PGN - DEBIDO PROCESO Confiere legitimidad y racionalidad al poder punitivo

Señores

H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente:

Dr. YESID RAMIREZ BASTIDAS

E. S. D.

Ref: Rad. 22.907

Casación de Eduardo Arturo Ascuntar Troyano Delito: Abandono del puesto Señores Magistrados: El Tribunal Superior Militar, en sentencia del 24 de junio de 2004, confirmó el fallo de primera emitido por el Inspector General de la Policía Nacional el 30 de marzo del mismo año, mediante el cual condenó a Eduardo Arturo Ascuntar Troyano a la pena de un año de arresto como autor responsable del delito de abandono del puesto. Inconforme con el fallo, el abogado de Ascuntar Troyano, presentó demanda excepcional de casación que por haber sido declarada ajustada por la Corte en auto de 1 de diciembre de 2004, corresponde a la Procuraduría emitir concepto sobre su viabilidad.

1. SITUACIÓN FÁCTICA

Casación de Eduardo Ascuntar Troyano Rad No 22.907 Da cuenta la actuación que para el 7 de diciembre de 2002 el ST Eduardo Arturo Ascuntar Troyano fue designado como oficial de servicio en las instalaciones del Comando del Departamento de Policía Caquetá por el término de 24 horas durante el turno comprendido entre las 7 horas del 7 hasta las 7 horas del domingo 8 de diciembre, mediante orden interna 0234 que le imponía permanecer en dichas dependencias. No obstante, a las 00:45 se retiró del Comando sin hacer entrega del turno al subteniente Freddy Prieto Cardozo dejándole el radio de comunicación con el

SI Lara Mendoza Fernando, dirigiéndose a la discoteca “Gótica”, de la ciudad de Florencia en donde estuvo departiendo en compañía de unas amigas y otros oficiales, retornando a las instalaciones a las 05:00 horas aproximadamente, entregando el servicio a su relevo a las 7:30 horas del 8 de diciembre de 2002. 2.- SINOPSIS PROCESAL El 26 de diciembre de 2002, el Juzgado 181 de Instrucción Penal Militar de Florencia abrió investigación preliminar y el 5 de marzo de 2003 abrió la fase instructiva en contra del ST. Eduardo Ascuntar Troyano, vinculado a la actuación mediante indagatoria y resuelta su situación jurídica el 8 de abril siguiente con medida de aseguramiento de detención preventiva por el punible de abandono del puesto (fol. 19/38/50/81/86 C.1). Con oficio 0369 del 24 de abril de 2003 el Juzgado 181 de Instrucción Penal Militar remitió por competencia las diligencias a la Fiscalía Penal Militar, Reparto, siéndole asignadas a la Fiscalía Penal Militar 142 ante el Juzgado de Primera Instancia adscrito a la Inspección General (fol. 167/168 C.1). El citado despacho avocó conocimiento el 8 de mayo de ese año, el 13 siguiente clausuró la fase instructiva y el 22 de julio calificó el mérito del sumario profiriendo resolución de acusación en contra del ST. Eduardo Ascuntar Troyano sindicado de la comisión del delito de abandono del puesto, decisión que fue confirmada el 20 de agosto de 2003 por la Fiscalía Segunda ante el Tribunal Superior Militar (fol.

117/118/172/181/218/227 C.1). Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 2 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Eduardo Ascuntar Troyano Rad No 22.907 Le correspondió conocer de la causa al Inspector General de la Policía Nacional, Mayor General Víctor Manuel Páez Guerra, en su condición de juez de primera instancia, despacho que el 23 de septiembre de 2003 dispuso la iniciación de la etapa del juicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 563 del C. Penal Militar, y ordenó correr traslado común por el término de tres días para que las partes solicitaran pruebas (fol. 257 C.1). El 3 de octubre siguiente decretó las pruebas peticionadas por la defensa y dispuso de oficio otras, comisionando al Juzgado 181 de Instrucción Penal Militar (fol. 273 C.1). Con el fin de resolver petición de libertad presentada por el defensor del procesado, el Inspector General de la Policía, para ese entonces el Brigadier General Jaime Augusto Vera Garavito, dispuso el 4 de diciembre de 2003 solicitó se certificara sobre el horario cumplido por el implicado en las funciones asignadas con ocasión del auto de detención impuesto (fol. 356 C.2). El 20 de enero de 2004 fijó fecha para la celebración de corte marcial la cual fue realizada el 17 de marzo del mismo año y presidida por el Inspector General Jaime Augusto Vera Garavito (fols. 405/433/443 C.2)

El 30 de marzo de 2004, la Inspección General de la Policía en su condición de juzgado de primera instancia profirió sentencia en contra de Eduardo Arturo Ascuntar Troyano condenándolo a la pena principal de 1 año de arresto como autor responsable del delito de abandono del puesto (fols. 467/486 C.2). El fallo fue confirmado por el Tribunal Superior de las Fuerzas Militares de Colombia el 24 de junio de 2004 (fols. 513/545 C.2).

3. DEMANDA

Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 3 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Eduardo Ascuntar Troyano Rad No 22.907 El defensor del procesado Ascuntar Troyano presenta demanda de casación discrecional contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior Militar mediante la cual confirmó la de primera instancia emanada del Inspector General de la Policía. El censor en un único cargo invoca la causal tercera de casación por considerar que la sentencia se dictó en un juicio viciado de nulidad, por violación al debido proceso. Radica su inconformidad en que el funcionario que profirió la sentencia de primera instancia no detenta la profesión de abogado, lo que torna el fallo sea inexistente al igual que la actuación surtida desde que el mismo avocó el conocimiento de la actuación, tal como lo establece el artículo 393 del Código Militar. Sostiene que el proceder no solo desconoce la ley sino la Constitución, toda vez que quien emitió la sentencia es un funcionario de la administración carente de jurisdicción, lo que impide

que sea refrendada en sede jurisdiccional alguna. Cita el artículo 116 de la Carta Política que establece quienes pueden administrar justicia, limitando la acción de los particulares a los casos de transitoriedad pero en condición de conciliadores o de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, según la ley. El mismo precepto consagra la posibilidad jurídica de que actúen como administradores de justicia los funcionarios de la jurisdicción penal militar, no obstante dicha atribución es reglada y una de las reformas introducidas en los Códigos Castrenses 250 de 1958 y 2550 de 1988 fue la de exigir para el ejercicio de las funciones de defensor, fiscal militar, juez de instrucción y juez de conocimiento ser abogado, en contraposición con lo dispuesto anteriormente en donde bastaba la condición de oficial de la fuerza pública o en situación de retiro y en relación con los jueces de instancia de la policía nacional, su jurisdicción y competencia eran inherentes a los cargos de Comandante de Departamento de Policía, Comandante de Policías Metropolitanas y Directores de Escuelas Policiales. Y el artículo 221 de la Carta establece quiénes conocen de los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo. Como quiera que la disposición señalada integra los elementos del debido proceso al tenor de lo previsto en el artículo 29 de la Carta Política, no es legítimo que una persona sea juzgada por fuera de las garantías constitucionales y de las normas

rectoras en materia procesal, pues adicionalmente el artículo 28 (sic) del mandato Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 4 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Eduardo Ascuntar Troyano Rad No 22.907 superior prescribe que “... nadie podrá ser juzgado sino ante juez o tribunal competente, con las formalidades legales”. Las preceptivas constitucionales referidas encuentran desarrollo legal en el artículo 35 del decreto ley 1791 de 2000 que regula las normas de carrera del personal de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y agentes de la policía nacional, estableciendo como requisitos para ser juez de primera instancia los siguientes: “JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. Para ser juez de primera instancia se requiere ser colombiano, ciudadano en ejercicio, abogado titulado, gozar de reconocido prestigio profesional y personal y ser oficial de la Policía Nacional en servicio activo o en retiro...” En el caso particular del Inspector General de la Policía Nacional, despacho que falló en primera instancia, el mencionado artículo en su numeral primero establece que: “Son requisitos especiales para ser juez de primera instancia en cada caso, los siguientes: 1. Juez de primera instancia de Inspección General: Haber sido nombrado en propiedad Inspector General de la Policía Nacional por autoridad competente. (En este caso no se requiere ser abogado titulado)”. La expresión contenida en el paréntesis fue declarada inexequible mediante sentencia C-756 del 17 de septiembre de 2002 proferida por la Corte Constitucional, e igualmente

fue declarada inexequible la misma expresión mediante sentencia C-457 de 2002 pero en relación con los requisitos para asumir el cargo de Inspector de las Fuerzas Militares, contenidos en el artículo 77 del D.L. 1790 de 2000. Tras reseñar apartes de los argumentos en que sustentó las declaratorias de inexequibilidad la Corte Constitucional, concluyó que la Carta Política obliga a las autoridades a observar un debido proceso con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales del procesado siendo una de las garantías el ser juzgado por autoridad judicial competente, con la observancia de la plenitud de las formas propias de la actuación. Precisa que una de las ritualidades sustanciales es la atinente al cumplimiento de los requisitos para ser juez de instancia como Inspector General de la Policía, para lo cual Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 5 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Eduardo Ascuntar Troyano Rad No 22.907 la ley demanda que el titular de ese cargo sea abogado, en consideración a que la expresión que prescindía de ese requisito fue declarada inexequible en pronunciamiento anterior a la expedición de la sentencia y de la actuación realizada por el general Jaime Augusto Vera Garavito, quien en su condición de Inspector General administró justicia de manera irregular afectando el debido proceso y el derecho de defensa, por no tener la calidad de abogado titulado como presupuesto que lo habilitaba para ser juez de la república, al tenor de la Constitución y la ley. Considera que el fallo

estuvo motivado por consideraciones disciplinarias y no jurídicas ante la ausencia de formación, al punto tal que llegó a sentenciar en forma contraria a como lo había hecho su mismo despacho en ocasión anterior frente a situación fáctica idéntica. Por lo anterior solicita se case la sentencia y en consecuencia se ordene retornar las diligencias a la Inspección General de la Policía Nacional para que el nuevo titular del despacho, investido de las calidades constitucionales y legales para desempeñar el cargo, avoque el conocimiento de la causa en los términos del artículo 563 del C. P. M., y reponga la actuación. 5.- CONCEPTO DE LA PROCURADURIA La demanda denuncia como motivo de nulidad, la violación al debido proceso, sustentando el vicio de estructura en que el Inspector General de la Policía, en su condición de juez de primera instancia carecía del título de abogado para haber ostentado la función de administrar justicia castrense. Cuando por vía excepcional se intenta la casación, ello requiere no sólo que se trate de una sentencia de segundo grado y que la conducta punible sea sancionada con privación de la libertad inferior a la pena exigida para la casación ordinaria, cuyo máximo debe exceder los 8 años, sino que también se hace necesario que el impugnante cumpla con la carga de fundamentar los motivos por los cuales considera se ha desconocido una garantía fundamental o porque la estima importante para el desarrollo de la jurisprudencia, restringiéndose a estos eventos la admisibilidad de esta extraordinaria forma de casación. Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 6

Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Eduardo Ascuntar Troyano Rad No 22.907 Se tiene entonces que cuando se trata de la violación de un derecho fundamental el casacionista debe argumentar de manera lógica y evidenciar el desacierto que reclama, demostrando en consecuencia el desconocimiento de una garantía por quebrantamiento de la estructura del debido proceso o por la violación de un derecho fundamental, e indicar las normas constitucionales que protegen el derecho invocado y su concreta trasgresión en la sentencia. Además, la demanda debe atender las reglas técnicas de formulación y demostración del cargo, según la causal invocada y el modo de violación, en consideración a que el recurso es de naturaleza extraordinaria y rogada. A pesar de que la causal tercera a la que recurre el impugnante, no demanda una técnica tan depurada como las restantes causales de casación, no es ajena a los rigorismos técnicos que gobiernan el recurso extraordinario y no puede equipararse a un escrito de libre formulación en su enunciado y desarrollo, por el contrario, es exigible en su presentación señalar con claridad y precisión cuál es la garantía desconocida, fundamentar el sustento de la inconformidad, la trascendencia de la misma y el estado procesal desde el cual resulta afectada la actuación. El libelo exhibe en concepto de la Delegada la fundamentación técnica que demanda una censura por nulidad cuando se estima desconocida una garantía fundamental, en tanto el censor cumplió con precisar cuál era la garantía que estimaba vulnerada,

sustentó de manera apropiada la irregularidad, reseñó las disposiciones constitucionales y legales que fueron desconocidas y señaló la trascendencia de su inconformidad de cara al fallo impugnado, precisando la etapa procesal desde la cual debería anularse la actuación. Esto hace que la Procuraduría aborde el fondo del asunto: El artículo 29 de la Constitución consagra como derecho fundamental el debido proceso, en particular prevé que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio y ante juez o tribunal competente, lo que hace evidente que el querer del constituyente es el que las investigaciones y los juicios se adelanten Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 7 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Eduardo Ascuntar Troyano Rad No 22.907 imparcialmente, por un despacho investido de jurisdicción y previamente erigido de acuerdo con la Constitución y la ley. Es por ello que la trasgresión de este mandato se sanciona con la nulidad, siempre y cuando la irregularidad presentada no se haya convalidado dentro de la actuación, conforme a los principios señalados por el artículo 392 del C. P. M. El debido proceso tiene la misión de encausar el poder punitivo del Estado, en orden a conferirle racionalidad y legitimidad. Este ejercita la facultad de investigar, juzgar y

sancionar las conductas ilícitas prohibidas por el ordenamiento jurídico, pero tal potestad en virtud del principio de legalidad, no puede desarrollarse de manera arbitraria, toda vez que la ley establece los parámetros que se deben atender para su adelantamiento y a los que deben sujetarse las actuaciones del fiscal, el juez y las partes, debiendo además los principios constitucionales como presupuesto de validez de los actos del proceso. La jurisdicción como facultad de administrar justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley, se adquiere, se suspende y se pierde en los términos señalados por las disposiciones legales correspondientes. Siendo una de las manifestaciones más importantes de la soberanía del Estado se ha hecho necesario establecer una serie de requisitos y procedimientos que deben atender quienes han de cumplir este encargo, con el fin de que dicha función recaiga en personas que adicionalmente a contar con altas condiciones morales sean conocedoras de las disciplinas que deben atender. Para el caso concreto, en el capítulo cuarto del Decreto 1791/2000 por medio del cual fueron modificadas las normas de carrera del personal de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, se establecían las normas para los oficiales de la especialidad de la justicia penal militar y entre otros los requisitos que debía cumplir como juez de primera instancia el Inspector General de la Policía: “ARTICULO 35. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- Para ser juez de primera instancia se requiere ser colombiano, ciudadano en ejercicio, abogado titulado, gozar de reconocido prestigio profesional y personal y ser oficial de

la Policía Nacional en servicio activo o en retiro. Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 8 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Eduardo Ascuntar Troyano Rad No 22.907 Requisitos especiales.- Son requisitos especiales para ser juez de primera instancia en cada caso los siguientes:

1. Juez de primera instancia de Inspección General.

Haber sido nombrado en propiedad Inspector General de la Policía Nacional por autoridad competente. En este caso no se requiere ser abogado titulado.” No obstante lo anterior, la expresión destacada, tal como lo sostiene el impugnante, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional el 17 de septiembre de 2002 mediante sentencia C-756, corriendo igual suerte la misma expresión que se encontraba incorporada en los requisitos establecidos para el Inspector General de las Fuerzas Militares en el artículo 77 del decreto 1790 de 2000. Quedó entonces claro con esta sentencia que en el Inspector General de la Policía Nacional al fungir como juez de primera instancia debía detentar la calidad de abogado, pues al efecto la Corte estimó que al concebir el constituyente la justicia penal militar lo que pretendió fue que en estos funcionarios concurriera con el conocimiento de la estructura de la fuerza pública y las reglas de comportamiento, adicionalmente el criterio jurídico inherente a los administradores de justicia, incidente importante en la manera de valorar las conductas punibles cometidas por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el servicio. La mencionada disposición fue modificada por el artículo 2 de la Ley 893 de 2004

publicada en el diario oficial 45.604 del 9 de julio de 2004, cuyo texto es el siguiente: “Para ser Juez de primera instancia se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, abogado titulado, con especialización en derecho penal, ciencias penales o criminológicas, o criminalísticas, o en derecho constitucional, o en derecho probatorio, o en derecho procesal, gozar de reconocido prestigio profesional y personal, ser oficial en servicio Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 9 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Eduardo Ascuntar Troyano Rad No 22.907 activo o en uso de buen retiro de Policía Nacional, con el grado que en cada caso se indica. Requisitos especiales.- Son requisitos especiales para ser juez de primera instancia en cada caso los siguientes: Juez de Primera Instancia de Inspección General. Ostentar grado en servicio activo o en uso de buen retiro no inferior al de Teniente Coronel y además haber desempeñado funciones como juez de instancia por espacio no inferior a tres (3) años, o acreditar experiencia mínima de cuatro (4) años adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado en actividades jurídicas o en ejercicio de la función judicial. No era esta la normatividad aplicable al caso, en consideración a que el fallo de primera instancia fue emitido el 30 de marzo de 2004, valga decir, antes de la entrada en vigencia de dicha legislación, no obstante no era posible desconocer la declaratoria de

inexequibilidad que había tenido el numeral primero del artículo 35 del Decreto 1791 de 2000, conforme a la sentencia C-756 del 17 de septiembre de 2002 proferida por la Corte Constitucional, en virtud de la cual se determinó que era inconstitucional establecer que el Inspector General de la Policía en su condición de juez de primera instancia no requería de ser abogado. Los hechos materia de investigación se sucedieron el 7 y 8 de diciembre de 2002, esto es, luego de haberse proferido la sentencia de inexequibilidad mencionada. Ya iniciada la etapa de la causa, fungió como Inspector General de la Policía Nacional, el Brigadier General Jaime Augusto Vera Garavito, quien paral resolver una petición de libertad dispuso el 4 de diciembre de 2003 allegar una documentación y el 9 de diciembre siguiente, otorgó la libertad provisional a Eduardo Arturo Ascuntar Troyano. El 20 de enero de 2004 fijó fecha para la celebración de corte marcial, que celebró el 17 de marzo del mismo año y el 30 de marzo de 2004 profirió sentencia en contra de Eduardo Arturo Ascuntar Troyano condenándolo a la pena principal de 1 año de arresto como autor responsable del delito de abandono del puesto . Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 10 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Eduardo Ascuntar Troyano Rad No 22.907 El impugnante acompaña a la demanda comunicación suscrita el 23 de julio de 2004

por el Director de Recursos Humanos de la Policía Nacional en la que informa que en la hoja de vida del señor Brigadier general Jaime Vera Garavito, Inspector General de la Policía Nacional, no figura constancia que lo acredite como abogado (fol. 572 C.2). Igualmente allega oficio del 20 de septiembre de 2004 suscrito por la Directora de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura en la que informa que en la base de datos y archivos físicos se estableció que Jaime Vera Garavito con C.C. No. 19.213.401 no está inscrito como abogado (fol. 575 C.2). Uno y otro documento son demostrativos de que Vera Garavito no detentaba las calidades inherentes al cargo que desempeño, exactamente, no era abogado titulado. Aunque la documentación se aportó al proceso con la demanda de casación, como no se trata de un problema de oportunidad probatoria porque no hace parte del objeto del proceso sino de una exigencia previa al poder de juzgamiento, la Procuraduría estima que deben considerarse por la corte para resolver el cargo propuesto contra la sentencia, máxime que ya incorporados hacen evidente a la instancia la falta de calidades del funcionario que surtió una buena parte de la etapa del juicio, incluyendo la corte marcial y la sentencia. Además, porque se encuentran amparados por la presunción de legalidad de la que gozan los documentos otorgados por los funcionarios públicos (Art. 252 del C. de P. Civil) y por lo tanto deben tenerse como auténticos, mas aún cuando al tenor de lo

previsto en el artículo 264 Ibídem “Los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza.” El expediente revela que para el 4 de diciembre de 2003, fecha en que el Brigadier General Jaime Augusto Vera Garavito, realizó su primera actuación dentro de esta causa, ya había sido declarada inexequible la normatividad que permitía ejercer el cargo de juez de primera instancia como Inspector General de la Policía sin ser Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 11 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Eduardo Ascuntar Troyano Rad No 22.907 abogado, se torna en evidente la vulneración del debido proceso derivada de la ausencia de requisitos para ejercer la jurisdicción y la competencia, cuya fuente directa es la Constitución. La irregularidad afecta de modo automático la validez y existencia de toda la etapa del juicio a cargo del Brigadier General Vera Garavito, dado que su asunción por funcionario sin requisitos significa que se tramitó por persona ajena a la jurisdicción y competencia que el cargo requería, y socava la estructura del proceso. El artículo 389 del Código Penal Militar (Ley 522 de 1999) establece: "En cualquier estado del proceso en que el Juez, en primera instancia o segunda instancia, advierta que existe alguna de las causales previstas en el artículo anterior, decretará la nulidad de lo actuado desde que se presentó la causal y ordenará que se reponga la actuación que dependa del auto cuya

nulidad se declara” Resulta incuestionable que careciendo del título de idoneidad profesional requerido para ejercer como juez de primera instancia, el señor Inspector General de la Policía Vera Garavito, se genera una nulidad del proceso desde que profirió el auto del 4 de diciembre de 2003 en la etapa de juicio, pues todos los actos que le siguieron fueron cumplidos bajo su dirección y están en relación de dependencia no solo con la sentencia de primer grado, sino con la proferida por el Tribunal Superior Militar, hasta la que cobija la anomalía. Conviene recordar los efectos del fallo C-756 del 17 de septiembre de 2002 proferido por la Corte Constitucional: “Por último, corresponde a la Corte establecer los efectos de la decisión de inexequibilidad parcial del numeral 1º del artículo 35 del Decreto 1791 de 2000, en vista de los presuntas consecuencias negativas que un fallo en tal sentido generaría en el trámite de los procesos penales por parte de los Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 12 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Eduardo Ascuntar Troyano Rad No 22.907 jueces penales militares de primera instancia (ver supra la solicitud del Director Ejecutivo de Justicia Penal Miliar del Ministerio de Defensa). A la luz de la información suministrada por las autoridades públicas respectivas, se tiene que las presuntas consecuencias negativas de un fallo de inexequibilidad de la norma acusada se revelan inexistentes, ya que todos los jueces penales militares de primera instancia en la Policía Nacional

ostentan en el presente la calidad de abogados titulados, sin que la declaratoria de inexequibilidad de la excepción al requisito de ser abogado titulado para desempeñar dicho cargo afecte en nada la estructura actual de la justicia penal militar en la Policía Nacional ni el trámite de los procesos penales que por ella se adelantan”. 1 Consultado el texto del pronunciamiento, llama la atención a la Delegada que pese a que en la sentencia de inexequibilidad se reseña el contenido del oficio No. 830/MDNDEJUM-110 de septiembre 10 de 2002 enviado por el Director Ejecutivo de Justicia Penal Militar dando a conocer que a esa fecha existían un total de 20 Jueces Penales Militares de primera instancia en la Policía Nacional, todos ellos con la calidad de abogados titulados, que fueron seleccionados y vinculados a la Policía Nacional para desempeñarse como jueces de primera instancia de conformidad con las previsiones del Decreto 1791 de 2000 y la Directiva Ministerial 01 del 04 de enero de 2002, se presente la irregularidad invalidante, pese a que el proceso se adelantó con posterioridad a dicha sentencia y se conocía además del antecedente caótico que generó la declaratoria de inexequibilidad del mismo texto en el decreto 1790. El cargo prospera y en concepto de la Delegada la actuación procesal cumplida por el Inspector General de la Policía, Brigadier General Jaime Augusto Vera Garavito es nula, y por consiguiente, solicita a la Corte proceder a casar la sentencia y declarar la nulidad a partir del auto de 4 de diciembre de 2003, inclusive .

De los Honorables Magistrados, respetuosamente, 1 Corte Constitucional. Sentencia 756 de 17 de septiembre de 2002 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 13 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Eduardo Ascuntar Troyano Rad No 22.907

JUANA MARINA PACHÓN ROJAS

Procuradora Segunda Delegada para la Casación Penal Bogotá, D.C., 31 de octubre de 2005 Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 14 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co