PGN - DEBER FUNCIONAL Violación a los fines institucionales

DESCONOCIMIENTO ORDENAMIENTO SUPERIOR-Incumplimiento a requerimiento DEBER FUNCIONAL-Violación a los fines institucionales En este orden de ideas, y descendiendo al caso de autos, este Despacho no encuentra que la disciplinada, en su condición de Personera Municipal de San José de Pare por el hecho de no haber atendido lo requerido por el burgomaestre, consistente en la solicitud de trasladar su despacho al primer piso de las instalaciones antiguas del colegio, hubiere vulnerado deber funcional alguno, que hubiere sido capaz de vulnerar los fines institucionales del estado social y derecho consagrados en la Constitución Política, como tampoco, principio alguno que irradia la función pública de los consagrados en el artículo 22 de la Ley 734 de 2002, cuando se advierte de acuerdo al acervo probatorio, que en su condición de titular de la Personería, y velando precisamente porque las funciones que su cargo le impone pudieran ser desempeñadas de la mejor manera, fueron las razones que la motivaron para no acatar de manera inmediata el plazo que le otorgaba el alcalde de San José de Pare para trasladarse, toda vez, que el lugar a donde se le solicitaba reubicarse estaba en condiciones precarias, sin los servicios que requiere una oficina para su normal funcionamiento, máxime una de gran importancia, como la Personería en un municipio, como quiera que es la entidad a la cual acude la comunidad para que en un principio le den una solución o por lo menos una guía sobre los trámites que tiene dentro de un estado social de derecho como el nuestro. PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA-Prestación eficiente y eficaz del

servicio Y es precisamente, como se advierte de acuerdo a la visita practicada a las instalaciones donde la pretendía ubicar el alcalde a la Personería, de la cual la disciplinada es su titular, en consonancia con lo manifestado en su diligencia de versión libre, que en virtud de cumplir con los principios de la función pública que la misma ley le impone, valga resaltar entre ellos, en busca de una eficiente y eficaz prestación de su cargo, las que la llevaron para no acatar de manera inmediata el único requerimiento elevado por el burgomaestre, a través de su oficio de fecha tres (03) de diciembre de 2009, pues, así lo dejó entrever cuando manifestó la necesidad igualmente de su despacho de contar con adecuadas instalaciones para atender las innumerables funciones que la ley le exigía, relacionando entre ellas, atención a desplazadas, población vulnerable, niños, niñas, adolescentes, víctimas de la violencia, entre otros. 1 TERMINACIÓN Y ARCHIVO DEL PROCESO-Inexistencia de la conducta denunciada En este orden de ideas, y encontrándonos ante la ausencia de vulneración deber sustancial por parte de la disciplinada, como quedó explicado precedentemente, este Despacho sin mayores elucubraciones debe ordenar el archivo de las presentes diligencias, ante la ausencia de falta disciplinaria, como quiera que no se cuenta con uno de sus requisitos esenciales de la misma, el cual se traduce, que la conducta además de exigirse sea típica, igualmente debe ser antijurídica, esta en el entendido que tenga la capacidad de haber vulnerado un deber funcional desde el punto de vista sustancial, situación que ya estudiada, pudo establecerse no se presenta en el

caso de autos. Situación que de manera alguna finalizó en malos términos, pues, a contrario sensu, y de acuerdo con la misma manifestación del señor Alcalde del Municipio de San José de Pare, indicó frente a los mismos, que habían sido superados, como quiera que se adoptó una solución alterna al requerimiento hecho a la disciplinada en su condición de Personera de esa localidad, en el sentido de darse el traslado de la Registraduría Nacional dentro de las instalaciones del Palacio a un local ubicado en el ala sur del palacio municipal, dando lugar para que la Comisaría de Familia se trasladara a la oficina que venía siendo ocupada por la Registraduría, situación que igualmente permitió solucionar los problemas en cuanto a atención al público. Así las cosas, de conformidad con las circunstancias señaladas anteriormente, conlleva al Despacho de la Procuraduría Provincial de Vélez, abstenerse de continuar con la presente Indagación Preliminar en contra de la disciplinada, en su condición de Personera Municipal de San José de Pare (Boyacá), y en consecuencia proceda a ordenar el Archivo del expediente radicado con el IUS 2010-49563 y el IUC D-2010-606-233573, por considerar que los hechos objeto de la presente Indagación Preliminar no constituyen falta disciplinaria, ante la ausencia de ilicitud sustancial por parte de la conducta aquí enrostrada en contra de la disciplinada. PROCURADURIA PROVINCIAL DE VELEZ Vélez, veintitrés (23) de agosto de dos mil diez (2010)

RADICACIÓN: 054-025

IUS: 2010-49563

IUC: 2010-606-233573

DISCIPLINADO: MAGDA PATRICIA SUAREZ RIOS CARGO: Personera Municipal de San José de Pare (Boyacá) FECHA QUEJA: 22 de Diciembre de 20 09

FECHA HECHOS: 03 de Diciembre de 2009

ASUNTO: Archivo definitivo

2 Procede el Despacho a decidir el mérito de la Indagación Preliminar de la referencia, adelantada con base en la competencia radicada en el Lit a) numeral 1° del artículo 176 del Decreto 262 de febrero 22 de 2000. INDIVIDUALIZACION La persona presuntamente responsable de los hechos aquí investigados, es la Dra. MAGDA PATRICIA SUAREZ RIOS, identificada con la cédula de ciudadanía No.27.984.634 expedida en Barbosa (Sder), en su condición de Personera Municipal de San José de Pare (Boyacá), para la fecha de ocurrencia de los siguientes: HECHOS La presente diligencia tuvo origen según informe de fecha 22 de diciembre de 2009, suscrito por el señor PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZA, en su condición de Alcalde Municipal de San José de Pare (Boyacá), en contra de la Dra. MAGDA PATRICIA RIOS, Personera Municipal de esa localidad por las presuntas irregularidades en que pudo incurrir por incumplimiento al requerimiento que el funcionario le había elevado mediante escrito de fecha tres (03) de diciembre de 2009, de solicitarle se reubicara en la oficina ubicada en el primer piso de la edificación ala sur, como quiera que la actual oficina de la Personería sería ocupada por la Comisaría de Familia, otorgándole un

plazo para ello hasta el 10 de diciembre de 2009, sin que hasta la fecha del citado informe, la servidora pública hubiera dado cumplimiento a la disposición emanada de la administración municipal, desconociendo para tal efecto disposiciones constitucionales y legales. El fundamento del informe está basado en lo establecido en el artículo 209 y 238 de la Constitución Nacional, en concordancia con lo consagrado en el artículo 91 literal d) de la Ley 136 de 1994, correspondiéndole al alcalde municipal administrar los recursos y servicios del municipio de una manera adecuada y eficiente en procura del beneficio social. 3 Y que en virtud de lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006, la cual ordenó la creación de las Comisarías de Familias en los municipios, disponía igualmente adaptarse para ello, lugares adecuados que respetaran los derechos de los menores y adolescentes, fue lo que llevó al alcalde del municipio de San José de Pare a realizar una reasignación de las oficinas de la administración, ordenando en consecuencia, la reubicación de la Personería en el primer piso de la edificación ala sur, para que las instalaciones donde esta funcionaba, fuera utilizada como el lugar apto para que funcionara la Comisaría de Familia. PRUEBAS PRACTICADAS En desarrollo de la presente Indagación Preliminar, se practicaron entre otras las siguientes diligencias: 1.- Mediante diligencia de fecha veintidós (22) de abril de 2010, se escuchó en versión libre a la disciplinada, MAGDA PATRICIA SUAREZ RIOS. Ver FL. 34 a 36 del c.o.-

2.- Acta de visita especial de fecha veintidós (22) de abril de 2010, a las instalaciones de la Personería Municipal de San José de Pare, la cual se adjuntó la siguiente documentación: Ver FL. 37 del c.o.- - Copia del oficio No. 453 de fecha 03 de diciembre de 2009, suscrito por el señor PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZA, Alcalde Municipal de San José de Pare, dirigido a la Dra. MAGDA PATRICIA SUAREZ RIOS, en su condición de Personera Municipal de esa localidad. Ver FL. 38 del c.o.- 3.- Acta de visita especial de fecha veintiséis (26) de abril de 2010, realizada a las instalaciones de la oficina en donde supuestamente la Alcaldía Municipal de San José de Pare solicitó se trasladara la Personería Municipal, ubicada contigua al palacio municipal, en la cual se adjuntó CD que contiene álbum fotográfico del mismo. Ver FL. 40 del c.o.- 4.- Acta de visita especial de fecha veintiséis (26) de abril de 2010, realizada a las instalaciones de la Alcaldía Municipal de San José de Pare. Ver FL. 42 del c.o.- 5.- Mediante diligencia de fecha veintiséis (26) de abril de 2010, se escuchó en declaración a la señora MYRIAM MOLINA, Secretaria de la Personería Municipal de San José de Pare. Ver FL. 43 – 44 del c.o.- 4 6.- Mediante diligencia de fecha veintiséis (26) de abril de 2010, se escuchó en ampliación y ratificación de queja del señor PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZA, Alcalde Municipal de San José de Pare.

Ver FL. 45 – 46 del c.o.- ANÁLISIS JURIDICO PROBATORIO La presente Indagación Preliminar, tuvo origen en el informe de fecha veintidós (22) de diciembre de 2009, suscrito por el señor PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZA, en su condición de Alcalde del Municipio de San José de Pare (Boyacá), dirigido en contra de la Dra. MAGDA PATRICIA SUAREZ RIOS, Personera Municipal de esa localidad, por las presuntas irregularidades en que hubiera podido incurrir por no haber dado cumplimiento con la disposición de traslado de las instalaciones de la Personería al primer piso de la edificación ala sur, como así se le había requerido mediante oficio de fecha tres (03) de diciembre de 2009, otorgándole un plazo máximo hasta el día 10 de diciembre de esa misma vigencia, para que la actual oficina que venía ocupando fuera designada a la Comisaría de Familia. Con el fin de esclarecer los hechos objeto de la presente averiguación, y determinar si se hace procedente o no endilgar juicio de reproche disciplinario en contra de la Dra. MAGDA PATRICIA SUAREZ RIOS, en su condición de Personera Municipal de San José de Pare, este Despacho seguidamente procederá a hacer el respectivo análisis jurídico – probatorio de todos y cada uno de los elementos materiales probatorios allegados a lo largo del presente plenario, bajo los parámetros establecidos de la sana crítica, en virtud de lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 734 de 2002. De conformidad con la visita de fecha veintidós (22) de abril de 2010,

realizada a las instalaciones de la Personería Municipal de San José de Pare, se obtuvo de sus archivos, que efectivamente el burgomaestre, BARRETO ABAUNZA, había puesto en conocimiento a la disciplinada, Dra. MAGDA PATRICIA SUAREZ RIOS, que a partir del día diez (10) de diciembre de 2009, la administración reasignaba la oficina que actualmente tenía a su cargo – Personería – para que fuera ocupada por la Comisaría de Familia. Decisión que fundamentó en observancia a lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional, en consonancia con lo establecido en la Ley 1098 de 2006, en donde se disponía otorgar a los niños y adolescentes un especial cuidado y protección, entre ellos, contar con un lugar adecuado de atención para realizar conciliaciones, que garantizara su privacidad, y que en el evento contrario, por contar la Personería con presupuesto propio, 5 podía ubicar su oficina en el lugar que lo considerara más apropiado, como está visto a folios 38 del c.o.- En este orden de ideas, se tiene que efectivamente el burgomaestre le puso en conocimiento a la disciplinada, Dra. MAGDA PATRICIA SUAREZ RIOS, el traslado de su oficina a otro lugar, con el fin que las instalaciones que actualmente venía ocupando para ejercer sus funciones como Personera Municipal de San José de Pare, fueran asignadas a la Comisaría de Familia. Situación que igualmente no puede desconocerse tan solo se trató de un requerimiento, el cual le otorgaba un plazo máximo de siete (07) días para el traslado de su oficina al primer piso de las antiguas instalaciones del Colegio.

Con el fin de auscultar las condiciones de las instalaciones que el burgomaestre le ofrecía a la disciplinada, en su condición de Personera Municipal de San José de Pare, para que trasladara su oficina, se procedió a ordenar la visita a dicho lugar, el cual de acuerdo con la práctica de dicha diligencia, no se puede desconocer por parte de este Despacho, que sus condiciones eran inferiores con las cuales venía gozando la actual Personería, como quiera que no tenía servicio de baño, contando únicamente con el servicio de luz, además que sus instalaciones en virtud del álbum fotográfico, se vislumbra, no eran las mejores, máxime si se advierte que se trata de un inmueble antiguo y deteriorado, como así consta a folios 40 del c.o.-. Circunstancias estas, que permiten establecer sin mayores elucubraciones, las condiciones de desmejora que pretendía el burgomaestre fueran ocupadas por la Personería Municipal de esa localidad, de la cual era titular la disciplinada, Dra. MAGDA PATRICIA SUAREZ RIOS, situación que la afectaría, cuando se advierte que ni siquiera contaba con el servicio de teléfono, indispensable para el buen desempeño en el ejercicio de sus funciones, máxime cuando la disciplinada ejerce funciones de ente de control, e igualmente de protección de los derechos humanos. Funciones que por su complejidad e importancia, invocan actuaciones en un momento dado, sean rápidas y eficientes, lo que hacía imperativo que contara con unas adecuadas instalaciones, que le permitieran un buen desempeño en sus funciones, entre ellas, que contara con todos los

servicios como era entre ellas, la línea telefónica. Son estas razones, las que este Despacho no puede llegar a desconocer, fueron los motivos que de una u otra manera fueron los alegados por la disciplinada, Dra. MAGDA PATRICIA SUAREZ RIOS, como una de las justificaciones para no dar cumplimiento de manera inmediata al requerimiento realizado por el burgomaestre, mediante el oficio de fecha 03 de diciembre de 2009, como así se advierte en el desarrollo de su versión libre, cuando al respecto señala: 6 “ Es sabido que el bienestar de los niños, niñas y adolescentes prima sobre el interés general pero no se puede desconocer que este despacho tiene el compromiso indeclinable con la promoción y protección de DERECHO HUMANOS de todos (niños, niñas y adolescentes, tercera edad, población desplazada, población vulnerable, emigrantes, víctimas de la violencia) los cuales también necesitan de un lugar digno para ser atendido y no las instalaciones del antiguo colegio, las cuales son infrahumano, ya no cuenta con las condiciones dignas para trabajar… Ahora bien, no se puede desconocer, que de acuerdo al oficio de fecha 03 de diciembre de 2009, suscrito por el señor PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZA, en su condición de Alcalde Municipal de San José de Pare, a través del cual le solicitó a la disciplinada SUAREZ RIOS, trasladara su oficina de la Personería, al primer piso de las antiguas instalaciones del Colegio, no se precisó de manera alguna a qué oficina en particular había sido asignada para dicho traslado, situación que igualmente deja entrever la señora MYRIAM MOLINA,

Secretaria de la Personería, circunstancia que permite inferir a este Despacho no era precisa la reubicación de las instalaciones a las cuales se había asignado para que la Personería se trasladara, como así consta a folios 38 en concordancia con los folios 43 – 44 del c.o.- Ahora bien, en términos del derecho disciplinario, este Despacho estima pertinente traer a colación doctrina acerca del concepto de ilicitud sustancial, que a la letra reza1: “El ilícito disciplinario comporta un quebrantamiento del deber. Empero, no es el mero quebrantamiento formal el que origina el ilícito disciplinario, sino que se requiere un quebrantamiento sustancial. Esto quedó definitivamente reconocido con la exigencia de la ilicitud sustancial como expresión de la afectación sustancial a los deberes funcionales (arts. 5° y 51 NCDU) Como es obvio, la operatividad de la expresión “ilicitud sustancial”, proviene con mayor fuerza del nomen iuris de la figura regulada en el principio rector consagrado en el artículo 5° del NCDU. Significa lo anterior que para entender sustancialmente quebrantado el deber se requiere que la conducta enjuiciada haya desconocido no sólo el ropaje jurídico del deber, sino también la razón de ser que el mismo tiene en un Estado social y democrático de derecho. 1 Dr. Carlos Arturo Gómez Pavajeau, La Ilicitud Sustancial - Lecciones de Derecho Disciplinario Volumen 1, Instituto de Estudios del Ministerio Público, noviembre de 2006, pág. 21. 7 En efecto, al constituirse nuestro Estado en una República (art. 1° C.N.)

se ha querido significar con ello que toda institución que emane de la misma debe responder a criterios de racionalidad y razonabilidad. Ya de por sí ello caracteriza la imposibilidad de existencia de deberes por los deberes mismos, sino que el in se de ellos debe encontrarse en los fines que el Estado persiga con su institucionalización. Por tanto todo deber, cuyo quebrantamiento comporte el ilícito disciplinario, impone la constatación que con la conducta indebida se han cuestionado las funciones del Estado social y democrático de derecho. Esto es, la persona no ha obrado conforme a la función social que le compete como servidor público (art, 37 Ley 200 de 1995 y 22 NCDU). Se resalta que los deberes en general impuestos a los servidores públicos y a los particulares que ejercen funciones públicas vienen informados sustancialmente por los principios de moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia. (art. 22 NCUD).” En este orden de ideas, y descendiendo al caso de autos, este Despacho no encuentra que la disciplinada, Dra. MAGDA PATRICIA SUAREZ RIOS, en su condición de Personera Municipal de San José de Pare por el hecho de no haber atendido lo requerido por el burgomaestre, BARRETO ABAUNZA, consistente en la solicitud de trasladar su despacho al primer piso de las instalaciones antiguas del colegio, hubiere vulnerado deber funcional alguno, que hubiere sido capaz de vulnerar los fines institucionales del estado social y derecho consagrados en la Constitución Política, como tampoco, principio

alguno que irradia la función pública de los consagrados en el artículo 22 de la Ley 734 de 2002, cuando se advierte de acuerdo al acervo probatorio, que en su condición de titular de la Personería, y velando precisamente porque las funciones que su cargo le impone pudieran ser desempeñadas de la mejor manera, fueron las razones que la motivaron para no acatar de manera inmediata el plazo que le otorgaba el alcalde de San José de Pare para trasladarse, toda vez, que el lugar a donde se le solicitaba reubicarse estaba en condiciones precarias, sin los servicios que requiere una oficina para su normal funcionamiento, máxime una de gran importancia, como la Personería en un municipio, como quiera que es la entidad a la cual acude la comunidad para que en un principio le den una solución o por lo menos una guía sobre los trámites que tiene dentro de un estado social de derecho como el nuestro. 8 Y es precisamente, como se advierte de acuerdo a la visita practicada a las instalaciones donde la pretendía ubicar el alcalde a la Personería, de la cual la disciplinada es su titular, en consonancia con lo manifestado en su diligencia de versión libre, que en virtud de cumplir con los principios de la función pública que la misma ley le impone, valga resaltar entre ellos, en busca de una eficiente y eficaz prestación de su cargo, las que la llevaron para no acatar de manera inmediata el único requerimiento elevado por el burgomaestre, a través de su oficio de fecha tres (03) de diciembre de 2009, pues, así lo dejó entrever cuando manifestó la necesidad igualmente de su despacho de contar con adecuadas instalaciones para atender las innumerables funciones que la ley le exigía, relacionando entre ellas,

atención a desplazadas, población vulnerable, niños, niñas, adolescentes, víctimas de la violencia, entre otros. En este orden de ideas, y encontrándonos ante la ausencia de vulneración deber sustancial por parte de la disciplinada, Dra. MAGDA PATRICIA SUAREZ RIOS, como quedó explicado precedentemente, este Despacho sin mayores elucubraciones debe ordenar el archivo de las presentes diligencias, ante la ausencia de falta disciplinaria, como quiera que no se cuenta con uno de sus requisitos esenciales de la misma, el cual se traduce, que la conducta además de exigirse sea típica, igualmente debe ser antijurídica, esta en el entendido que tenga la capacidad de haber vulnerado un deber funcional desde el punto de vista sustancial, situación que ya estudiada, pudo establecerse no se presenta en el caso de autos. Situación que de manera alguna finalizó en malos términos, pues, a contrario sensu, y de acuerdo con la misma manifestación del señor PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZO, en su condición de Alcalde del Municipio de San José de Pare, indicó frente a los mismos, que habían sido superados, como quiera que se adoptó una solución alterna al requerimiento hecho a la disciplinada en su condición de Personera de esa localidad, en el sentido de darse el traslado de la Registraduría Nacional dentro de las instalaciones del Palacio a un local ubicado en el ala sur del palacio municipal, dando lugar para que la Comisaría de Familia se trasladara a la oficina que venía siendo ocupada por la Registraduría, situación que igualmente permitió solucionar los problemas en cuanto a atención al público.

Así las cosas, de conformidad con las circunstancias señaladas anteriormente, conlleva al Despacho de la Procuraduría Provincial de Vélez, abstenerse de continuar con la presente Indagación Preliminar en contra de la Dra. MAGDA PATRICIA SUAREZ RIOS, en su condición 9 de Personera Municipal de San José de Pare (Boyacá), y en consecuencia proceda a ordenar el Archivo del expediente radicado con el IUS 2010-49563 y el IUC D-2010-606-233573, por considerar que los hechos objeto de la presente Indagación Preliminar no constituyen falta disciplinaria, ante la ausencia de ilicitud sustancial por parte de la conducta aquí enrostrada en contra de la disciplinada. En mérito de lo expuesto, El Procurador Provincial de Vélez, RESUELVE PRIMERO: Abstenerse de continuar con la presente Indagación Preliminar en contra de la Dra. MAGDA PATRICIA SUAREZ RIOS, en su condición de Personera Municipal de San José de Pare (Boyacá), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: Como consecuencia del anterior pronunciamiento, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de la Indagación Preliminar radicada bajo el IUS 2010-49563 y el IUC D2010-606-233573.

TERCERO: No se da aplicación del principio de publicidad contemplado en el artículo 109 de la Ley 734 de 2002, por tratarse de una actuación iniciada por funcionario público.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIO OLARTE ALVAREZ

Procurador Provincial de Vélez 10

REF: IUS 2010-49563

IUC D-2010-606-233573

COA/LJSD

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