PGN - DEBER LEGAL Poner a disposición de icbf a menor de edad desmovilizada

NOTA DE RELATORIA: Se eliminan los datos relativos a direcciones personales en garantía de los derechos a la intimidad y seguridad DEBER LEGAL-Poner a disposición de ICBF a menor de edad desmovilizada DUDA RAZONABLE-Reglamentación legal Se deduce sin temor a desatinos, que no hay certeza o convicción sobre la responsabilidad del implicado, respecto del hecho materia de imputación disciplinaria, lo que engendra duda que, debiéndose resolver en su favor al tenor de lo previsto en el artículo 9 de la Ley 734 de 2002.

PRINCIPIO IN DUBIO PRO DISCIPLINADO-Aplicabilidad jurisprudencial de la Corte Constitucional Radicación No. 161-04765

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D. C., dos (2) de septiembre de dos mil diez (2010). Aprobado en Acta de Sala No. 37.

Radicación No: 161-4765 (022-143895/06

Disciplinado: Teniente Coronel LUIS FERNANDO GALVIS URIBE Cargo: Oficial de Inteligencia de la Tercera Brigada del

Ejército, en Cali, Valle Quejoso: XXXXXXXXXXXX Fecha queja: 14 de junio de 2006

Fecha hechos: 23 de agosto de 2005

Asunto: Apelación fallo de primera instancia

P.D. Ponente: Dr. RAFAEL EUGENIO QUINTERO MILANÉS.

Con fundamento en las atribuciones conferidas en el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000 en armonía con el artículo 141 de la Ley 836 de 2003, procede

el Despacho a resolver sobre el recurso de apelación interpuesto por la defensora del Oficial investigado, contra el fallo proferido el 14 de mayo de 2010 por la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, mediante el cual sancionó al Teniente Coronel del Ejército LUIS FERNANDO GALVIS URIBE, en su condición de Oficial de Inteligencia de la Tercera Brigada, en Cali, Valle, con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de quince (15) días, sin derecho a remuneración. ANTECEDENTES PROCESALES El proceso disciplinario se originó de la queja presentada por la menor XXXXXXXXX (sic) el 25 de agosto de 2005 ante la Defensoría del Pueblo, y remitida por ese organismo a este Ente de Control. Relató la menor que pertenecía al Bloque Móvil Arturo Ruiz Columna Gabriel Galvis de las FARC, pero se fugó y se entregó el 7 de agosto de 2005, a la Contraguerrilla de Soldados Regulares del Batallón Codazzi, en la Vereda Las Brisas, de Florida, Valle, donde permaneció hasta el 15 de agosto de 2005, y posteriormente fue llevada a la Tercera Brigada del Ejército, en Cali, Valle, donde se le hizo vestir de camuflado y botas de caucho para servir de guía a miembros del Batallón de Contraguerrillas No.3 “Primero de Numancia”, entre el 15 y 22 de agosto de 2005, recibiendo como pago la suma de doscientos mil pesos ($200.000), siendo después puesta a disposición del Bienestar Familiar (fls. 2 a 4 v).

La Procuradora Delegada para las Fuerzas Militares el 21 de septiembre de 2006, dispuso apertura de indagación preliminar contra servidores públicos indeterminados del Ejército Nacional (fls. 6 a 12). El operador jurídico por auto de 19 de febrero de 2008 ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra el Teniente Coronel LUIS FERNANDO GALVIS URIBE y del Cabo Tercero (hoy en retiro) JHON FREDY NUÑEZ MONTAÑA, en sus condiciones de Oficial y Suboficial de la Sección de Inteligencia de la Tercera Brigada del Ejército, en Cali, Valle (fls. 110 a 117), 2 Radicación No. 161-04765 proveído que fue notificado por edicto a los disciplinados, el cual se fijó el 7 de marzo de 2008 y se desfijó el día 11 del mismo mes y año (fl. 130A). Por auto de fecha 31 de marzo de 2009 la Delegada declaró cerrada la investigación disciplinaria, al tenor de lo previsto en el inciso 2° del artículo 182 de la Ley 836 de 2003 (fl. 256), y se libraron oficios tanto al Teniente Coronel investigado como a su apoderada (fls. 257 y 258); el 14 de abril de 2009 se procedió a la notificación por estado (fl 259). Mediante proveído calendado 30 de noviembre de 2009, la Delegada le formuló pliego de cargos al Teniente Coronel LUIS FERNANDO GALVIS URIBE, en su calidad de Oficial de Inteligencia de la Tercera Brigada del Ejército, en Cali, Valle, y simultáneamente dispuso el archivo definitivo de la investigación disciplinaria

adelantada contra el Cabo Tercero (hoy en retiro) JHON FREDY NUÑEZ MONTAÑA, en sus condición de Suboficial de la Sección de Inteligencia de dicha Brigada (fls. 267 a 275). Auto de archivo que ante la no comparecencia del Cabo Tercero NUÑEZ MONTAÑA (fl. 278), se notificó por estado el 7 de diciembre de 2009 (fl. 279), y el 26 de enero de 2010 la apoderada del investigado Teniente Coronel LUIS FERNANDO GALVIS URIBE se notificó personalmente del pliego acusatorio (fl. 280). Sin embargo, se surtió la notificación por edicto, el cual se fijó el 27 de enero de 2010 y se desfijó el día 29 del mismo mes y año (fl. 281). La defensora el 8 de febrero de 2010 presentó escrito de descargos (fl. 283 a 290). El A quo por auto del 11 de marzo de 2010, corrió traslado para presentar alegatos de conclusión (fls. 292 y 293), proveído que se notificó por estado el 23 de abril de 2010 (fl. 300), accediendo la apoderada a presentar alegaciones n la misma fecha (fl. 301 a 307). El Operador Disciplinario mediante providencia calendada 14 de mayo de 2010 halló responsable disciplinariamente al Teniente Coronel LUIS FERNANDO GALVIS URIBE, en calidad de Oficial de Inteligencia de la Tercera Brigada del Ejército, en Cali, Valle, y le impuso sanción de suspensión en el ejercicio de funciones por el término de quince (15) días (fls. 308 a 323). De esta decisión se

notificó personalmente la defensora el 25 de mayo de 2010 (fl. 329), quien impugnó el fallo sancionatorio el 31 de mayo de 2010 (fls. 330 a 335). Recurso de apelación que fue concedido en el efecto suspensivo por auto de fecha 2 de julio de 2010 (fl. 337). FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Conforme se registró en precedencia, la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, mediante providencia de fecha 14 de mayo de 2010, halló responsable disciplinariamente al Teniente Coronel LUIS FERNANDO GALVIS URIBE, en su condición de Oficial de Inteligencia de la Tercera Brigada del Ejército, en Cali, Valle, a quien sancionó con suspensión en el ejercicio de funciones por el término de quince (15) días (fls. 308 a 323). 1). En lo que tiene que ver con la utilización de la menor XXXXXXXX en una operación militar llevada a cabo por el Batallón de Contraguerrillas No. 3 “Primero de Numancia”, entre el 15 y 22 de agosto de 2005, coligió el Operador Jurídico que no hay certeza sobre la ocurrencia de dicho hecho, porque aunque a la joven se le canceló $150.000 por entregar información, como se registró en el acta de visita 3 Radicación No. 161-04765 especial precitada, “no se logró aportar al expediente antecedentes de cómo fueron suministrados por la menor dichos datos, no siendo posible hacer elucubraciones sobre ello”, máxime que está probado en autos que la Unidad operacional que efectuó los trámites de desmovilización fue el Batallón de Ingenieros No. 3 “Codazzi”,

en Palmira y no el mencionado Batallón de Contraguerrillas No. 3 “Primero de Numancia” o la Tercera Brigada del Ejército, con sede en Cali. “Lo anterior indica que, sobre este aspecto, no le será deducida responsabilidad alguna al disciplinado”. 2). Puntualizó la primera instancia que en lo relativo a la demora del investigado en poner a la menor a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, solamente hasta el 23 de agosto de 2005, está probado con la documentación que obra en el proceso, que había hecho presentación el 11 del mismo mes y año en las instalaciones del Batallón de Ingenieros No. 3 “Codazzi”, en Palmira, lo cual acepta el disciplinado a través de su Apoderada. Así las cosas, estimó el A quo que el análisis debe centrarse en si se configuran las causales eximentes de responsabilidad que alega la defensa. La primera causal planteada por haber actuado en cumplimiento de un deber legal, “siendo en este caso el de todo miembro de las Fuerzas Militares, de defender la vida, honra, bienes y seguridad de la comunidad, específicamente la de los habitantes de la región, en especial por la presencia de subversivos en la Vereda Las Brisas, Municipio de Florida – Valle, quienes ejecutaban asesinatos, secuestros, extorsiones y otros delitos e incluso planeaban tomarse la Estación de Policía del Corregimiento La Buitrera, jurisdicción del Municipio de Palmira, mencionándose que la misión del Oficial fue la de obtener información que sirviera como base de inteligencia para el desarrollo de operaciones que impidieran la comisión de ilícitos

por parte de los alzados en armas, para garantizar el orden público y bienestar de la sociedad”. Sobre el particular, sostuvo la Delegada que no es de recibo tal explicación, porque es cierto que es función de todo miembro del Ejército Nacional y demás integrantes de la Fuerza Pública defender y garantizar la vida, honra, bienes y seguridad de los ciudadanos en general, pero tales circunstancias no son óbice para desconocer los derechos y garantías de los menores de edad que se desmovilizan de los grupos subversivos, quienes tienen un tratamiento especial por parte del Legislador. Que además, la Constitución Política hace especial énfasis en la preponderancia de los derechos de los niños y jóvenes. Que precisamente en desarrollo de esa garantía constitucional se expidió la normatividad relacionada con los desmovilizados, específicamente de los menores de edad, quienes han sido víctimas por parte de los que los han vinculado en el conflicto armado, “negándoles su derecho a vivir su infancia y deben ser protegidos por el Estado cuando logran evadirse de las filas insurgentes”. Resaltó el Operador Jurídico que la menor XXXXXXXX se fugó de la organización delincuencial a la que pertenecía, presentándose el 11 de agosto de 2005 ante las tropas del Batallón de Ingenieros No.3 “Codazzi”, en Palmira – Valle, de donde fue conducida a las instalaciones de la Tercera Brigada, en Cali, siendo allí recibida por 4 Radicación No. 161-04765 el Oficial disciplinado en su condición de Jefe de la Sección de Inteligencia de esta Unidad, quien antes que cumplir con las normas imperativas de entregar a la joven al

ICBF en un término de 36 horas ordinarias, prefirió realizar actividades de recolección de información, desde luego necesaria para la inteligencia militar. No desconoció el A quo la labor loable del Oficial de pretender precaver un ataque aleve a la comunidad del departamento del Valle, por parte de la Columna Gabriel Galvis Bloque Móvil Arturo Ruiz de las FARC, “su actividad, por desempeñarse en una Unidad no operacional sino de recolección de información, como bien lo manifiesta la defensa, no era posible que se viera reflejada en una acción inmediata por parte de las tropas, y en cambio si se permitió que la menor permaneciera en un ambiente hostil, donde la labor se lleva a cabo generalmente con el uso de las armas, sin ponerla a disposición del ICBF, institución “encargada de velar porque pudiera disfrutar de sus derechos retornándola a un ambiente acorde a su edad”. Por tanto, coligió la Delegada que tampoco se configura la segunda causal de exclusión de responsabilidad, “de defender un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera y que no hubiere sido generado intencionalmente por el agente”. Porque las circunstancias en que se dio el comportamiento y las pruebas obrantes en el plenario, no permiten inferir la existencia de las condiciones requeridas por la norma, esto es, la inminencia del peligro o la inevitabilidad y menos aún que con su actuar hubiera podido conjurar el riesgo que se presentaba. Y destacó la Delegada que la actuación irregular se realizó so pretexto de brindar seguridad a la comunidad en general. Que por el contrario, si está probado que se desconocieron las garantías que se le

debían dar a la menor por su condición de desmovilizada del conflicto armado, siendo primordial ponerla a disposición del ICBF dentro del término previsto para recibir la protección respectiva, según el artículo 22 del Decreto No. 128 de 2003, por el cual se reglamentó la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002, norma citada como conculcada en el pliego acusatorio. Por consiguiente, determinó el Operador Disciplinario que la conducta asumida por el implicado, es violatoria “de la normatividad vigente y teñido de ilicitud sustancial, porque como ya se advirtió, desconoció las garantías que se le debían a la joven desmovilizada, todo con el ánimo de aprovechar las circunstancias para recolectar información que sirviera a la inteligencia militar, olvidando, o más bien dejando de lado, que se trataba de una persona a quien la Constitución Política y las leyes le otorgan un tratamiento especial, en virtud de su condición de menor de edad“. Concluyó la Delegada que el investigado “actuó intencionalmente al demorar la entrega de la menor XXXXXXXXXXXXX, mientras lograba obtener de ella datos sobre el grupo insurgente del cual se desmovilizó, ello con la finalidad de recaudar la información que sirviera como producto de inteligencia para el mejoramiento de la planeación de las operaciones militares”, agraviando injustificadamente los derechos de la menor. Así las cosas, estimó la Delegada que la conducta irregular asumida por el Oficial GALVIS URIBE causó perjuicio a la menor, afectando su confianza en el Estado, que

inclusive cuanto tuvo oportunidad reingresó nuevamente al grupo subversivo del que se había fugado, hasta cuando pudo volver a acogerse a los beneficios otorgados 5 Radicación No. 161-04765 por el Gobierno Nacional. Empero, consideró el A quo que deben tenerse en cuenta a favor del Oficial disciplinado circunstancias atenuantes como la buena conducta anterior, conforme constancia expedida por el Subdirector de Personal del Ejército que no le figuran procesos disciplinarios internos (fl. 155) y la hoja de vida, donde registra varias condecoraciones y ninguna sanción penal o disciplinaria (fls. 159, 159v y 160); “el demostrar diligencia y eficiencia en el desempeño del servicio, reflejado en su deseo de acertar en el cumplimiento de su misión de recolección y procesamiento de información para la inteligencia militar y .- haber cometido la falta por motivos nobles o altruistas, de defender a la población frente a la posible agresión de los grupos al margen de la ley”. Por ende, le impuso sanción de suspensión en el ejercicio de funciones por el término de quince (15) días, sin derecho a remuneración, al tenor de lo previsto en el artículo 62 de la Ley 836 de 2003. RECURSO DE APELACIÓN Conforme se indicó con antelación, la defensora del Oficial investigado impugnó la providencia sancionatoria dentro del término legal, solicitando la revocatoria y la exoneración de responsabilidad de su defendido, con fundamento en los siguientes argumentos jurídicos (fls. 330 a 335): Indicó que como lo expuso en memorial de descargos y en alegatos de conclusión,

con fundamento en las pruebas obrantes en el proceso, se evidenció que la desmovilización de la menor XXXXXXXX se dio y tramitó realmente en la sede del Batallón de Ingenieros No. 3 “Coronel Agustín Codazzi” con sede en Palmira - Valle del Cauca, por intermedio del Suboficial B2 Sargento Primero JORGE HUMBERTO GERENA SILVA, y que la determinación de la fecha cuando iba a ser puesta a disposición del ICBF, “no podría haberla tomado el señor Coronel LUIS FERNANDO GALVIS URIBE en su condición de Oficial de Inteligencia de la Tercera Brigada, por cuanto sus funciones de acuerdo con el Manual, se limitaban a la Producción de Inteligencia: Recolección y procesamiento de información, para transformarla en inteligencia y diseminarla. (Folio 137), y no dependía de él la responsabilidad, de definir la fecha en que se pondría la menor a disposición del ICBF, y mucho menos la demora que se produjo, correspondiéndole únicamente adelantar el trámite administrativo, de recolectar los documentos y presentarlos a la institución de protección”. Precisó la defensa que el Coronel GALVIS URIBE, Oficial de Inteligencia de la Tercera Brigada B2, efectuó los trámites administrativos ante el ICBF y el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA), para lo cual adjuntó copia del acta de presentación voluntaria efectuada el 11 de agosto de 2005 ante personal militar del Batallón Codazzi, unidad táctica con jurisdicción en el municipio de Palmira donde sucedió el hecho, boleta de buen trato, concepto médico del Hospital Militar

Regional de Occidente BR3 de 23 de agosto de 2005, tarjeta dactilar (fIs 31 a 34). Que no se puede concluir como lo hace el Operador Jurídico, que la conducta desplegada por el Oficial investigado, “esa si en cumplimiento de sus funciones y su 6 Radicación No. 161-04765 misión constitucional, hubiese sido el factor determinante de la demora, que repetimos no dependía de él. Su actuación ocurrió, mientras quienes tenían la custodia de la menor en el Batallón Codazzi en Palmira, definían la entrega de la desmovilizada a las instituciones competentes, ver Anexo de Inteligencia del Batallón. Folio 50. Alude la apoderada que se debe presumir la buena fe, conforme lo consagrado en el artículo 4 y 83 Constitucionales, así como la presunción de inocencia, tal como lo prevé el inciso tercero del artículo 29 ídem. Que igualmente el artículo 769 del Código Civil alude a la buena fe y que por consiguiente, la mala fe debe probarse. Que en el caso de autos, las pruebas no demuestran con certeza ninguna intencionalidad en la conducta imputada a su defendido. Además, en ningún momento podía imputarse la conducta al Oficial GALVIS URIBE a título de dolo, ni siquiera a título de culpa, porque está evidenciado que su comportamiento, “se enmarcó de manera perfecta en las funciones propias de su cargo”. Inclusive en la providencia impugnada se hace más gravosa la situación disciplinaria de su poderdante, “mediante conclusiones incoherentes con el sustento probatorio, que riñen contra la realidad de lo acontecido”. Respecto del elemento certeza para sancionar, mencionó la apelante que la certeza

se configura cuando se comprueba la verdad de los hechos investigados y se demuestra la responsabilidad del investigado. Que efectivamente la menor YAGA GUEJÍA, no fue entregada oportunamente al ICBF, por el señor Coronel GALVIS URIBE, Oficial de Inteligencia de la Tercera Brigada, esto es, dentro de las 36 horas ordinarias siguientes a su desvinculación, porque “tal decisión no dependía exactamente de él”, y su conducta se ciñó a preceptos constitucionales “relacionados directamente con su misión que militar estaba obligado a cumplir, y en este sentido a circunstancias que justifican jurídicamente la conducta”. Mientras quienes tenían la custodia de la desmovilizada en el Batallón Codazzi, en la Tercera Brigada se tenía información sobre la concentración en el área rural de Las Brisas vereda donde se desmovilizó la menor, de un número considerable de guerrilleros pertenecientes a la Columna Gabriel Galvis Bloque Móvil Arturo Ruiz de las FARC, dedicados a censar fincas, realizar asesinatos selectivos, intimidación a campesinos y ganaderos, secuestros, amedrantamientos, y posible atentado contra la Estación de Policía del corregimiento de La Buitrera en jurisdicción del municipio de Palmira, cerca a la ciudad de Cali. Hechos que colocaban en serio peligro la vida y los recursos de los residentes en la región, y a la autoridad policial, blanco de varios atentados terroristas por parte de dicho grupo armado, con saldo de numerosos muertos y heridos. En ese momento la conducta desplegada por el Oficial investigado fue la de cumplir con un deber superior y con las funciones que le correspondían como miembro del

Estado Mayor de la Tercera Brigada. El Capitulo II del Manual de Estado Mayor del Comando General de las Fuerzas Militares vigente, que estipula que las funciones básicas de un Estado Mayor son suministrar información, hacer apreciaciones de 7 Radicación No. 161-04765 situación, dar recomendaciones y transformar las decisiones del Comandante en planes y órdenes que son impartidas a los elementos subordinados para planeamiento y ejecución. Una vez autorizado por el Comandante, el Estado Mayor supervigila la ejecución de esos planes u órdenes y efectúa las acciones necesarias para lograr que las intenciones del Comandante sean cumplidas. Las funciones como oficial de Inteligencia están establecidas en la Sección D, del Capítulo II del Manual de Estado Mayor del Comando General de las Fuerzas Militares, que se resumen en la producción de inteligencia, medidas de contrainteligencia y el entrenamiento respectivo. debiendo mantener informado al Comandante, al Estado Mayor y a las unidades subordinadas, sobre los efectos que el tiempo, el terreno y el enemigo puedan tener sobre el cumplimiento de la misión. Planea y recomienda a su Comandante medidas de contrainteligencia y supervigila el cumplimiento de aquellas que hayan sido aprobadas y ordenadas. En coordinación con el oficial de operaciones, planea el entrenamiento de inteligencia. Por tanto, la conducta del Oficial investigado no contrarió la Política de Desmovilización y Reinserción, sino que robusteció el esquema de la Seguridad Democrática, coadyuvando al Principio de Necesidad Militar del Estado, que debe emplear todos los medios legítimos para cumplir con su misión constitucional. Con su

comportamiento el implicado atendió un bien supremo, la seguridad de los ciudadanos de la región injustamente amenazados, y al no estar comprobada la ilegalidad de su conducta, tampoco lo está la ilicitud sustancial, porque su conducta no afectó el deber funcional en manera alguna sin justificación. Señaló la recurrente que en autos no obra prueba de la intencionalidad, por lo que no puede calificarse la conducta del investigado como dolosa y violatoria de la normatividad de desmovilización, en cuanto a la protección y atención de los menores de edad desvinculados, por cuanto “no era de su discrecionalidad definir cuando ponía la menor a disposición de las instituciones competentes. Primero debía recibirla de quienes tenían su custodia en el Batallón Codazzi, y luego adelantar el trámite administrativo, que fue lo que hizo”. Aludió la defensa a la definición de culpa y dolo que trae el artículo 63 del C. C., el dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a una persona o una cosa, implica astucia o engaño, y es por eso que para apreciar el dolo, se debe atender tanto lo subjetivo como lo objetivo. Para que exista dolo, es necesario que exista el elemento intención; el dolo debe probarse, no se presume, según el artículo 1516 del CC, No está demostrado que su defendido obró con dolo, que haya tenido la intención de cometer la conducta disciplinaria; se evidencia buena fe de parte de él, la cual así debe presumirse. En el fallo sancionatorio no se tuvieron en cuenta principios como el de la buena fe, la favorabilidad, la presunción de inocencia, se desconoció el precepto universal de

un Estado Social de Derecho, que privilegia el bien y el interés común sobre el particular, y el derecho a la vida de los ciudadanos colombianos injustamente vulnerado por grupos alzados en armas como las FARC, al cual pertenecía la menor desmovilizada. 8 Radicación No. 161-04765 Contrario a lo afirmado en el fallo, que la conducta irregular de su protegido le ocasionó perjuicio a la menor desmovilizada, afectando su confianza en el Estado, a tal punto que cuando tuvo la oportunidad regresó al grupo subversivo de donde se había fugado, hasta cuando volvió a acogerse a los beneficios otorgados por el Gobierno Nacional. Destacó la defensa que la verdad de la situación, fue que se evadió estando bajo protección del ICBF, en un ambiente seguro y de bienestar para ella, prefiriendo escaparse, y que no es cierto que hubiera tenido que realizar grandes esfuerzos para poder volver a acogerse de los beneficios que le otorgaba el Estado, porque ella voluntariamente los despreció y se escabulló del ICBF para volver a delinquir, siendo capturada posteriormente por las autoridades, cometiendo delitos contra la vida e integridad de los ciudadanos de la región, donde ejecutaba sus actos delincuenciales la columna guerrillera a la que había retornado. Por ende, mal puede afirmarse que “la conducta irregular” de su defendido fue la que motivó que la desmovilizada XXXXXXXX se evadiera del programa de protección del que ya se encontraba disfrutando y regresara a delinquir. Así las cosas, solicitó la apoderada se revoque o modifique el fallo recurrido,

exonerando de responsabilidad al señor Coronel LUIS FERNANDO GALVIS URIBE y se decrete el archivo definitivo de la Actuación. Requiere además, se le expida copia del fallo de segunda instancia cuando se le notifique personalmente la decisión.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia. Esta Sala Disciplinaria es competente para conocer del presente asunto en virtud de la competencia otorgada por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000 en armonía con el artículo 141 de la Ley 836 de 2003, respecto de la conducta del Teniente Coronel del Ejército LUIS FERNANDO GALVIS URIBE, en su condición de Oficial de Inteligencia de la Tercera Brigada, en Cali, Valle, por ser sujeto disciplinable por parte de este Órgano de Control. Cargos formulados. En auto de 30 de noviembre de 2009, dentro del expediente disciplinario, el objeto de enjuiciamiento al disciplinado, fue del siguiente tenor (fls. 267 a 275): “El Teniente Coronel LUIS FERNANDO GALVIS URIBE, en (sic) condición de Oficial de Inteligencia de la Tercera Brigada del Ejército, en Cali –Valle-, pudo haber incurrido en falta disciplinaria al presuntamente no poner a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dentro del término de treinta y seis (36) horas ordinarias, a la menor XXXXXXXXX, de catorce (14) años de edad, quien se entregó a tropas del Batallón de Ingenieros No. 3 “Coronel Agustín Codazzi”, en Palmira -Valle-, el 7 de agosto de 2005 y quien fuera recibida en la Sección a su

cargo el día 11 del mismo mes y año y sólo fue puesta a disposición de la entidad a cargo el día 23 del mes y año en comento, utilizándola, además, entre el 15 y 22 de 9 Radicación No. 161-04765 agosto de 2005, en una operación militar, realizada por el Batallón de Contraguerrillas No. 3 “Primero de Numancia”, por lo que recibió un pago de ciento cincuenta mil pesos ($150.000). Como disposiciones legales presuntamente conculcadas se le citaron las siguientes: artículo 22 del Decreto No. 128 del 22 de enero de 2003, por el cual se reglamentó la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de

2002. Comportamiento que puede configurar la falta disciplinaria consagrada en el numeral 10 del artículo 59 de la Ley 836 de 2003. El A quo calificó la falta enrostrada como grave, por estar así determinada en el artículo 59 del Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares, y la imputación subjetiva se hizo a titulo de dolo.

Análisis y valoración probatoria. Según el artículo 152 de la Ley 836 de 2003, el fallo sancionatorio procede cuando obre prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del disciplinado. Por certeza debe entenderse ese valor epistemológico que excluye toda duda razonable. A verificar si ella concurre o no, se dirige este proveído. Bajo los anteriores parámetros, y al no observarse causal de nulidad que pueda afectar la actuación, la Sala Disciplinaria determinará, si en este caso procede a no a

la confirmación de la decisión recurrida. En relación con los planteamientos esgrimidos inicialmente por la defensora en su escrito de apelación, en cuanto a que la determinación de la fecha cuando iba a ser puesta a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familia la menor, “no podría haberla tomado el señor Coronel LUIS FERNANDO GALVIS URIBE, en su condición de Oficial de Inteligencia de la Tercera Brigada, por cuanto sus funciones de acuerdo con el Manual, se limitaban a la Producción de Inteligencia: Recolección y procesamiento de información, para transformarla en inteligencia y diseminarla. (Folio 137)” y no dependía de él la responsabilidad de definir la fecha en que se pondría la menor a disposición del ICBF, y mucho menos la demora que se produjo, correspondiéndole únicamente adelantar el trámite administrativo de recolectar los documentos y presentarlos a la institución de protección”. Que por tanto, el investigado como Oficial de Inteligencia de la Tercera Brigada B2, “realizó los trámites administrativos correspondientes ante el ICBF y el Comité Operativo para la dejación de las armas (CODA)”, para lo cual adjuntó los documentos enunciados en el oficio de 23 de agosto de 2005 Que por ende, no se puede concluir como lo hace la Delegada, que la conducta asumida por el Oficial investigado, “esa si en cumplimiento de sus funciones y su misión constitucional, hubiese sido el factor determinante de la demora, que repetimos no dependía de él. Su actuación ocurrió, mientras quienes tenían la custodia de la menor en el Batallón Codazzi en Palmira, definían la entrega de la

desmovilizada a las instituciones competentes, ver Anexo de Inteligencia del Batallón. Folio 50”. Sobre el particular, debe destacarse que tal como consta a folio 136 y s.s., en acta de visita especial llevada a cabo el 14 de marzo de 2008, un funcionario de la 10 Radicación No. 161-04765 Procuraduría Provincial de Cali incorporó al proceso fotocopias del Manual de Funciones vigente para el año de 2005, correspondiente al cargo de Oficial de Inteligencia, sin que se avizore como lo señala la defensa que al investigado le correspondía diligenciar y gestionar los trámites previos a la fecha en que debía ponerse la menor desmovilizada a disposición del ICBF, pero tampoco obra como lo asevera la apelante que al inculpado le correspondía adelantar únicamente lo concerniente al trámite administrativo