicita el pago de la sentencia expedida dentro del proceso Jurisdiccional J-2017-2407, me permito indicarle lo siguiente: 1.XXX por medio de su delegada para la función Jurisdiccional y de conciliación, mediante Sentencia S2020-000523 de fecha 27 de marzo de XXX ordenó a XXX pagar el valor de dos millones trecientos treinta y seis mil ciento cuatro pesos M/cte ($2.336.104) correspondientes a las prestaciones económicas expedidas a favor de su empleado XXXX. 2.Dicha sentencia fue notificada a XXX el 15 de mayo de XXXy la misma fue debidamente impugnada dentro de la oportunidad procesal por XXXX indicando que las prestaciones económicas solicitadas se encontraban pendientes de pago y para que el mismo se llevará a cabo, debía presentarse ante la liquidación de la XXX radicando el formulario para presentación de créditos al correo electrónico XXXX , formulario que a la fecha no ha sido radicado por usted, dado que no se encuentra en las bases de solicitud de acreencias de la XXXX, pues si bien es cierto la acreencia se encuentra reconocida en el inventario de procesos judiciales de XXXX, ello no lo exime de presentar dicha acreencia. Respecto de lo anterior, la sala civil de decisión 3 del Tribunal Judicial de Bogotá, mediante fallo del 11 de agosto de XXXX con ponencia de la Doctora Martha Isabel García Serrano, se ha pronunciado al resolver en segunda instancia, señalando lo siguiente: “encuentra necesario la sala modificar el ordinal CUARTO del fallo apelado, comoquiera que el Juez inobservó las reglas imperativas del trámite concursal,

dado que el pago de las obligaciones, entre otras las acá reconocidas deberá hacerse en la forma allá prevista conforme a su categorización; según lo dispuesto en el literal c) del artículo 9.1.3.1.1 y el artículo 9.1.3.5.10 del Decreto 2555 de 2010 y el capítulo Página 5 de 9 Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial , Carrera 5 No. 15 - 80 Bogotá D.C., Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750, www.procuraduria.gov.co, NIT. II de la resolución No. A-001341 de 2019, y no como se dispuso por el a quo estableciendo un plazo determinado, pues el termino de pago dependerá, se itera, de su calificación” Finalmente, le informo que mediante Resolución No. 007172 del 22 de julio deXXXX, la XXXXordenó toma en posesión inmediata de los bienes, haberes, negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar a XXX Que el régimen jurídico aplicable a la liquidación de la entidad XXXXX , es el dispuesto en la Resolución 007172 del 22 de julio de XXXX, adicionada por la Resolución 008028 del 20 de agosto de XXXX, expedidas por la XXXXX, en concordancia con lo estipulado en el Decreto 2555 de XXX, el Decreto ley 663 de 1993 – Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el articulo 20 y 70 de la ley 1116 de 2006. Que el artículo 9.1.3.2.1. del Decreto 2555 de 2010, dispone que dentro de los cinco

(5) días siguientes a la orden de intervención forzosa administrativa para liquidar, se emplazará a quienes tengan reclamaciones de cualquier índole contra la intervenida, mediante la publicación de dos avisos en diarios de amplia circulación nacional y en otro del domicilio principal de la entidad. Teniendo en cuenta lo anterior, fueron publicados dos avisos emplazatorios en medios de comunicación de amplia circulación, los días 13 y 28 de agosto de XXXX, a fin de que todas las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado, que se consideraran con derecho a formular reclamaciones de cualquier índole contra la entidad, realizaran la radicación de sus créditos, con prueba siquiera sumaria de los mismos. Para ello la liquidación estableció una serie de formatos y un instructivo de ordenación documental los cuales fueron publicados en la página oficial de XXXXX en liquidación para que a través de estos fueran presentadas o remitidas por correo certificado las reclamaciones correspondientes. Así las cosas teniendo en cuenta que el proceso liquidatario es un procedimiento reglado, especial y preferente, el cual debe velar por la protección del principio de igualdad que debe prevalecer entre los acreedores, cordial y respetuosamente se solicita visitar la página web de la liquidación XXXX en la pestaña acreencias - formularios, para que a través de los formatos ahí establecidos se haga parte de proceso liquidatario y su crédito pueda ser sometido a estudio en igualdad de condiciones a los demás acreedores. Una vez identificado el concepto al que se adecua a su reclamación, como ya se le indicó anteriormente, se debe descargar y diligenciar el formulario

escogido para su acreencia, y este podrá allegarse en medio digital (cd, dvd, etc) o de manera física con prueba siquiera sumaria del crédito que se reclama a la XXXX, de la ciudad de Bogotá, D.C., o al correo electrónico XXXXX Por todo lo anterior, si se considera con algún derecho a formular reclamaciones de cualquier índole contra la entidad en liquidación, solicitamos presentar su acreencia al proceso liquidatario, la cual será graduada y calificada de acuerdo con las normas aplicables a este. Por último, le indicó que respecto de un eventual reconocimiento y pago de la acreencia se hará de conformidad con lo establecido en el Decreto 2555 del 2010, artículos 20 y 70 de la Ley 1116 de 2006 y el Estatuto orgánico del Sistema Financiero. Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial , Carrera 5 No. 15 - 80 Bogotá D.C., Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750, www.procuraduria.gov.co, NIT. odiláV( =gNP xBRg 639J Lq2u PSVp +iP1 86OI rodacifitnedI LRU El doctor XXXX, a través de correo electrónico fechado 15 de septiembre de 2021, discrepó de la respuesta otorgada por XXX, expresando: Apreciada XXX, discrepo de la respuesta ofrecida por las razones que a continuación expongo: Si el liquidador está en desacuerdo con la sentencia en firme, el ordenamiento

jurídico le ofrece medios extraordinarios para manifestar este desacuerdo, como sería el caso de iniciar una acción de tutela, pero de ningún modo puede pretender, Página 6 de 9 Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial , Carrera 5 No. 15 - 80 Bogotá D.C., Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750, www.procuraduria.gov.co, NIT. IUS E–2021–505181 - IUC D–2021–2070128 como en efecto lo hizo en el derecho de petición, obligar al demandante a tramitar “formatos” y ubicar la acreencia pretendida en una masa de nominada “pasivo cierto no reclamado”, máxime cuando en su inventario de procesos está prevista la contingencia judicial con anterioridad al proceso de liquidación. Los gastos de funcionamiento de la entidad en estado de liquidación, están por fuera de la masa de liquidación. Es decir, una sentencia judicial en firme que tiene los efectos de cosa juzgada, deben Acatarse y cumplirse, obligando a liquidador sufragarla incluyéndola en el presupuesto de gastos de funcionamiento de la entidad, pues no hacerlo, genera dos efectos inmediatos: el primero, se configura un delito de fraude a resolución judicial, y el segundo es que, a partir de su ejecutoria, la acreencia u obligación contenida en una providencia judicial devenga intereses moratorios a la tasa de usura máxima permitida por la Superintendencia Financiera, siendo esto, ahí sí, un verdadero detrimento patrimonial contra los acreedores que concurren al proceso liquidación. No es comprensible cómo el Tribunal Superior Judicial de Bogotá – Sala

Laboral no accedió a lo pedido por el liquidador, en el sentido de obligarme a presentar la acreencia en “formatos”, y aun así el liquidador manifiesta que debo hacerlo, sin tener en cuenta lo dicho en la providencia judicial. En línea con lo anterior, nótese como el liquidador en la respuesta a mi petición cita una sentencia de la sala Civil del Tribunal Judicial de Bogotá, cuando en el caso de mi poderdante, falló fue la Sala Laboral. Recordamos que los fallos son inter partes, y no son erga omnes. Este email, fue contestado por XXXXXa través de oficio del 28 de septiembre de XXX, documento que a su texto reza: En atención a la petición recibida el día 15 de septiembre de XXXX, mediante el cual expone las inconformidades respecto de la respuesta dada por la Entidad mediante comunicación de fecha 13 de septiembre de XXXX dentro del proceso Jurisdiccional XXX, me permito manifestarle que como es de su conocimiento, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma en posesión inmediata de los bienes, haberes, negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar a XXX., proceso que inició el día 05 de agosto de XXXX, ello obliga a que la Entidad deba regirse por las normas que disponen y regulan los procesos de liquidación de las Entidades, es decir, el Decreto 2555 de 2010, el Decreto ley 663 de 1993, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el articulo 20 y 70 de la ley 1116 de 2006. Respecto de sus observaciones, debe tener en cuenta que no se le está obligando a radicar formatos y ubicar la acreencia pretendida en una masa

del pasivo no reclamado, empero, lo que si se deben tener en cuenta es que hay unos términos que se encuentran establecidos en el Decreto 2555 de 2010 y las acreencias se deben presentar de conformidad con dichos términos, se le aclara que el hecho de que los procesos aparezcan relacionados en el inventario de procesos, esto no lo exime de la presentación de la acreencia, pues dicho inventario se realiza por mandato de la ley. Tal como lo indica la normativa, es deber de los acreedores presentar ante la liquidación aquellos procesos judiciales iniciados antes de la toma de la posesión y así mismo se establecer el deber de la Entidad de llevar a cabo su pago de conformidad con los parámetros y normas que rigen dichos pagos P, ágina 7 de 9 Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial , Carrera 5 No. 15 - 80 Bogotá D.C., Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750, www.procuraduria.gov.co, NIT. odiláV( =gNP xBRg 639J Lq2u PSVp +iP1 86OI rodacifitnedI LRU IUS E–2021–505181 - IUC D–2021–2070128 es por ello que a la fecha ya se han venido cancelando las acreencias presentadas y que se encuentran debidamente radicadas en el orden en que se han venido presentando, incluidas aquellas que se encuentran excluidas de la masa, pues de no hacerlo, iría en contravía y detrimento de aquellos acreedores que si surtieron el trámite establecido para tal fin.

Finalmente, me permito indicarle que no estamos frente a un fraude a resolución judicial, pues la Entidad, no se está sustrayendo de la obligación que tiene de cancelar la prestación económica, simplemente, al ser un proceso reglado, se determinó la forma en cómo se deben materializar los derechos con observancia de las reglas del proceso liquidatario, así las cosas, nuevamente se le insta a presentar Página 8 de 9 Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial , Carrera 5 No. 15 - 80 Bogotá D.C., Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750, www.procuraduria.gov.co, NIT. IUS E–2021–505181 - IUC D–2021–2070128 una acreencia tal como lo establece la norma y como lo han venido realizando los demás acreedores, para proceder con su estudio. En oficio calendado 11 de noviembre de XXXX, remitido a esta delegada, suscrita por XXXXX, agente liquidador de XXXX, respecto del caso objeto de estudio, informó: (…) 10. El 28 de septiembre de XXXXse remitido desde la cuenta XXXX la respuesta al derecho de petición, para lo cual XXXX nuevamente le reitera al usuario que tal como lo indica la normativa, es deber de los acreedores presentar ante la liquidación aquellos procesos judiciales iniciados antes de la toma de la posesión y, así mismo, s