PGN - DEBER FUNCIONAL La falta en materia disciplinaria se estructura a partir de su infra

FALTA DISCIPLINARIA-Por posesionar en un cargo a quien no cumplía los requisitos de estudio y experiencia DEBER FUNCIONAL-Incumplimiento por violar la prohibición de nombrar personas que no cumplen con los requisitos de ley Al proceso se allegó en CD, copia del Decreto 020 del 10 de marzo de 2006, mediante el cual el Alcalde Municipal de Gigante, Huila, establece el manual específico de funciones, para el personal del Municipio, ajustando dicho manual, para los empleos que conforman la planta de personal del Municipio, cuyas funciones deberán ser cumplidas por los funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en orden de la misión, objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le señalan a la administración municipal. (fl. 87). Por tanto, al tomar tal decisión el disciplinado, hizo caso omiso a la exigencia prevista en la norma que a nivel municipal regulaba los requisitos para acceder a los cargos públicos de Gigante, es decir, al Decreto 020 de 2006, lo cual significa que el disciplinado estaba supeditado al cumplimiento de la condición preestablecida en los requisitos exigidos para el cargo de Secretario de Desarrollo Social. Dicha omisión transgrede la prohibición contenida en el numeral 18 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, norma debidamente citada en el cargo endilgado en la citación a audiencia, que prohíbe expresamente a todo servidor público nombrar o elegir para el desempeño de cargos públicos a personas que no reúnan los requisitos constitucionales, legales o reglamentarios. DEBER FUNCIONAL-El disciplinado estaba en capacidad de discernir la

acreditación de requisitos para desempeñar un cargo Los planteamientos de defensa que hacen los sujetos procesales, no logran desvirtuar la imputación, pues es evidente la irregularidad, consumándose con el nombramiento de la funcionaria, sin que cumpliera con los requisitos exigidos para ocupar el cargo de Secretario de Desarrollo Social, en la medida en que la tesis esbozada por los sujetos procesales se cae de su peso, en primer lugar porque el disciplinado en su versión libre plantea un argumento equivocado frente a los requisitos exigidos para dicho cargo; y en segundo término, la defensa explica que no existe ilicitud sustancial, toda vez que no se afectó la función pública y que por el contrario se ha demostrado la eficacia y eficiencia con la que la señora secretaria, cumplió con las funciones del cargo, para lo cual es imperioso precisar por el despacho, que prima el cumplimiento de sus deberes como servidor público, acatando el reglamento contentivo del manual de funciones y competencia laborales, cuando por su formación académica de abogado, el disciplinado estaba en capacidad de discernir que era necesario y obligatorio para ocupar dicho cargo, la acreditación de los requisitos académicos como de experiencia requerida, porque no hacerlo, se convierte en una arbitrariedad de la administración municipal, al no sentirse obligado a respetar las normas sobre calidades y requisitos para el desempeño de los empleos del ente territorial. FALTA DISCIPLINARIA-Es de mera conducta Considera además este Despacho que el disciplinado, al asumir el cargo de Alcalde Municipal de Gigante, Huila, decidió asumir una función pública y acogerse al

régimen constitucional, legal y reglamentario vigente y por tanto debe someterse a sus mandatos. Los elementos probatorios analizados con anterioridad dan cuenta de la falta disciplinaria imputada al disciplinado por el A-quo en el auto de citación a audiencia, la que se encuentra demostrada y que la misma se cataloga como de mera conducta, según la cual, no requiere la realización de un resultado, tal como lo señala la dogmática disciplinaria, porque si bien, la persona seleccionada para Procuraduría Regional del Huila 1 Calle 7ª No. 3-67 Piso 2º edificio Banco Popular Neiva Tel. 8710018-8710895 Fax 8710040 ocupar el cargo de Secretario de Desarrollo Social, ha venido cumpliendo con sus deberes y obligaciones, la infracción del deber por parte de quien la vinculó, se centró en el hecho de haber nombrado y posesionado a una persona en un cargo, sin cumplir con los requisitos exigidos en la ley y el reglamento. DEBER FUNCIONAL-La falta en materia disciplinaria se estructura a partir de su infracción La falta en materia disciplinaria se estructura a partir de la infracción del deber funcional, con independencia de si el comportamiento investigado ha producido un resultado. El proceso disciplinario, examina el cumplimiento de deberes en una órbita de sujeción especial, con la finalidad de mantener incólume el bien jurídico del correcto ejercicio de la función pública, dentro de un proceso autotutelar cuyas sanciones cumplen fines de prevención y protección de la función. Por tanto, quienes ejercen función pública, deben desempeñar el empleo, cargo o

función cumpliendo con lo establecido en las leyes preexistentes, sin ejecutar ningún acto que implique el ejercicio indebido de la función, tal como lo dispone el numeral 2 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, preceptiva que en el presente asunto fue desconocida con la conducta desplegada por el disciplinado. Y es que la conducta asumida por el disciplinado vulnera el Decreto Municipal No. 020 de 2006, en la medida en que allí se estipulan con precisión las directrices e instrucciones para la vinculación del Secretario de Desarrollo Social del Municipio de Gigante, para exigirle que cumpliera con los requisitos tanto académicos como de experiencia, porque de no hacerlo, no puede asumir en debida forma el cargo. ALCALDE MUNICIPAL-No podía nombrar a una persona que no reuniera los requisitos establecidos en el reglamento Al omitir estos requisitos formales de vinculación el disciplinado implícitamente pretermite el numeral 3º del Artículo 315 Constitucional, que en relación con las atribuciones del Alcalde, estableció que éste tenía la facultad de nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia pero de acuerdo con las disposiciones pertinentes. Se tiene además que la falta imputada encuadra perfectamente dentro de las prohibiciones establecidas para todo servidor público y debidamente señaladas en el auto de citación a audiencia, específicamente el numeral 18 del artículo 35 de la ley 734 de 2002, pues el disciplinado no podía nombrar a una persona que no reuniera los requisitos establecidos en el reglamento, en el cargo de Secretario de

Desarrollo Social del Municipio de Gigante, con lo cual se evidencia que no respetó, ni acato el ordenamiento legal. ELEMENTO SUBJETIVO-La conducta disciplinaria debe ser culpable Para que una conducta pueda ser sancionada disciplinariamente, se requiere que la misma sea culpable, es decir, atribuible al sujeto a título de dolo o culpa, sin intervención de circunstancias que eliminen tal culpabilidad. NATURALEZA DE LA FALTA-Grave En atención a los criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta establecidos en el artículo 43 de la Ley 734 de 2002, norma vigente para la época de los hechos, la naturaleza de la falta se califica como grave. Procuraduría Regional del Huila 2 Calle 7ª No. 3-67 Piso 2º edificio Banco Popular Neiva Tel. 8710018-8710895 Fax 8710040 Y esa gravedad se determina por la jerarquía que ostentaba el disciplinado dentro de la entidad, pues en su condición de Alcalde Municipal es a quien constitucional y legalmente se le atribuyó la función de dirigir la acción administrativa del Municipio y por ello entre otras la de nombrar y remover a los empleados de conformidad a las disposiciones legales; sin que haya advertido esta instancia la ejecución de alguna acción que le permitiera al Disciplinado tener argumentos para nombrar en el cargo a quien no poseía los requisitos reglamentarios y legales; simplemente en su interior concibió que dicho cargo podía ser ocupado por un Técnico profesional, y por tal razón decidió nombrar y posesionar a la funcionaria pero no tuvo la diligencia, ni la

curiosidad debida para revisar el manual específico de funciones y requisitos para determinar que tales requisitos se habían fijado seguramente para un cargo inferior a los de Secretario de Despacho, con lo cual pudo salir del error. Ahora si bien, la funcionaria nombrada y posesionada al parecer cumplió con suficiencia y diligencia sus funciones, ello no significa que no se hubiera presentando un deterioro de la moralidad administrativa para la administración municipal de Gigante, Huila, en la medida en que se pierde el grado de credibilidad en quien ostenta el máximo cargo del Municipio y por ende un detrimento en la imagen de la administración pública, al designar personas que no reúnen los requisitos exigidos por la ley y el reglamento. ILICITUD SUSTANCIAL-Por desconocimiento del deber funcional Por último, el fallador de primera instancia, hizo un profundo análisis de la ilicitud sustancial que milita en la conducta disciplinaria asumida por el disciplinado, con la cual se identifica plenamente éste despacho, toda vez que el implicado al nombrar y posesionar en el cargo de Secretaria de Desarrollo Social, sin reunir los requisitos para ello, desconoció en forma sustancial y sin justificación alguna el deber funcional que señala la norma, el cual consiste en cumplir lo establecido en el reglamento de la entidad territorial, que contiene los requisitos del mismo, los que se encuentran descritos en el manual específico de funciones y requisitos del Municipio de Gigante, conducta que desde luego atenta contra el principio de moralidad administrativa, propio de la función administrativa conforme lo determina el Artículo 209 de la Carta política. IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD-Respeta el principio universal de

legalidad De acuerdo a lo anterior, este despacho concluye que la imputación de carácter fáctica y jurídica hecha en los cargos, respeta el principio universal de legalidad consagrado en el artículo 29 Constitucional, habida cuenta que el comportamiento censurado encuentra adecuación típica en norma legal preexistente para el momento de su ocurrencia, para el caso el numeral 18 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, precisamente por haberse omitido el cumplimiento del Decreto 020 del 10 de marzo de 2006, que contiene el manual específico de funciones y requisitos, en lo que tiene que ver con las exigencias para ocupar el cargo de Secretario de Desarrollo Social de Gigante, Huila, así como lo estableció el fallador de instancia. Comportamientos que para los efectos del artículo 5º de la Ley 734 de 2002, dadas las circunstancias en que fueron materializados, constituyeron en un abierto desconocimiento al deber funcional del cual era responsable el disciplinado como servidor público, que por su puesto no se quedaron en la simple formalidad, es decir en el desconocimiento de la norma, sino que al mismo tiempo trascendieron sin justificación alguna en la mala imagen del ente territorial. Procuraduría Regional del Huila 3 Calle 7ª No. 3-67 Piso 2º edificio Banco Popular Neiva Tel. 8710018-8710895 Fax 8710040

Dependencia: Procuraduría Regional del Huila

Radicación: IUS-2011-100589 IUC-D-2011-60-373954 RAD.

INTERNA No. 068/2013.

Disciplinado: JULIAN DAVID DIAZ MOYANO

Cargo y Entidad: Alcalde Municipal de Gigante, Huila.

Quejoso: De Oficio Fecha de la queja: Octubre 8 de 2010

Fecha de los hechos: Agosto 13 de 2010

Asunto: Fallo de segunda instancia (Artículo 171 de la ley 734 de 2002).

Neiva, 30 de enero de 2014 Se dispone esta Regional a resolver el recurso de apelación interpuesto por la doctora ADRIANA MARIA OCHOA JIMENEZ, apoderada de confianza del disciplinado JULIAN DAVID DIAZ MOYANO, Alcalde Municipal de Gigante, Huila, periodo constitucional 2008-2011, en contra del fallo de primera instancia contenido en la Resolución No. 09 del 24 de octubre de 2013, proferida por la Procuraduría Provincial de Garzón, Huila, de conformidad con el numeral 3º del artículo 75 del Decreto 262 de 2000.

1. ANTECEDENTES.

La actuales diligencias disciplinarias tienen su origen en la queja anónima radicada en la Procuraduría Provincial de Garzón el 8 de octubre de 2010, en la que se solicita investigar disciplinariamente al señor JULIAN DAVID DIAZ MOYANO, Alcalde Municipal de Gigante, Huila, por haber nombrado a la señora ANA YIVI CARDOZO SANCHEZ, como Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Gigante, teniendo en cuenta que la misma no cumple con los requisitos exigidos en el manual de funciones, esto es, ser profesional y contar con experiencia, y quien fue nombrada es una bachiller sin experiencia. (fl. 4). Con fundamento en lo anterior se inició la indagación preliminar mediante auto del 16 de noviembre de 2010 (fl. 5), actuación de la que se avocó

conocimiento por la Provincial Garzón con auto del 15 de abril de 2011 (fl. 42), con proveído del 25 de abril de 2011, ordena la práctica de pruebas en indagación preliminar y la vinculación del presunto implicado JULIAN DAVID DIAZ MOYANO (fl. 43), quien fue notificado personalmente de la indagación preliminar el 3 de mayo de 2011. (fl. 45). Una vez recaudadas las pruebas documentales y la versión libre del disciplinado, ordenadas en la indagación preliminar, dentro del término legal, la Procuraduría Provincial de Garzón, por auto del 19 de junio de 2013, ordenó adelantar proceso verbal y citar a audiencia al señor JULIAN DAVID DIAZ MOYANO (fls. 61 a 70). Decisión que fue notificada por edicto del 26 de junio de 2013 y a la que compareció el disciplinado a través de su apoderada de confianza en sesión de audiencia del 24 de julio de 2013. Superada la actividad probatoria y surtido el traslado para alegar de conclusión en sesión de audiencia del 8 de octubre de 2013 (fls. 141 a 161), la Procuraduría Provincial de Garzón, profirió fallo sancionatorio en la audiencia realizada el 24 de octubre de 2013, providencia que fue recurrida Procuraduría Regional del Huila 4 Calle 7ª No. 3-67 Piso 2º edificio Banco Popular Neiva Tel. 8710018-8710895 Fax 8710040 en apelación, recurso que fue concedido y sustentado en oportunidad. (fls.

160 y 161). Así las cosas, este despacho está habilitado para resolver el recurso interpuesto y a ello procede a continuación.

2. CARGO UNICO.

En el auto de citación a audiencia del 19 de junio de 2013 (fls. 61 a 70), se le endilga el siguiente cargo al disciplinado: “La conducta irregular a imputar al señor JULIAN DAVID DIAZ MOYANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.210.447 expedida en Gigante, en su condición de Alcalde Municipal de Gigante, (Huila), periodo 2008-2011, se concretan en el siguiente: CARGO UNICO A usted en su condición de Alcalde del Municipio de Gigante, (H) y ordenador del gasto para la época de los hechos investigados, se le reprocha haber nombrado a la señora ANA YIVY CARDOZO SANCHEZ en el cargo de Secretaria de Desarrollo Social, Código 020, Grado 16, mediante Decreto No. 105 del 13 de agosto de 2010; y haberla posesionado el 23 de agosto de 2010; sin cumplir los requisitos exigidos para el cargo enunciado en el Decreto 020 del 10 de marzo de 2006 “Por medio del cual se establece el manual específico de funciones” para el personal del Municipio de Gigante (Huila), a saber: Profesional Universitario con título en Economía, administración, trabajo social, educación o carreras afines. Un (1) año de experiencia relacionada con el cargo; pues la señora CARDOZO SANCHEZ, no acreditó título de formación profesional en ninguna de las

áreas referidas, ya que según reporta en el formato único de hoja de vida hallada por el Personero en la Alcaldía Municipal, es Técnico Profesional en Contabilidad y Finanzas y cursaba segundo semestre de Contaduría, y su experiencia laboral era de apoyo administrativo y auxiliar de oficina”. Como normas vulneradas se citaron las siguientes disposiciones: Constitucionales: Artículos 6º, 123 inciso 2º; 315 numeral 3º.

Legales: Ley 734 de 2002, Artículo 35, numeral 18.

Reglamentarias: Decreto 020 del 10 de marzo de 2006 “Por medio del cual se establece el manual específico de funciones” para el personal del Municipio de Gigante, Huila. El cual establece como requisitos de estudio y experiencia para el cargo de Secretario de Despacho – Secretario de Desarrollo Social, ser profesional universitario con título de economía, administración, trabajo social, educación o carreras afines; y un (1) año de experiencia relacionada con el cargo.

La falta se calificó como GRAVE y se imputó a título de Culpa Grave. Procuraduría Regional del Huila 5 Calle 7ª No. 3-67 Piso 2º edificio Banco Popular Neiva Tel. 8710018-8710895 Fax 8710040

3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA Considera el fallador de primera instancia que la conducta investigada cumple con el requisito de tipicidad, teniendo en cuenta que la misma se encuentra descrita como prohibición en el numeral 18 del Artículo 35 del Código Disciplinario Único, porque a todo servidor público le está prohibido,

nombrar para el desempeño de cargos públicos a personas que no reúnan los requisitos constitucionales, legales o reglamentarios, o darles posesión a sabiendas de tal situación; en armonía con el numeral 3º del Artículo 315 Constitucional, el cual consagra que son atribuciones del Alcalde, nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. Que en lo atinente a la ilicitud sustancial, la misma se entiende como la infracción sustancial de los cometidos funcionales, y en el presente caso los deberes del mandatario municipal se vieron afectados cuando inobservó los preceptos constitucionales, al nombrar para el desempeño del cargo de Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Gigante a la señora ANA YIVY CARDOZO SANCHEZ, y darle posesión a pesar de que la misma no cumplía con los requisitos exigidos por el manual de funciones para dicho cargo. Que la buena marcha de la administración pública depende de la suficiente preparación técnica o académica y de la idónea experiencia de cada servidor para el ejercicio de cada uno de sus empleos, para lo cual se expide el manual de funciones y requisitos, porque de aceptar lo contrario, sería permitir que los cargos públicos sean ocupados por cualquier persona sin un perfil, profesión u oficio conforme a las funciones a desempeñar, por consiguiente quienes ejercen función pública, deben desempeñar el empleo, cargo o función conforme a las normas preexistentes, por lo que en este evento, el ilícito se presenta con la mera infracción al deber funcional. Que para el caso en estudio, quien pretendiera ocupar el cargo de Secretario

de Desarrollo Social en el municipio de Gigante para la vigencia de 2010, requería que fuera profesional universitario con título en economía, administración, trabajo social, educación o carreras afines, y contar con un año de experiencia relacionada con el cargo, conforme lo exigido por el manual específico de funciones. Que la conducta investigada es antijurídica, porque el disciplinado sin justificación alguna nombró y posesionó a la señora ANA YIVY CARDOZO SANCHEZ, en el cargo de Secretaria de Desarrollo Social, cuando para aquella época tenía como formación académica Técnico Profesional en Contabilidad y Finanzas, como también se encontraba cursando el segundo semestre de Contaduría y su experiencia laboral era de apoyo administrativo y auxiliar de oficina, estudios que en manera alguna se homologaban al título profesional exigido y la experiencia tampoco se hallaba relacionada con el cargo, desatendiendo así las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario que exigen el nombramiento de los funcionarios que cumplan con los requisitos mínimos exigidos. Además estamos en el presente evento ante una irregularidad de mera conducta, según la cual no se requiere la realización de un resultado, conforme lo indica la dogmática disciplinaria, porque si bien la persona seleccionada para ocupar el cargo cumplió con sus deberes asignados en el cargo; la infracción del deber funcional por parte de quien vinculó a esta funcionaria se centró en el hecho de haber nombrado y posesionado a una persona en el cargo de Secretaria de despacho, sin cumplir con los requisitos en la disposiciones pertinentes. Que lo anterior significa que al existir norma legal aplicable como lo es el manual de

Procuraduría Regional del Huila 6 Calle 7ª No. 3-67 Piso 2º edificio Banco Popular Neiva Tel. 8710018-8710895 Fax 8710040 funciones y requisitos no podía el disciplinado anteponer ninguna razón personal o legal para justificar su desconocimiento, salvo que existiera una causal de exclusión de responsabilidad, que en manera alguna se avizora en este caso concreto; por el contrario lo que se muestra es una arbitrariedad de la administración, en cabeza del disciplinado DIAZ MOYANO, al desconocer las normas sobre calidades y requisitos para el desempeño del empleo, nombrando a la señora ANA YIVY CARDOZO SANCHEZ. También se indicó que no son de recibo las explicaciones dadas en su versión libre por el disciplinado, cuando argumenta que para nombrar y posesionar a la señora ANA YIVY CARDOZO SANCHEZ, como Secretaria de Desarrollo Social, tuvo en cuenta el Decreto 020 de 2006, es decir el manual de funciones y requisitos del Municipio de Gigante, y que en la hoja de vida que ésta presentó, cumple a cabalidad con las exigencias allí establecidas, planteamiento que no es cierto porque dicho manual de funciones, exige unos requisitos totalmente diferentes, no obstante para el A quo, dicho comportamiento lo que muestra es descuido y negligencia, porque le bastaba dar una lectura al manual de funciones, concretamente a los requisitos mínimos que debía cumplir para asumir el cargo de Secretario de Desarrollo Social, para enterarse que los requisitos exigidos para desempeñar dicho cargo eran distintos, lo cual demuestra que se encuentra

equivocado en su apreciación y los requisitos a que se refiere corresponden a otro cargo contemplado en el manual de funciones, por lo que mantiene la calificación de la falta como grave a título de culpa grave, dando lugar a que le impusiera sanción consistente en la suspensión del cargo por el término de dos (2) meses. (fls. 141 a 160).

4. ARGUMENTOS DE LA APELACION El recurso impetrado fue sustentado en su oportunidad procesal, esgrimiendo argumentos que pueden concretarse de la siguiente manera: Solicita que se revoque la decisión, porque con el comportamiento del señor DIAZ MOYANO, no se afectó la función pública y por ende no se vulneraron los artículos 6º y 209 de la Constitución Política, relacionados con los fines y principios de la actividad administrativa, y por el contrario se atendió de manera integral el artículo 1º Constitucional. Que en su criterio, hacía mayor daño y afectación al Estado, no prestar el servicio porque no había funcionarios que cumplieran con los requisitos como se demostró en el proceso. Por último hace alusión a que se revisen los alegatos de conclusión que presentó para que se acceda al archivo de la actuación. (fl. 161). 4º. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO FRENTE A LOS HECHOS La imputación efectuada al disciplinado JULIAN DAVID DIAZ MOYANO, mediante auto de citación a audiencia del 19 de junio de 2013, (folio 61 a 70), refiere que éste en su condición de Alcalde Municipal de Gigante, Huila, mediante Decreto No. 105 del 13 de agosto de 2010, nombró a la señora

ANA YIVY CARDOZO SANCHEZ, para desempeñar el cargo de Secretaria de Desarrollo Social, código 020, grado 16 nivel profesional, a quien posesionó el 23 de agosto de 2010, cuando la misma no acreditó formación profesional en ninguna de las áreas de economía, administración, trabajo social, educación o carreras afines; ni experiencia relacionada con el cargo de un (1) año, conforme la exigencia señalada en el Decreto 020 del 10 de marzo de 2006, por el cual se establece el manual específico de funciones y Procuraduría Regional del Huila 7 Calle 7ª No. 3-67 Piso 2º edificio Banco Popular Neiva Tel. 8710018-8710895 Fax 8710040 requisitos del municipio de Gigante, para el cargo de Secretario de Desarrollo Social, Código 020, grado 16, nivel profesional, que exige: - REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA: Profesional Universitario con título en economía, administración, trabajo social, educación o carreras afines. Un (1) año de experiencia relacionada con el cargo. Las pruebas allegadas a la actuación, demuestran que la señora ANA YIVY CARDOZO SANCHEZ, tiene formación como Técnico Profesional en Contabilidad y Finanzas expedido el 5 de diciembre de 2000, por el SENA (fls. 22 y 23) y es bachiller en la modalidad académica del Colegio Municipal de Bachillerato “Jesús María Aguirre Charry” de Aipe. (fl. 24), y también en su hoja de vida enuncia que se encuentra cursando el segundo semestre del pregrado en Contaduría Pública, sin documentar esta información, lo cual

significa que académicamente no cumple con los requisitos exigidos en la manual de funciones. Así mismo, certifica como experiencia haber laborado para la cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios Integrales – COOSERVIT C.T.A., desarrollando funciones de apoyo administrativo en el Municipio de Gigante con cargo al contrato de interventoría del Régimen Subsidiado, según contrato US-001 de 2008 desde el 19 de noviembre al 31 de diciembre de 2008; contrato 001 de 2009, desde el 5 de enero al 28 de febrero de 2009; contrato No. 010 desde el 5 de marzo al 30 de diciembre de 2009; el contrato de prestación de servicios profesionales No. 003 desde el 5 de enero al 20 de marzo de 2010 y contrato No. 001 desde el 19 de marzo al 11 de agosto de 2010. (fl. 25). Y según certificación expedida por el Coordinador de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros del Comité Departamental de Cafeteros del Huila, indica que prestó sus servicios mediante varias modalidades de contrató, así: Contrato de aprendizaje desde el 1º de noviembre de 1998 al 30 de marzo de 2000; Auxiliar de oficina en el área de tesorería y desarrollo social del 1º de abril de 2000 al 31 de diciembre de 2001; y mediante contrato de trabajo a término fijo del 1º de febrero al 31 de mayo de 2002. (fl. 26). Experiencia que desde luego no se relaciona con el cargo de Secretario de Desarrollo Social del Municipio de Gigante, teniendo en cuenta que el manual de funciones exige que la misma se haya obtenido con posterioridad a la obtención del título profesional y en este evento, no

cumple siquiera con dicha requisito. De acuerdo a lo anterior, es evidente que para el 13 y 23 de agosto de 2010, cuando fue designada y posesionada la señora ANA YIVY CARDOZO SANCHEZ, no demostró documentalmente que poseía formación profesional con título en economía, administración, trabajo social, educación o carreras afines, y menos aún experiencia profesional tanto en el sector público como privado como mínimo de un año, por lo que el cargo endilgado al disciplinado DIAZ MOYANO, mantiene su vigencia, toda vez que nombró para el desempeño de un cargo público a una persona que en su momento no reunía los requisitos reglamentarios porque los documentos que aportó a su hoja de vida, no demostraban que tuviera tales exigencias académicas y de experiencia, y a pesar de ello, la posesionó. Al proceso se allegó en CD, copia del Decreto 020 del 10 de marzo de 2006, mediante el cual el Alcalde Municipal de Gigante, Huila, establece el manual específico de funciones, para el personal del Municipio, ajustando dicho manual, para los empleos que conforman la planta de personal del Municipio, Procuraduría Regional del Huila 8 Calle 7ª No. 3-67 Piso 2º edificio Banco Popular Neiva Tel. 8710018-8710895 Fax 8710040 cuyas funciones deberán ser cumplidas por los funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en orden de la misión, objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le señalan a la administración municipal. (fl. 87). Por tanto, al tomar tal decisión el disciplinado, hizo caso omiso a la exigencia

prevista en la norma que a nivel municipal regulaba los requisitos para acceder a los cargos públicos de Gigante, es decir, al Decreto 020 de 2006, lo cual significa que el disciplinado estaba supeditado al cumplimiento de la condición preestablecida en los requisitos exigidos para el cargo de Secretario de Desarrollo Social. Dicha omisión transgrede la prohibición contenida en el numeral 18 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, norma debidamente citada en el cargo endilgado en la citación a audiencia, que prohíbe expresamente a todo servidor público nombrar o elegir para el desempeño de cargos públicos a personas que no reúnan los requisitos constitucionales, legales o reglamentarios. Los planteamientos de defensa que hacen los sujetos procesales, no logran desvirtuar la imputación, pues es evidente la irregularidad, consumándose con el nombramiento de la señora ANA YIVY CARDOZO SANCHEZ, sin que cumpliera con los requisitos exigidos para ocupar el cargo de Secretario de Desarrollo Social, en la medida en que la tesis esbozada por los sujetos procesales se cae de su peso, en primer lugar porque el disciplinado en su versión libre plantea un argumento equivocado frente a los requisitos exigidos para dicho cargo; y en segundo término, la defensa explica que no existe ilicitud sustancial, toda vez que no se afectó la función pública y que por el contrario se ha demostrado la eficacia y eficiencia con la que la señora CARDOZO SANCHEZ, cumplió con las funciones del cargo, para lo cual es imperioso precisar por el despacho, que prima el cumplimiento de sus deberes como servidor público, acatando el reglamento contentivo del

manual de funciones y competencia laborales, cuando por su formación académica de abogado, el disciplinado estaba en capacidad de discernir que era necesario y obligatorio para ocupar dicho cargo, la acreditación de los requisitos académicos como de experiencia requerida, porque no hacerlo, se convierte en una arbitrariedad de la administración municipal, al no sentirse obligado a respetar las normas sobre calidades y requisitos para el desempe