PGN - DEBER FUNCIONAL Resulta adecuado para el estudio de la ilicitud sustancial en el cas

IUS-2017-522987 DECLARACION DE IMPEDIMENTO-Omisión del concejal al momento de votar un proyecto de acuerdo en el cual él se vería favorecido. CONFLICTO DE INTERESES-Por no declararse impedido para participar y posteriormente votar en la sesión del concejo municipal NORMA SUSTANCIAL DEFRAUDADA-Se le indicó el artículo 70 de la Ley 136 de 1994. Artículo 70. Conflicto de interés. Cuando para los concejales exista interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas. FORMULACION DEL CARGO-Calificó provisionalmente la falta disciplinaria como gravísima a título de culpa gravísima. ALEGATOS DE CONCLUSION-Expone que se declaró impedido para actuar en el trámite del proyecto de acuerdo. Enfatiza el disciplinado, que los quejosos no tienen razón, porque su gestión ante la oficina de “Restitución de Tierras” no garantiza que la finca reclamada por él y que perteneció a su padre vuelva a su patrimonio; además, alega que se declaró impedido para actuar en el trámite del proyecto de acuerdo No. 002 de 2016, (…) a que se refiere el cargo único. En el contexto anterior, manifestó que como dicha circunstancia no quedó registrada en el acta No. 019 del 21 de febrero de 2016, día en el que se discutió, votó y aprobó el señalado

proyecto de acuerdo, solicitó corrección y en virtud de la misma se expidió la Resolución No. 072 del 1º de diciembre de 2016 del Concejo Municipal de Zambrano, corrigiendo el supuesto yerro. Dice que se declaró impedido para esa sesión, pero por simple “Equivoco” (se deduce que de sus adversarios), por cuanto él considera que la simple disputa del inmueble por el reclamado, vía restitución, no le genera conflicto de interés. COMPETENCIA TERRITORIAL-De las procuradurías regionales, provinciales y distritales. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA-Declarando responsable disciplinariamente sancionándolo con destitución e inhabilidad general por diez años. RECURSO DE APELACION-Aspectos y competencia para resolver Esta Instancia Disciplinaria advierte que conforme al artículo 171 de la Ley 734 de 2002, el funcionario que deba resolver la segunda instancia solamente adquiere competencia para revisar los aspectos objeto de impugnación y aquellos inescindibles al mismo (ejemplo, el Procuraduría Regional de Bolívar Centro, Calle de La Chichería N° 38 – 68, Cartagena regional.bolivar@procuraduria.gov.co 1 IUS-2017-522987 análisis de los elementos estructurales de la falta disciplinaria: tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad) para concluir confirmando, reformando o revocando la providencia sometida a su conocimiento. Existe en todo caso una limitación constitucional, que impide al ad quem efectuar una reformatio in pejus, haciendo más grave la decisión de primera instancia, parámetros estos que se respetarán en el presente análisis.

A partir de lo anterior, se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el disciplinado, que fue presentado oportunamente. Para seguir un orden metodológico y coherente en el estudio del presente asunto, este censor se referirá a las imputaciones fácticas y jurídicas que fueron objeto de cargos al disciplinado, se examinarán las pruebas que sustentan el motivo de reproche y se hará su confrontación con los alegatos allegados a la actuación, en orden a establecer objetivamente la existencia o no de la falta disciplinaria, a la luz de las disposiciones normativas citadas como infringidas, y se abordará el tema de la responsabilidad del disciplinado en la comisión de las conductas reprochadas, para ello se tendrán en cuenta los elementos que la configuran, esto es, su adecuación típica, ilicitud sustancial, culpabilidad y la dosificación de la sanción. PRUEBAS ANALIZADAS-Es fácil advertir que existe una contradicción protuberante en las explicaciones del recurso de apelación/PRUEBA TESTIMONIAL-Dejan en entredicho y sin fuerza probatoria CONSEJO DE ESTADO-Violó el régimen de conflicto de interés, causal de pérdida de investidura. CONFLICTO DE INTERESES-El objeto es evitar que la imparcialidad de sus decisiones se comprometa y distorsione por motivos personales o particulares/ CONFLICTO DE INTERESES-Es un asunto inherente al fuero interno. Al respecto, señaló el Consejo de Estado en sentencia del 19 de marzo de 1996, radicado AC-3300, “(…), todo ser humano está sujeto a variaciones en su capacidad de juicio

imparcial cuando intervienen intereses o compromisos personales que puedan ser afectados por las decisiones a tomar, resulta necesario prevenir que tales intereses o compromisos distorsionen el ánimo imparcial del congresista, quien debe actuar siempre movido por los más altos intereses del Estado y la comunidad.” IMPEDIMENTO-Circunstancia o hecho que puede afectar la imparcialidad del servidor al momento de la toma de una decisión La garantía de imparcialidad busca evitar que los sentimientos personales de los funcionarios le impidan obrar e intervenir en el ejercicio de sus funciones con rectitud, ecuanimidad y objetividad. El impedimento y la recusación han sido concebidos como instrumentos idóneos establecidos por el legislador para hacer efectiva la condición de imparcialidad del juez o del funcionario judicial en la toma de decisiones. CONFLICTO DE INTERESES-Requisitos que debe cumplir, según el Consejo de Estado. Procuraduría Regional de Bolívar Centro, Calle de La Chichería N° 38 – 68, Cartagena regional.bolivar@procuraduria.gov.co 2 IUS-2017-522987 “Para se configure el conflicto de intereses es necesaria la confluencia de los siguientes requisitos: 1) Que exista un interés en el servidor público respecto del trámite, gestión o decisión ha (sic) adoptar, de carácter particular que comporte por tanto alguna clase de beneficio sea económico o personal para el agente público; 2) Que se trate de un interés directo del funcionario e indirecto cuando éste sea detentado por su cónyuge o compañera permanente o de sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad etc.; y 3) Que ese

interés particular entre en contraposición con el interés general de la función pública. INTERES DIRECTO-Resulta ser directo, actual, personal y real, por cuanto participó y votó favorablemente el acuerdo ILICITUD SUSTANCIAL-En materia disciplinaria el fundamento de la imputación está determinado por la infracción sustancial de los deberes funcionales del servidor público. Según lo establece el artículo 5 de la Ley 734 de 2002 al desarrollar el principio de ilicitud sustancial, para que se estructure la falta disciplinaria, además de la adecuación del comportamiento del sujeto en un tipo disciplinario, se requiere que su deber funcional se afecte de manera sustancial y sin justificación alguna por desconocimiento de la garantía de la función pública y los principios que la gobiernan. DEBER FUNCIONAL-Resulta adecuado para el estudio de la ilicitud sustancial en el caso examinado. RELACIONES ESPECIALES DE SUJECION-Restringen alguna libertades y derechos fundamentales de los agentes del Estado. Igualmente, el deber funcional comprende la carga pública impuesta a quienes desempeñan funciones estatales en el marco de las llamadas “relaciones especiales de sujeción” que la gobiernan en procura de alcanzar los fines antedichos. En tal sentido y siguiendo a OBERMAYER “La relación de especial sujeción, es aquella relación jurídico pública de sometimiento, en el ámbito del Derecho Administrativo, en la que se encuentran aquellas personas que, como parte integrante del aparato administrativo, están bajo la dirección inmediata del Poder público, con cierto carácter duradero y en favor de un determinado fin administrativo”. (…) En virtud de las

relaciones de sujeción especiales, se restringen alguna libertades y derechos fundamentales de los agentes del Estado, lo cual evidencia su condición diferenciada con relación a los particulares como ocurre en los siguientes casos invocados con carácter enunciativo: -Limitación en actividades de los partidos y controversias políticas (…) –Respecto de la propiedad privada, existe la prohibición de adquirir bienes que se vendan para su gestión (…).(Resaltado fuera de texto) DEBER FUNCIONAL-Además se afectaron los principios de moralidad e imparcialidad En el presente asunto, el disciplinado afectó su deber funcional, al no declararse impedido para participar en los debates dado al susodicho proyecto de acuerdo, y por ello afectó Procuraduría Regional de Bolívar Centro, Calle de La Chichería N° 38 – 68, Cartagena regional.bolivar@procuraduria.gov.co 3 IUS-2017-522987 indudablemente el principio de moralidad bajo el entendido que la administración pública es reglada y los funcionarios públicos deben ejercer sus funciones conforme lo establece la Constitución, la Ley y los reglamentos; y el principio de imparcialidad que le exige al funcionario cumplir sus funciones sin apegos a intereses particulares, haciendo primar en todo caso el interés general, estos principios están contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998. FUNCION PUBLICA-Responsabilidad por infringir las normas legales, sino también por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. IMPUTACION-Culpabilidad/CULPABILIDAD-En materia disciplinaria queda proscrita

toda forma de responsabilidad objetiva. Las faltas son sancionables a título de dolo o culpa/CULPA GRAVISIMA-Cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA-Confluyen los requisitos señalados en el artículo 142 de la Ley 734 de 2002 para proferir fallo sancionatorio Procuraduría Regional de Bolívar Centro, Calle de La Chichería N° 38 – 68, Cartagena regional.bolivar@procuraduria.gov.co 4 IUS-2017-522987

DEPENDENCIA : PROCURADURÍA REGIONAL DE BOLÍVAR

Radicación : IUS-E2017-522987 IUC-D-2017-944759

Disciplinado : Rafael Antonio Teherán Lora

Cargo y Entidad : Concejal Municipal de Zambrano, Bolívar.

Quejoso : Sebastián Cañas Asís y otros Fecha de la Queja : 16 de enero de 2017

Fecha hechos : 21 de febrero de 2016

Asunto : Fallo de Segunda Instancia Cartagena de Indias, D. T y C., Diciembre 19 de 2019

RESOLUCIÓN No. _017___ “Por la cual se profiere un Fallo de Segunda Instancia”.

1. ASUNTO Procede la Procuraduría Regional de Bolívar, a resolver el recurso de apelación presentado por el señor RAFAEL ANTONIO TEHERÁN LORA, en su condición de Concejal del Municipio de Zambrano, Bolívar, para la época de los hechos, contra el fallo de primera instancia proferido el 13 de mayo de 2019 por la señor Procurador

Provincial de El Carmen de Bolívar.

2. ANTECEDENTES PROCESALES 2.1 De la queja (Folios 1-12) Los señores Sebastián Cañas Asís, Heider Luis Zambrano Castro y Carmen Esther Arrieta, advierten sobre presuntas irregularidades cometidas por el Concejal Rafael Antonio Teherán Lora, al no declararse impedido al momento de votar un proyecto de acuerdo presentado por el Alcalde de Zambrano (Bolívar), en el cual él se vería favorecido. 2.2 Indagación preliminar (Folios 64-65) Con fundamento en lo anterior, la Procuraduría Provincial de El Carmen de Bolívar, mediante auto de 18 de abril de 2017, ordenó indagación preliminar contra Rafael Antonio Teherán Lora, en su calidad de Concejal Municipal de Zambrano Bolívar, para la época de los hechos. 2.3 Investigación disciplinaria (Folios 90-91) La Procuraduría Provincial de El Carmen de Bolívar, mediante auto de 6 de septiembre de 2018, ordenó la apertura de la investigación disciplinaria contra Rafael

Procuraduría Regional de Bolívar Centro, Calle de La Chichería N° 38 – 68, Cartagena regional.bolivar@procuraduria.gov.co 5 IUS-2017-522987 Antonio Teherán Lora, Concejal de Zambrano, Bolívar, para los fines establecidos en el artículo 153 de la Ley 134 de 2002. 2.4 Formulación de cargos (Folios 141-155). Por auto del 3 de abril de 2019, se dispuso tramitar la actuación bajo las ritualidades

del procedimiento verbal previsto en el capítulo I título XI del libro IV de la Ley 734 de 2002, y se ordenó citar a audiencia al señor Rafael Antonio Teherán Lora, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.375.127 de Zambrano, en su condición de Concejal de Zambrano Bolívar. Al señor Rafael Antonio Teherán Lora, se le imputó el siguiente cargo: “Usted, Señor RAFAEL ANTONIO TEHERAN LORA, en su calidad de Concejal de Zambrano Bolívar, presuntamente incurrió en un conflicto de intereses, al no declararse impedido para participar y posteriormente votar en la sesión del Concejo Municipal de Zambrano Bolívar, realizada el 21 de febrero de 2016, en la cual se aprobó el proyecto de acuerdo No. 002 de 2016, “por el cual se incorpora a suelo urbano un suelo rural requerido para la construcción de parques ecológicos, Canales de recolección de aguas fluviales, viviendas de interés social(VIS), y de vivienda de interés Prioritario (VIP), construcción de canchas deportivas, legalización de asentamientos humanos subnormales y se dictan otras disposiciones”, proyecto presentado por el señor Alcalde de esa Municipalidad, Alberto Murillo Palmera, y donde uno de los terrenos para adquirir por parte de la alcaldía pertenece a un familiar suyo. A través del acta No. 019 de fecha 21 de febrero de 2016, el Concejo Municipal de Zambrano Bolívar, se reunió para desarrollar la décima cuarta sesión del primer período der sesiones ordinarias de 2016, donde uno de los puntos a tratar

en el orden del día, es el segundo debate del proyecto de acuerdo radicado No. 002 de fecha 2 de febrero de 2016, “por el cual se incorpora a suelo urbano un suelo rural requerido para la construcción de parques ecológicos, canales de recolección de aguas fluviales, viviendas de interés social (VIS), y vivienda de interés prioritario (VIP) construcción de canchas deportivas, legalización de asentamientos humanos subnormales y se dictan otras disposiciones”, proyecto que fue votado positivamente por todos los Concejales de Zambrano Bolívar, incluyendo al honorable concejal Rafael Antonio Teherán Lora.” La conducta se tipificó en el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que reza así: Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 17). Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales. Como norma sustancial defraudada, se le indicó el artículo 70 de la Ley 136 de 1994: Artículo 70. Conflicto de interés. Cuando para los concejales exista interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o Procuraduría Regional de Bolívar Centro, Calle de La Chichería N° 38 – 68, Cartagena regional.bolivar@procuraduria.gov.co 6 IUS-2017-522987 compañero o compañera permanente o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su

socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas. El A quo en el auto de formulación del cargo calificó provisionalmente la falta disciplinaria como gravísima a título de culpa gravísima. 2.5 Versión libre (Folios 162-165) El 22 de abril de 2019, el señor Rafael Antonio Teherán Lora rindió su versión libre, de la cual se resaltan los siguientes párrafos: “(…) el alcalde municipal, con radicado No. 02 de fecha 2 de febrero de 2016, el cual en el acta No. 019 del 21 de febrero de 2016 se elevó a acuerdo municipal, este proyecto fue presentado a la corporación sin más aclaratorias de coordenadas y muchos menos de personas que tuviesen predio dentro la franja de tierras que el concejo municipal se disponía autorizar al alcalde para que estas pasaran de rural a urbano, siendo que los beneficiarios serían de quinientos a más personas naturales con propiedades en esta franja. Como quiera que mi finado padre había poseído un terreno que suponía yo, estaba dentro de la franja de tierras en comento terrenos que tenía al Nº de matrícula inmobiliaria 062-8187 el cual dejo ser de mi padre dueño de este, el día 25 de agosto del año 2005 a través de la escritura pública 188. Pero a raíz de la ley 1448 de restitución de tierras se nos presenta la oportunidad de que mi padre sea nuevamente propietario de lo que anteriormente había enajenado por razones de despojo y es así, como para el 14 de mayo de 2012,

radicó en la Procuraduría Regional de Bolívar, la solicitud individual de medida de protección e ingresos al registro único de predios abandonados rupta (sic), para su posterior envío a Incoder, desde esa fecha me constituyo a través de poder como representante de mi padre para cuestiones de alegatos sobre un predio que desde el 2005 el dejó de tener dominio y en Colombia no era propietario de ningún bien. En el año 2013, en la administración del señor Cañas Asís, formula un proyecto de vivienda de interés social el cual determinaron vaciar en los terrenos antes mencionados, ya que eran de propiedad del señor Carlos Berdejo amigo del Alcalde para lo que determinaron negociar 3 hectáreas de tierras para el proyecto de vivienda, encontrándose con el impase de que en el registro único de predio se encontraba una anotación de protección, desde ese momento me llegaron a sobornar para que yo desistiera de mi solicitud de restitución a lo que le dije que el proceso continuaba.” 2.6 Alegatos de conclusión (Folios 239-257) En la audiencia celebrada el 3 de mayo de 2019, el señor Rafael Antonio Teherán Lora presentó sus alegatos de conclusión, en los siguientes términos: Procuraduría Regional de Bolívar Centro, Calle de La Chichería N° 38 – 68, Cartagena regional.bolivar@procuraduria.gov.co 7 IUS-2017-522987 “(…) De acuerdo con lo manifestado por el señor Alberto Miguel Murillo Palmera, en el oficio referido en el hecho anterior, aparece el señor Joaquín Teherán como uno de los propietarios beneficiados con la nueva clasificación de los

predios que pasaron de ser rurales a urbanos, siendo precisamente el señor Joaquín Teherán el progenitor del señor concejal Rafael Antonio Teherán Lora. Hecho este narrado por los quejosos lo cual no es cierto (…), el programa de vivienda denominado “SAN CARLOS” se encontraba preconcebido en este lote de tierras de propiedad del señor Carlos Berdejo o bien de su esposa, lote de tierra que obtuvo por compraventa a Joaquín Teherán Barros en el año 2005, año en que Joaquín Terán Barros, dejó de ser propietario de bienes inmuebles en su vida. Luego de la temporada de violencia, Joaquín Terán, quien por contar con la calidad de víctima por desplazamiento forzado y por encontrarse en una etapa de su vida senil, a juicio de la puesta en marcha de la Ley 1448 de 2011, conocida como ley de víctimas y restitución de tierras, muy a pesar de que se trató de una simple venta, este negocio estuvo tachonado de violación a múltiples derechos humanitarios, los cuales debían ser resarcidos y me apodera para que le gestione ese proceso ante la Unidad de Restitución de Tierras. Alegan los quejosos, que llama también la atención que sobre los predios de propiedad del señor Carlos Berdejo que con antelación fueron enajenados a éste por parte del señor Joaquín Teherán, hoy se rumore por doquier en los escenarios y plazas públicas del municipio de Zambrano Bolívar, que se encuentran en discusión ante la URTUnidad de Restitución de Tierras, con lo que finalmente se presume, que el mayor beneficiado en todo este enredo

sería el padre del Concejal Rafael Antonio Teherán Lora, quien por restitución de tierra podría ser nuevamente el propietario de los predios que hoy pertenecen al señor Carlos Berdejo, de ser cierto el rumor que prolifera o pulula por doquier en las esquinas de las calles y barrios que conforman el territorio del municipio de Zambrano Bolívar”. Enfatiza el disciplinado, que los quejosos no tienen razón, porque su gestión ante la oficina de “Restitución de Tierras” no garantiza que la finca reclamada por él y que perteneció a su padre vuelva a su patrimonio; además, alega que se declaró impedido para actuar en el trámite del proyecto de acuerdo No. 002 de 2016, (…) a que se refiere el cargo único. En el contexto anterior, manifestó que como dicha circunstancia no quedó registrada en el acta No. 019 del 21 de febrero de 2016, día en el que se discutió, votó y aprobó el señalado proyecto de acuerdo, solicitó corrección y en virtud de la misma se expidió la Resolución No. 072 del 1º de diciembre de 2016 del Concejo Municipal de Zambrano, corrigiendo el supuesto yerro. Dice que se declaró impedido para esa sesión, pero por simple “Equivoco” (se deduce que de sus adversarios), por cuanto él considera que la simple disputa del inmueble por el reclamado, vía restitución, no le genera conflicto de interés. 2.7 Fallo de primera instancia (Folio 274-324). Mediante auto de 13 de mayo de 2019, la Procuraduría Provincial de El Carmen de Bolívar, profiere decisión de primera instancia, declarando responsable

disciplinariamente al señor Rafael Antonio Teherán Lora identificado con C.C. No. Procuraduría Regional de Bolívar Centro, Calle de La Chichería N° 38 – 68, Cartagena regional.bolivar@procuraduria.gov.co 8 IUS-2017-522987 73.375.127, en su calidad de concejal del municipio de Zambrano Bolívar, por el cago formulado y “probado”, calificado definitivamente como falta GRAVÍSIMA cometida a título de CULPA GRAVÍSIMA, sancionándolo con destitución e inhabilidad general para desempeñar funciones públicas por el término de diez (10) años. 2.8 Recurso de apelación (Folios 326-330) El encartado presentó en audiencia del 15 de mayo de 2019 recurso de apelación contra el fallo de primera instancia proferido el 13 de mayo. Se transcriben los siguientes apartes: “Así mismo a folio 89, se encuentra una certificación suscrita por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal de Zambrano Bolívar, fechado el 5 de julio de 2017, en la que manifiestan que los predios contenidos dentro de las coordenadas señaladas dentro el Acuerdo 002 de 2016, (…), son de propiedad particular y ninguno de ellos pertenecen a la Alcaldía Municipal de Zambrano Bolívar y los propietarios de los predios antes señalados son: Terreno del señor Tito Villadiego, terreno de los Pensionados de INRAVISION, terreno de la Sra. Abigail Villadiego de Mejía, terreno de la Familia Guzmán, terreno del señor Sixto

Ochoa Méndez, terreno del señor Carlos Berbejo, terreno de la Sra. Evedith Teherán Lora, y terreno del señor Luis Ariza”. Sobre el particular se pronuncia así: “Que lo anteriormente tomado como prueba para que este despacho, fallara en sancionarme con (10) diez años de inhabilidad, no es procedente puesto que esta certificación data de 5 de julio de 2017, y para la fecha de los hechos (21 de febrero de 2016) estos datos eran desconocidos por los concejales, a quienes se les presentó el proyecto de Acuerdo 002 de 2016, (…) proyecto de acuerdo este, en donde presentaron solo coordenadas, más no se sabía quiénes eran los propietarios, ya que el número ascendía a más o menos 500 beneficiarios. (…)”. Por todo lo anteriormente dilucidado, es que conceptuó que la sanción impuesta por el fallador se desborda de todo concepto jurídico disciplinario, “puesto que el suscrito, al momento de declararse impedido verbalmente, desconocía de la existencia de algún conflicto de interés con pariente, distinto a mi finado padre, puesto que cuando promulgo mi impedimento consuetudinario, fue por meros equívocos por un proceso de restitución de tierras, de lo que fue, inicialmente el espíritu de esta queja, con relación a mi padre, lo que conllevó a los quejosos a denunciar, pero bajo estos supuestos. De lo que si yo, hubiese tenido la más vaga certeza de la existencia de tal causal de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, púes jamás hubiese

puesto en tela de juicio, mis principios de moralidad e imparcialidad, y no como lo aseveró el fallador, como si hubiese actuado con sevicia. (…)”. Nuevamente trae a colación la Resolución No. 072 del 1º de diciembre de 2016 del Concejo Municipal de Zambrano, para insistir en que sí se declaró impedido para actuar en el trámite del acuerdo que viene reseñado. 2.9 Traslado para alegar en segunda instancia. Procuraduría Regional de Bolívar Centro, Calle de La Chichería N° 38 – 68, Cartagena regional.bolivar@procuraduria.gov.co 9 IUS-2017-522987 Mediante auto de 7 de octubre de 2019, esta Regional conforme a lo previsto en el artículo 59 de la Ley 1474 de 2011 resolvió correr traslado por el término de dos (2) días del expediente a los sujetos procesales, para que alegaran de conclusión previo el fallo de segunda instancia. Notificado el auto tal como se aprecia a folios 334 al 337, el disciplinado presentó alegatos de conclusión que obran a folios 338 al 343. Se observa que el escrito de alegatos de segunda instancia contiene idénticos argumentos a los planteados en el recurso de apelación presentados por el recurrente en audiencia del 15 de mayo de 2019, folios 320 al 330, a excepción de un párrafo donde insiste que: “(…), desconocía que dentro de los quinientos o más predios, que pasarían de rural a urbano, como quiera que este era el espíritu del acuerdo 002 de 21 de

febrero de 2016, se encontrara un lote de propiedad de mi hermana EVEDITH TERÁN LORA, quien jamás vivió en mí mismo techo desde niña, las relaciones con la pariente eran nulas, ya que ella se radicó desde niña por el interior del país, por lo tanto desconocía que propiedades podría tener. A todo lo anterior se le suma que el acuerdo en litis, fue presentado solo a través de coordenadas generales, y no determinaron predios ni propietarios ni mucho menos certificados de libertad y tradición por lo que el dolo queda meramente descartado.”

3. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 3.1 Competencia Esta Procuraduría Regional es competente para decidir en segunda instancia el proceso tramitado por la Procuraduría Provincial de El Carmen de Bolívar, contra el señor Rafael Antonio Teherán Lora, de conformidad con lo previsto en el numeral 3º del artículo 75 del Decreto 262 de 2000, que al texto reza: Artículo 75. Funciones. Las procuradurías regionales tienen, dentro de su circunscripción territorial, las siguientes funciones: 3). Conocer en segunda instancia los procesos disciplinarios decididos en primera por los personeros, los procuradores provinciales y judiciales I (…)”.

Conforme la Resolución No. 213 de 2003, emanada del Procurador General de la Nación, por la cual se define la competencia territorial de las procuradurías regionales, provinciales y distritales, la Procuraduría Provincial de El Carmen de Bolívar se encuentra dentro de la jurisdicción de la Procuraduría Regional de Bolívar: Artículo Octavo. Denominación, sede y competencia de las Procuradurías del nivel

territorial. La denominación, sede y competencia territorial de las Procuradurías Regionales, Distritales y Provinciales será la que a continuación se define: 1.5. Procuraduría Regional de Bolívar, con sede en la ciudad de Cartagena y competencia en los municipios que conforman las Procuradurías Provinciales de Cartagena, Carmen de Bolívar y Magangué. Procuraduría Regional de Bolívar Centro, Calle de La Chichería N° 38 – 68, Cartagena regional.bolivar@procuraduria.gov.co 10 IUS-2017-522987 3.2 Sobre el asunto sub examine. Esta Instancia Disciplinaria advierte que conforme al artículo 171 de la Ley 734 de 2002, el funcionario que deba resolver la segunda instancia solamente adquiere competencia para revisar los aspectos objeto de impugnación y aquellos inescindibles al mismo (ejemplo, el análisis de los elementos estructurales de la falta disciplinaria: tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad) para concluir confirmando, reformando o revocando la providencia sometida a su conocimiento. Existe en todo caso una limitación constitucional, que impide al ad quem efectuar una reformatio in pejus, haciendo más grave la decisión de primera instancia, parámetros estos que se respetarán en el presente análisis. A partir de lo anterior, se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el disciplinado, que fue presentado oportunamente. Para seguir un orden metodológico y coherente en el estudio del presente asunto, este censor se referirá a las imputaciones fácticas y jurídicas que fueron objeto de

cargos al disciplinado, se examinarán las pruebas que sustentan el motivo de reproche y se hará su confrontación con los alegatos allegados a la actuación, en orden a establecer objetivamente la existencia o no de la falta disciplinaria, a la luz de las disposiciones normativas citadas como infringidas, y se abordará el tema de la responsabilidad del disciplinado en la comisión de las conductas reprochadas, para ello se tendrán en cuenta los elementos que la configuran, esto es, su adecuación típica, ilicitud sustancial, culpabilidad y la dosificación de la sanción. 3.3 Análisis de los argumentos expuestos en el recurso de apelación. El problema jurídico central de las imputaciones fácticas, por las que se encontró disciplinariamente responsable al disciplinado, hace referencia al hecho relacionado con el proyecto de acuerdo No. 02 del 21 de febrero de 2016 que se convirtió en acuerdo del Concejo Municipal de Zambrano, Bolívar, “por el cual se incorpora a suelo urbano un suelo rural requerido para la construcción de parques ecológicos, canales de recolección de aguas fluviales, viviendas de interés social (VIS), y vivienda de interés prioritario (VIP) construcción de canchas deportiva, legalización de asentamientos humanos subnormales y se dictan otras disposiciones”, circunstancia que se registra en el acta del 21 de febrero del mismo año. Se le reprocha al concejal Raf