PGN - DEBIDO PROCESO Aplicación en actuaciones administrativas según la jurisprudencia del

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra los actos administrativos por los cuales la Procuraduría General de la Nación lo sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 10 meses e inhabilidad para desempeñar cargos públicos, al gerente de la Empresa Social del Estado de Sibaté DEBIDO PROCESO-En materia disciplinaria DEBIDO PROCESO-Aplicación en actuaciones administrativas según la jurisprudencia del Consejo de Estado DEBIDO PROCESO-Garantías que lo constituyen DEBIDO PROCESO-Marco constitucional ACCIÓN DISCIPLINARIA-Prescripción La prescripción de la acción disciplinaria se constituye en una herramienta de protección de los derechos de los sujetos disciplinarios que evita la morosidad de las investigaciones en busca de decisiones prontas, eficientes para el restablecimiento de los principios de la Administración.

PROCESO DISCIPLINARIO-Trámite

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PROCURADURÍA DELEGADA DE INTERVENCIÓN 7: SEGUNDA ANTE EL

CONSEJO DE ESTADO

IUS: E-2022537428

Concepto No.126 Bogotá, D. C., 13 de octubre de 2022 Doctor RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Consejero ponente Sección Segunda (Subsección A) Concejo de Estado

E. S. D.

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente: 25000-23-42-000-2018-00318-01 (2600-2020)

Demandante: Gustavo Adolfo Borbón García

Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación

Trámite: Apelación sentencia Tema: Sanción disciplinaria (suspensión e inhabilidad) Respetado consejero de Estado: Como agente del Ministerio Público delegado en el proceso de la referencia, en ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias, particularmente de aquellas atribuciones que se encaminan a la protección del patrimonio público, defensa del orden jurídico y protección y garantía de los derechos fundamentales, de la manera más atenta procedo a rendir y someter a consideración de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado concepto de fondo en los siguientes términos.

I. ANTECEDENTES 1.1. DEMANDA 1.1.1 Pretensiones. El señor Gustavo Adolfo Borbón García, actuando en nombre propio, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), solicitó la nulidad de los actos administrativos de 23 de febrero de 2016 y 20 de junio de 2017, por medio de los cuales la Procuraduría General de la Nación lo sancionó disciplinariamente con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 10 meses e inhabilidad para desempeñar cargos públicos, en su condición de gerente de la Empresa Social del Estado de Sibaté, sanción que se convirtió en suma equivalente a 10 meses de salario, por cuanto al momento de su ejecución no ocupaba dicho empleo.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, pide,

en síntesis, se eliminen las anotaciones en el registro de sanciones de la demandada y el pago de perjuicios materiales y morales. 3 1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata el actor ejerció el cargo de gerente de la Empresa Social del Estado de Sibaté y como tal debió afrontar el proceso disciplinario adelantado en su contra, con ocasión de queja ciudadana por la prestación de servicios de salud sin la debida acreditación ante el Ministerio de Protección Social, por lo cual la demandada dio inicio a investigación disciplinaria en su contra y del alcalde del municipio de Ubaté hechos que llevaron a imposición de la sanción disciplinaria contenida en los actos administrativos demandados. 1.1.3 Fundamentos jurídicos. Citó como normas infringidas por los actos demandados los artículos 23 y 29 de la Constitución Política; así como la Ley 1755 de 2015. Para el efecto señaló que los actos demandados incurren en violación de normas de rango superior, falsa motivación y violación del derecho al debido proceso, puesto que la acción disciplinaria prescribió, dado que las conductas imputadas son de ejecución instantánea, pero la entidad señala que la conducta se ejecutó durante todo el periodo en que ejerció el cargo de gerente. También señaló violación del principio de congruencia que evidencia entre el texto del pliego de cargos y lo señalado en el fallo sancionatorio de primera instancia. Asimismo, argumentó la desviación de poder por indebida valoración de las pruebas dadas las contradicciones entre la presunta prestación de servicios de salud, la ausencia de certificación de la entidad prestadora de servicios de salud y

la falta de ejecución de recursos financieros evidenciados en el informe de auditoría, o el incumplimiento de la rendición de informes de gestión de los años 2009 a 2012, así como la sentencia de 10 de septiembre de 2009 según la cual el municipio no requería de la previa certificación ministerial para expedir el Acuerdo 5 de 2009, por medio del cual se creó la Empresa Social del Estado de Sibaté. Y porque la Secretaría de Salud de Cundinamarca declaró la cesación del procedimiento adelantado contra la ESE. 1.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Procuraduría General de la Nación, a través de apoderada, se opuso a las pretensiones de la demanda, al indicar que los actos demandados se ajustan al ordenamiento jurídico y en ninguna de sus etapas vulneró el debido proceso. Preciso que el fallo de segunda instancia evaluó y determinó que conforme a las disposiciones legales vigentes no operó la prescripción, pues se trata de hechos de ejecución continuada que culminaron en septiembre de 2011 y el auto de apertura de investigación formal, proferido en el año 2013, interrumpió la prescripción que solo acaecería en septiembre de 2018 y no como indicó el actor. Precisó que las acusaciones de la demanda son las mismas debatidas en el disciplinario, relativas a violación del principio de congruencia, las cuales son imprecisas y vagas y que la demandada valoró en debida forma todas y cada una de las pruebas allegadas al expediente disciplinario, que gozó de las garantías del derecho al debido proceso y la defensa, que de manera directa ejerció el

investigado. 1.3. SENTENCIA EL Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 4 de julio de 2019, negó las pretensiones de la demanda, al considerar, en primer lugar, que en el presente caso se trata de conductas de ejecución continuada acaecidas hasta el momento en que la Empresa Social de Estado de Sibaté cesó en la prestación irregular de servicios el 11 de septiembre de 2011, por lo que no ha operado la 4 prescripción, y que conforme el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011, y reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, la prescripción se contabiliza a partir de la expedición del auto de apertura de investigación, esto es, el 16 de septiembre de 2013, por lo que con la notificación del fallo de primera instancia, de 3 de enero de 2017, la demandada actuó dentro del término legalmente establecido en el ordenamiento. Respecto de la vulneración del principio de congruencia, sostuvo que el pliego de cargos de 5 de febrero de 2015 fue declarado nulo en auto de 18 de marzo de mimo año, por lo que el documento a analizar es el proferido el 12 de junio de 2015 y frente al contenido del fallo de primera instancia de 13 de febrero de 2016, encontró que efectivamente la sanción disciplinaria concuerda con los cargos y el fundamento fáctico y de derecho de la sanción disciplinaria impuesta por el incumplimiento de deberes propios del cargo ocupado por el actor. 1.4. RECURSO DE APELACION Inconforme con la anterior decisión, el accionante interpuso recurso de apelación,

al indicar que el a quo no realizó el estudio integral de los actos de sanción disciplinaria tal como ordenó la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 9 de agosto de 2016, también indicó que la creación de la ESE está amparada por la Constitución y la disposiciones que facultan a los municipios para tal efecto; que el Decreto 1101 de 2006, en su artículo 11, prevé que una vez radicados los documentos para la inscripción como prestador de servicios de salud adquiere tal facultad, requisitos que radico el 23 de diciembre de 2010 ante la Secretaría de Salud Departamental, instancia a la que corresponde la inscripción inmediata, por lo que una vez reunidos los requisitos se entiende habilitada la prestación de servicios. Que en el proceso disciplinario se demostró que la diligencias iniciadas por la secretaria de salud de Cundinamarca fueron cerradas en auto del 7 de octubre de 2014, que ordenó la cesación de las diligencias de inspección y de verificación de condiciones de sanidad y habilitación y del acta de imposición de medidas sanitarias de seguridad, del 2 de septiembre de 2011, precisando que esas medidas que solo se aplican para la IPS inscritas y por lo tanto habilitadas, como lo estaba en ese momento la E.S.E. de Sibaté. Finalmente, reiteró los argumentos de la demanda y alegatos de conclusión, relativos a la violación del derecho al debido proceso, por encontrar que la petición de declaración de prescripción, que nunca fue atendida, y que debe resolverse de acuerdo con el hecho de que la conducta imputada fue de ejecución inmediata, que efectivamente se presentó una variación al pliego de cargos, pues

existen dos autos que así lo determinaron, y que la demandada no valoró las pruebas que demuestras que no incurrió en falta disciplinaria alguna.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. PROBLEMA JURÍDICO El problema jurídico que se contrae a determinar si existe vulneración del derecho al debido proceso, aspecto que se evaluará a la luz de los criterios de revisión integral de los actos administrativos de sanción disciplinaria, etapa de vinculación del investigado, la prescripción de la potestad sancionadora de la demandada. Y si los requisitos que debe evaluar el fallo para que proceda la declaración de responsabilidad disciplinaria son la tipicidad y culpabilidad plenamente establecidos a través de la valoración integral de las pruebas.

5 2.2. MARCO JURÍDICO 2.2.1 Derecho al debido proceso disciplinario La exigibilidad de las garantías propias del debido proceso, tanto en actuaciones judiciales como en las de carácter administrativo, ha sido ampliamente desarrollada por la jurisprudencia a partir del mandato del artículo 29 de la Constitución Política. Es así como el Consejo de Estado, en sentencia dictada el 14 de febrero de 2019, expediente 11001-03-25-000-2014-00073-00(0140-14), hizo énfasis en que el debido proceso en las actuaciones administrativas debe ser garantizado en aras de preservar los derechos fundamentales del disciplinado, la seguridad jurídica y el control de la potestad estatal disciplinaria. Ese pronunciamiento es relevante en tanto hizo una compilación de las principales garantías del debido proceso, tal como se muestra a continuación: Los artículos 29 de la Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002, disponen que el

debido proceso se aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez competente, y con observancia de las formas propias de cada juicio. La Corte Constitucional respecto al mencionado derecho, ha manifestado que en materia disciplinaria las actuaciones deben estar acordes a este, en garantía de un orden justo, la seguridad jurídica, los derechos fundamentales del investigado y el control de la potestad estatal disciplinaria. Aunado a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido proceso: (i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable.

De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con 30 Sentencia C-708 de 22 de septiembre de 1999, magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis, fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas. 2.2.3. La prescripción de las facultades disciplinarias del Estado La prescripción de la acción disciplinaria se constituye en una herramienta de protección de los derechos de los sujetos disciplinarios que evita la morosidad de 6 las investigaciones en busca de decisiones prontas, eficientes para el restablecimiento de los principios de la Administración, asunto sobre el cual el Consejo de Estado1 señaló: Del anterior análisis legal y jurisprudencial se colige que la prescripción de la acción disciplinaria ha sido abordada por el legislador en diversas oportunidades -Leyes 25 de

1974; 13 de 1984; 200 de 1995 y 734 de 2002-como una institución jurídica para evitar que la investigación se prolongue indefinidamente, en consecuencia, estas normas consagran un plazo máximo para su duración, luego de lo cual se pierde la competencia para sancionar. Este término de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado se interrumpe cuando lo autoridad que adelanta el proceso impone la sanción, esto es cuando expide y notifica el fallo de primera o de única instancia según el caso. De igual forma, de acuerdo con la norma que actualmente rige la prescripción de la acción disciplinaria –artículo 30 de la Ley 734 de 200244el término puede ser de 5 o 12 años dependiendo de si se trata de faltas comunes o faltas especial gravedad; la contabilización del plazo es independiente para cada una de las conductas investigadas y el inicio de la contabilización es diferente si se trata de faltas de carácter instantáneo o de carácter continuado, pues para las primeras comienza desde su consumación mientras que para las segundas desde el último acto de realización. Ahora bien, con la expedición de la ley 1474 del 12 de julio de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, fue modificado el artículo 30 de la Ley 734 e introdujo la figura de la caducidad de la acción disciplinaria, para cuyo efecto señaló en artículo 132: La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de la

falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este término empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar. La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas. PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido a los tratados internacionales que Colombia ratifique. El debate sobre la prescripción del proceso disciplinario ha tenido diversas expresiones en la jurisprudencia del Consejo de Estado, siendo la más reciente y relevante la sentencia de 13 de febrero de 2014, que determinó que la primera instancia declaró configurada la prescripción de la acción disciplinaria porque la demandada no notificó el fallo de segunda instancia dentro del término de los 5 años —señalado en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002—, en que afirmó que la sanción disciplinaria se impone y en consecuencia se interrumpe el término de la prescripción con la expedición y notificación del fallo disciplinario principal y no con la expedición y notificación del fallo que resuelva los recursos de la vía gubernativa. En la misma línea de interpretación, la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado ha proferido las sentencias de 28 de julio de 2014, de 30 de

junio de 2016; y la Sección Segunda, Subsección A, nuevamente se pronunció en cuanto a la figura de la prescripción de la acción disciplinaria consagrada en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, oportunidad en que reiteró que la autoridad 1 Consejo de Estado, Sección segunda, Subsección B, sentencia de 1° de agosto de 2018, expediente: 250002342000201306148 01 (0491-2017). 7 disciplinaria impone la sanción e interrumpe el término de la prescripción con la expedición y notificación del fallo disciplinario principal en que se define la responsabilidad del servidor público investigado. 2.3. CASO CONCRETO Sea lo primero señalar que el Ministerio Público comparte las consideraciones y decisión del a quo en el sentido de que no ha operado la prescripción, puesto que evidentemente, como se precisarán más adelante, el pliego de cargos imputó al actor el incumplimiento de deberes, durante un periodo claramente determinado desde el 5 de febrero al mes septiembre de 2011, es decir, por conductas de carácter continuado y teniendo en cuenta que, el 16 de septiembre de 2013, la demandada ordenó la apertura de investigación formal, es desde esta fecha que se contará el término prescriptivo, conforme lo determinó la sentencia de primera instancia. Ahora bien, atendiendo el deber de control pleno e integral de las actuaciones disciplinarias proferidas por la Procuraduría General de la Nación, procede entonces el estudio de las garantías del debido proceso, la verificación del cumplimiento del deber de motivación y de requisitos formales y sustanciales de

los fallos disciplinarios sujetos al presente medio de control, en los siguientes términos. 2.3.1 Trámite del proceso disciplinario, aspectos sustanciales y formales La acción disciplinaria adelantada por la Procuraduría General de la Nación tuvo origen en las quejas formuladas en escrito anónimo de 10 de marzo de 2011, y dos más suscritos por ciudadanos, así como los hallazgos con connotación disciplinaria formulados por la Contraloría General de la República2, que dan cuenta de presuntas irregularidades en la creación, manejo y dirección de la Empresa Social del Estado de Sibaté, así como la declaración de nulidad del acuerdo, por el cual el Concejo Municipal faculto la creación de la ESE, con fundamento en los cuales la Procuraduría Provincial de Fusagasugá ordenó, el 3 de marzo de 2011, la apertura de indagación preliminar contra servidores públicos por determinar. Mediante auto de 6 de septiembre de 2012, el procurador general de la Nación designó al procurador primero delegado para la vigilancia administrativa, para proseguir con las indagaciones disciplinarias correspondientes, instancia que determinó, en auto de 16 de septiembre de 2013, la apertura de investigación disciplinaria contra el actor, decisión que no le fue notificada en devida forma razón por la cual y con ocasión de su solicitud de nulidad, esa delegada declaró la nulidad de las actuaciones surtidas entre el 17 de septiembre de 2013 y el 18 de marzo de 2015. Por lo que, mediante oficio de 19 de marzo fue citado para surtir la notificación del auto de apertura de la investigación y recibir en diligencia 2

Dos hallazgos de la Contraloría que dieron cuenta de las siguientes situaciones: La ESE de Sibaté desde su creación no cumplió con la documentación reglamentaria relativa a la certificación para asumir la prestación de servicios de salud y, además, no estaba inscrita en el Registro Especial de Prestadores del Ministerio de Protección Social conforme con lo reglamentado en el artículo 44 de la Ley 715 de 2001. Se generó un presunto daño al patrimonio del Estado pues con la expedición del Acuerdo 05 del 5 de marzo de 2009, por el cual se creó la ESE de Sibaté, se llevaron a cabo erogaciones de recursos que ascendieron a $ 1.005.475.375 conforme consta en los extractos bancarios. Desde septiembre de 2011 la ESE de Sibaté no estaba en funcionamiento dada la falta de habilitación, de donde se podía inferir daño en el patrimonio del Estado, tema sobre el cual se puntualizó por la Contraloría que no existen soportes toda vez que no se suministró la información requerida. 8 la versión libre del investigado, para cuyo efecto se fijó fecha para el 14 de abril del mismo año. Por cuanto el actor no compareció a la diligencia de notificación, esta debió realizarse mediante edicto fijado del 8 al 13 de abril de 2015 y tampoco asistió en la fecha fijada para rendir su versión sobre los hechos materia de investigación. El 14 de abril de 2015, se cerró la etapa de investigación, decisión que fue recurrida por el actor, quien señalé que no procede el cierre de esta etapa sin que

haya hecho uso del derecho a rendir versión libre, solicitud que fue descartada por considerar que en la oportunidad procesal previa se fijó fecha y no asistió, ni se excusó ni solicito la fijación de nueva fecha. Finalmente el 12 de junio de 2015 la Procuraduría Delegada profirió pliego de cargos en contra de los funcionarios vinculados a quienes se notificó personalmente y dentro del término legal allegaron sus escritos de descargo y de solicitud de pruebas de la defensa, todas ellas decretadas en auto de 24 de agosto de 2015, así como fijar fecha para que el actor rindiera versión libre el 11 de noviembre del mismo año, fecha en que asistió a la diligencia pero guardó silencio y formuló incidente de nulidad por violación del derecho al debido proceso, en atención a que la demandada no repuso el auto de cierre de la investigación. Esta nulidad fue negada en auto de 4 de diciembre de la misma anualidad. El 13 de enero de 2016, se corrió traslado para alegar de conclusión, etapa procesal en que el investigado presentó sus alegaciones de nulidad por violación del derecho al debido proceso y ausencia de violación de deberes imputados en el pliego de cargos. La Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa profirió fallo en que estableció la responsabilidad del investigado frente a los cargos imputados, decisión que fue oportunamente recurrida por el funcionario sancionado para dar lugar a que en fallo de segunda instancia, proferido por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría general de la Nación, que confirmó en todas

sus partes la decisión de responsabilidad e imposición de la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad por el término de diez (10) meses. Una vez constatado el agotamiento de cada una de las etapas del proceso disciplinario, en que se garantizó el derecho de defensa y contradicción, no se evidenció la existencia de nulidades, pues la propuesta por uno de los sujetos vinculados fue resuelta en el fallo de primera instancia, que negó la violación del debido proceso por la acumulación procesal, que aquí también es alegada por el actor como causal de nulidad, de manera que se estable que a partir de la vinculación procesal del actor en el auto de apertura de investigación actuó por sí mismo, dada condición profesional de abogado, presentó recursos, interpuso escrito de nulidad, rindió descargos, alegatos e interpuso recurso de apelación, ejerciendo la defensa técnica y material, por lo que se establece que en el presente caso de dio cumplimiento a las garantías formales del debido proceso, que comporta el artículo 29 de la Constitución Política. 2.3.2 Aspectos sustanciales del debido proceso disciplinario 2.3.2.1 Requisitos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad en el contenido de los actos administrativos demandados Hace parte de las consideraciones fundamentales del debido proceso la debida adecuación de la conducta endilgada en el pliego de cargos a las disposiciones 9 que se le imputan como vulneradas por su actuar, para el efecto se establece que el primer cargo imputado indicó: CARGO PRIMERO: Usted señor GUSTAVO ADOLFO BORBÓN GARCÍA, identificado

con cédula de ciudadanía No. 79.341.136 de Bogotá D.C. en su condición de Gerente (E) del ESE municipio de Sibaté-Cundinamarca, al parecer abusó indebidamente de su cargo, al autorizar que la entidad que usted dirigía ofertara y efectivamente prestara el servicio de salud a través de la ESE del municipio de Sibaté, durante el periodo comprendido entre el 5 de febrero de 2011 hasta el mes de septiembre del mismo año. Lo anterior debido a que la falta de certificación del municipio le impedía a la ESE del Municipio de Sibaté ofertar y prestar los servicios de salud del primer nivel de atención de manera directa por las siguientes razones: (i) Porque el parágrafo del artículo 44 de la Ley 715 de 2001, reglamentado por el Decreto 3003 de 2005, establece que ningún municipio podrá asumir directamente nuevos servicios de salud ni ampliar los existentes y están obligados a articularse a la red departamental, (ii) tampoco se encontraba inscrita en el Registro Especial de Prestadores del Ministerio de la Protección Social y (iii) no había sido habilitada ni por el Ministerio de la Protección Social ni por la Secretaría de Salud de Cundinamarca, para ofertar y mucho menos para asumir la prestación del servicio de salud y aun así, autorizó que tal circunstancia se diera durante el periodo descrito”. Con la anterior conducta puede estar incurso en la falta disciplinaria descrita por el numeral 2º del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. La conducta anteriormente señalada fue imputada por el incumplimiento de

deberes y tipificada como conducta grave, ejecutada a título de culpa gravísima, por cuanto con ella se vulneró lo dispuesto en el parágrafo del artículo 44 de la Ley 715 de 2001 y el parágrafo del artículo 2º del Decreto 4973 de 2009, que impedía ofertar y asumir la prestación de los servicios de salud del primer nivel, cuando lo que le obligaba el ordenamiento, específicamente el artículo 64 de la Ley 1438 de 2011, es la articulación de las redes integradas en el departamento de Cundinamarca para la prestación de servicios de salud, pues los municipios no certificados, como lo era en su momento Sibaté, debían continuar prestando los servicios de salud de manera coordinada con la autoridad departamental. Frente al segundo cargo imputado, la entidad accionada precisó:

CARGO SEGUNDO: Usted señor GUSTAVO ADOLFO BORBÓN GARCÍA,

identificado con cédula de ciudadanía No. 79.341.136 de Bogotá D.C. en su condición de Gerente (E) de la ESE municipio de Sibaté-Cundinamarca, al parecer no cumplió con diligencia y eficiencia sus funciones al frente del prestador de servicios de salud, durante las vigencias 2009, 2010, 2011 y parte de la de 2012, lo anterior se fundamenta en que el señor GUSTAVO ADOLFO BORBÓN GARCÍA, en su calidad de Gerente de la empresa fue requerido por parte de la Junta Directiva, para que presentara el informe de su gestión, para lo cual se convocó a la Alcaldía Municipal de

Sibaté, en dos ocasiones, sin que hubiese presentado informe alguno, lo que imposibilitó la toma de decisiones, pues no se tienen criterios de tipo gerencial o financiero, además de lo anterior al preguntársele por parte de los miembros de la Junta Directiva sobre el paradero de la ambulancia de placas OID 785 (sic), no dio explicación satisfactoria, entregando respuestas contradictorias sobre el particular. Por otra parte, el señor LUIS ALBERTO RAMÍREZ MAYORCA, quien fue asesor financiero de la ESE de Sibaté desde noviembre de 2010 hasta julio de 2011, hizo declaraciones que corroboran el manejo irregular de la contabilidad al interior de la ESE, cuando expresó bajo la gravedad del juramento que: “…El proceso de cuentas se siguió desde la iniciación de las actividades de la ESE aclarando que para el año 2009 y 2010, se hizo un proceso de actualización en razón a que a mi llegada no existía contabilidad. Del periodo de noviembre-diciembre 2010 se hizo levantamiento contable de la situación económica de la ESE; en el año 2011 la ESE inició actividades… Quiero agregar que yo tenía contrato hasta diciembre de 2011 10 pero debido a la insolvencia de la ESE ante la Junta Directiva les dejé mi manifestación de que les prestaba mis servicios sin cobrarles, condicionado a que se entregara la documentación contable respectiva, aclarando que operaba la presencia de un auxiliar contable en la ESE…” señala que la información no le fue entregada por la administración en cabeza del Gerente. Precisamente en uno de los hallazgos remitidos por la Contraloría General de la República, se cuestionó que de los recursos entregados por el municipio de Sibaté a la

ESE durante las vigencias 2009, 2010, 2011 y 2012, que ascendieron a la suma de $1.005.475.375 Mcte