PGN - DEBER FUNCIONAL Vinculatoriedad de los precedentes judiciales

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FALLO ABSOLUTORIO EN SEGUNDA INSTANCIA-Cargo no se subsume en falta disciplinaria de desconocimiento de la ley en sentido material dentro del proceso por presunta omisión en revocatoria de contratación en Morroa Sucre FALLO ABSOLUTORIO EN SEGUNDA INSTANCIA-Para la época de los hechos no existía una regla o proposición jurídica concreta El procesado… no incurrió en falta disciplinaria, en tanto, para la época de los hechos no existía una regla o proposición jurídica concreta sobre la naturaleza jurídica de los actos administrativos de apertura de los procesos de selección de contratistas y de su irrevocabilidad, de modo que no resultaba imperativa la aplicación del artículo 97 del CPACA, que exige contar con el consentimiento previo, expreso y escrito del titular de un derecho subjetivo o de una situación jurídica particular y concreta, para la revocatoria del proceso de invitación pública de mínima cuantía No. MC-003-2016 La anterior tesis surge a partir de las siguientes razones jurídicas, con las cuales se resuelve el problema jurídico planteado, así: i) el principio de tipicidad y la adecuación típica en materia disciplinaria; ii) el acatamiento de la jurisprudencia como deber funcional; iii) la revocatoria directa de los actos administrativos de apertura de un proceso precontractual; iv) análisis del caso concreto; y v) conclusión JUICIO DE ADECUACIÓN TÍPICA-Amplitud del fallador para su ejercicio según Corte Constitucional

La jurisprudencia pacífica de la Corte Constitucional ha precisado que son dos los aspectos sustanciales que caracterizan la tipicidad disciplinaria: i) la precisión con la cual deben estar definidas las conductas reprochables en las normas, y ii) la amplitud con la que el fallador puede realizar el juicio de adecuación típica. Esta actividad exige una hermenéutica sistemática que demuestre en forma congruente cómo la conducta investigada se subsume en la descrita en la ley. En relación con la precisión de las faltas disciplinarias, la misma jurisprudencia ha admitido los denominados «tipos en blanco» o de remisión y los «conceptos jurídicos indeterminados» DEBER FUNCIONAL-Vinculatoriedad de los precedentes judiciales REVOCATORIA DIRECTA-Aplicación para actos administrativos de apertura de proceso contractual según jurisprudencia del Consejo de Estado Ha existido disparidad de criterios al interior Consejo de Estado en cuanto al carácter de los actos administrativos de apertura de procesos para selección de contratistas, así como sobre la necesidad o no de contar con el consentimiento previo, expreso y escrito para su revocatoria directa. Lo anterior, sin perjuicio de la eventual responsabilidad patrimonial que pueda tener lugar conforme a los distintos modelos de imputación o atribución de responsabilidad, según los elementos normativos consagrados en el artículo 90 de la Constitución Política ________________________________________________________________ Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular Cra. 5 # 15-80 Piso 20 PBX 5878750 salajuzgamiento.eleccionpopular@procuraduria.gov.co

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CONCEPTO DE VIOLACIÓN-Fundado en el artículo 97 del CPACA y

complementado con pronunciamiento del Consejo de Estado REVOCATORIA DIRECTA-No puede colegirse que exista un precedente unificado para su aplicación a actos de apertura contractual y para constituir un deber JUICIO DE ADECUACIÓN TÍPICA-Conducta reprochada al disciplinado no se adecúa al tipo disciplinario que se endilgó como vulnerado Ante distintas posturas sobre un tema de controversia en el tribunal de cierre, el servidor público administrativo puede optar por la interpretación que aparezca razonable y no quebrante de forma directa postulados superiores, es dable inferir que la conducta reprochada al disciplinado no se adecúa al tipo disciplinario que se endilgó como vulnerado, en la medida que el Consejo de Estado no tiene una sentencia de unificación jurisprudencial o una línea decisional pacífica sobre los requisitos para revocar un acto administrativo de invitación a contratar. De forma tal que no existía una norma jurídica clara y univoca, en relación con la cual les sea exigible a los funcionarios administrativos un deber de acatamiento. En definitiva, como la norma de determinación que se reprochó como conculcada, en especial en cuanto al complemento sobre la naturaleza del acto administrativo de invitación a contratar y su carácter irrevocable no constituye parámetro claro, expreso y de imperativo cumplimiento, bien por la existencia de una sentencia de unificación jurisprudencial ora por una línea de decisión jurisprudencial decantada, lo cual se requería para el cumplimiento de las garantías que se derivan del principio de legalidad, en particular, que el sujeto disciplinable pudiera conocer el deber funcional y la ilicitud de

su comportamiento, se colige que en este caso la conducta desplegada por el procesado…, por la cual se le formularon cargos y se le declaró disciplinariamente responsable en el fallo apelado, es atípica. La Sala concluye que la conducta endilgada en el cargo formulado al procesado no se subsume en falta disciplinaria de desconocimiento de la ley en sentido material, por cuanto sobre la revocabilidad de los actos de apertura de procesos de selección de contratistas no existía para la época de los hechos investigados, una norma que así lo impusiera, ni una decisión judicial de unificación o línea jurisprudencial decantada con fuerza vinculante 2 ________________________________________________________________ Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular Cra. 5 # 15-80 Piso 20 PBX 5878750 salajuzgamiento.eleccionpopular@procuraduria.gov.co

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Bogotá D.C. 8 de septiembre de 2022 Aprobado en acta de sala No. 022 Dependencia Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular Radicado No. IUS E-2016-84659 / IUC D-2019-840392 Investigado CARLOS OLIMPO SOLANO CORENA Cargo y Entidad Alcalde de Morroa (Sucre), periodo 2016-2019 Quejoso Manuel Salvador Romero Cure Fecha hechos Enero 2016 Asunto Fallo de segunda instancia Procurador delegado ponente: Carlos Humberto García Parrado

I. ASUNTO La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el señor CARLOS OLIMPO

SOLANO CORENA, en su condición de alcalde del municipio de Morroa, Sucre, para el periodo 2016-2019, contra el fallo sancionatorio del 18 de diciembre de 2019, proferido en proceso verbal por la Procuraduría Provincial de Sincelejo.

II. ANTECEDENTES 2.1. La conducta investigada MANUEL SALVADOR ROMERO CURE, Representante Legal de la Fundación para el Desarrollo Integral de la Costa Caribe FUNDEICCAR, formuló queja disciplinaria en contra de CARLOS OLIMPO SOLANO CORENA, alcalde de Morroa (Sucre), por vulneración al debido proceso al desconocer el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, así como los derechos adquiridos.

Según el quejoso, en atención a la invitación pública de mínima cuantía No. MC003-2016, que tenía por objeto la contratación del «mantenimiento y limpieza de las vías de acceso a la cabecera municipal de Morroa, Sucre», presentó propuesta, la cual, entre las dos (2) que recibió el municipio, era la de menor valor, por lo que tenía derecho a que fuera seleccionada. Sin embargo, en lugar de ello, el alcalde municipal decidió revocar directamente, sin consentimiento o autorización, el proceso de invitación referido1. 2.2. El cargo formulado 1 Folios 1 al 15 de la actuación 3 ________________________________________________________________ Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular Cra. 5 # 15-80 Piso 20 PBX 5878750 salajuzgamiento.eleccionpopular@procuraduria.gov.co

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La Procuraduría Provincial de Sincelejo, en proveído del 27 de marzo de 2019, asumió el conocimiento de las diligencias, dispuso el trámite de la actuación por el procedimiento verbal y formuló cargos a CARLOS OLIMPO SOLANO CORENA, exalcalde de Morroa, por incurrir en falta grave al incumplir el deber previsto en el numeral 2.° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, por desatender el procedimiento dispuesto en el artículo 93 del C.P.A.C.A (sic) para revocar el acto administrativo de invitación pública de mínima cuantía2. Acopiadas las pruebas de descargos, en la sesión de audiencia del 18 de septiembre de 2019, la procuraduría territorial varió el cargo formulado, así:  Imputación fáctica: CARLOS OLIMPO SOLANO CORENA, en su condición de alcalde de Morroa, presuntamente omitió el deber legal de obtener consentimiento previo, expreso y escrito de los oferentes que participaron en el proceso de selección de mínima cuantía MC-003-2016, para revocar la invitación pública por medio de la Resolución 010 de 2016.  Imputación jurídica: El exalcalde infringió el deber previsto en el numeral 1.° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, por cuanto desconoció el mandato legal contenido en el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto señala que previo a revocar los actos administrativos que hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter

particular y concreto se debe obtener consentimiento, previo, expreso y escrito de los respectivos titulares.  Imputación subjetiva: Con el incumplimiento descrito, el disciplinable incurrió en una falta grave cometida con culpa grave3. 2.3. Fallo de primera instancia La Procuraduría Provincial de Sincelejo, en sesión de audiencia del 18 de diciembre de 2019, emitió fallo mediante el cual declaró la responsabilidad disciplinaria del investigado por el cargo imputado, por lo que le impuso como sanción una suspensión en el ejercicio del cargo, por el término dos (2) meses4, con sustento en los siguientes argumentos: 2.3.1. La prueba recaudada lleva a concluir que el procesado incumplió el deber legal contenido en el numeral 1º del artículo 34 del CDU, por cuanto, previo a 2 Folios 69 a 82 de la actuación 3 Folios 363 a 367 de la actuación 4 Folios 423 a 436 ibidem 4 ________________________________________________________________ Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular Cra. 5 # 15-80 Piso 20 PBX 5878750 salajuzgamiento.eleccionpopular@procuraduria.gov.co

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IUC D-2019-840392 emitir la Resolución 010 de 2016, mediante la cual revocó la invitación pública en el proceso de selección de mínima cuantía MC-003-2016, omitió realizar el procedimiento previsto en el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, relativo al consentimiento previo, expreso y escrito de los dos (2) oferentes.

Sostuvo, con fundamento en la sentencia del Consejo de Estado del 26 de noviembre de 2014, expediente 31297, que si bien el proceso de invitación pública y los actos administrativos que lo conforman tienen el carácter de generales, una vez se han presentado ofertas en el plazo establecido, se generan expectativas legítimas por lo cual el acto de apertura del proceso se particulariza y se convierte en irrevocable. De esa forma, el exalcalde investigado en ejercicio de sus funciones incurrió en la violación de un deber legal, toda vez que para revocar el acto administrativo por el cual se realizó la invitación pública para contratación de mínima cuantía MC-0032016, debió obtener el consentimiento previo y escrito de: i) Suministros, Construcciones y Consultorías AC&AM Ltda.; y de ii) Fundación para el Desarrollo Integral de la Costa Caribe -FUNDEICCAR-, proponentes del citado proceso. 2.3.2. En cuanto a la ilicitud sustancial, se consideró que el investigado con su omisión de deberes y vulneración de los derechos de los oferentes, quebrantó los principios de legalidad, imparcialidad y eficacia. 2.3.3. Afirmó que el hecho de que la Resolución 010 de 2016 fuera suscrita por CARLOS OLIMPO SOLANO CORENA como alcalde de Morroa indicaba que la emisión de dicho acto administrativo era de su competencia funcional y, por ende, revocarlo también fue de su responsabilidad. Por consiguiente, era su deber que la revocatoria se hiciera atendiendo el marco normativo correspondiente. 2.3.4. Calificó definitivamente la falta como grave cometida con culpa grave por

inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones, al no admitir que el disciplinado hubiese actuado bajo un error invencible, porque no realizó ninguna gestión que indique que quiso conocer y seguir el procedimiento previsto en la ley para revocar los actos administrativos de carácter particular. 2.4. Recurso de apelación Inconforme con la decisión, la defensora de confianza del disciplinado interpuso y sustentó en la audiencia recurso de apelación, con el propósito de que se revoque, para lo cual expuso lo siguiente5: 2.4.1. Que la primera instancia no tuvo en cuenta los alegatos de la defensa, según los cuales el entonces alcalde de Morroa estuvo asesorado por los secretarios de la alcaldía, quienes, de acuerdo con el manual de funciones, tenían 5 Folios 435 y 436 de la actuación 5 ________________________________________________________________ Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular Cra. 5 # 15-80 Piso 20 PBX 5878750 salajuzgamiento.eleccionpopular@procuraduria.gov.co

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IUC D-2019-840392 el deber de atender todos los procedimientos contractuales y proyectar los actos administrativos correspondientes. Dichos servidores en ningún momento le indicaron al alcalde -que no era abogado-, el procedimiento a seguir para la revocatoria de actos administrativos. Adujo que el exalcalde suscribió los actos que le proyectaron los asesores expertos en contratación, de manera que si se omitieron los procedimientos legales, ello es atribuible a aquellos y al secretario de planeación.

2.4.2. Solicitó que se valore de manera favorable que el disciplinado no es un profesional del derecho, y que la omisión que se endilga como falta corresponde a una actuación de técnica jurídica especializada. Bajo esa perspectiva, dice que el juzgador desconoció que en la toma de decisiones participaron otros servidores que asesoraron al investigado al suscribir el acto administrativo reprochado. 2.4.3. Por último, señaló que al ignorarse lo anterior, y fundar la responsabilidad sólo en el cargo desempeñado por el procesado, se acudió a una responsabilidad de actor y no de acto, como debió ser, pues, el fallador no tuvo en cuenta que la revocatoria del acto administrativo contractual no fue un capricho del entonces alcalde de Morroa, o el producto de una desatención, sino el resultado de un proceso en el que los secretarios y asesores conceptuaron que se debía hacer. 2.5. Alegatos de conclusión Durante el traslado corrido en segunda instancia, los sujetos procesales guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES 3.1. Competencia de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular La Constitución Política, en el numeral 6 del artículo 277 otorga a la Procuraduría

General de la Nación la función de:

6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular, ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley.

Dicha función se desarrolla actualmente en la Ley 1952 de 20196, modificada por la Ley 2094 de 20217, vigentes desde el pasado 29 de marzo del año en curso. Empero, en los procesos en los cuales a dicha fecha ya se había notificado el 6 Por medio de la cual se expide el código general disciplinario, se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario 7 Por medio de la cual se reforma la ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones 6 ________________________________________________________________ Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular Cra. 5 # 15-80 Piso 20 PBX 5878750 salajuzgamiento.eleccionpopular@procuraduria.gov.co

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IUC D-2019-840392 pliego de cargos, como en este caso, la normativa que materializa el cumplimiento de la función disciplinaria fundamentalmente corresponde a la Ley 734 de 2002. Cabe mencionar que con la expedición de la Ley 2094 de 2021, en sus artículos 2º y 74, se le reconocieron funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación «para la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive los de elección popular y adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad y las demás establecidas en la ley» (resaltado fuera de texto). Ahora bien, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular fue instituida en el artículo 16 de la referida Ley 2094 de 2021,

que modificó el artículo 101 del Código General Disciplinario. Dicha disposición señaló: La Procuraduría General de la Nación contará con tres (3) Salas Disciplinarias, encargadas de conocer, según sus competencias, de la etapa de instrucción y juzgamiento. Estas Salas serán competentes, en lo que les corresponda, para conocer de los procesos disciplinarios contra los siguientes servidores públicos. El Vicepresidente de la República, los Ministros del Despacho, los Congresistas, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, el Gerente del Banco de la República y demás miembros de su Junta Directiva, el Alcalde Mayor de Bogotá, D. C., los Magistrados del Consejo Nacional Electoral, el Auditor General de la República, el Registrador Nacional del Estado Civil, el Contador General, los Generales de la República y oficiales de rango equivalente, el Personero y el Contralor de Bogotá, D.C., los Directores de DepartamentosAdministrativos del orden nacional y del Distrito Capital, los miembros de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Viceprocurador, los Procuradores Delegados, los Procuradores Auxiliares, el Secretario General de la Procuraduría General de la Nación, el Veedor, el Director del Instituto de Estudios del Ministerio Público, el Director Nacional de Investigaciones Especiales y el Secretario Privado de la Procuraduría General. […] Conforme al inciso segundo del artículo 74 citado, se previó que «en todos los procesos en los cuales se investiguen servidores de elección popular se adoptarán las

medidas internas para garantizar que el funcionario que formule el pliego de cargos no sea el mismo que profiera el fallo, mientras entra en vigencia esta ley.» Por ello, la Procuradora General de la Nación, con la Resolución 207 del 7 de julio de 20218, delegó y distribuyó transitoriamente funciones en la Procuraduría General, para garantizar la separación de la instrucción y el juzgamiento, la doble instancia y la doble conformidad en las actuaciones disciplinarias, disponiendo, entre otros aspectos, las competencias concretas de esta Sala. Con la entrada en vigencia del Decreto Ley 1851 de 2021, que modificó el Decreto Ley 262 de 2000, se previeron en el artículo 11 las competencias de la Sala 8 Modificada con la Resolución 219 del 16 de julio de 2021 7 ________________________________________________________________ Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular Cra. 5 # 15-80 Piso 20 PBX 5878750 salajuzgamiento.eleccionpopular@procuraduria.gov.co

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Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, así: Las Salas Disciplinarias son competentes para conocer de las faltas cometidas por los servidores públicos enunciados en el artículo 101 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 16 de la Ley 2094 de 2021, y demás servidores del orden nacional de igual o superior categoría de aquellos, siempre que la competencia no esté asignada a otra autoridad disciplinaria. […]

3. Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección

Popular. La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular tiene las siguientes competencias: […] b. Conocer de los recursos de apelación y de queja, al igual que de los impedimentos, recusaciones y conflictos de competencia que se presenten, en etapa de juzgamiento, en los procesos de conocimiento de los procuradores delegados, regionales, distritales y provinciales, en las actuaciones contra servidores públicos de elección popular. […] (el resaltado no es original). Así las cosas, esta Sala tiene competencia para resolver el recurso de apelación formulado por el señor CARLOS OLIMPO SOLANO CORENA, a través de su defensora, en contra del fallo sancionatorio proferido el 18 de diciembre de 2019 por la Procuraduría Provincial de Sincelejo, en tanto se trata de un recurso en etapa de juzgamiento, en un proceso disciplinario en el que se encuentra vinculado un servidor público de elección popular, como el ex alcalde del municipio de Morroa, Sucre. Se tiene en cuenta que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 171 del CDU9, «el recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación». Lo anterior, además, en el entendido que el recurso de apelación fue interpuesto y concedido en legal forma, según los artículos 109 y 111 ibídem, vigentes para la época de su presentación. 3.2. Problema jurídico De acuerdo con el recurso de apelación, no se configuró en el caso la falta

disciplinaria por la que fue sancionado el investigado, en tanto no incurrió en la infracción al deber legal que le fue atribuida, pues, al revocar la invitación pública para contratación de mínima cuantía MC-003-2016, obró en defensa del 9 Ley 734 de 2002, derogada a partir del 29 de marzo de 2022 por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, salvo el artículo 30 que continúa vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023 8 ________________________________________________________________ Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular Cra. 5 # 15-80 Piso 20 PBX 5878750 salajuzgamiento.eleccionpopular@procuraduria.gov.co

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IUC D-2019-840392 patrimonio público, y conforme a lo que le indicaron sus asesores expertos. En tal sentido, el debate en segunda instancia se centra en lo siguiente: ¿Incurrió el investigado en una infracción al deber legal previsto en el numeral 1º del artículo 34 del CDU, por omisión en la aplicación del artículo 97 del CPACA, al revocar sin consentimiento previo, expreso y escrito de los proponentes, con la Resolución 010 del 2016, el proceso de invitación pública de mínima cuantía No. MC-003-2016, que tenía como objeto «el mantenimiento y limpieza de las vías de acceso a la cabecera municipal de Morroa-Sucre»? La Sala sostendrá la siguiente tesis: el procesado CARLOS OLIMPO SOLANO CORENA no incurrió en falta disciplinaria, en tanto, para la época de los hechos no existía una regla o proposición jurídica concreta sobre la naturaleza jurídica de los

actos administrativos de apertura de los procesos de selección de contratistas y de su irrevocabilidad, de modo que no resultaba imperativa la aplicación del artículo 97 del CPACA, que exige contar con el consentimiento previo, expreso y escrito del titular de un derecho subjetivo o de una situación jurídica particular y concreta, para la revocatoria del proceso de invitación pública de mínima cuantía No. MC003-2016. La anterior tesis surge a partir de las siguientes razones jurídicas, con las cuales se resuelve el problema jurídico planteado, así: i) el principio de tipicidad y la adecuación típica en materia disciplinaria; ii) el acatamiento de la jurisprudencia como deber funcional; iii) la revocatoria directa de los actos administrativos de apertura de un proceso precontractual; iv) análisis del caso concreto; y v) conclusión. 3.3. El principio de tipicidad y su adecuación en materia disciplinaria El derecho disciplinario, según lo destacó la Corte Constitucional10, tiene dos finalidades esenciales; por una parte, permite asegurar el cumplimiento de los deberes del cargo de los funcionarios públicos y, por otro lado, busca garantizar el cumplimiento de los fines del Estado y de los principios de la función pública. Por ello, el fundamento de la responsabilidad disciplinaria está determinado por la infracción de los deberes funcionales del servidor público11, vistos en el contexto de esos fines y principios, de tal manera que el deber funcional debe concebirse como una forma que busca materializar la función pública. De allí que la imputación disciplinaria debe ser analizada en esa misma perspectiva, es decir que el juicio de reproche debe considerar la infracción al deber funcional, tomado

este como materialidad de la función misional del Estado. Ahora bien, en el marco de la potestad disciplinaria, la tipicidad se erige como uno de los principios que se integran a su vez a los principios de legalidad y del debido proceso, en tanto requiere de la existencia de preceptos jurídicos anteriores a la 10 Corte Constitucional, sentencia C-721 de 2015 11 Corte Constitucional, sentencia C-721 de 2015 9 ________________________________________________________________ Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular Cra. 5 # 15-80 Piso 20 PBX 5878750 salajuzgamiento.eleccionpopular@procuraduria.gov.co

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IUC D-2019-840392 comisión de la falta, que definan de manera clara los elementos normativos de la conducta y de la sanción, con el propósito de limitar la discrecionalidad en su interpretación12. De ese modo, ha precisado la Corte Constitucional, es necesario que los cánones que definen la falta y sus consecuencias jurídicas estén contenidos en proposiciones jurídicas con rango material de ley13. El principio de tipicidad, como expresión de la legalidad, busca hacer efectivas las garantías del debido proceso, a la vez que otorga seguridad jurídica e igualdad en el trato a los sujetos disciplinables, y, por ende, controla la arbitrariedad judicial y administrativa. En el ámbito disciplinario, la jurisprudencia ha admitido que el principio de tipicidad no opera con la misma rigurosidad que funciona en el derecho penal14, pues, admite cierta flexibilidad y un mayor margen de apreciación en cabeza del

respectivo operador. En ese contexto, el proceso de adecuación típica supone la comprobación lógica y razonada de la relación de subsunción entre la descripción legal de la conducta disciplinable y la efectivamente desplegada por el sujeto activo, proceso del cual surge, a su vez, una relación de contrariedad entre el comportamiento de quien tiene a su cargo el ejercicio de funciones públicas y el deber presuntamente incumplido. La jurisprudencia pacífica de la Corte Constitucional ha precisado que son dos los aspectos sustanciales que caracterizan la tipicidad disciplinaria: i) la precisión con la cual deben estar definidas las conductas reprochables en las normas, y ii) la amplitud con la que el fallador puede realizar el juicio de adecuación típica15. Esta 12 Corte Constitucional, sentencias C-393 de 2006 y C-796 de 2004 13 La Corte ha reconocido que no es contrario al principio de legalidad que los “reglamentos internos” de ciertas entidades del Estado establezcan su propio régimen disciplinario, bajo la condición que la ley expresamente así lo autorice y, además, fije como mínimo (i) los elementos básicos de la conducta sancionada, (ii) los criterios para su definición, (iii) las sanciones y las pautas para su determinación y, finalmente, (iv) los procedimientos para su imposición acordes con las garantías estructurales del debido proceso. Ver, entre otras, sentencia C-818 de 2005 14 Al referirse a los estándares de garantía del derecho penal, en paralelo con los del derecho sancionatorio en general, sostuvo la Corte: «Evidentemente, tales principios no aplican exactamente de la misma forma en

todos los ámbitos en donde se manifiesta el poder sancionador del Estado, en la medida en que entre esa clase de normas y los otros derechos sancionatorios existen claras diferencias. Así, el derecho penal no sólo afecta, por regla general, el derecho a la libertad personal sino que además sus mandatos se dirigen a todas las personas, por lo cual es natural que en ese campo se apliquen con máximo rigor las garantías del debido proceso. Otros derechos sancionadores, en contraste, no sólo no afectan la libertad física, sino que además sus normas operan en ámbitos específicos, ya que se aplican a personas que están sometidas a una sujeción especial, como los servidores públicos, o a profesionales que tienen determinados deberes especiales, como los médicos, abogados o contadores”. Sentencia C-597 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero. “La no total aplicabilidad de las garantías del derecho penal al campo administrativo obedece a que mientras en el primero se protege el orden social en abstracto y su ejercicio persigue fines retributivos, preventivos y resocializadores, la potestad sancionatoria de la administración se orienta más a la propia protección de su organización y funcionamiento, lo cual en ocasiones justifica la aplicación restringida de estas garantíasquedando a salvo su núcleo esencial - en función de la importancia del interés público amenazado o desconocido». Sentencia T-145 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, reiterada en la Sentencia C-564 de

2000. M.P. Alfredo Beltrán Sierra 10 ________________________________________________________________

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