PGN - DEBERES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Les es dado esperar únicamente los beneficios leg

Dependencia: Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa

Radicación Nº: 077-03488/06

Investigado: Maria del Socorro Trujillo Cabrera

Cargo y Entidad: Asistente Administrativo Instituto Departamental de Salud de Caquetá Forma de inicio: De oficio Fecha del informe: 26 de octubre de 2006

Fecha hechos: 3 de febrero de 2006

Conducta: Utilizar, en provecho propio, pasajes aéreos obsequiados a la entidad Providencia: Fallo de segunda instancia Nivel de trascendencia: Moderado Riesgo de prescripción: Bajo

Bogotá D.C., 1 de Septiembre de 2009

1. ANTECEDENTES Bajo la radicación arriba señalada, la Procuraduría Regional de Caquetá investigó y sancionó disciplinariamente a la Señora MARIA DEL SOCORRO TRUJILLO CABRERA, en su condición de Asistente Administrativa del Instituto de Salud del Caquetá (IDESAC), al encontrarla responsable de haber utilizado en beneficio propio, unos pasajes donados a la entidad en que labora.

Mediante providencia fechada el 13 de mayo del año que avanza, el Señor Procurador Regional de Caquetá profirió fallo de primera instancia, de carácter sancionatorio, contra la Servidora Pública que se acaba de mencionar; en dicha providencia se le impone la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por treinta días, tras hallarla responsable de una falta grave cuyo título de imputación fue el dolo (folios 127 a 130).

2. LOS CARGOS.

Mediante providencia fechada el 23 de octubre de 2008, visible a folios 46 a 48, el

Procurador Regional de Caquetá formuló pliego de cargos a la Señora MARIA DEL SOCORRO TRUJILLO CABRERA, en su condición de Asistente Administrativo del Instituto Departamental de Salud del Caquetá, en los siguientes términos: “ (…) hizo uso personal de tiquetes aéreos promocionales asignados por la empresa AIRES S.A. al Instituto Departamental de Salud de Caquetá por la compra de cada 15 pasajes” (folio 47, vuelto) .

3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA La providencia objeto de la impugnación, se funda en los siguientes argumentos: 1º En el presente caso se cuenta con los elementos que la ley disciplinaria exige para proferir fallo sancionatorio: 1º Prueba que conduzca a la certeza de la falta 2º Prueba que conduzca a la certeza de la responsabilidad 2º Con su proceder, la investigada contraría gravemente el objetivo democrático del Estado, toda vez que los pasajes que utilizó estaban destinados, como todos los demás que compra el IDESAC, o al traslado de los enfermos del Departamento que requieren atención médica especializada en otros lugares del país, o al traslado del personal de la entidad que debe cumplir funciones públicas fuera del Departamento. 3º El IDESAC canceló con sus recursos los quince (15) tiquetes aéreos que le dieron el derecho a obtener uno gratis; luego, entonces, ese pasaje era de la entidad pública que se lo había ganado como premio, debiendo ser utilizado para el desarrollo de sus fines institucionales. 4º No es de recibo el argumento de haber obtenido autorización previa, a manera

de donación, del Doctor GABRIEL ORLANDO CORREA CLAROS (Director del Instituto Departamental de Salud), pues no solo sabía que éstos tiquetes eran de la entidad, sino que en razón de la coordinación que ejerce respecto del cumplimiento de requisitos para el traslado de pacientes con dichos pasajes, sabía perfectamente que se trataba de un recurso precario y del que se requería para cumplir la función pública. 5º En el proceso disciplinario, a diferencia del penal que por los mismos hechos se adelantó, no ha quedado duda de que los pasajes eran de propiedad del IDESAC. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 2 Carrera 5 No. 15 - 80, piso 8º PBX. 5878750 Ext. 10821 Fax 10896 En el proceso penal se adujo que éstos eran de propiedad de las dueñas de la empresa PLANES Y PLANES, Agencia de Viajes con la cual tenía vínculo contractual la mencionada entidad. 6º Las resultas del proceso penal que se adelantó por el punible de peculado por apropiación (preclusión del proceso), no son de recibo en la actuación disciplinaria, en razón de la diferente naturaleza de los intereses protegidos en una y otra modalidad del derecho sancionador estatal. (La eficiencia, eficacia y moralidad de la administración pública, son los objetos de protección del derecho disciplinario). 7º La falta es grave, en atención al grado de culpabilidad pues se realizó con dolo, toda vez que la investigada era consciente de los hechos y de su connotación y quería su realización.

4. LA APELACION El recurso impetrado fue sustentado en las siguientes razones:

1º No hay dentro del expediente prueba suficiente para endilgar responsabilidad disciplinaria a título de dolo ni de culpabilidad alguna. Para poderse reprochar una conducta como dolosa, es necesario que irrogue un resultado contrario al bien común que propende el Estado para el cumplimiento de su cometido. 2º La prueba se ha valorado equivocadamente. No hay prueba para sustentar la aseveración de que el tiquete utilizado por la investigada había entrado a ostentar la calidad de bien público. 3º No se produjo resultado adverso al patrimonio público, y mucho menos resultado dañoso para los usuarios del IDESAC, de manera que todo queda en la esfera de lo presunto. 4º La prueba trasladada del proceso penal engendra la verdad absoluta, de manera que no se necesita esfuerzos lógicos ni de interpretación para fundamentar la decisión sancionatoria. 5º La investigada utilizó patrimonio de un particular y no del Estado Colombiano, lo cual, en aras de la justicia, no puede considerarse irregular e impropio al no estar tipificada la conducta como disciplinable. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 3 Carrera 5 No. 15 - 80, piso 8º PBX. 5878750 Ext. 10821 Fax 10896 6º Finalmente, pide el recurrente, que el proceso se analice a la luz de la sana crítica de las piezas que lo integran, pues de tal forma se llegará a la conclusión de que se debe absolver a la investigada.

5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO Considera esta Delegada, que en pocas ocasiones como ésta se puede estimar digna de reconocimiento pleno la labor de tipificación de la conducta hecha por el

a – quo. Obsérvese, en primer lugar que en el numeral 4 del artículo 34 de la ley disciplinaria, no se hace distinción alguna respecto de la naturaleza (pública o privada) de los bienes y recursos asignados para el desempeño del empleo, cargo o función, que deben ser utilizados en forma exclusiva para los fines a que están afectos. Hecha esta precisión, podemos concluir que, bien sea que hubieran ingresado al patrimonio del IDESAC, o que aún estuvieran en poder de las dueñas de la agencia de viajes “planes y planes”, lo cierto es que los pasajes utilizados por la investigada estaban destinados al desempeño de las funciones públicas de la mencionada entidad o al servicio de sus menesterosos usuarios. Muy bien traída a colación, por parte del a-quo, la reflexión en torno a los propósitos que la organización estatal debe cumplir, los cuales en resumen se concretan en la expresión “interés general”. Y es que, la idea del “Estado Social de Derecho” no se introdujo a la Norma Superior como una simple muletilla retórica con el propósito de adornar el frontispicio del texto constitucional; no, el principio constitucional que se enuncia en el artículo 1 de la Carta Política es un mandato de optimización, no solo de la Norma Fundamental, sino del quehacer de todo servidor público que, atendiendo a su imperativo, debe procurar la minimización de los efectos derivados de las desigualdades sociales, lo cual se traduce en el auxilio de los más necesitados para que alcancen un mínimo de condiciones de vida digna, propósito al cual contribuye, necesariamente, la atención en salud.

Es claro entonces, que el pasaje que por la compra de quince obsequiaba la agencia de viajes o la aerolínea (para el caso es indiferente la precisión), estaba destinado a los propósitos sociales que constituían la razón de ser del IDESAC, para la época de los hechos, o para el uso oficial que fuere necesario darle. No se justifica entonces una utilización en beneficio propio. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 4 Carrera 5 No. 15 - 80, piso 8º PBX. 5878750 Ext. 10821 Fax 10896 En respaldo de la tipificación a que se acude con base en el numeral 8 del artículo 34 de la ley disciplinaria, éste Despacho considera que el beneficio adicional a las contraprestaciones legales y convencionales (salario, primas, bonificaciones, etc.), que derivó la investigada, es contrario al artículo 13 constitucional, que exige de todo colombiano el respeto por el principio de igualdad. Ciertamente, al órgano de control disciplinario del ejercicio de las funciones públicas, no le puede ser indiferente el proceder de quien habilidosamente obtiene, en franco desconocimiento de los programas institucionales de estímulos, un favor que desdice de la objetividad con que se deben otorgar este tipo de reconocimientos. Por esta razón, esta Delegada estima que se debe mantener vigente la censura de quien, valiéndose de procedimientos torticeros, obtiene un beneficio adicional a los que de su vínculo laboral debiera obtener. Ahora bien, las diferencias que hoy día se advierten entre el derecho penal y el

derecho disciplinario, son de tal magnitud que permiten afirmar la autonomía del segundo, no obstante hacer parte, junto con aquél, del derecho sancionador estatal. Se afirma lo anterior para sostener que, por ejemplo, en materia disciplinaria los tipos que dan lugar a responsabilidad son por regla general de mera conducta, siendo intrascendente el resultado, para efectos de la tipificación, pues importa solamente, para una eventual dosificación de la sanción. Es por esta razón que en derecho disciplinario la antijuridicidad de la conducta no demanda la afectación o puesta en peligro de un bien jurídicamente tutelado, como lo pretende el recurrente, sino que basta con el mero incumplimiento del deber funcional, sin justificación alguna para que, siendo sustancial dicha infracción al deber, se considere que la conducta es antijurídica. Lo anterior se explica en razón de una categoría dogmática también propia del derecho disciplinario, que la doctrina ha denominado “las relaciones especiales de sujeción” en virtud de la cual al servidor público se le hace una exigencia de responsabilidad mayor que al resto de integrantes de la comunidad política, en razón de la magnitud de los intereses que en sus manos se ha depositado: La realización de los fines del Estado. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 5 Carrera 5 No. 15 - 80, piso 8º PBX. 5878750 Ext. 10821 Fax 10896 Respecto del argumento de la defensa según el cual no hay lugar a hacer imputación por dolo ni por ningún otro título de imputación, ésta Delegada estima

que es errado partir de una concepción que equipare al derecho penal y al derecho disciplinario. En efecto, mientras que allá opera una exigencia absoluta de demostración del dolo, acá, en los terrenos del derecho disciplinario, dicha tarea se entiende atenuada en su intensidad a partir de la propia Constitución Política. Se afirma lo anterior, con fundamento en el artículo 122 de la Constitución Política según el cual “ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben”. Si así son las cosas, la ética de la responsabilidad que subyace al ejercicio de las funciones públicas, lleva aparejado el conocimiento del deber funcional, y por contraste de lo ilícito en el ejercicio de éste. En consecuencia, cuando el servidor público está en condiciones de cumplir con los deberes que el cargo le impone, su incumplimiento hace suponer, de suyo, el ánimo deliberado de infringir el ordenamiento jurídico. Por esta razón, ésta Delegada respalda la calificación jurídica que de la conducta investigada hizo la primera instancia, pues sabiendo la Señora TRUJILLO CABRERA que no le era dable utilizar un pasaje destinado para el ejercicio de la función pública en beneficio propio, que no le era permitido esperar de su función ningún otro beneficio adicional a los que legalmente le correspondían y que debía observar permanentemente los intereses vinculados con el bien común y tener en mente que los recursos oficiales están destinados a la satisfacción de las necesidades generales de todos los ciudadanos, el no obrar en consonancia, pone de presente su intención lesiva de los deberes propios de la función pública.

Téngase en cuenta, por otra parte, que en el proceso penal adelantado contra la aquí investigada, se investigó la realización del presunto punible de peculado, tipificación que involucra unos componente normativos muy distintos de la materialidad típica que sirvió de fundamento a éste proceso. Por tal razón, no es jurídicamente ilógico que en el señalado proceso se hubiere concluido la actuación con providencia de preclusión y en éste se decida sancionar. Si el proceso penal tuviera la capacidad de determinar la suerte del disciplinario o éste la de aquél, uno de los dos estaría sobrando; luego, entonces, de la simple existencia de estas dos disciplinas jurídicas, debe inferirse que cumplen propósitos distintos, lo que justifica que en algunos casos sus decisiones sean disímiles. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 6 Carrera 5 No. 15 - 80, piso 8º PBX. 5878750 Ext. 10821 Fax 10896 Finalmente, con relación a lo que la defensa pide en el sentido de analizar las pruebas con base en la sana crítica, ésta Delegada reflexiona de la siguiente manera: Respecto de la materialidad de los hechos no hay discusión alguna. La propia investigada aceptó haber utilizado un pasaje donado a la entidad en que laboraba. Existe en el expediente prueba documental que demuestra que el tiquete correspondía al plan 15 por 1, denominándose entonces “tiquete premio” (folios 14 y 16). También se encuentra en el cuaderno disciplinario, copia del formulario de solicitud del tiquete premio, diligenciado por la señora MARÍA DEL SOCORRO

TRUJILLO, quien se identificó con la Cédula de Ciudadanía No. 40.759.219 (folio15), datos de identidad que coinciden con los de la aquí investigada. Resta solamente una inquietud que, sin embargo, no atenúa la responsabilidad de la investigada y mucho menos la hace desaparecer: Si fue autorizada por el jefe de la entidad, porque razón a aquél no se le vinculó al proceso? El anterior interrogante llevará necesariamente a éste Despacho, a ordenar la compulsa de copias del proceso para que, en radicación separada, se investigue la conducta del señor GABRIEL ORLANDO CORREA CLAROS.

6. OTRO PRONUNCIAMIENTO: De manera oficiosa el Despacho estima necesario precisar, en cumplimiento del principio de legalidad que debe regir todo el proceso disciplinario, incluyendo la sanción, que conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del C.D.U., la suspensión no puede ser inferior a un mes, ni superior a doce, razón por la cual se confirmará la que viene impuesta por el a-quo, bajo el entendido de que al estar tasada en días, conforme lo dispuesto en el artículo 70 de la ley 57 de 1887, cuando en un acto oficial se establece un término en días, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, de manera que se contabilizarán solamente los días hábiles.

En mérito de lo expuesto, la Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 7 Carrera 5 No. 15 - 80, piso 8º PBX. 5878750 Ext. 10821 Fax 10896

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la decisión calendada el 13 de mayo de 2009 en cuanto la Procuraduría Regional de Caquetá, resolvió sancionar disciplinariamente con SUSPENSIÓN EN EL CARGO e inhabilidad por treinta días, a la Señora

MARÍA DEL SOCORRO TRUJILLO CABRERA, identificada con la Cédula de Ciudadanía Nº 40.759.219.

SEGUNDO: Se ordena la compulsa de copias de éste expediente, para que en radicación separada la Procuraduría Regional del Caquetá investigue la Doctor GABRIEL ORLANDO CORREA CLAROS en su condición de Director del Instituto Departamental de Salud del Caquetá, por haber autorizado a la señora MARÍA DEL SOCORRO TRUJILLO CABRERA la utilización de un tiquete aéreo, conforme a los hechos que motivaron la actuación cuyo mérito aquí se decide.

TERCERO: El Despacho de origen, notificará personalmente a los sujetos procesales la determinación tomada en esta providencia, advirtiendo que contra la misma no procede recurso alguno. Para tal efecto, líbrese la respectiva comunicación indicando la decisión tomada y la fecha de la providencia.

CUARTO: Se ordena que una vez en firme la sanción impuesta, la oficina de origen haga el registro correspondiente en el SIRI.

QUINTO: La Procuraduría Regional del Caquetá, una vez en firme ésta providencia, enviará copia de la misma y de su notificación al nominador de la investigada, para que haga efectiva la sanción. En caso de ya no laborar en dicha

entidad, la Procuraduría Regional dará aplicación a lo dispuesto en el inciso tercero del articulo 46 del C.D.U., enviando copia de la respectiva providencia a la Contaduría General de la República.

SEXTO: Luego de cumplida la orden de compulsa contenida en el segundo acápite de éste parte resolutiva, se devolverá el expediente a la oficina de origen para que se encargue de la notificación arriba ordenada, de las demás anotaciones a que hubiere lugar y del archivo de las diligencias.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 8 Carrera 5 No. 15 - 80, piso 8º PBX. 5878750 Ext. 10821 Fax 10896 ALBA CRISTINA GRUESO SÁNCHEZ Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Proyectó: Manuel D. Caro -077-03488-06 CProcuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 9 Carrera 5 No. 15 - 80, piso 8º PBX. 5878750 Ext. 10821 Fax 10896