PGN - DEBERES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Cumplimiento con las funciones inherentes al carg

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego

E. S. D.

REF: Recurso de casación interpuesto por la defensora del procesado Humberto Quintero Mantilla contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Nacional que lo condenó por los delitos de favorecimiento de fuga de presos (artículo 39 de la Ley 30 de 1986) y secuestro simple.

RAD. No.: 14.939

Un Juez Regional de Medellín, en sentencia del treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y siete, condenó al procesado Humberto Quintero Mantilla a la pena principal de ochenta y cuatro meses de prisión y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal, como autor de los delitos de favorecimiento de fuga de presos descrito en el artículo 39 de la Ley 30 de 1986 y secuestro simple agravado. Contra la decisión se interpuso recurso de apelación por la defensora del procesado, que fue desatado por el Tribunal Nacional que, en sentencia del primero de abril de mil novecientos noventa y ocho, confirmó la sentencia. La defensora recurrió en casación y presentó la demanda respectiva, que la Corte Suprema de Justicia encontró ajustada a las exigencias formales de ley. De ella se corrió traslado a la Procuraduría Tercera Delegada en lo Penal a fin de que emita concepto, de conformidad con lo previsto en el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal.

HECHOS

El veintiuno de julio de mil novecientos noventa y dos el gobierno nacional dispuso el traslado de Pablo Escobar Gaviria y los demás detenidos que se acogieron a los decretos de sometimiento a la justicia, vigentes por aquella época, desde la cárcel de “La Catedral” hasta las instalaciones de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional en Medellín. Con el propósito de cumplir tal determinación, en horas de la tarde del mismo día llegó hasta el centro de reclusión gran cantidad de miembros del Ejército Nacional, con el propósito de acordonar la cárcel y tomarse las instalaciones para sustituir el personal de la guardia interna del establecimiento carcelario, hecho que indispuso a quienes se encontraban allí recluidos. Cerca de las nueve de la noche llegaron hasta el centro penitenciario Eduardo Mendoza de la Torre y Hernando Navas Rubio, para entonces Viceministro de Justicia y Director Nacional de Prisiones, respectivamente, quienes en compañía del director encargado de la cárcel ingresaron hasta el lugar donde estaban los detenidos para dialogar con el interno Pablo Escobar Gaviria. Los reclusos, apoyados por algunos de los guardianes municipales, se opusieron a la decisión del gobierno nacional y para tratar de impedir el cambio del personal de guardia, retuvieron desde ese momento y hasta las siete de la mañana del día 2 siguiente, hora en la cual el ejército se tomó el establecimiento, a los funcionarios que entraron a dialogar con los detenidos. Pablo Escobar Gaviria obligó al director de la cárcel a entregar el arma de dotación

oficial a otro de los internos, la que fue usada para intimidarlos. Además, uno de los reclusos, identificado como Jhon Jairo Velásquez Vásquez conocido con el alias de “Popeye”, amenazó al Viceministro de Justicia con una subametralladora mini Uzi, mientras que otros detenidos portaban fusil R 15, escopetas de repetición y medios de comunicación como beepers y un teléfono móvil, que usaron para enterar de los acontecimientos a personas no identificadas. Los tres funcionarios del gobierno fueron ilícitamente retenidos en una de las celdas, custodiados por cinco internos y cinco guardianes. Mientras ésto ocurría, en horas de la madrugada se fugaron del penal Pablo Escobar Gaviria, su hermano Roberto, Gustavo González Flórez, Otoniel González Franco, Luis Carlos Aguilar Gallego, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, Johnny Rivera Acosta, Alfonso León Puerta Muñoz, Eduardo Avendaño Arango y Luis Fernando Henao Giraldo. Uno de los guardianes municipales que participó en la retención de los funcionarios del gobierno y facilitó la fuga de los reclusos, fue identificado como Humberto Quintero Mantilla, quien, en las horas de la mañana del veintidós de julio de mil novecientos noventa y dos, fue capturado junto con varios guardianes y reclusos, por las fuerzas especiales de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, cuando tomaron el control de la cárcel y rescataron a los funcionarios secuestrados. ACTUACION PROCESAL Un fiscal regional de Medellín abrió investigación penal el veintidós de julio de mil novecientos noventa y dos y dispuso vincular procesalmente a los capturados, entre

ellos Humberto Quintero Mantilla, quien rindió su injurada el veintisiete de julio del mismo año. El veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y dos fue resuelta la situación jurídica de los aprehendidos y se impuso contra Humberto Quintero Mantilla medida de aseguramiento de detención preventiva, como coautor de los delitos de secuestro extorsivo, favorecimiento de fuga descrito en el artículo 39 de la Ley 30 de 1986 y, como cómplice, del delito de tenencia de armas de uso privativo de las fuerzas armadas. Durante la etapa de instrucción también se emplazó y vinculó procesalmente a los diez prófugos de la cárcel de “La Catedral”, y en el término legal les fue resuelta la situación jurídica. El doce de abril de mil novecientos noventa y cuatro el Fiscal Regional clausuró parcialmente la fase de instrucción, decisión que comprendió a Humberto Quintero Mantilla y veintitrés procesados más. Esta decisión que fue recurrida por algunos de los defensores, con el fin de que se realizaran diligencias de formulación de cargos para sentencia anticipada. Mientras se resolvía el recurso de reposición, Quintero Mantilla solicitó la celebración de audiencia especial prevista en el artículo 37 A del Código de Procedimiento Penal. Con el propósito de practicar las diligencias de terminación anticipada y otras actividades procesales, el Fiscal Regional mediante resolución del once de mayo de mil novecientos noventa y cuatro suspendió los efectos del cierre parcial de la instrucción. 3 Antes de iniciar la diligencia de audiencia especial solicitada por el procesado

Quintero Mantilla, prevista para el veinte de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, aquél desistió del pedimento y en cambio demandó su libertad provisional. El veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro la Fiscalía Regional concedió el beneficio de la libertad provisional en favor de Quintero Mantilla y además dispuso continuar con los efectos del cierre parcial de la instrucción adelantada en su contra. La instrucción se calificó el treinta de agosto de mil novecientos noventa y cinco con resolución de acusación en contra de Humberto Quintero Mantilla, como posible coautor de los delitos de secuestro simple agravado y favorecimiento de fuga de presos, descrito en el artículo 39 de la Ley 30 de 1986. En la misma resolución se precluyó la investigación respecto de otros procesados. El inculpado y su defensora apelaron la resolución de acusación, la cual fue confirmada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, mediante resolución del doce de abril de mil novecientos noventa y seis. Luego de los trámites correspondientes, el Juzgado Regional profirió sentencia condenatoria de primera instancia en la fecha anteriormente indicada, providencia que fue confirmada por el Tribunal Nacional, en la que ahora es objeto de este recurso extraordinario. SINTESIS DE LA DEMANDA DE CASACION El único cargo se propone con fundamento en la causal primera de casación penal, cuerpo segundo, por errores de hecho consistentes en falsos juicios de existencia, porque en criterio de la recurrente el tribunal supuso pruebas inexistentes en el proceso e ignoró otros medios de convicción que fueron debidamente allegados al

expediente. Estas irregularidades, para la demandante, implican la violación de los artículos 246, 247, 248, 254 y 445 del Código de Procedimiento Penal. La libelista divide en dos partes el cargo formulado, pues considera que unos fueron los errores cometidos por el fallador de segundo grado respecto del delito de fuga de presos y otros los relacionados con el delito de secuestro simple agravado. En cuanto se refiere al delito de fuga de presos tipificado en el artículo 39 de la Ley 30 de 1986, la recurrente considera que con el decreto de nombramiento y el acta de posesión del cargo, el tribunal encontró demostrado que Quintero Mantilla tuvo la calidad de empleado público en el cargo de guardián municipal de la cárcel de “La Catedral”. A partir de estas mismas pruebas, apunta que el ad quem consideró que el sindicado tenía la función de custodiar a personas legalmente detenidas, con fundamento en lo establecido en el artículo 108 del Decreto 1817 de 1994, sin observar que se trata de una norma promulgada dos años después de ocurridos los hechos investigados. Crítica al juzgador de segundo grado porque infiere de las pruebas documentales mencionadas, que todo guardián es custodio y vigilante de los reclusos que se encuentren en un establecimiento carcelario, lo que implica desconocer las diferentes actividades que deben cumplirse en una cárcel, pues no todo el personal puede estar adscrito a esa única labor. En su sentir, Quintero Mantilla no estaba exclusivamente dedicado a la vigilancia de los internos, como lo dedujo el tribunal. 4 Advierte además la censora que el fallador de segunda instancia incurre en el error

de desconocer la inspección judicial realizada a los libros de la cárcel y concretamente al denominado “Control de servicios”, según el cual el procesado Quintero Mantilla no aparece asignado a prestar turno diurno o nocturno los días veintiuno y veintidós de julio de mil novecientos noventa y dos. Agrega la censora que si su defendido no estuvo de servicio, como se encuentra probado, mal puede concluirse que cumplió la función de custodiar y vigilar a Pablo Escobar Gaviria. Todo lo anterior, dice, le permite entender que el tribunal “se abstuvo de apreciar el valor de pruebas existentes en el proceso”, como es la inspección judicial a los libros del centro penitenciario. Concluye la demandante que uno de los elementos estructurales del tipo descrito en el artículo 39 de la Ley 30 de 1986, es precisamente que el sujeto activo tenga “la función de custodiar” a personas comprometidas en los delitos previstos en el estatuto nacional de estupefacientes, función que no cumplió Quintero Mantilla la noche de los hechos, según se encuentra demostrado. En cuanto tiene que ver con el delito de secuestro simple, la actora critica la sentencia de segundo grado porque “ignoró que la responsabilidad es individual”, al deducir la responsabilidad de “La Guardia Municipal” en los hechos investigados, sin determinar la conducta específica que se le pudiera endilgar a Humberto Quintero Mantilla. Explica que el tribunal, a partir de las declaraciones de los funcionarios que fueron retenidos en el penal, deduce la participación de los guardianes municipales en estos hechos porque tomaron una actitud pasiva, sin hacer ningún proceso de

racionalización sobre la concreta actividad y responsabilidad de Quintero Mantilla en los mismos. Dice además la libelista que si otros guardianes municipales participaron en los delitos investigados, no debe hacerse extensiva la responsabilidad penal a Quintero Mantilla, pese a estar demostrado que se desempeñó como guardián municipal de la misma cárcel, porque llegar a esa conclusión, evidencia un “desconocimiento de las probanzas” por parte del sentenciador, con lo que se incurre en la causal de casación invocada al apoyar la certeza de responsabilidad penal sobre errores de apreciación de pruebas. Concluye la demandante que a los funcionarios del gobierno nacional en ningún momento se les exigió cumplir un papel de héroes, en tanto que a su defendido se le sancionó con ochenta y cuatro meses de prisión por no haber ofrendado su vida inútilmente. Solicita a la Corte casar la sentencia recurrida para que en su lugar se profiera fallo absolutorio en favor de su poderdante. CONCEPTO DE LA PROCURADURIA TERCERA DELEGADA EN LO PENAL Desde su inicio la formulación del cargo contiene serias inconsistencias, en tanto la demandante si bien enuncia un ataque por la vía indirecta, al aducir la presencia de un error de hecho por falso juicio de existencia por omisión, su desarrollo y fundamentación resulta confuso, pues involucra argumentos que son compatibles con otra clase de violación, como se verá a continuación. En el hipotético evento que hubiese una correcta formulación de un yerro por violación indirecta de la ley sustancial y específicamente como un error de hecho por 5 falso juicio de existencia, la censura, en cuanto tiene que ver con el delito de

favorecimiento de fuga de presos, resultaría contradictoria. En efecto, la censora acusa al tribunal de ignorar la prueba de inspección judicial realizada el once de agosto de mil novecientos noventa y dos sobre los libros de la cárcel y en especial a aquél en donde se registraban los turnos prestados por los diferentes guardianes municipales. Sin embargo, la misma libelista expresa que el ad quem al valorar el libro de control de servicios, concluyó que “Quintero Mantilla ni estaba programado ni prestaba turno nocturno”, con lo cual admite que la prueba de inspección judicial fue tenida en cuenta por el juzgador; en otras palabras, que este medio probatorio no fue ignorado. Para este representante del Ministerio Público basta con observar el contenido de la sentencia acusada, para advertir que el tribunal no incurrió en el error de hecho por falso juicio de existencia que se le imputa, pues antes que ignorar la prueba de inspección judicial, de éste medio probatorio dedujo que al no aparecer el nombre del procesado registrado en el libro respectivo, significaba que estaba de franquicia, sólo que voluntariamente renunció a la misma, para inmiscuirse en los hechos delictivos desarrollados en la cárcel de “La Catedral”. Prueba de que el fallador de segunda instancia no ignoró la inspección judicial realizada sobre los libros del centro penitenciario, es el siguiente aparte de la sentencia impugnada: “...el precepto no exige que el centinela se encuentre cumpliendo un turno programado o reglamentario, para el efecto, poco o nada importa que esté o no de turno, cuando lo cierto es que está prestando el servicio de guardia, aunque en la diligencia de inspección judicial

realizada el 11 de agosto de 1992 sobre los libros de la cárcel, y concretamente sobre el “Control de Servicios” no aparece prestando turno los días 21 y 22, ni de día ni de noche, fue porque en el orden del día no estaba programado, aunque la verdad es que sí prestó el servicio de vigía pues no hizo uso de franquicia y porque la guardia que debía ingresar a las 6 de la tarde del 21 no lo pudo hacer por orden del ejército...” (Página 23 de la sentencia). No es cierto entonces, como lo afirma la demandante, que el tribunal desconoció este medio de convicción; todo lo contrario, lo valoró y de esta prueba concluyó que Quintero Mantilla no aparece registrado para prestar el turno de guardián municipal durante los días en que ocurrieron los hechos investigados. Sin embargo, como de valorar la prueba en su conjunto se trata, a través de otros medios (como las declaraciones del entonces Viceministro de Justicia y del Director Nacional de Prisiones, además de la ampliación de injurada rendida por Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye”), pudo el fallador constatar que en los días de los acontecimientos Humberto Quintero desempeñó las funciones de vigilancia, vistió el uniforme de dotación y estuvo presente en la reunión que se efectuó entre los internos y los funcionarios del gobierno central. Este Procurador Delegado observa que la demandante presenta el ataque como un falso juicio de existencia, cuando en realidad desarrolló un discurso de oposición a la valoración de la prueba de inspección judicial realizada por las instancias, desacierto

que a su vez la lleva a considerar, equivocadamente, que por no aparecer citado el incriminado en el libro de control de turnos, no estuvo de servicio y tampoco tenía la misión de custodiar a los reclusos la noche del veintiuno de julio de mil novecientos noventa y dos. 6 La anterior conclusión, se opone abiertamente a las diversas expresiones de pruebas allegadas al proceso, como fueron las declaraciones de Mendoza de la Torre, Navas Rubio y Jhon Jairo Velásquez Vásquez, quienes coincidieron en afirmar que el procesado había prestado su servicio de guardián aquella noche. En este sentido el ad quem no incurre en contradicción, como lo advierte la demandante, porque si bien admite que el nombre del procesado no aparece en el registro de guardia, logró establecer que había desempeñado sus funciones, es decir, efectivamente custodió a los detenidos de la cárcel de la Catedral, como lo demostraron otros medios de prueba. Adviértase que el hecho fue aprehendido por el ad quem, sólo que le otorgó un mayor grado de credibilidad a las versiones de los internos para dar por cierta la presencia del implicado en el sitio de los acontecimientos, razonamiento que se ajusta a los parámetros legales de interpretación y valoración probatoria en el sistema procesal penal vigente. Para el caso concreto, si bien el procesado argumentó en su injurada que estaba encargado de las luces y de activar las alarmas del penal, esta actividad no lo eximía de la obligación de custodiar a los internos. Menos aún, cuando se sabe que los interruptores se encontraban en la parte interna del centro carcelario y

específicamente en la pared externa de la habitación de Pablo Escobar Gaviria. Además, como lo reconocieron las instancias, no está probado que Quintero Mantilla fuera el único encargado de operar el encendido de las luces ni las alarmas del penal, pues ésta era una función que realizaba cualquiera de los guardianes internos. Así lo explicó el Director de la cárcel de La Catedral en su indagatoria del siete de septiembre de mil novecientos noventa y dos: “Las sirenas y alarmas estaban bajo la responsabilidad de la guardia municipal, estaba en una pared del sector interno, ubicado cerca de una terraza o mirador en la parte exterior de un corredor que colinda con la celda de Pablo Escobar. Las luces en ese mismo pasillo, en la parte interna, están los citófonos, luces y alarma...las sirenas y luces estaban bajo el control de guardianes municipales”. (Folio 325, Tomo número 9). Es más, el sindicado Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye”, uno de los internos de la cárcel de La Catedral, quien se fugó, en la diligencia de ampliación de indagatoria rendida el treinta de agosto de mil novecientos noventa y cuatro dio a conocer que en ocasiones eran los mismos internos quienes se encargaban de activar y desactivar las luces y alarmas del penal, lo que indica que ésta no era una función asignada exclusivamente a un guardián en particular, según pretende argumentarlo la demandante. Veamos la diligencia comentada en la parte correspondiente: “La cárcel La Catedral fue dirigida por el señor Pablo Emilio Escobar

Gaviria, él hizo poner el control de luces de todo el penal al lado de su celda, nosotros también teníamos control sobre la energía de la malla; cuando pasaba de noche algún avión de la DEA a fotografiar la cárcel o sentíamos otra aeronave, inmediatamente bajábamos la cuchilla y la cárcel quedaba en su totalidad sin luz, incluyendo las garitas del penal...” (Folio 198 tomo 32 A. Las negrillas son de la Delegada). Ahora bien, la recurrente estima que si bien Quintero Mantilla se desempeñaba como guardia municipal, no puede deducirse que su única función era la custodia de los internos, porque debe reconocerse que en una prisión son múltiples las 7 actividades a desempeñar por parte del personal de vigilancia, conforme al reglamento interno y las instrucciones que imparta el director. En este sentido, el cargo no es afortunado, por cuanto inmiscuye dos materias diferentes a las cuales no puede dárseles un tratamiento similar. En efecto, la casacionista pretende, a partir de una inspección judicial, establecer la presencia física del procesado en la cárcel y sobre ese hecho determinar si le eran exigibles los deberes que tenía como servidor público. La discusión, entonces, es de otro orden, pues debe recurrirse al sistema de administración personal con el cual establecer las obligaciones que le eran inherentes mientras permaneciera en los predios del centro carcelario, en tanto no ostentaba la condición de particular sino la de un servidor público. Aquí resulta necesario transcribir las normas que regulan la condición de guardián, contenidas en el Decreto 1817 de 1964, que son del siguiente tenor:

“Art. 88.- Los guardianes tienen los siguientes deberes especiales, fuera de los que señalen en los reglamentos internos: … b). Custodiar y vigilar constantemente a los detenidos o condenados, en las celdas, en las remisiones, en los talleres, escuelas, capillas, bibliotecas, locutorios, patios u otros lugares, observándolos en todo movimiento que ejecuten, a fin de que, especialmente aquellos que están sujetos a la segregación continua, o privados de comunicación, no tengan relación o trato alguno que no esté autorizado por el reglamento; c). Ejecutar las rondas prescritas y dar inmediatamente informe al jefe de la guardia, de todo hecho que durante el servicio diurno y nocturno llegue a su conocimiento, y que pueda en alguna manera afectar la disciplina o tener relación con el orden y seguridad del establecimiento; … k). Evitar toda familiaridad con los reclusos, limitando sus relaciones con ellos, a lo estrictamente necesario en relación con los servicios que les corresponden; … Art. 119.- Las jornadas de trabajo del personal carcelario serán reglamentadas de acuerdo con el cargo y la naturaleza de su labor, lo cual no obsta para que los funcionarios cumplan tareas extraordinarias, cuando las necesidades de servicio así lo exijan” (destaca la Delegada). Obsérvese entonces, que existe un régimen jurídico específico, vigente para la época de los acontecimientos, que establece expectativas sobre el desempeño que debía cumplir el procesado en esa concreta situación, sin que pudiera argumentarse para su excusa explicaciones de otro orden mientras se encontrara dentro de las

instalaciones del centro carcelario. La particularidad de que el nombre del implicado no apareciera registrado en el libro de guardia, de manera alguna lo relevaba de su función y en este sentido, la parte final del citado artículo 119 del Decreto 1817 de 1964 es muy precisa al señalar circunstancias extraordinarias, como las que acontecieron entre el veintiuno y el veintidós de junio de mil novecientos noventa y dos, las cuales generaron el deber jurídico de cumplir con las funciones inherentes al cargo. 8 De tal modo el reproche a la sentencia se halla mal formulado, pues si la censora pretendía desvincular la condición de servidor público y las labores inherentes a su cargo en esa concreta situación, debió haber formulado la censura en otro sentido, para demostrar la falta de aplicación, aplicación indebida o la interpretación errónea de alguna disposición normativa, que excluyera a Quintero Mantilla de las obligaciones propias de su cargo. Ahora bien, con relación al delito de secuestro simple, la demandante se limita a expresar que el sentenciador de segundo grado desconoció las pruebas, sin especificar, como era de su cargo, a cuáles medios de convicción se refiere. Obsérvese que la actora, en esta parte de la demanda, tan solo hace transcripciones de la sentencia de segunda instancia y algunas consideraciones personales al margen, para concluir que: “El desconocimiento de las probanzas en que incurrió el sentenciador, trae como consecuencia la causal de casación que he predicado”. Una expresión tan genérica, no puede tenerse como fundamento suficiente para entender demostrado el yerro que se imputa a la segunda instancia, y bien sabido es que para

la prosperidad de la censura el demandante debe demostrar con claridad y precisión la naturaleza del error. En esta parte, encuentra el Procurador Delegado que la casacionista hace una crítica infundada a la sentencia, cuando advierte que el Tribunal Nacional dedujo la responsabilidad penal de Quintero Mantilla por el hecho de ser guardián municipal y haberse encontrado dentro del centro penitenciario. Es cierto que en algunos apartes de la sentencia se traen fragmentos de las declaraciones de Eduardo Mendoza de la Torre, Hernando Navas Rubio y Jorge Armando Rodríguez González, donde se testifica sobre la posición que adoptaron “los guardianes municipales”, la que se describe como una actitud pasiva, de colaboración y hasta de sometimiento a las órdenes de los internos, de lo cual deducen las instancias la participación de estos funcionarios en el delito de secuestro simple que se investigó. Pero desde luego que las instancias no se quedan allí, es decir, en manera alguna se olvidan de precisar la responsabilidad penal que se le atribuye a Quintero Mantilla en estos hechos y su activa participación en ellos. En la página 59 de la sentencia impugnada se hace una valoración de las declaraciones rendidas por Navas Rubio, en las que se hacen cargos concretos en contra de Quintero Mantilla, a quien no identifica por su nombre pero sí por su antiguo oficio: “El Capitán de la Armada”. Estas pruebas fueron analizadas por el tribunal de la siguiente manera: “También responsabiliza al implicado sus constantes manifestaciones durante la ocurrencia de los sucesos en el sentido de ser los cautivos su carta de salvación, esto es una de las finalidades del secuestro, la

salvaguardia del personal del penal, así lo declara el teniente Navas Rubio el 23 de julio y el 14 de agosto al aseverar: “...el guardián denominado Capitán de la Armada, hablaba constantemente de que nosotros los rehenes, éramos su carta de salvación sin insinuar que él hacía parte de los mismos delincuentes, pero indudablemente era uno más de ellos”, más adelante dice: “En cuanto al guardián municipal que he denominado Capitán de la Armada... y al que hizo política para ser alcalde (se refiere a otro guardián, aclara la Delegada)... pues su actitud era de cierto favorecimiento con respecto al que no pudiéramos nosotros salir porque lanzaban expresiones como la de que ustedes son la garantía para nosotros, frente a que si mientras estuviéramos allí, el ejército no iba a atacar, manifestaban que si entraba el ejército nos mataban a todos...” (destaca la Delegada). 9 En el expediente se encuentra demostrado que de todos los guardianes municipales de La Catedral, el único que perteneció a la Armada Nacional era Humberto Quintero Mantilla, como él mismo lo reconoce en su ampliación de indagatoria rendida dentro de la etapa del juicio, el veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y seis: “PREGUNTADO: Diga si es su voluntad, quiénes de los guardianes que usted conocía, eran tenientes de la Armada y prestaban el servicio en la Catedral. CONTESTO: Ninguno su señoría, yo era el único de la Armada y habían dos oficiales del ejército...” (Folio 273 cuaderno 33,

negrillas de la Delegada). Además el tribunal tuvo en cuenta otras pruebas para determinar la participación y posible responsabilidad penal de Humberto Quintero Mantilla, como fueron la confesión de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, la declaración de Eduardo Mendoza de la Torre, así como los indicios de mentira y mala justificación. De otro lado, es importante destacar la confusa presentación del cargo, por cuanto la demandante en su argumentación relacionada con el secuestro simple, lanza expresiones como: “retención innecesaria porque bastaba para ‘SALVAGUARDAR TODO EL PERSONAL’ acatar lo dispuesto por el Gobierno, lo que implicaba el cambio de la guardia penitenciaria por el Ejército Nacional y la realización de los traslados de los internos a una unidad militar…”, expresión que no desarrolla la demostración de ningún error sino que aparece como un comentario a la manifestación de la providencia de segunda instancia, pero que también puede entenderse como un resumen de lo dicho por el ad quem. Lo cierto es que cualquiera de estos tres significados no le aporta claridad al libelo y sin explicar la verdadera pretensión, a renglón seguido concluye que la responsabilidad es individual y no colectiva, comentario que sirve de ejemplo para caracterizar la incoherencia del discurso, particularidad que por contrariar de modo protuberante las exigencias técnicas del recurso, imposibilita a esta representación del Ministerio Público efectuar más comentarios. En consecuencia, teniendo en cuenta que la demandante trae argumentos contradictorios, que el error de hecho relacionado con el delito de favorecimiento para la fuga no existe y que tampoco se demostró la existencia del error de hecho

respecto del delito de secuestro simple, el cargo propuesto está llamado al fracaso. PETICION Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal, solicita a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia NO CASAR la sentencia impugnada. Señores Magistrados,

IVAN GONZALEZ AMADO

Procurador Tercero Delegado en lo Penal B.M.H. Bogotá D. C., 15 de febrero de 2001 Rad. No. 14.939