PGN - DEBIDO PROCESO Acceso a la administración de justicia ante el juez natural de la cau

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá, D.C., 15 de Noviembre de 2005 Señores

CONSEJEROS DE ESTADO

Sección Tercera Consejero Ponente Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez

E. S. D.

Ref.: C-05-164. Expediente No. 73001233100020010261601-31361.

Ana Cifuentes Reyes y otros Vs. Municipio de Purificación Honorables señores Consejeros: Dentro del término de ejecutoria del auto por medio del cual se inadmitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 31 de mayo de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, notificado por estado el 9 de noviembre pasado y personalmente a esta agencia del Ministerio Público el 11 de los mismos mes y año, comedidamente le manifiesto que interpongo recurso de súplica para que aquél sea revocado y, en su lugar, se admita y tramite la impugnación vertical, con fundamento en las siguientes argumentaciones:

1. De conformidad con lo previsto por el artículo 29 de la Carta, “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.”, este derecho fundamental ha sido definido por la Corte Constitucional “como la regulación jurídica que de manera previa limita los

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Expediente No. 73001233100020010261601-31361. Ana Cifuentes Reyes y otros poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los individuos, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los

procedimientos señalados en la ley.” (Sentencia C-154/04); precisando en esta misma decisión que este involucra como garantías mínimas: “(i) el derecho de acceso a la administración de justicia ante el juez natural de la causa; (ii) el derecho a ser informado de las actuaciones que conduzcan a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una obligación o sanción; (iii) el derecho de expresar libre y abiertamente sus opiniones; (iv) el derecho de contradecir o debatir las pretensiones o excepciones propuestas; (v) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable y sin dilaciones injustificadas y, por supuesto, (vi) el derecho a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra.

2. A su vez, la garantía del juez natural involucra factores como el de la competencia1, que a su turno se determina por el legislador teniendo en cuenta circunstancias tales como la cuantía.

Y, en este tema el Ministerio Público es conciente que el contenido de la garantía del juez natural puede involucrar, cuando menos, dos posiciones, claramente expuestas por la Corte Constitucional en la sentencia C-1064/02 y en el salvamento de voto plasmado por los magistrados Jaime Araujo Rentería y Marco Gerardo Monroy Cabra, en punto de qué debe entenderse por tal frente al factor temporal; considerando la posición mayoritaria que el juez natural preexistente se refiere a que el legislador prevea el competente para conocer de determinado proceso o causa, sin que ello implique que tal competencia deba mantenerse incólume durante todo el trámite de un

proceso; mientras que la posición disidente considera que ello no es posible, so pena de incurrirse en la atribución de competencia a un juez ex pos facto, 1 Entendida universalmente como la porción, cantidad, medida o grado de jurisdicción que corresponde a cada juez o tribunal, a través del señalamiento de los asuntos de que debe conocer, atendiendo factores como la materia, la cuantía, el lugar de ocurrencia de un hecho o situación, la especial condición de los sujetos procesales, etc.

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Expediente No. 73001233100020010261601-31361. Ana Cifuentes Reyes y otros bajo un real poder de evocación, proscrito dentro del principio del debido proceso desde la Revolución Francesa. Frente a tal concurrencia de posturas, esta Delegada considera que la corriente que más se adecua a lo previsto por nuestra Carta Magna en sus artículos 1º, conforme al cual Colombia es un Estado social de derecho, y 29 que garantiza el respeto al debido proceso, es la expuesta in extenso en los salvamentos de voto que se viene de mencionar, pues como pasa a demostrarse el ordenamiento jurídico, en su conjunto, la prohija expresamente, tal como lo estimó esa Sección al estudiar el instituto de la perpetuatio iurisdictionis2, sin que alguno de los Consejeros integrantes de la misma expresaran criterio en contra, al señalar que: “El Consejo de Estado es competente para conocer del proceso, en única instancia, porque a diferencia de lo que afirmó el demandado, para el momento en que se demandó el asunto sí era de su conocimiento, en forma privativa y en única instancia,

según el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo. En efecto: La demanda fue presentada el día 14 de abril de 1994, antes de la reforma introducida por la ley 446 de 1998 (art. 36). Por otra parte, el contenido de la materia del contrato demandado tiene que ver directamente con un asunto petrolero para la época en que se demandó. Y se dice para esa época, porque la atribución de competencia determinada por la ley, en ese momento, se conservó en aplicación del principio de la perpetuatio jurisdictionis (art. 21 C.P.C). Ese principio, por regla general, da derecho a que las partes, de una relación jurídico procesal, para que entre otros, el juez que conoce del asunto deba ser el mismo para fallarlo, a pesar de que con posterioridad a su iniciación hayan variado las reglas de la competencia. Por lo tanto, si bien con posterioridad al inicio del proceso y antes de dictar esta sentencia las reglas de competencia en asuntos petroleros variaron, la nueva 2 Según este principio –garantía “La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de ducha situación, salvo que la ley disponga otra cosa.”, posición acogida por el constituyente y el legislador colombianos al situar el inicio de la litispendencia o litigio al momento de la presentación de la demanda, con lo que se preservan la seguridad jurídica y la economía tal como lo señaló el procesalista Devis Echandía en su Compendio de Derecho Procesal. Tomo III. El Proceso Civil, Segunda Edición, Editorial ABC, Bogotá – Colombia, 1973.

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Expediente No. 73001233100020010261601-31361. Ana Cifuentes Reyes y otros competencia no se tiene en cuenta por el referido principio de conservación de la competencia (perpetuatio jurisdictionis). La norma de dicha variación está contenida en el numeral 6º del artículo 36 de la ley 446 de 1998 que subrogó el artículo 128 del C.C.A que había sido modificado por el artículo 2º del decreto ley 597 de 1988. En consecuencia, resulta claro que la competencia para conocer del asunto se definió cuando se constituyó la relación jurídico procesal (antes de la entrada en vigencia de la ley 446 de 1998) y, por lo tanto, es esta Corporación, y no el Tribunal de Córdoba, la competente para fallar el asunto.” (Consejera ponente Dra. María Elena Giraldo Gómez; proceso No. 9527, actor PRODEGAS, demandado NACIÓN -MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA; sentencia de 24 de agosto de 2000) (Resaltado fuera de texto)

3. En efecto, de conformidad con lo previsto por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuviesen iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.

Previsión con la que se pretende, entre otros fines, la protección de la seguridad jurídica que otorga a los administrados dentro de un Estado de

derecho, la certeza de saber al amparo de qué normatividad se juzgará el conflicto que oficiosamente o por iniciativa de parte se encuentra bajo conocimiento de las autoridades, habida cuenta que la inmediata aplicación de la ley nueva se hará solamente en cuanto en ella consagre asuntos relativos a la sustanciación y ritualidad, temas entre los que, en nuestro criterio, no puede ser considerado el del juez natural y, obviamente anejo a él, el de la competencia, como que por ritualidad y sustanciación se entiende por la Real Academia de la Lengua, la “observancia de las formalidades prescritas para hacer una cosa”, “”Acción y efecto de conducir un asunto o juicio por la vía procesal adecuada hasta ponerlo en estado de sentencia” (Diccionario de la lengua Española 21 edición).

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Expediente No. 73001233100020010261601-31361. Ana Cifuentes Reyes y otros Ahora bien, para esta Delegada en procesos como del que aquí se trata resulta completamente aplicable el aparte final del precitado artículo 40 conforme al cual “las actuaciones y diligencias que ya estuviesen iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”, ley conforme a la cual la competencia se fijaba por el monto de la mayor pretensión, que en este caso le otorgaba vocación de segunda instancia. Es que, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia nacional, a través de sus Máximos Tribunales3, las normas concernientes al juez natural si bien se hallan, generalmente, en estatutos de procedimiento, tienen el carácter de

sustanciales, habida cuenta que hacen relación con uno de los pilares del derecho fundamental al debido proceso.

4. Ahora bien, la competencia para conocer en primera o segunda instancia de los procesos adelantados bajo el amparo de las acciones de reparación directa, contractual, nulidad y restablecimiento del derecho ha sido fijada por el legislador, desde antaño teniendo en cuenta su contenido económico, por el factor cuantía, respecto del cual el numeral 1º del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil prevé que se determina por el “valor de las pretensiones al tiempo de la demanda”, con lo cual se preserva el derecho a pesar de las vicisitudes temporales que se puedan presentar y que de hecho se presentan en la Administración de Justicia colombiana acosada por un problema estructural de congestión que genera al usuario la carga de tener que esperar con incertidumbre la fecha en que su conflicto se definirá, y que con la posición planteada en el auto recurrido le crearía el gravamen adicional de la inseguridad jurídica respecto a la doble instancia de un proceso que inició y debió terminar con tal vocación. 3 Véanse, entre otras: Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. Sentencia No. 15 de marzo 3 de 1987 y sentencia No. 71 de mayo 31 de 1990; Corte Constitucional Sentencias C-655 de 1997, C-922 de 2001 C-1115/01, y Consejo de Estado en la sentencia que se viene de citar.

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Expediente No. 73001233100020010261601-31361. Ana Cifuentes Reyes y otros Así, en el presente evento, de conformidad con las normas vigentes para el momento en que se presentó la demanda, al Consejo de Estado le

correspondía conocer en segunda instancia de la apelación de las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos a quienes en tal sede les competía fallar, entre otras, las acciones de reparación directa y contractual cuya cuantía excediera de $26.390.000, sin que, en nuestro criterio, sea dable aplicar la Ley 954 de 2005 de manera retroactiva, pues ello conduce a cercenar la garantía de la doble instancia con la que se inició el trámite procesal y a cuyo amparo el accionante presentó la demanda con la convicción, protegida por la Constitución y la Ley, de que le asistía dicho derecho fundamental.

5. En conclusión, considera el Ministerio Público que como para el momento de la presentación de la demanda, 3 de septiembre de 2001, este proceso tenía vocación de segunda instancia por cuanto su mayor pretensión superaba los $26.390.000, este derecho fundamental debe conservarse hasta su terminación y, en tal virtud, bajo dicho planteamiento el auto de 21 de octubre de 2005, debe ser revocado, como en efecto se solicita de la H.

Sala de Decisión. OPORTUNIDAD, PROCEDENCIA Y LEGITIMACIÓN Teniendo en cuenta que la suscrita se notificó personalmente del auto impugnado el pasado 11 de noviembre y que el mismo resuelve un asunto de fondo como es el de la doble instancia con una motivación de carácter sustancial, considero que esta agencia del Ministerio Público en aras de proteger los derechos y garantías fundamentales y el debido proceso, intenta esta impugnación oportunamente y con la correspondiente legitimación. De los señores Consejeros, respetuosamente,

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ B.

Procuradora Quinta Delegada ante el Consejo de Estado

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