PGN - DEBIDO PROCESO Congruencia del fallo disciplinario con el pliego de cargos

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto sancionatorio disciplinario NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-En materia disciplinaria no constituye una tercera instancia JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA-Competencia respecto al control de los actos administrativos sancionatorios disciplinarios Corresponde entonces a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, entre otras cosas, verificar que la prueba recaudada en el tramite disciplinario se haya ajustado a las garantías constitucionales y legales, es decir, la acción de nulidad resulta ser un momento propicio para la exclusión de la prueba manifiestamente ilícita o producida con violación al debido proceso o de las garantías fundamentales, o sea, para aquella en cuya práctica se han trasgredido los principios básicos rectores de esa actividad imprescindible para el ejercicio del derecho de defensa. Entonces, en línea de principio puede predicarse que el control que a la jurisdicción corresponde sobre los actos de la administración, cuando ésta se expresa en ejercicio de la potestad disciplinaria, debe mantenerse al margen de erigirse en un nuevo momento para valorar la prueba, salvo que en su decreto y práctica se hubiere violado flagrantemente el debido proceso, o que la apreciación que de esa pruebas haya hecho el órgano disciplinario resulte ser totalmente contra evidente, es decir, reñida con el sentido común y alejada de toda razonabilidad. JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA-No abre un nuevo debate probatorio pero analiza el debate sobre vicios de la actuación Entonces, tenemos que la presente instancia procesal no pretende abrir un nuevo

debate probatorio que determine la responsabilidad disciplinaria del actor, toda vez que es un debate que corresponde a las autoridades disciplinarías tal y como lo establece la Ley 734 de 2002 y 1015 de 2006, no siendo objeto de la Jurisdicción Contenciosa en ejercicio de acción de nulidad y restablecimiento; empero, no es óbice para que la jurisdicción conozca de la legalidad de los actos administrativos que se expidan en virtud de dicha facultad siempre que proponga un debate de fondo que haya viciado la actuación. VALORACIÓN PROBATORIA-Aplicación de las reglas de la sana crítica RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Por violación a los principios de transparencia y selección objetiva PROCESO DISCIPLINARIO-Deber de respetar el debido proceso Se evidencia además, como prueba del respeto al debido proceso, que las decisiones fueron debidamente notificadas agotando una a una las etapas procesales de la investigación disciplinaria, en sus dos instancias y bajo la normatividad aplicable. Considera esta Agencia del Ministerio Público que la 2 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°361-2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0581-2011 Sebastián Valencia Giraldo vs .Procuraduría General de la Nación Página: 2 decisión de primera instancia proferida el 29 de junio de 2010 por el Despacho del Procurador General de la Nación, fue debidamente motivada, con base en las pruebas oportunamente allegadas al plenario, examinó uno a uno los argumentos

que el encartado expuso en los descargos por medio de su apoderado y resolvió la controversia que causó la aplicación de la normatividad, razón por la cual, le correspondía imponer una sanción, a quien no solo ejercía una función pública, sino que en razón de su cargo, como Alcalde del Municipio de la Dorada debía actuar con diligencia y cuidado, la cual fue calificada a título de culpa gravísima. DEBIDO PROCESO-Deber de motivación DEBIDO PROCESO-Congruencia del fallo sancionatorio con el pliego de cargos 2 3 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°361-2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0581-2011 Sebastián Valencia Giraldo vs .Procuraduría General de la Nación

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PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO N° 361-2014

SIAF 2014-340716

Bogotá, D. C., 9 de octubre de 2014. Honorables

CONSEJEROS DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERA PONENTE: Dra. BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ

E. S. D.

No. INTERNO : 0581-2011

EXPEDIENTE : 11001032500020110016800

ACTOR : SEBASTIAN VALENCIA GIRALDO

DEMANDADA : PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

ACCIÓN : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

TEMA : SANCIÓNDESTITUCIÓN

I. INTRODUCCIÓN Procede esta Agencia del Ministerio Público a rendir el concepto del Ministerio Público como interviniente en el presente proceso, en el que se corrió traslado a las partes y a esta Agencia para alegar de fondo en proceso de única instancia.

II. ANTECEDENTES 2.1 Petición Anulatoria En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor SEBASTIAN VALENCIA GIRALDO por medio de apoderado solicita se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: El fallo disciplinario de única instancia del 29 de junio de 2010, proferido por el Despacho del señor Procurador General de la Nación, dentro de la investigación disciplinaria distinguida con la radicación No.D-2009-878158491/IUS-2009-88506.

El fallo adoptado el 15 de septiembre del 2010, proferido por el Despacho del señor Procurador General de la Nación, por medio del cual se resolvió el recurso de reposición impetrado contra el fallo de única instancia, confirmándolo en su integridad. II.2 Petición Restauratoria 3 4 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°361-2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0581-2011 Sebastián Valencia Giraldo vs .Procuraduría General de la Nación

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A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se adopten contra la NaciónProcuraduría General de la Nación, las siguientes condenas: Se repare al actor el daño que los actos acusados le ocasionaron de

conformidad con los artículos 172 del C.C.A, 16 y 56 de la Ley 446 de 1998. A declarar sin efectos la sanción de destitución e inhabilidad general de 10 años que le fue impuesta en los actos administrativos antes mencionados al accionante, para lo cual se deberá efectuar las correspondientes desanotaciones en la hoja de vida. A condenar a la entidad demandada a reconocer y pagar la remuneración propia del cargo de Alcalde del Municipio de la DoradaCaldas, causada desde la fecha en que fue suspendido y hasta el 22 de noviembre de 2009, fecha en la que venció el periodo constitucional de 4 años para el cual había sido nombrado y que dejó de percibir como consecuencia del trámite dado por la Procuraduría General de la Nación a la investigación disciplinaria que dio origen al proceso. A cancelarle los valores reconocidos por concepto de las precedentes pretensiones, aplicando a ellos la corrección monetaria y/o el IPC, disponiéndose de igual manera el reconocimiento y pago de los intereses moratorios sobre dichas sumas causadas, en la forma y términos previstos en el inciso 5 del artículo 177 del C.C.A., todo lo cual debe liquidarse hasta el momento mismo de su pago en cumplimiento del fallo de la jurisdicción que así lo disponga. Que la sentencia que ponga fin al proceso, se cumpla en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A. Que se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada. 2.3 Hechos Mediante Resolución 3722 del 19 de septiembre de 2008, suscrita por el

Gobernador del Departamento de Caldas se nombró al señor Sebastián Valencia Giraldo como Alcalde (E) del Municipio de la Dorada. Mediante queja anónima radicada el 18 de febrero de 2009 en la Procuraduría General de la Nación, donde se informó sobre unas presuntas irregularidades de carácter administrativo, en las que estaban incurriendo algunos funcionarios de la Alcaldía Municipal de la DoradaCaldas. Mediante Auto del 18 de febrero de 2008 se ordenó apertura de la investigación preliminar. Mediante Auto del 2 de abril de 2009, el Despacho del señor Procurador General de la Nación, resolvió suspender provisionalmente a Sebastián Valencia Giraldo del cargo de Alcalde (E) del Municipio de la DoradaCaldas, de conformidad con los requisitos contemplados en el artículo 157 de la Ley 4 5 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°361-2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0581-2011 Sebastián Valencia Giraldo vs .Procuraduría General de la Nación Página: 5 734 de 2002. La anterior decisión fue recurrida y a su vez confirmada mediante Auto del 21 de mayo de 2009. Mediante Auto del 2 de abril de 2008, se ordenó la apertura de investigación formal en contra del actor y otros funcionarios que se encontraban vinculados a la Alcaldía del Municipio de la Dorada. El 17 de septiembre de 2009, la Procuraduría General de la Nación le elevó pliego de cargos al demandante.

El 9 de noviembre de 2009, radicó ante la entidad demandada, escrito donde el disciplinado no aceptó los cargos que le fueron formulados, solicitando para ello que se ordenara la práctica de algunas pruebas para acreditar que no era el responsable de las faltas endilgadas. Mediante Auto del 7 de diciembre de 2009, se ordenaron las pruebas solicitadas en los descargos, siendo éstas practicadas por la Dirección Nacional de Investigaciones especiales. Una vez fue cerrado el periodo probatorio, el Despacho del Procurador profirió el Auto del 12 de marzo de 2010 por medio del cual ordenó correrle traslados a los investigados para que presentaran sus alegatos de conclusión. En esta etapa de la investigación el organismo de control demandado, manifestó básicamente lo siguiente: 1) Existencia de una vía de hecho en la investigación, por configurarse un defecto orgánico. 2) Ausencia de responsabilidad disciplinaria por no subsumirse la conducta del disciplinado en ninguno de los cargos que le fueron formulados y, 3) Ausencia de responsabilidad por haber obrado en estricto cumplimiento de un deber constitucional y legal. La entidad demandada, mediante decisión de única instancia del 29 de junio de 2010, en el numeral segundo de la parte resolutiva declaró no probado el cargo primero y por lo tanto, absolvió al actor; y en el numeral tercero, lo declaró responsable disciplinariamente de los cargos y lo sancionó con destitución e inhabilidad general por 10 años. El 16 de julio de 2010 el demandante interpuso recurso de reposición contra la decisión del 29 de junio de 2010.

La entidad demandada, mediante providencia del 15 de septiembre de 2010 resolvió el recurso de reposición, en el numeral primero de la parte resolutiva y confirmó en su totalidad la sanción impuesta al señor Sebastián Valencia Giraldo, esta decisión fue notificada por edicto el 1 de octubre de 2010. 2.4. Normas violadas y concepto de violación Señaló el demandante como disposiciones infringidas por los actos administrativos acusados, el artículo 29 de la Constitución Política; artículos 25, 128. 148, 161, 163 y 170 de la Ley 734 de 2002 y artículo 174 del Código de Procedimiento Civil. 5 6 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°361-2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0581-2011 Sebastián Valencia Giraldo vs .Procuraduría General de la Nación

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El concepto de violación lo presentó señalando que hubo una errónea o falsa motivación, por cuanto la entidad demandada, fundó su decisión final en pruebas que fueron ilícitamente allegadas al plenario, lo cual se traduce en la violación a la normatividad anteriormente citada. Insistió, en que una de las evidencias que sirvió de soporte para la decisión definitiva, consistió en los elementos materiales que fueron recogidos en la celda del señor Ángel Barco, la cual a juicio del demandante es ilícita, pues fue obtenida violando el artículo 29 de la Constitución Política.

III. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

La Procuraduría General de la Nación mediante apoderado se opuso a todas

y cada una de las pretensiones de la demanda señalando que todos los actos acusados en nulidad fueron expedidos con acatamiento de las disposiciones constitucionales y legales, que rigen el procedimiento disciplinario adelantado contra el actor y por tanto la sanción disciplinaria impuesta al actor es producto de la investigación que la Procuraduría General de la Nación, que en primera y segunda instancia se adelantó con observancia de las reglas que integran la garantía constitucional del debido proceso, los derechos del investigado, el derecho de audiencia, defensa y contradicción del demandante tal y como quedará probado en el desarrollo de esta acción. Como argumentos de la defensa expuso las siguientes consideraciones: Sobre la ilegalidad y presunta motivación inexacta de las decisiones señaló que los argumentos aportados por el convocante no son justamente pertinentes para desvirtuar la legalidad de los fallos disciplinarios, que si bien están dirigidos a contextualizar presuntas irregularidades en la toma de las decisiones, son solo cuestiones relativas a la valoración de la prueba y a la forma como se les ha dado interpretación por parte de los operadores disciplinarios. En ese orden de ideas, los manifestaciones del actor, están encaminadas a la nulidad del proceso, no son prueba sólida para desvirtuar la presunción de legalidad que recubre el actuar de la Procuraduría, pues además de aportar criterios que no son válidos para reconsiderar la sanción impuesta, tampoco aportar un grado de certeza que pueda modificar la convicción que en su momento se creó con lo que obraba en el sumario del expediente. La valoración hecha por los operadores disciplinarios de la Procuraduría no

fue de ninguna manera caprichosa o arbitraria, pues tal como se puede observar en el contenido de los fallos siempre se acataron los cánones básicos de la lógica, la experiencia y la ciencia dentro de un criterio de libre convicción. Así mismo, siempre se atendió a los principios contemplados por la Corte Constitucional, pues el proceso y las decisiones cumplieron con los criterios objetivos, racionales, serios y responsables en cuanto a la valoración de la prueba. 6 7 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°361-2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0581-2011 Sebastián Valencia Giraldo vs .Procuraduría General de la Nación

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Finalmente, señaló que el proceso disciplinario se adelantó siguiendo y respetando las etapas propias del juicio; se formularon cargos que se le notificaron debidamente al disciplinado; se le recibieron y consideraron los descargos, se decretaron y practicaron las pruebas que se consideraron pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos. De la misma manera, indicó que se respetó en todo momento el derecho a la defensa, razón por la cual, no adolece la investigación de ningún vicio ni de fondo ni de forma; los cargos formulados al demandante fueron correctamente formulados y no desvirtuados y en consecuencia solicitó denegar las súplicas de la demanda y propuso como excepciones la genérica o Innominada (fls.279-300).

IV. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 4.1 Problema jurídico.

Se contrae a determinar si los fallos disciplinarios demandados adolecen de ilegalidad por haber incurrido en falsa motivación, o, si por el contrario se ajustaron a las normas que regulan la función disciplinaria. 4.2. Normas reguladoras del caso Constitución Política ARTICULO 6o. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. Ley 80 de 1993 ARTÍCULO 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este principio: 1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la 7 8 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°361-2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0581-2011 Sebastián Valencia Giraldo vs .Procuraduría General de la Nación

Página: 8 entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. (…) 4o. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia.

Ley 734 de 2002 ARTÍCULO 23. LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento ARTÍCULO 34. DEBERES. Son deberes de todo servidor público:

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas,

los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código.

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función.

ARTÍCULO 35. PROHIBICIONES. A todo servidor público le está prohibido: 8 9 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°361-2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0581-2011 Sebastián Valencia Giraldo vs .Procuraduría General de la Nación

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1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo. 4.3 Caso Concreto Antes de pasar al fondo de la controversia, se debe hacer precisión en que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no es una tercera instancia para dirimir controversias por sanciones disciplinarias. En lo pertinente, se recurre a circunscribir el debate de la presente controversia, haciendo especial mención en jurisprudencia del H. Consejo de Estado respecto del

examen de legalidad de los actos administrativos que imponen sanciones disciplinarias: “Las prerrogativas procesales propias del juicio disciplinario, excluyen que se pueda trasladar, de cualquier manera, a la sede contenciosa administrativa el mismo debate agotado ante la autoridad disciplinaria. Dicho de otra manera, el juicio que se abre con la acción de nulidad, no es una simple extensión del proceso disciplinario, sino que debe ser algo funcionalmente distinto, si es que el legislador consagró el debido proceso disciplinario como el lugar en que debe hacerse la crítica probatoria y el debate sobre la interrelación de la normatividad aplicable como soporte de la sanción. Bajo esta perspectiva, el control de legalidad y constitucionalidad de los actos de la administración, que la Constitución ha confiado a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, implica una especial cualificación y depuración del debate, pues dicho control no puede convertirse en un nuevo examen de la prueba como si de una tercera instancia se tratara. Corresponde entonces a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, entre otras cosas, verificar que la prueba recaudada en el tramite disciplinario se haya ajustado a las garantías constitucionales y legales, es decir, la acción de nulidad resulta ser un momento propicio para la exclusión de la prueba manifiestamente ilícita o producida con violación al debido proceso o de las garantías fundamentales, o sea, para aquella en cuya práctica se han trasgredido los principios básicos rectores de esa actividad imprescindible para el ejercicio del derecho de defensa. Entonces, en línea de principio puede predicarse que el control

que a la jurisdicción corresponde sobre los actos de la administración, cuando ésta se expresa en ejercicio de la potestad disciplinaria, debe mantenerse al margen de erigirse en un nuevo momento para valorar la prueba, salvo que en su decreto y práctica se hubiere violado flagrantemente el debido proceso, o que la apreciación que de esa pruebas haya hecho 9 10 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°361-2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0581-2011 Sebastián Valencia Giraldo vs .Procuraduría General de la Nación Página: 10 el órgano disciplinario resulte ser totalmente contra evidente, es decir, reñida con el sentido común y alejada de toda razonabilidad. Por lo mismo, el control judicial del poder correccional que ejerce la Procuraduría General de la Nación, no puede ser el reclamo para que se haga una nueva lectura de la prueba que pretenda hacer más aguda y de mayor alcance, pues esa tarea corresponde a las instancias previstas en el C.D.U. y es en principio ajena a la actividad de la jurisdicción. En síntesis, debe distinguirse radicalmente la tarea del Juez Contencioso que no puede ser una tercera instancia del juicio disciplinario,” (SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “B”, Consejero ponente: VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA., primero (1º) de octubre de dos mil nueve (2009), Radicación número: 1100103-25-000-2002-0240-01(4925-02)

Transcrito lo anterior, se puede concluir que esta instancia procesal no es la idónea en principio para evaluar las conductas disciplinarias y los quebrantos al deber funcional de los servidores públicos; no obstante, no se rezaga hasta el punto de establecerse como actos administrativos incontrolables y es procedente su examen de acuerdo a lo reglado por el Consejo de Estado en el precedente citado. Entonces, tenemos que la presente instancia procesal no pretende abrir un nuevo debate probatorio que determine la responsabilidad disciplinaria del actor, toda vez que es un debate que corresponde a las autoridades disciplinarías tal y como lo establece la Ley 734 de 2002 y 1015 de 2006, no siendo objeto de la Jurisdicción Contenciosa en ejercicio de acción de nulidad y restablecimiento; empero, no es óbice para que la jurisdicción conozca de la legalidad de los actos administrativos que se expidan en virtud de dicha facultad siempre que proponga un debate de fondo que haya viciado la actuación, entonces: “A manera de ejemplo, cuando las instancias disciplinarias se empeñan en tener como probado un hecho sin que haya el más leve rastro de su existencia; o si pasan de largo en presencia de un hecho exculpatorio demostrado plenamente, y si esas omisiones o suposiciones de la prueba tienen la fuerza para hacer cambiar la decisión, podría la Jurisdicción Contenciosa Administrativa ejercer un poder controlador de la actividad correccional que ejerce el órgano competente. Desde luego ello descarta que ante la jurisdicción se pueda plantear una simple discrepancia sobre la percepción de la prueba, o ensayar una lectura distinta hecha en clave del interés del

sancionado , sino que en la acción contenciosa se debe demostrar, sin acudir a esforzados razonamiento, que la decisión es contraevidente, lo que debe hacerse sin acudir a complicadas elucubraciones. 10 11 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°361-2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0581-2011 Sebastián Valencia Giraldo vs .Procuraduría General de la Nación

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A la jurisdicción le corresponde proteger al ciudadano de alguna interpretación desmesurada o ajena por entero a lo que muestran las pruebas recaudadas en el proceso disciplinario, que como todo proceso, exige que la decisión esté fundada en pruebas, no solo legal y oportunamente practicadas, sino razonablemente valoradas, de acuerdo a los cánones de la sana crítica.” (SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “B”, Consejero ponente: VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA., primero (1º) de octubre de dos mil nueve (2009), Radicación número: 1100103-25-000-2002-0240-01(4925-02) Descendiendo al caso en concreto, cabe precisar los cargos imputados al actor así: -Cargo primero elevado de manera conjunta a los investigados: A los señores SEBASTIÁN VALENCIA GIRALDO, en su calidad de Alcalde Municipal; JORGE ENRIQUE ÁNGEL VILLADA, Secretario de Hacienda; NOHORA DEL PILAR CELIS VERA, Secretaria de Salud, y OLGA LUCÍA

MONTOYA CORONADO, directora Administrativa de la División de Bienestar Social, la Alcaldía Municipal de la Dorada, Caldas, se les imputó el haber incurrido en falta disciplinaria gravísima, por haber realizado objetivamente una descripción típica consagrada en la Ley como delito sancionable a título de dolo, cometido en razón de su cargo, por cuanto, las conductas objetivamente concuerdan con la descripción típica denominada: “Concierto para Delinquir”, establecido en el Código Penal :Artículo 340. -Cargo Segundo: Se imputó por haber incurrido en contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales al haber suscrito los contratos No.24120807, 24120809, 24120810, los cuales tienen por objeto el suministro e instalación del sistema de alumbrado público de los polideportivos Buenavista, barrio Las Delicias y barrio Las Ferias, suscritos respectivamente con los señores CAROLINA LOZANO CASTELLANOS, JULIAN ANDRES MARTINEZ y GABRIEL EDUARDO RIVEROS, de manera directa, con la finalidad de evitar el procedimiento de selección abreviada por menos cuantía, señalada en el literal b, numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, para la selección del contratista, incurriendo en el tipo penal de celebración de contratos sin requisitos legales establecido en el artículo 410 del C.P. -Cargo Tercero: Se le imputó por incurrir en la falta señalada en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 al suscribir de manera irregular 19 contratos que tenían por objeto la prestación del servicio de transporte escolar, por

contratación directa no obstante, que de acuerdo a la naturaleza, cuantía del proyecto y la partida asignada en el presupuesto, le obligaba a escoger al contratista a través del procedimiento de la licitación pública conforme los establece el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, desconociendo el principio de la transparencia al haber fraccionado la contratación. 11 12 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°361-2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0581-2011 Sebastián Valencia Giraldo vs .Procuraduría General de la Nación Página: 12 -Cargo Cuarto: Relacionado con haber realizado objetivamente la conducta señalada en el artículo 410 del Código Penal, Contrato sin cumplimiento de requisitos legales, al suscribir de manera irregular los contratos de consultoría No.24120806 y 24120808 del 24 de diciembre de 2008, con la Ingeniera CAROLINA LOZANO CATELLANOS, los cuales tenían por objeto el Diseño de las redes eléctricas de baja tensión para la Institución Educativa Francisco de Paula Santander y para la Institución Educativa Antonio José de Sucre, respectivamente, del Municipio de La Dorada, irregularidades consistentes en que se procedió a contratar directamente, contratos de mínima cuantía, con la finalidad de evitar el procedimiento señalado en la Ley, el cual era el concurso de méritos. Así las cosas, una vez examinados los actos administrativos y las pruebas documentales allegadas, como quiera que obra copia de la totalidad el

expediente que contiene el proceso disciplinario adelantado en contra del accionante, se encuentra debidamente probadas cada una de las faltas cometidas por el actor. Respecto al primer cargo, se sustentó probatoriamente con los correos electrónicos enviados por los investigados al señor ENRIQUE EMILIO ANGEL BARCO, quien para la época de los hechos se encontraba recluido en la cárcel La Picota. Dentro de la práctica de pruebas de descargos el demandante fue escuchado en versión libre donde manifestó: “si, yo si le envié tres correos electrónicos, que contenían el primero de ellos, la justificación del presupuesto del municipio de la Dorada, el marco fiscal de mediano plazo y le envié un documento donde había un estudio jurídico el cual arrojó como resultado que las modificaciones al estatuto de rentas se podía hacer en la misma vigencia siempre y cuando fuera para reducir impuestos, las razones por las cuales envié esos documentos fueron varias, la primera porque son documento